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Cuba está al borde del colapso, después de que el Gobierno de Estados Unidos le haya cortado el suministro de petróleo tras la captura de Nicolás Maduro. Washington ha anunciado que enviará ayuda y culpa de la situación al régimen cubano. La oposición cubana denuncia una situación extrema que el Gobierno usa para acallar las críticas con una mayor represión.
El líder opositor cubano Manuel Cuesta Morua vive en un barrio popular de La Habana, donde ve el día a día de la gente, que ya vivía en condiciones precarias y desde hace semanas trata de sobrevivir, entre cortes de luz y falta de alimentos.
“Vivimos ahora en un puro sobresalto”
“La situación es bastante difícil, bastante complicada realmente en este minuto para todos nosotros, para el pueblo cubano. Lo que ha sucedido en estos días es un recrudecimiento del colapso, y al mismo tiempo de la capacidad de la gente de darle cierta normalidad a la vida cotidiana”, explica a RFI.
“Vivimos ahora en un puro sobresalto, tratando mucha gente de ver qué consigue para alimentarse al otro día, cómo puede llegar a su centro laboral. Es decir, es una situación estresante que se superpone a la situación realmente anormal de Cuba”, precisa Cuesta Morua.
Estados Unidos cree que Cuba es una amenaza por ser aliada de China o Irán. La Habana acusa a Washington de querer asfixiar a los cubanos. Pero el opositor considera que “la gente está más enfadada con el régimen. No creo que a estas alturas estén tan enfadados con Estados Unidos, porque han pasado ya varios años en los que la gente ha venido despertando”.
“Te pongo una fecha de julio de 2021. Hace cuatro años la gente se ha venido dando cuenta de que quien pone obstáculos en el camino del bienestar de los cubanos y de la posibilidad de los cubanos es fundamentalmente el mismo Gobierno. Los comentarios, por ejemplo, en la calle, se pueden resumir en una palabra, la que más yo he escuchado: es una vergüenza nacional este Gobierno”, agrega.
“El Gobierno los castiga para utilizarlos como escarmiento”
Manuel Cuesta Morua denuncia que el régimen está aprovechando el momento para aumentar la represión e intimidar a los opositores: “La libertad que más me coartan es la libertad de movimiento. En alguna otra ocasión el Gobierno me detiene o sitia la casa, rodea la casa”, cuenta.
“Pero no es sencillo para el Gobierno acallar una voz ya reconocida. Ellos ya le dan con mucha más fuerza a voces que comienzan a levantarse. No son totalmente reconocidas y el Gobierno los castiga para utilizarlos como escarmiento. Justamente quienes más van a prisión no son activistas reconocidos de la sociedad civil, sino ciudadanos comunes que ejercen sus libertades de expresión”, subraya el opositor.
Según él, podría haber pronto protestas extendidas a lo largo del país, como ya ocurrió en 2021.

Mientras Washington afirma que las conversaciones con La Habana ya han comenzado, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel anunció la disposición de su gobierno a dialogar con Estados Unidos. Sin embargo, el investigador Sebastián Arcos advierte que, lejos de abrir una auténtica vía de negociación, el régimen cubano se estaría exponiendo a una intervención militar de Estados Unidos.
Mientras Estados Unidos viene diciendo que las conversaciones con Cuba ya empezaron, el presidente Díaz-Canel anunció la víspera la disposición de su país a dialogar con Washington. Desde La Florida, el investigador Sebastián Arcos dijo a RFI que el régimen cubano "se expone a una intervención militar como la que terminó con la captura de Maduro el 3 de enero".
Además de cortar el suministro de petróleo venezolano y el flujo de dinero de Caracas hacia la isla, el presidente Donald Trump firmó el jueves un decreto que contempla la imposición de aranceles a aquellos países que vendan crudo a La Habana.
El presidente cubano admite que la isla atraviesa una crisis económica y energética, lo que obligará a aplicar ajustes y racionamiento a una población ya golpeada por los apagones y la falta de agua y alimentos. Aunque Washington sostiene que las conversaciones con La Habana ya comenzaron, Díaz-Canel dijo la víspera que estaba a favor de un diálogo con Estados Unidos "sin presiones ni injerencias".
