Economía

El Gobierno de José Antonio Kast elevó hasta 60% el diésel y 30% la gasolina al trasladar el costo internacional del petróleo. La medida desató protestas, filas en estaciones y una caída en su aprobación, mientras crecen los temores por un repunte inflacionario.
Chile atraviesa una creciente crisis energética marcada por el fuerte aumento en los precios del combustible, una situación que se ha convertido en la primera gran prueba política y económica para el presidente José Antonio Kast, quien asumió el poder el pasado 11 de marzo.
La Administración decidió activar una cláusula del mecanismo de estabilización de combustibles con el objetivo de alinear los precios internos con el alza internacional del crudo, impulsada por tensiones en Medio Oriente. 
La medida responde, según el Ejecutivo, a la imposibilidad de seguir absorbiendo los costos debido a la presión sobre las finanzas públicas.
El ajuste ha sido inmediato y contundente: la gasolina registró un incremento cercano al 30%, mientras que el diésel se disparó alrededor de un 60%, generando un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y en los costos de transporte y producción.
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Filas, escasez y malestar social
El anuncio provocó reacciones inmediatas. Desde la noche previa a la entrada en vigor del ajuste, largas filas comenzaron a formarse en estaciones de servicio en distintas ciudades del país. 
En algunos puntos, la demanda superó la capacidad de suministro, dejando gasolineras sin combustible.
Analistas advierten que el Gobierno trasladó directamente el costo del petróleo a la economía interna, una decisión que, aunque fiscalmente necesaria, tiene un alto costo político y social, y que cae como el primer gran golpe de la administración derechista de Kast, quien recién llegó al poder. 
 
El impacto no tardó en reflejarse en la percepción ciudadana. Una encuesta de la firma Cadem mostró una caída de cuatro puntos en la aprobación de Kast, que se ubicó en 47%. Por primera vez, la desaprobación superó el respaldo, alcanzando el 54%.
El sondeo también reveló que un 59% de los encuestados considera que el alza en los combustibles pudo haberse evitado, mientras que una mayoría anticipa nuevos incrementos en el corto plazo.
 
El Gobierno, por su parte, ha defendido la decisión como parte de un “ajuste necesario” en medio de restricciones fiscales. Kast ha responsabilizado a la administración anterior por la situación financiera del Estado, enmarcando su gestión como un “gobierno de emergencia” enfocado en la recuperación económica.
Medidas de contención y riesgos inflacionarios
Para mitigar el impacto social y como medida de contrapeso, el Ejecutivo anunció la congelación de las tarifas del transporte público hasta diciembre, una decisión que busca amortiguar parcialmente el golpe en el costo de vida.
El ministro de Finanzas, Jorge Quiroz, aseguró que los futuros ajustes en los precios serán graduales y que cualquier eventual caída en los precios internacionales del crudo se trasladará rápidamente al mercado interno.
 
Sin embargo, el panorama inflacionario genera preocupación. Un análisis de JP Morgan advierte que el aumento en los combustibles podría desencadenar presiones inflacionarias “no lineales”, amplificando el efecto en otros sectores de la economía.
 
En paralelo, el banco central chileno revisó al alza su previsión de inflación, anticipando un incremento significativo durante el segundo trimestre, con niveles cercanos al 4% anual.
Con información de Reuters y EFE

