La noche de Cuesta

Carlos Cuesta comenta con Luis F. Quintero las consecuencias reales en nuestra economía de la medida tomada por el Gobierno con los extranjeros.

Carlos Cuesta analiza con Fran Carrillo y Luca Costantini la comparecencia en el Senado de la mujer de Cerdán y la declaración del exconsejero andaluz

Carlos Cuesta entrevista al portavoz de JUPOL, Ibón Domínguez, sobre la protesta contra el ministro del Interior por unas mejores condiciones.

El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha denunciado que el Gobierno destina más de un millón de euros a estudiar si la baliza V16 es útil después de haber obligado a todos los conductores españoles a comprarla, mientras la Policía Nacional carece de chalecos antibalas, ropa de abrigo y unas instalaciones dignas.

En La Noche de Cuesta, Domínguez ha recordado que los problemas con la baliza los advirtieron desde el principio los propios agentes de tráfico de la Guardia Civil. "Nos ha hecho gastar cientos de millones de euros a los españoles, recaudando buena parte mediante impuestos el Gobierno, y ahora quieren gastar más de un millón en estudiar si es útil o no, cuando ya nos han obligado a comprarla", ha denunciado.Desprotegidos

Ante la pregunta sobre las prioridades reales de gasto en seguridad, Domínguez ha trazado un retrato demoledor de las carencias materiales del cuerpo. "Todavía hay muchos compañeros en puestos operativos sin chalecos antibalas, estando como está el país y campando el narco a sus anchas", ha afirmado.

A esto último se suma la falta de equipamiento básico: "La Policía Nacional no tiene ropa de dotación en condiciones para combatir el frío. Los compañeros se están comprando la ropa interior de su propio bolsillo". El estado de las comisarías, ha añadido, es visible para cualquier ciudadano que acuda a presentar una denuncia o a renovar el DNI.Manifestación

Domínguez ha convocado a la ciudadanía a sumarse a la manifestación convocada para este sábado 18 de abril a las 12 del mediodía desde la Puerta del Sol en Madrid. La movilización está impulsada por Jusapol, Jucil y Jupol, a los que se suman el sindicato CSIF y otras asociaciones como Una Policía para el Siglo XXI y Un Corazón por Bandera.

Las reivindicaciones son dos: la equiparación salarial con las policías autonómicas y una jubilación digna para los agentes en clases pasivas. "Nuestros compañeros veteranos, los que pasaron los peores años del terrorismo, se están jubilando con unas pensiones absolutamente vergonzosas e irrisorias", ha denunciado. El mensaje, ha insistido, es de igualdad, no de privilegio: "No pedimos más que nadie, pedimos exactamente lo mismo".

Carlos Cuesta entrevista a Elena Ramallo, doctora en derecho.

La doctora en Derecho Elena Ramallo ha advertido en esRadio, durante el programa La noche de Cuesta, de las consecuencias del proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno, al que ha calificado como "un atentado directo contra el ordenamiento jurídico, contra el Estado de bienestar y contra la seguridad nacional".

Ramallo ha señalado que una de las principales consecuencias será el acceso prioritario a prestaciones sociales por parte de los beneficiarios. "Por renta, estas personas van a tener prioridad sobre los españoles", ha explicado, subrayando el impacto en servicios como las guarderías. "Las guarderías las pagarán los españoles para personas que se han regularizado, vamos a decirlo, de manera irregular, por decirlo de alguna forma. Y ellos tendrán que quedarse con sus hijos o buscar otra alternativa mientras pagan las guarderías de las personas que se han regularizado", ha afirmado.Presión sobre los servicios públicos

La jurista ha advertido de que este proceso puede provocar una fuerte presión sobre el sistema público. "Se va a saturar la sanidad, se va a saturar todo lo que tiene que ver con el Estado de bienestar", ha señalado, criticando que no se hayan previsto recursos adicionales para afrontar el aumento de usuarios.

En este sentido, ha apuntado que las previsiones oficiales podrían quedarse muy por debajo de la realidad, lo que incrementaría aún más la presión sobre los servicios públicos y agravaría la situación.Dudas sobre los antecedentes penales

Ramallo ha mostrado especial preocupación por el tratamiento de los antecedentes penales en el proceso. "Uno de los requisitos para poder acceder a la residencia, nacionalidad, etcétera, es la comprobación de los antecedentes penales", ha recordado, denunciando que en este caso no se garantiza ese control.

Ha explicado que muchas de las personas que acceden al proceso carecen de identificación fiable. "Son personas que vienen sin identificación, que no se puede comprobar ni siquiera quiénes son, ni su edad, ni su procedencia ni nada", ha señalado. Ante esta situación, ha criticado que se sustituya la verificación por una declaración jurada: "No hay que ser muy inteligente ni saber de derecho para tener claro que un delincuente no va a decir que es delincuente".

Para Ramallo, este sistema supone "todo un sinsentido, es todo un gran fraude" y tiene consecuencias directas tanto en la seguridad como en el funcionamiento del Estado de bienestar.

Carlos Cuesta y Sandra León analizan toda la actualidad informativa de la jornada.