Sebastián Arcos, director del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad de La Florida, se muestra escéptico frente a esa posibilidad de diálogo.
"Es falso que La Habana quiera dialogar"
"Que ellos [las autoridades cubanas] digan que están dispuestos a dialogar, eso es falso. Ellos quieren únicamente que [los Estados Unidos] les hagan concesiones, que les levanten las sanciones económicas y que los dejen tranquilos, que los dejen violar los derechos humanos de la población cubana, que los dejen robarse todo el dinero que le corresponde a los cubanos", dice Arcos.
La situación en Cuba ha empeorado tras la caída de la ayuda de Venezuela, un aliado estratégico para La Habana que, sometida desde 1962 a un embargo estadounidense, dependía del petróleo de Caracas. La isla se encuentra al borde del colapso humanitario, según la ONU.
"Ahora el que tiene la sartén por el mango es Estados Unidos, no el régimen cubano. Si los cubanos deciden no sentarse a conversar en serio con Estados Unidos, dentro de cuatro semanas se quedan sin combustible y el país se apaga. Cuba no es Irán, un país que se encuentra del otro lado del planeta. Cuba está a escasas 90 millas de Estados Unidos. Hay una flota estadounidense ahora en Irán dispuesta a castigar a Irán por haber matado a más de 10.000 personas, casi todos muchachos jóvenes, incluso de 17 años. Eso podría suceder mañana en Cuba. Y la presión sobre el gobierno de Estados Unidos para intervenir militarmente [en Cuba] sería irresistible".
"Cuba está llamando a una intervención militar" 
Donald Trump ha intensificado sus amenazas contra Cuba tras la caída de Nicolás Maduro y ha reiterado que podría imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla. Para Arcos, La Habana se está colocando en una situación similar a la que precedió la intervención en Venezuela.
"Si Estados Unidos considera que el régimen cubano no se está moviendo en la dirección en la que tiene que moverse, tal vez ese país tenga que hacer un recordatorio como el que ocurrió en Venezuela el 3 de enero. Si mañana el pueblo de Cuba se tira a las calles a pedir cambio de régimen y el régimen decide matar a los manifestantes, se está exponiendo a una intervención militar de Estados Unidos. De hecho, Cuba está llamando a una intervención militar de los Estados Unidos. La salida es precisamente que el régimen cubano reconozca que está en un callejón sin salida y empiece un diálogo franco con Estados Unidos, sin condiciones, sobre un proceso de transición del actual régimen a un régimen", concluye.

Este viernes es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. Según cifras de UNICEF más de 230 millones de niñas y mujeres en todo el mundo son sobrevivientes de esta práctica que no logra ser erradicada. Colombia, es el único país latinoamericano en donde se sigue registrando casos.
Colombia ostenta un triste récord: es el único país de América Latina donde aún se registra la práctica de la mutilación genital femenina (MGF). Esta intervención, que consiste en la extirpación total o parcial de los genitales externos de las niñas por motivos no médicos, ha generado un intenso debate entre la autonomía de los pueblos indígenas y la garantía de los derechos humanos y la integridad de las mujeres.
En entrevista para Radio Francia Internacional, Alexandra Vásquez, Representante a la Cámara por Cundinamarca (Colombia Humana - Pacto Histórico), explicó la complejidad detrás de esta realidad y los avances del proyecto de ley "Niñas sin ablación".
Erradicar la ablación en Colombia no es solo una cuestión de leyes, sino de romper barreras culturales profundas. Según Vásquez, la resistencia de algunas comunidades a la intervención del Estado ha sido el principal obstáculo:
"Colombia es el único país que asume la responsabilidad de que existe mutilación genital femenina. Las dificultades son varias. Se habla de las prácticas culturales; la mutilación genital femenina en muchas comunidades indígenas se ha adoptado como una práctica cultural que dificulta obviamente que estas comunidades puedan asumir que la mutilación no se debe realizar. Existe una resistencia cultural en algunas comunidades, pues tienden a rechazar también la intervención del Estado. Y dentro de esas discusiones argumentan el respeto y la autonomía y la autodeterminación de los pueblos".
