Economía

Estados Unidos suspendió temporalmente los envíos de aguacate procedentes de Michoacán, principal productor mexicano, tras una alerta de seguridad que afecta a los inspectores estadounidenses. La decisión vuelve a poner bajo presión una industria clave para México, golpeada por extorsiones y violencia del crimen organizado.
Una noticia que afecta a los productores del principal estado productor de aguacate en México, debido a una alerta de seguridad que llevó a Washington a detener las actividades de sus inspectores en la entidad.
La medida afecta directamente una de las principales cadenas agroexportadoras mexicanas. Michoacán produce alrededor de dos millones de toneladas de aguacate al año y es el mayor proveedor mexicano del mercado estadounidense.
La Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate de México (Apeam) informó que, mientras permanezca suspendida la inspección, no se autorizarán embarques de fruta destinados a Estados Unidos.
Los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) realizan controles en huertas y empacadoras como parte del protocolo que permite certificar el producto para su ingreso al mercado estadounidense. La seguridad de ese personal ya había provocado interrupciones comerciales en 2024, cuando dos inspectores fueron agredidos en Michoacán.
La embajada estadounidense justifica ahora la suspensión por una amenaza contra intereses de Estados Unidos.
El Gobierno de Michoacán, por su parte, calificó la decisión como una medida preventiva y aseguró que trabaja con las autoridades estadounidenses para restablecer las operaciones de inspección.
 
Un negocio bajo presión criminal
El aguacate es uno de los principales productos agrícolas de exportación de Michoacán, pero su producción convive con una fuerte presencia del crimen organizado. Los grupos criminales se disputan el control territorial y las rutas utilizadas para el tráfico de drogas, mientras productores agrícolas han denunciado extorsiones y cobros ilegales.
La violencia también ha alcanzado a autoridades y dirigentes del sector. Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, uno de los principales centros de producción y exportación de aguacate, fue asesinado el año pasado. Poco antes también había sido asesinado Bernardo Bravo, dirigente de productores de limón que había denunciado extorsiones.
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La situación llevó al gobierno de Claudia Sheinbaum a reforzar la seguridad en el estado, mientras Washington mantiene especial atención sobre las condiciones en las que opera su personal.
El impacto comercial puede ser significativo. Michoacán y el vecino estado de Jalisco registraron este año un récord de 127.000 toneladas de aguacate enviadas a Estados Unidos durante uno de los periodos de mayor demanda. La temporada previa al Super Bowl es especialmente relevante para los productores mexicanos por el elevado consumo de guacamole en Estados Unidos.
 
La nueva suspensión llega además en un momento delicado para la relación entre ambos países. El presidente Donald Trump ha acusado reiteradamente a México de no hacer lo suficiente frente a los cárteles y ha planteado incluso la posibilidad de utilizar fuerzas estadounidenses contra esas organizaciones, escenario rechazado por la presidenta Sheinbaum.
A esto se suma la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que mantiene conectadas las economías de los tres países y cuya negociación ocurre en un contexto de crecientes tensiones comerciales y de seguridad.
Con información de AFP y EFE.

El Gobierno de Javier Milei suspendió la aplicación del decreto que desregulaba el servicio de practicaje, después de un paro que dejó más de 150 buques de carga varados en los ríos Paraná y de la Plata. El acuerdo incluye una reducción del 20% en las tarifas del servicio.
La tensión en uno de los principales corredores comerciales de Argentina quedó desactivada este martes 4 de agosto, después de un fin de semana marcado por la paralización de más de 150 buques de carga frente a puertos estratégicos del país.
La protesta fue protagonizada por representantes del sector de practicaje, el servicio que brinda asistencia especializada a los barcos durante su navegación y maniobras en zonas de alta complejidad. Los trabajadores rechazaban los cambios normativos impulsados por el Gobierno del presidente Javier Milei para desregular esta actividad.
Tras varias horas de negociación, el Ejecutivo anunció la suspensión de la aplicación del decreto y alcanzó un acuerdo con los representantes del sector. El pacto contempla una reducción del 20% en las tarifas del practicaje y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de los buques.
El conflicto tuvo lugar en los ríos Paraná y de la Plata, dos de las principales vías de acceso y salida del comercio exterior argentino. En sus márgenes se encuentran puertos por los que circula alrededor del 80% de las exportaciones del país, de acuerdo con datos de la Bolsa de Comercio de Rosario.
La magnitud del impacto económico fue uno de los principales factores de presión durante el conflicto. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales, estimó que cada buque fondeado generaba un costo de entre 50.000 y 100.000 dólares diarios.
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El decreto cuestionado por los trabajadores buscaba reducir los costos asociados a la navegación mediante una mayor flexibilización de las normas. Entre sus disposiciones contemplaba que, en determinados casos, embarcaciones extranjeras pudieran navegar por el sistema fluvial y marítimo argentino sin contratar obligatoriamente el servicio de prácticos.
 
