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Los partidos tradicionales ARENA y FMLN presentan a Mayteé Iraheta y Rafael Aguirre, respectivamente, como sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, en las que se verán las caras con el favorito para ganar, Nayib Bukele.
El Salvador empieza a definir el escenario para las próximas elecciones presidenciales de 2027. Mientras Nayib Bukele busca un tercer mandato, autorizado tras las reformas impulsadas, los dos partidos tradicionales han presentado a sus candidatos: Mayteé Iraheta por la derecha de ARENA y Rafael Aguirre por la izquierda FMLN. La incógnita es si estas candidaturas representan una alternativa real frente a un presidente que mantiene supuestos altos niveles de popularidad y un amplio control institucional.
"El caso salvadoreño, donde tenemos la construcción de una opoficción que permite, contrario a lo que uno podría imaginar, consolidar la permanencia de alguien que está buscando perpetuación en el poder, sin violar la ley"
- Eric Lemus, analista político salvadoreño
Eric Lemus, analista político salvadoreño en el exilio, nos responde: "Por un lado, hay que apostar por un rostro femenino que conecte con la televisión y que tal vez pueda tener un rédito, y por el otro se está apostando por la figura clásica del sindicalismo, que fue muy beligerante en los años 80". Lemus añade: "Me parece que son dos salvavidas naturales a los que, por un lado, apuesta la ex derecha radical y, por otro lado, la izquierda, que obviamente han tenido sus momentos de gobierno y les ha sentado muy mal".
¿Oposición real u opoficción?
La designación busca renovar la imagen de dos partidos que durante décadas dominaron la política salvadoreña, pero que hoy llegan debilitados, aunque para Lemus, más que frágiles, se trata de una opoficción. 
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"El caso salvadoreño, donde tenemos la construcción de una opoficción que permite, contrario a lo que uno podría imaginar, consolidar la permanencia de alguien que está buscando perpetuación en el poder, sin violar la ley".
Más allá de los nombres, los analistas coinciden en que el desafío para la oposición no es únicamente electoral; deberán competir contra una narrativa perfectamente trazada.  
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"Él mismo se autodenominó un dictador cool, ¿verdad? Es decir, alguien que es autoritario, que pasa por encima de toda la ley, pero que cumple con las formas que demanda la ley", explica el analista. Lemus argumenta que hay que hacer "notar que el código electoral ha sido pisoteado, que el Tribunal Supremo Electoral, que antes tenía representatividad, pues ahora está cooptado también por el Partido Nuevas Ideas y personas afines".
A siete meses de las elecciones, la oposición tiene como reto convencer a un electorado que, según las encuestas, sigue respaldando mayoritariamente el modelo de seguridad y el liderazgo de Nayib Bukele.

El pasado viernes 24 de julio debía finalizar el fin del llamado TPS, el Estatus de Protección Temporal del que gozan los haitianos en Estados Unidos desde el terremoto de 2010. Su revocacion, ordenada por Donald Trump para Haití y tambien para una decena de paises, deja a mas de 300 mil haitianos en el limbo.
Este Estatus de Protección Temporal permite a los ciudadanos de paises afectados por catástrofes naturales o conflictos armados residir o trabajar en Estados Unidos. Haití goza de este estatus desde 2010, tras el devastador seísmo que sacudió la isla. A finales de junio, la Corte Suprema del país autorizó al Gobierno de Donald Trump a revocar este permiso, lo que dejará a su suerte a 330.000 haitianos como explica Paul Christian Nanphy, de la red Acción Familiar.
"Estamos viviendo un momento muy crítico ya que creemos en la reflexión de las causas de migración, el por qué la gente sale de países como Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros muchos más. Actualmente, deportar a cualquier persona a Haití, El Salvador o Venezuela es forzarla a arriesgar su vida", afirma Christian Nanphy.
Estos haitianos podrian ser deportados en cualquier momento,  cuando la violencia de las pandillas persiste en el pais. Los grupos armados controlan el 90 % de Puerto Príncipe, la capital, y se expanden a otras zonas.
