Hoy en EL PAÍS

El Gobierno lleva este viernes al Congreso dos nuevos decretos de vivienda que pretenden, entre otras cosas, poner límites a determinadas operaciones de los llamados “fondos buitre”. Pero hay un problema de partida: “fondo buitre” no es una categoría jurídica y ni siquiera está claro qué empresas deben quedar incluidas bajo esa etiqueta.
Con Belén Carreño, periodista de Economía de EL PAÍS, explicamos cómo operan estos inversores en España y por qué muchas veces resulta difícil seguir el rastro de su actividad: grandes fondos internacionales, sociedades locales, gestoras y otras estructuras que forman una cadena cada vez más compleja. Y analizamos hasta qué punto su presencia en el mercado inmobiliario influye en la crisis de vivienda frente a otros grandes propietarios e inversores.
El episodio examina también qué pueden cambiar realmente los nuevos decretos: el límite del 70% del valor de tasación para determinadas compras, qué entiende el Gobierno por operaciones especulativas, las excepciones que contempla la norma y las dificultades para hacerla cumplir.
CRÉDITOS:
Realiza: Elena Pampliega
Diseño de sonido: Nacho Taboada
Presenta: Ana Fuentes
Dirige: Ana Alonso
Coordina: José Juan Morales
Sintonía: Jorge Magaz

Bomberxs contra los Desahucios denuncia que los bomberos que acuden a un desahucio no siempre saben de antemano que van a intervenir en un lanzamiento. Según el informe Tensar la línea del rescate publicado por el Centro Sira, el 70,8% de los profesionales que han participado en uno asegura que desconocía previamente que el aviso estaba relacionado con un desahucio. Su reivindicación no pasa por la objeción de conciencia, sino por pedir que no se les movilice para actuaciones que consideran ajenas a las competencias del cuerpo.
En Samur Social, el conflicto surge cuando los trabajadores acuden a un lanzamiento y la alternativa habitacional disponible no responde a las necesidades de la familia. Entre esos recursos está Las Caracolas, en Vallecas, un centro de emergencia temporal con 300 plazas distribuidas en construcciones prefabricadas. Es decir, ofrece un techo y cubre las necesidades básicas, pero no supone una solución residencial estable para una familia que acaba de perder su vivienda.
El Samur Social es, además, el único servicio municipal de emergencias de Madrid que sigue mayoritariamente externalizado a empresas privadas. Sus trabajadores denuncian condiciones laborales precarias, una circunstancia que también condiciona su posición cuando se enfrentan a situaciones como un desahucio y cuestionan una intervención con la que no están de acuerdo.

El nuevo decreto de vivienda llega al Consejo de Ministros después de meses de negociaciones y con el desahucio de Maricarmen convertido en símbolo de una crisis que ha vuelto a tensar al Gobierno y a sus socios. El texto pone sobre la mesa medidas para proteger a los inquilinos, limitar determinadas prácticas de los grandes propietarios y regular los alquileres de temporada y por habitaciones, pero las medidas siguen pendientes de acuerdo.
La negociación enfrenta posiciones muy distintas. El principal choque está entre la protección al pequeño propietario que reclama Junts y la intervención del mercado que defienden Sumar y Podemos, mientras el PSOE intenta encontrar un punto intermedio. El PP rechaza de partida el enfoque por considerarlo intervencionista y Vox sitúa la inmigración en el centro de su diagnóstico sobre la vivienda.
Para analizar qué puede incluir el decreto y cuáles son las posiciones de los partidos, hemos recogido el testimonio de personas que participan en la acampada de la Puerta del Sol y del Sindicato de Inquilinas.Y hablamos con nuestros compañeros Daniele Grasso, que ha analizado la concentración de la propiedad de viviendas en manos de empresas; Pablo Sempere, de la sección de Economía de EL PAÍS, que sigue la negociación del Gobierno; y Ángel Munárriz, que explica las diferencias entre el PSOE, Sumar, Podemos y sus socios parlamentarios.

Pablo Escobar, el afamado narcotraficante colombiano, creó en su Hacienda Nápoles, a 150 kilómetros de Medellín, un zoológico privado con rinocerontes, elefantes y otros animales comprados en el mercado ilegal internacional. Entre ellos, cuatro hipopótamos que tras la caída del “patrón” escaparon de la hacienda y empezaron a reproducirse alrededor del río Magdalena, el más grande del país.
Ahora hay decenas de comunidades que conviven con esos descendientes. Y con el miedo que generan. “Ese limbo en el que estamos en Colombia es muy peligroso”, dice en este episodio Noor Mahtahni, reportera de América Futura. “Hasta ahora ha habido varios casos de ataques que han dejado con movilidad reducida al menos a dos pescadores, y le han dado un susto a más de uno”.
Este mes, la comunidad de Puerto Nare ha ganado una tutela que exige al Estado colombiano controlar a uno de estos especímenes que se pasea por el río que los niños de la vereda deben cruzar cada día para ir a la escuela.
Juber Martínez, el abogado a cargo del caso, opina que “las comunidades que sufren estas problemáticas de manera directa tienen más legitimidad para decir qué es lo que quieren. Porque es muy cómodo estar en casa o delante de una pantalla y decir ‘no, es muy bonito el animalito’, ¿no? Decir: ‘No le establezcan medidas letales’, pero se pierde de vista el sufrimiento de la comunidad que está en interacción con ellos".
El debate sigue abierto, especialmente después de que Fabio Arjona, ministro de ambiente de De La Espriella, ha dicho que no está a favor de la eutanasia y que estaría dispuesto a crear un “Jurassic Park” de hipopótamos dentro de Colombia.

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Realiza: Verónica Figueroa
Diseño de sonido: Ignacio Taboada
Coordina: José Juan Morales
Dirige: Ana Alonso

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Hace diez años, una entrada de concierto costaba de media en España unos 42 euros. En 2024, el precio se había duplicado hasta los 84. Y para algunos de los grandes fenómenos internacionales, estar dispuesto a pagar ya ni siquiera garantiza poder estar allí: antes hay que superar registros, preventas, códigos y colas virtuales con cientos de miles de personas.
La industria de la música en directo se ha masificado y giras como las de Bad Bunny, Taylor Swift, Shakira u Oasis convierten cada concierto en un evento que va mucho más allá de la música y que, con el impulso de las redes sociales, ha cambiado nuestra forma de vivirla. Ya no solo pagamos por escuchar a un artista: pagamos por el espectáculo, por la experiencia y por poder decir que estuvimos allí. En este episodio de Hoy en EL PAÍS analizamos cómo hemos llegado hasta aquí, por qué las entradas son cada vez más caras, y qué ocurre cuando la demanda es tan grande y la oferta cada vez más pequeña y selectiva.

CRÉDITOS:
Realiza: Elena Pampliega
Diseño de sonido: Nicolás Tsabertidis
Presenta: Ana Fuentes
Dirige: Ana Alonso
Coordina: José Juan Morales
Sintonía: Jorge Magaz