Para el Gobierno, la medida formaba parte de su estrategia de desregulación y reducción de costos logísticos. Para los representantes del sector, en cambio, los cambios podían afectar las condiciones bajo las cuales se desarrolla una actividad considerada clave para la seguridad de la navegación.
Con el acuerdo, los trabajadores resolvieron regresar a sus tareas y aplicar la reducción del 20% en las tarifas. El Gobierno, por su parte, suspendió la implementación del decreto y acordó crear una mesa de trabajo conjunta para analizar los distintos aspectos de la actividad y revisar el proceso de desregulación.
Con información de Reuters.

Una coalición de 25 estados, en su mayoría gobernados por demócratas, demandó al Gobierno de Donald Trump por los nuevos aranceles de entre 10% y 12,5% aplicados a 60 socios comerciales. Los estados sostienen que la Casa Blanca está utilizando el trabajo forzoso como pretexto para recuperar una política arancelaria que ya fue cuestionada por los tribunales.
La ofensiva comercial de Donald Trump vuelve a tener un frente abierto en los tribunales de Estados Unidos. 25 estados, prácticamente todos gobernados por demócratas, demandaron este lunes 3 de agosto al Gobierno federal para intentar frenar los nuevos aranceles impuestos por la Administración republicana a decenas de socios comerciales.
La demanda fue presentada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos y sostiene que el presidente se está excediendo en sus atribuciones al utilizar una normativa comercial para imponer gravámenes de alcance global. 
Los estados cuestionan, en particular, que la Casa Blanca haya utilizado las denuncias de trabajo forzoso en las cadenas internacionales de suministro como fundamento para aplicar nuevos impuestos a las importaciones.
Los aranceles, anunciados el 23 de julio y vigentes desde el 24, establecen tasas de entre 10% y 12,5% sobre productos procedentes de 60 economías, entre ellas la Unión Europea, China, Canadá, México, Colombia y otros importantes socios comerciales de Washington. 
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La Administración Trump sostiene que esos países no cuentan con medidas suficientes para impedir la entrada o circulación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
Pero para los estados demandantes existe una desconexión entre esa justificación y la amplitud de las medidas. En sus argumentos, afirman que no existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzoso y la imposición de aranceles generalizados. 
Según la coalición, las investigaciones realizadas por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR fueron un intento de construir una justificación legal para recuperar la estrategia arancelaria de Trump.
Una política arancelaria que resucita
La disputa actual es el último capítulo de una batalla comercial que comenzó prácticamente con el regreso de Trump a la Casa Blanca.
El 2 de abril de 2025, el presidente anunció los llamados aranceles del “Día de la Liberación”, con una tasa base del 10% y gravámenes mucho mayores para determinados países. En el caso de China, llegaron a superar el 120% durante la escalada comercial. Trump presentó la estrategia como una herramienta para corregir lo que considera décadas de relaciones comerciales desfavorables para Estados Unidos.
Sin embargo, esa primera estructura arancelaria terminó enfrentándose a los tribunales. En febrero de 2026, la Corte Suprema determinó que la ley de poderes económicos de emergencia utilizada por Trump, conocida como IEEPA, no le otorgaba autoridad para imponer esos aranceles de manera tan amplia. 
La Administración buscó entonces otra vía. Sustituyó temporalmente aquellos gravámenes por un arancel global del 10%, esta vez basado en la Sección 122 de la Ley de Comercio, una disposición que permite establecer determinadas restricciones comerciales durante un periodo limitado. Ese mecanismo expiró el 24 de julio.
Y prácticamente al mismo tiempo que desaparecía ese arancel, entraba en vigor el nuevo esquema basado en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esta norma permite responder a prácticas comerciales que Washington considere injustas o discriminatorias, pero tradicionalmente ha sido utilizada para medidas más específicas. 
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¿Aranceles inmortales?
Para la Administración republicana, la nueva estructura es jurídicamente distinta de los aranceles que fueron anulados y responde a investigaciones realizadas por la USTR sobre las políticas de 60 economías frente al trabajo forzoso.
Para los estados demandantes, en cambio, se trata de una nueva vía para llegar prácticamente al mismo resultado: mantener una barrera arancelaria amplia sobre las importaciones estadounidenses.
La estrategia encaja además con la política comercial que Trump ha defendido desde el inicio de su segundo mandato: utilizar los aranceles como mecanismo de presión para obtener concesiones de otros gobiernos.
El presidente ha argumentado que Estados Unidos ha sido perjudicado durante décadas por sus socios comerciales y que los gravámenes pueden utilizarse como una herramienta de negociación.
La nueva batalla judicial enfrenta así dos interpretaciones de la misma política. Para Washington, la Sección 301 ofrece una base legal diferente y respaldada por investigaciones sobre prácticas comerciales consideradas injustas.
Para los 25 estados, esas investigaciones fueron apresuradas y sesgadas y constituyen, según sus alegatos, un intento de reconstruir mediante otra norma el esquema arancelario que los tribunales ya habían cuestionado.
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Con información de Reuters y AFP.