Un jurado de Los Ángeles declaró el miércoles 25 de marzo a Meta y YouTube responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales, y ordenó a las empresas pagar 6 millones de dólares en concepto de daños, incluidos 3 millones de dólares en daños punitivos.
El veredicto otorga a los demandantes en más de un millar de casos similares pendientes una ventaja considerable y envía a la industria tecnológica la señal de que los jurados están dispuestos a responsabilizar a las empresas de redes sociales por el impacto de sus decisiones de diseño en la salud mental de sus usuarios.
El panel otorgó tres millones de dólares en daños compensatorios, asignando a Meta el 70% de la responsabilidad por el perjuicio sufrido por la demandante -lo que supone una parte de 2,1 millones de dólares- y a YouTube el 30% restante, es decir, 900.000 dólares.
En una segunda fase, los integrantes del jurado añadieron otros tres millones de dólares en daños punitivos -desglosados de la misma manera- tras concluir que ambas empresas habían actuado con malicia, conducta abusiva o fraude.
El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas que se le plantearon sobre ambas compañías, y concluyó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus plataformas y que esa negligencia fue un factor central en el daño causado a la demandante.
También determinó que ambas empresas sabían o deberían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador razonable de una plataforma sí lo habría hecho.
"La hora de rendir cuentas ha llegado", dijeron los abogados de la demandante en un comunicado.
Zuckerberg no convenció
El testimonio de Mark Zuckerberg perjudicó a Meta en el histórico juicio, aseguró a la prensa una integrante del jurado.
"Parte de su testimonio no nos convenció —lo cambió de acá para allá- y eso no nos cayó bien", declaró la miembro del jurado que se identificó como Victoria.
"Él es el gurú, por así decirlo, y de verdad, de verdad, ha debido saber exactamente lo que iba a contarnos a nosotros, los miembros del jurado, antes que decir cualquier cosa", añadió.
Meta y Youtube anunciaron que apelarán la decisión.
"Tres millones de dólares es un tirón de orejas para empresas como Meta y YouTube, que son dos de los mayores vendedores de publicidad del mundo", dijo Jasmine Engberg, de Scalable, que hace un seguimiento de la industria de las redes sociales.
"Pero si estas empresas se ven obligadas a rediseñar sus productos, eso supone una amenaza existencial para sus modelos de negocio", enfatizó.
Caso modelo
La demandante, identificada en los documentos judiciales por sus iniciales K.G.M. y presentada solo como Kaley en el juicio, es la figura central de un caso modelo que podría determinar si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas legalmente responsables de perjudicar la salud mental de los menores.
Kaley comenzó a usar YouTube a los seis años, descargando la aplicación en su iPod Touch para ver videos sobre brillo labial y un juego infantil en línea.
Se unió a Instagram a los nueve, burlando un bloqueo que su madre había implementado para mantenerla fuera de la plataforma.
Declaró ante el jurado que su uso casi constante de las redes sociales "realmente afectó (su) autoestima", y afirmó que las aplicaciones la llevaron a abandonar aficiones, tener dificultades para hacer amigos y compararse constantemente con los demás.
En los alegatos finales, el abogado de la demandante, Mark Lanier, presentó el caso como una historia de codicia corporativa.
Sostuvo que funciones como el desplazamiento infinito (scrolling), la reproducción automática de videos, las notificaciones y los contadores de "me gusta" fueron diseñados para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes.
Meta y YouTube sostuvieron en todo momento que los problemas de salud mental de Kaley no tenían nada que ver con sus plataformas.
El abogado de Meta, Paul Schmidt, destacó la conflictiva relación de Kaley con su madre y puso a los jurados una grabación en la que aparentemente se escucha a la madre gritarle e insultarla.
Un jurado diferente de Nuevo México determinó el martes que Meta era responsable de poner en peligro a los niños al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, y a otros riesgos.
Con AFP

Un jurado de Nuevo México dictaminó el martes 24 de marzo que Meta Platforms violó la ley estatal por engañar a los usuarios sobre la seguridad de Facebook, Instagram y WhatsApp y facilitar la explotación sexual infantil en dichas plataformas. La empresa anunció que apelará la decisión.
Tras casi siete semanas de juicio, el gigante de las redes sociales, Meta Platforms, fue hallado culpable de dañar deliberadamente la salud mental de los niños y ocultar información sobre explotación sexual infantil en sus plataformas.
El caso fue analizado por un jurado de Nuevo México, al tiempo que en un tribunal federal de California se delibera desde hace una semana sobre la responsabilidad de Meta y YouTube en un caso similar.
Acusando a Meta de violar la ley de protección al consumidor de Nuevo México, el jurado ordenó a la compañía pagar 375 millones de dólares en multas civiles, el primer veredicto sobre este tipo de demandas contra Meta, que enfrenta una ola de este tipo de acciones por cómo sus plataformas afectan la salud mental de los jóvenes.
Meta apelará la decisión
“Discrepamos respetuosamente del veredicto y apelaremos”, declaró un portavoz de Meta en un comunicado.
Trabajamos arduamente para mantener la seguridad de los usuarios en nuestras plataformas y somos conscientes de las dificultades que implica identificar y eliminar a los usuarios malintencionados o el contenido dañino
El fiscal general de Nuevo México calificó el resultado como “una victoria histórica para cada niño y familia que ha pagado el precio de la decisión de Meta de anteponer las ganancias a la seguridad de los menores”.
La cuantiosa indemnización que el jurado ordenó pagar a Meta debe enviar un mensaje claro a los ejecutivos de las grandes tecnológicas: ninguna empresa está por encima de la ley
El conglomerado de redes sociales no se verá obligado a cambiar sus prácticas de inmediato. Corresponderá a un juez, no a un jurado, determinar si sus plataformas de redes sociales crearon un problema de salud pública y si la empresa debe financiar programas públicos para mitigar los daños.
De cara a la segunda fase del juicio, que se celebrará en mayo, el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez indicó que su oficina solicitará al tribunal que ordene a Meta realizar estos cambios para proteger a los menores y que imponga sanciones económicas adicionales.
Con Reuters y AP

