El Primer Café

El diputado socialista Raúl Leiva acusó al Gobierno de impulsar una discusión que "vuelve a polarizar al país" mediante la reforma constitucional de seguridad ingresada al Senado, que contempla un nuevo estado de excepción, inhabilidades para condenados y regímenes penitenciarios diferenciados.

"Creo que lo que se hace es polarizar y profundizar una discusión", afirmó Leiva, quien agregó que la propuesta abre un debate "que vuelve a polarizar al país y pone o enfrenta a los buenos y a los malos, como se pretende hacer". El legislador llamó al Ejecutivo a abordar la delincuencia con una mirada transversal y recordó que la creación del Ministerio de Seguridad Pública buscó instalar esta materia como una política de Estado.

El diputado republicano Agustín Romero rechazó las críticas y defendió la necesidad de modificar la Constitución para enfrentar la realidad actual de la delincuencia. "A ese hay que combatirlo con toda la fuerza que se pueda. Y si es necesario modificar la Constitución, bueno, tendremos que modificarla", enfatizó.

El diputado de Renovación Nacional Luis Pardo aseguró que varias de las críticas formuladas contra el primer borrador fueron recogidas por el Ejecutivo antes del ingreso de la reforma. "A todos nos hubiese gustado que hubiese un mejor trabajo prelegislativo, pero tanto la intervención de Andrea Balladares como la intervención de Guillermo Ramírez son anteriores a las modificaciones que el Gobierno introdujo al proyecto", explicó.

El Primer Café, con Cecilia Rovaretti.

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El director de Formación de la Fundación Jaime Guzmán, Claudio Arqueros, advirtió que la reforma constitucional sobre seguridad puede terminar jugando en contra del Gobierno, debido a que algunas de las medidas conocidas contemplan inhabilidades, nuevas facultades y restricciones de derechos.

Arqueros sostuvo que comparte los reparos planteados por el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, quien advirtió que, en las condiciones conocidas hasta ahora, su partido no puede respaldar las modificaciones porque debilitan la institucionalidad.

Un planteamiento más cauteloso expresó Álvaro Pezoa, presidente del directorio de Ideas Republicanas, quien llamó a esperar el ingreso formal de la reforma antes de evaluar sus disposiciones.

Pezoa sostuvo que modificar la Constitución no constituye por sí mismo un problema, siempre que las medidas propuestas tengan una justificación y permitan combatir de mejor manera al crimen organizado.

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El diputado republicano Luis Sánchez defendió en El Primer Café el vistoso despliegue comunicacional adoptado por el Gobierno el jueves durante en el traslado de reos peligrosos a la nueva cárcel de Talca, en el marco del denominado "Plan Cancerbero".

"Yo no lo encuentro para nada exagerado. Esto es una señal no sólo para la ciudadanía -que sin duda es muy importante (darla)- sino también para el crimen organizado", dijo Sánchez

Por su parte, el exministro Nicolás Eyzaguirre señaló que el epílogo de la megarreforma tributaria del Gobierno de José Antonio Kast, disputado una vez finalizada la fase de su tramitación regular en el Congreso, fue "correcto" y "apropiado desde la lógica económica".

Aunque el militante PPD mantiene su visión mayormente crítica sobre la iniciativa, valoró que el Tribunal Constitucional haya acotado la aplicación de la invariabilidad tributaria, haya dejado sin efecto la indemnización a inversionistas por resoluciones de calificación ambiental revocadas, y que el Gobierno repusiera, vía veto presidencial al Congreso, la norma sobre anatocismo.

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El economista Alejandro Micco señaló que las medidas proteccionistas impulsadas por Donald Trump están configurando un escenario global que recuerda en alguna medida a la Guerra Fría, y que es probable que permanezca incluso cuando él ya esté fuera de la Casa Blanca.

El académico de la Universidad de Chile comentó los dichos del embajador de China, Niu Qingbao, quien -aludiendo a Estados Unidos- llamó a Chile a "resistir con firmeza" las injerencias externas que intentan "limitar o debilitar la cooperación" y el comercio.

El economista Gustavo Díaz, del Instituto Libertad, opinó que "la globalización es una tendencia que ya está instalada y es muy difícil echar marcha atrás, pero sí va a haber ajustes. La globalización nos pasó por el lado muy rápido y no estuvimos preparados para tomar mecanismos que pudieran canalizar las distintas fuerzas que se fueron generando. Y desde esa perspectiva resurgen estos sentimientos proteccionistas", indicó.

"Aquí lo engancho con la invariabilidad tributaria: a mí no me extrañaría que de aquí a poco andar viéramos otros países tomando medidas como nosotros acá en Chile", dada la necesidad de "eliminar la discrecionalidad y generar condiciones para que los inversionistas puedan saber bajo qué reglas van a tributar durante la vida de los proyectos", señaló Díaz.

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Los secretarios generales del Frente Amplio, Andrés Couble, y del Partido Republicano, Vicente Bruna, sostuvieron un rudo debate a propósito de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que impulsa el Gobierno de José Antonio Kast.

Couble abrió los fuegos señalando que el FA reconoce a la seguridad pública como "una de las principales urgencias ciudadanas", pero se quejó de que, en la discusión de medidas particulares, la derecha suele imputarle una "defensa de los delincuentes y del crimen organizado", lo que estimó "un poco ridículo y una simplificación del debate".

"Me parece complejo que no estén disponibles a cortarles derechos a delincuentes, a criminales", respondió Vicente Bruna. "En Chile la realidad actual implica que el crimen organizado tortura personas, descuartiza personas, aparecen personas en contenedores bajo tierra... ¿Cómo es posible que el Frente Amplio pretenda que se mantengan esos derechos sociales a personas como ellos, si son criminales?", se preguntó.

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