Los incendios forestales que azotan Europa llegan en medio de temperaturas extremas y dejan una factura que va desde la pérdida de bosques y actividad turística hasta millonarias inversiones en reforestación y tecnologías de detección temprana.
Europa enfrenta una temporada de incendios forestales especialmente intensa mientras las olas de calor elevan la presión sobre los ecosistemas y las economías locales. 
En Francia, una de las regiones más afectadas es Gironda, en el suroeste del país, donde el fuego amenaza la actividad forestal, el turismo y buena parte del tejido económico, mientras las autoridades han desplegado toda su fuerza para la creación de un muro de contención que impida que las llamas lleguen a Burdeos.
El Gobierno francés ya trabaja en la evaluación de las pérdidas y en medidas de emergencia para los sectores afectados. Uno de los principales focos de preocupación es el bosque de las Landas de Gascuña, considerado el mayor bosque artificial de Europa occidental.
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El ecosistema tiene además un importante peso económico. El sector forestal y maderero de Nueva Aquitania emplea a unas 34.000 personas y genera alrededor de 3.000 millones de euros de facturación durante su ejercicio fiscal. La destrucción de parte de esta superficie supone, por tanto, un impacto que va mucho más allá de la pérdida de vegetación.
El costoso desafío de la reforestación
Una de las facturas más elevadas será la recuperación de las áreas quemadas. Francia estima que reforestar una hectárea puede costar entre 5.000 y 10.000 euros. 
Si se toma como referencia la superficie de 115.000 hectáreas de bosque quemadas en el país, el costo potencial de la reforestación se situaría entre 575 millones y 1.150 millones de euros.
Pero las consecuencias llegan también por el turismo. Los incendios registrados en Gironda durante la temporada alta de 2025 afectaron la actividad turística de una región que contabilizó unos 9,1 millones de estancias y más de 47,7 millones de pernoctaciones. Las repercusiones económicas alcanzaron entonces unos 3.800 millones de dólares.
Nace un mercado al calor de los incendios
Y mientras los gobiernos afrontan los daños, la expansión de los megaincendios está impulsando un nuevo mercado: el de las tecnologías para detectarlos antes de que se conviertan en desastres.
Cámaras inteligentes, sensores, drones y satélites equipados con inteligencia artificial buscan identificar señales de fuego en cuestión de minutos. 
La ONU advierte que los incendios extremos podrían aumentar un 14% para 2030, un 30% para 2050 y hasta un 50% para finales de siglo.
Empresas como la alemana OroraTech desarrollan satélites capaces de detectar señales térmicas desde el espacio, mientras la estadounidense Pano AI ya equipa a más de 250 servicios de emergencia. 
Estados, autoridades locales, operadores forestales, compañías energéticas y aseguradoras se perfilan como los principales compradores de estas innovaciones.
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El mercado de tecnologías para la detección y prevención de incendios, estimado actualmente en unos 1.000 millones de dólares, podría multiplicarse por 2,5 durante la próxima década, convirtiendo la lucha contra el fuego en un nuevo negocio global.
Con Reuters

Apple elevó 16% sus ingresos trimestrales, hasta los 109.400 millones de dólares, mientras Amazon los aumentó 20%, hasta 200.000 millones, en comparación interanual. Las ganancias de ambas compañías también crecieron con fuerza, impulsadas por las ventas del iPhone, para el caso de Apple y los negocios de inteligencia artificial, para el caso de Amazon.
Los informes de estas compañías, Apple y Amazon, que hacen parte de los 7 magníficos de Wall Street impulsaron a la Bolsa de Nueva York a cerrar con sólidas ganancias su jornada de este jueves 30 de julio, con el índice Nasdaq sumando una ganancia del 2,7%
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