La presidenta interina venezolana solicitó a la Administración de Donald Trump el levantamiento total de sanciones mientras Washington flexibiliza algunas restricciones diplomáticas. Caracas busca atraer inversión extranjera en sectores clave en medio del restablecimiento de relaciones bilaterales.
La mandataria interina venezolana, Delcy Rodríguez, elevó un pedido directo a Donald Trump para que levante las sanciones económicas impuestas al país, en un momento en que ambas naciones avanzan en una nueva fase de diálogo político y reapertura diplomática tras años de ruptura.
Su intención, explicó, es que las empresas tengan un marco de seguridad para invertir en el país caribeño e indicó que de relajarse las sanciones, sería un “gana-gana” para la Unión Americana.
"Hemos pedido al presidente Trump — no solo por el bien de Venezuela, sino también por el bien de los inversores — que levante las sanciones contra Venezuela y su economía. Una licencia por sí sola no proporciona la certeza necesaria para una inversión a largo plazo. Chevron puede hablar de eso claramente desde su propia experiencia”, dijo Rodríguez
El anuncio se produjo en el Palacio de Miraflores, en Caracas, durante una reunión con inversionistas nacionales e internacionales de sectores estratégicos como energía, transporte, electrónica y servicios. 
Allí, Rodríguez intentó proyectar una imagen de estabilidad política y garantías legales, con el objetivo de atraer capital extranjero en medio de la reconfiguración del escenario político venezolano.
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 Caracas busca reconstruir confianza internacional
Rodríguez, quien asumió el liderazgo del Gobierno tras la salida forzosa de Nicolás Maduro el 3 de enero, aseguró que Venezuela está en condiciones de ofrecer seguridad jurídica a largo plazo para las inversiones. 
En su intervención, insistió en que el país necesita condiciones estructurales más amplias para recuperar la confianza de los mercados.
"El entorno legal y regulatorio de ambos países debe proporcionar seguridad a los inversores. Por eso hemos insistido en que se levanten las sanciones — tanto como derecho de Venezuela, como para dar a los inversores la confianza de que sus inversiones aquí están respaldadas por un marco legal y legislativo sólido”, apuntó
En ese sentido, subrayó que las licencias parciales otorgadas por Washington, como la que permite operar a la petrolera Chevron, no son suficientes para garantizar un flujo sostenido de inversión extranjera. Según explicó, estas autorizaciones limitadas generan incertidumbre entre los actores económicos.
La mandataria fue más allá al afirmar que el levantamiento total de las sanciones no solo constituye un derecho para Venezuela, sino también una necesidad práctica para las empresas interesadas en operar en el país. 
“Los marcos legales de ambos países deben alinearse para brindar confianza real a los inversionistas”, sostuvo.
 
Washington flexibiliza sanciones diplomáticas
Horas más tarde de este mismo martes 24 de marzo, la administración de Trump dio un paso concreto hacia la normalización de relaciones al flexibilizar algunas sanciones vinculadas a la actividad diplomática venezolana en territorio estadounidense.
El Departamento del Tesoro autorizó mediante una licencia especial que las misiones del Gobierno venezolano en Estados Unidos puedan realizar pagos por bienes y servicios necesarios para sus operaciones, así como para uso personal de sus diplomáticos. Además, se permitió a bancos e instituciones financieras abrir cuentas y otorgar créditos a estas representaciones.
La medida busca facilitar la reapertura de la embajada venezolana en Washington, que aún no está operativa, mientras avanza el proceso de restablecimiento de relaciones diplomáticas, formalizado a principios de marzo tras cinco años de ruptura.
Sin embargo, las restricciones no han sido eliminadas completamente. La nueva normativa mantiene prohibiciones clave, como la compra o venta de bienes inmuebles por parte de las misiones diplomáticas venezolanas.
Gobierno de Venezuela en EE. UU.
Rodríguez confirmó que una delegación diplomática viajará “esta misma semana” a Washington para profundizar las conversaciones con funcionarios estadounidenses, un movimiento que marca el inicio de una etapa más activa en el acercamiento entre ambos gobiernos.
El proceso de distensión se aceleró tras la captura de Maduro a inicio de año en Caracas por fuerzas estadounidenses, un hecho que alteró el equilibrio político interno y abrió la puerta a nuevas negociaciones bilaterales, de forma forzada.
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Desde entonces, Washington ha emitido varias licencias que permiten a empresas estadounidenses participar en el comercio de petróleo, gas y oro venezolanos, en un intento por reactivar la economía del país sudamericano y garantizar suministros energéticos, un ‘perfect timing’ para Estados Unidos que, como el resto del mundo, se ha visto afectado por el alza de precios de los combustibles por el conflicto en Medio Oriente que inició junto a su aliado Israel. 
 