El miembro de Acción Familiar asevera que simplemente las imágenes de la vida cotidiana de las personas en Haití son prueba suficiente del riesgo que vive la población en el país caribeño. "Cualquier deportación pone su vida en riesgo, ya que los grupos armados saben quién viene y de dónde viene, lo que la convierte en potencial víctima de secuestro", pone de ejemplo Christian Nanphy como uno de los peligros para los posibles haitianos expulsados de Estados Unidos.
La revocacion de este estatus tambien afecta a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Ucrania, Siria y otra decena de países.
Christian Nanphy considera "preciso y necesario encontrar una solución para las personas que ya están aquí (EE.UU) trabajando y pagando impuestos legalmente puedan seguir viviendo y contribuyendo a la economía estadounidense". 
La situacion en Haiti es muy critica. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios,en Haití, 5,7 millones de personas —casi la mitad de la población— padecen hambre aguda.

Varias asociaciones de derechos humanos han denunciado la doble tragedia de los cientos de presos políticos en Venezuela tras los terremotos vividos en el país hace un mes, que dejaron 5346 personas fallecidas, según el último balance de las autoridades. Las oenegés denuncian que no se les evacuó, a pesar de las réplicas, agregando las malas condiciones en las que ya se encuentran.
Las familias de los presos venezolanos denuncian que no se respetaron los protocolos de evacuación, ni de prevención a pesar de las débiles infraestructuras de las cárceles en las que se encuentran. La activista Andreina Baduel, cuyo hermano lleva seis años en la cárcel del rodeo, en las afueras de Caracas, indicó que durante los dobles sismos y las diferentes réplicas que ha vivido el país, “no hubo protocolos de evacuación oportuna”.
Baduel aseguró que “pasaron casi 50 minutos para que ellos fueran evacuados oportunamente, pero no conforme con ello, durante esas dos semanas posteriores al terremoto estuvimos denunciando que ese lugar tenía infraestructuras que habrían sufrido daños. La respuesta del régimen fue torturarlos, amenazarlos y chantajear a algunos en otras cárceles para obligar a tenerlos encerrados 24/7”, denunció.
Al riesgo que vivieron en las cárceles tras el terremoto se suman las violaciones de derechos humanos, donde según esta activista, se tortura a los presos y no se les presta asistencia médica, como le ocurrió a su hermano y a su padre.
“Lamentablemente es una situación bastante crítica. Adolfo tiene seis años y dos meses presos. De los seis años pasó cuatro en el Helicoide, en donde fue brutalmente torturado, por lo cual hoy amerita cuatro operaciones por secuelas de tortura. En el Helicoide también vivió la peor tortura de su vida y fue ver morir a mi papá en sus brazos, a pesar de que mi hermano rogó, suplicó, imploró que lo atendieran, no le brindaron atención médica y lamentablemente mi papá murió en la cárcel”, contó.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el mando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de presos por razones políticas, aunque las oenegés lo consideran insuficiente. 
Insistimos en la necesidad de que no se invisibilice las violaciones de Derechos Humanos que sigue haciendo el régimen venezolano. Aunque, ellos han promovido un aparataje propagandístico y comunicacional en donde hablan de un nuevo momento político, de reconciliación y de paz, todavía vemos 500 familias esperando la excarcelación de los nuestros.
En Venezuela, 372 personas siguen detenidas por motivos políticos, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos, aunque se calcula que la cifra asciende a 500.

El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de la megarreforma legislativa del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, que busca cambiar el rumbo económico del país. El proyecto, que incluye beneficios fiscales para las empresas e inversores, es criticado por la oposición, que cree que reducirá los ingresos destinados a fines sociales.
El paquete económico aprobado contempla varias medidas que buscan atraer la inversión al país, como una rebaja gradual de cuatro puntos en el impuesto a las grandes empresas. También se eliminan barreras a estos inversores. Supone un cambio con respecto a la política económica de los últimos años.
“Recuperar el ritmo de crecimiento”
“En los últimos 15 años de Chile, el crecimiento ha sido muy distante al que tuvo desde el retorno a la democracia y los primeros 15 años, de crecer a niveles del 5% o 6% a niveles en torno al 1,8% o 1,9%, como fue con el presidente Gabriel Boric. Y eso genera una serie de condiciones económicas que no son las deseables: bajo crecimiento, menos empleo”. Chile enfrenta hoy, además, una crisis de desempleo con tasas que están en torno al 10%”, nos explica Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo de Chile.