Mientras avanzan los contactos diplomáticos, la situación judicial de Maduro sigue siendo un elemento clave en el contexto político. El exmandatario permanece detenido en Nueva York, donde enfrenta cargos por conspiración para narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de armamento.
Su audiencia está prevista para este jueves 25 de marzo, en un proceso que podría influir en el ritmo y alcance de las negociaciones entre Caracas y Washington.
Con información de EFE y AFP.

El bloque comunitario y el país insular sellaron un acuerdo de libre comercio tras ocho años de negociaciones, que se intensificaron después de que Donald Trump impusiera gravámenes más altos a casi todos sus socios comerciales.
Desde el vino francés hasta el hidrógeno australiano, se transarán libremente entre la Unión Europea y Australia cuando entre en vigor el Tratado de Libre Comercio cuyo texto final aprobaron este martes 24 de marzo de 2026 en Canberra.
Las negociaciones comenzaron en 2018, pero se estancaron hace dos años debido a las demandas australianas de mayor acceso al mercado de la carne roja y las quejas sobre productos australianos etiquetados con nombres tradicionalmente europeos, como el prosecco.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro australiano, Anthony Albanese, firmaron el acuerdo en el Parlamento australiano.
“Esto demuestra que tanto la Unión Europea como Australia reafirman su creencia en el libre y justo comercio, que comprenden que el comercio impulsa la prosperidad de ambas partes involucradas y que nos interesa que esto se concrete”, declaró Albanese.
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Un gana a gana en un momento crucial
Este avance se produce en un momento en que tanto el bloque de los 27 como Australia buscan diversificar sus redes comerciales y reducir su dependencia económica de China, además de su exposición a la incertidumbre de los aranceles estadounidenses.
El pacto eliminará los aranceles europeos sobre exportaciones australianas clave, como el vino, los productos del mar como mariscos, los frutos secos, las frutas y verduras, la miel, el aceite de oliva, la mayoría de lácteos, el trigo y la cebada.
La Unión Europea, entre tanto, se beneficiará del suministro de materias primas críticas, como el litio y tungsteno o el hidrógeno. Y entrarán a Australia sin impuestos algunas frutas y verduras, incluyendo preparados y zumos, chocolate, azúcar, confitería y helados, y productos agrícolas procesados.
Los aranceles australianos sobre el queso, entre tanto, se reducirán a cero en un plazo de tres años, mientras que la Unión Europea abrirá dos contingentes arancelarios por un total de 30.600 toneladas métricas para la carne roja australiana, con un 55% libre de gravámenes.
Los agricultores australianos criticaron el pacto por ofrecer un acceso al bloque que consideraron "insuficiente", mientras que los agricultores franceses argumentaron que las cuotas eran demasiado generosas.
Australia también flexibilizará la importación de los vehículos de la UE, con la excepción de algunas partidas arancelarias para camiones, cuyos aranceles se eliminarán gradualmente en un corto periodo.
Acuerdos sobre denominación de origen
Los productores australianos de prosecco, un vino espumoso tradicional del norte de Italia, tendrán prohibido usar ese nombre en sus exportaciones diez años después de la entrada en vigor del pacto.
Para otros productos, como el queso feta o el gruyère, los usuarios australianos que hayan utilizado el término de forma continua durante al menos cinco años podrán conservar el derecho a usarlo, siempre y cuando se indique claramente el origen del producto.
Las empresas de la UE exportaron bienes por valor de 37.000 millones de euros a Australia en 2025. La UE fue el tercer socio comercial bilateral más importante de Australia en 2024 y su sexto destino de exportaciones, además de ser su segunda mayor fuente de inversión extranjera.
Con Reuters y AP