Según él, “el objetivo de este proyecto es recuperar el ritmo de crecimiento que Chile conoció antes de la última reforma tributaria del 2014, que fue bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet”.
La oposición recurre al Tribunal Constitucional
La oposición critica que el proyecto favorece a los ricos, y como el Estado ingresará menos por la bajada de estos impuestos, habrá menos dinero para ayudas sociales. “Es lo que ustedes están promoviendo: llenarle los bolsillos a quienes hoy más tienen y quitarle la posibilidad del acceso a la salud, a la educación o incluso a pensiones dignas a quienes hoy más lo necesitan. Y espero que la mayoría, que quienes dicen defender a la clase media y a la gente, se pongan del lado de la gente y no de este gobierno anti trabajadores y trabajadoras”, denunció la legisladora opositora Emilia Schneider.
La oposición ha anunciado que recurrirá a algunos artículos al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la aprobación. “Los plazos del Tribunal Constitucional son bastante inciertos porque es un tribunal autónomo, que tiene otras materias que también revisa. Yo me imagino que por un tema político van a tratar de darle un poquito de celeridad para generar más certeza y despejar rápidamente el tema. Pero yo no creo que antes de un par de semanas, el Tribunal Constitucional pueda revisar los requerimientos. Yo creo que con certeza en un mes debe de estar despejado, pero no antes de eso”, subraya Rodrigo Arellano.
El 56% del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a las empresas. El Gobierno de Kast se ha visto obligado a revisar su previsión de crecimiento del 4% al 3,5% en 2030, cuando finalice su mandato.

La organización Human Rights Watch publicó un informe en el que acusa a Estados Unidos de atacar lanchas en las costas de Ecuador; con la colaboración del gobierno de Noboa, con al menos ocho desaparecidos, dentro de la lucha contra el crimen organizado.
La organización de derechos humanos ha documentado dos ataques en el pacífico a embarcaciones pesqueras que tuvieron lugar entre enero y marzo. Una tercera lancha desapareció con los ocho tripulantes. Algunos de los detenidos fueron torturados, denuncia Juanita Goebertus directora para las Americas de Human Rights Watch.
“El informe documenta cuatro incidentes distintos, uno terrestre en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde resultó en la detención arbitraria de cuatro colombianos, que fueron además torturados por miembros del ejército ecuatoriano”, indicó agregando que también fueron golpeados, les pusieron electrochoques con agua. Según la denuncia también se les acusó de “ haber hecho intentos de una supuesta ejecución falsa, decirles que les iban a arrancar las uñas o que les iban a cortar dedos. Y luego estas cuatro personas fueron liberadas”, aseguró.
La organización denuncia detenciones arbitrarias dentro de la campaña militar conjunta entre Washington y Quito para luchar contra el crimen organizado. El gobierno de Donald Trump inició los ataques contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, primero en aguas del caribe, luego en el pacífico. EE.UU. ha negado cualquier responsabilidad en los ataques. 
“Básicamente estos tres incidentes siguen un mismo modus operandi, vigilancia previa de las lanchas. 13 testimonios que consistentemente narran los mismos hechos, vieron la bandera de Estados Unidos en la embarcación que los estaba siguiendo, luego ataques con drones, pero tanto Ecuador como Estados Unidos han negado tener participación en los ataques a estas embarcaciones. Sin embargo, recolectamos evidencia tan robusta, tan creíble, que creemos que lo mínimo es que es el Congreso de Estados Unidos indague de manera mucho más detallada y exija respuestas por parte de la administración Trump”.
Países como Ecuador han anunciado un refuerzo de su cooperación militar con el pentágono. Goebertus subrayó que “los ciudadanos en América Latina tienen derecho a vivir libres del crimen organizado y por supuesto que tienen derecho a políticas de seguridad efectiva. Pero si algo nos ha demostrado la historia en América Latina es que no hay que escoger entre seguridad o derechos humanos. Este tipo de atentados pueden ser muy vistosos para vídeos en redes sociales, pero no avanzan realmente en debilitar la capacidad del crimen organizado”.
Desde septiembre de 2025 se han producido al menos 50 ataques en el pacífico y el caribe; con un saldo de al menos 215 muertos.