Uno de los mayores desafíos es la falta de datos exactos. Al ser una práctica que ocurre en la intimidad de los resguardos, el Estado solo se entera cuando las niñas llegan a los centros asistenciales con complicaciones de salud. La congresista detalla la gravedad de la situación:
"En Colombia es difícil tener un registro como tal. Los casos que se han venido dando es porque se detectan principalmente en hospitales o en algunas zonas del país. Se estima que para el 2023 hubo 90 casos. Es un subregistro. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud, entre el 2013 y 2014, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, se presentaron 46 registros, de los cuales el 70% de los casos son niñas menores de un año. También se identificaron 45 niñas menores de cinco años y un adolescente de 17. Entonces, mientras estas prácticas se sigan manteniendo dentro de las comunidades indígenas, es muy difícil poder hacer un registro”
Un proyecto de ley que no castiga, sino que construye
Vásquez es una de las impulsoras del proyecto de ley "Niñas sin ablación".
Vásquez es una de las impulsoras del proyecto de ley "Niñas sin ablación". A diferencia de otras leyes que buscan la prohibición a través de penas de cárcel, este apuesta por un modelo pedagógico e intercultural. El objetivo es crear un consenso entre el Estado y las autoridades indígenas para que la práctica se abandone por convicción y no por miedo a la ley.
"No es una ley punitiva, sino que las comunidades puedan reflexionar sobre la situación. Se busca la creación de un comité para la erradicación de la mutilación genital femenina entre el Estado, la sociedad civil, el ICBF y, por supuesto, las comunidades, que son lo más importante para poder establecer estos planes y estas estrategias de prevención. Esto va alrededor de rutas de atención, capacitación, monitoreo y el enfoque intercultural, que es lo más importante".
Tras haber superado con éxito sus primeros debates en la Cámara de Representantes en abril de 2025, el proyecto se prepara ahora para su tercer trámite en la Comisión Primera del Senado. El reto actual es que la iniciativa mantenga su prioridad en la agenda legislativa y cuente con el respaldo de la comunidad internacional para convertirse, finalmente, en Ley de la República.
La voz de las mujeres Emberá
El corazón del proyecto ha sido la participación de las propias mujeres indígenas, específicamente de la comunidad Emberá, quienes han decidido romper el silencio generacional para proteger a sus hijas. Alexandra Vásquez destaca este vínculo como el motor del cambio:
"Yo creo que lo más bonito del proyecto de ley que hemos venido trabajando desde el Congreso de la República es la vinculación de las mujeres de la gran nación Emberá, quienes han sido las que nos han dicho: 'no queremos que a nuestras niñas les pase lo que nosotros estamos viviendo o lo que nosotras hemos vivido'. Una lideresa de la comunidad Emberá nos decía en el Congreso: 'No se trata de imponer, sino de caminar juntos'".

La filial de una compañía de Hong Kong, que operaba dos puertos del canal de Panamá, anunció que activará un arbitraje judicial, luego de que el gobierno panameño anulara los contratos de concesión. La decisión provocó una airada reacción de China, que advirtió que Panamá pagaría un alto precio por la medida. Por su parte, Estados Unidos aplaudió la decisión, en medio de la disputa entre ambas potencias por el control de esta vía estratégica para el comercio.
Panama Ports Company sucursal de CK Hutchison Holdings va a impugnar la decisión de la justicia panameña y acusa al país de causarles grandes daños económicos y, al igual que China, de haber tomado una decisión política.
“Hay cuatro contratos de concesiones portuarias, todos ellos contemplan una cláusula de arbitraje. Una cláusula que establece que el arbitraje se llevará a cabo según las reglas de arbitraje de la Cámara Internacional del Comercio. Lo importante en el caso de Panamá es que luego del fallo de la Corte, dado que los puertos de Balboa y Cristóbal son importantes en el movimiento portuario en Panamá se haga una coordinación, una transición que cause el menor perjuicio a los clientes”, afirma Rommel Troesch, que fue presidente de la Cámara Marítima de Panamá durante la expansión del canal.
El arbitraje puede tardar años en resolverse y esto puede alterar el tránsito en un punto estratégico para el comercio mundial, y con Estados Unidos y China como principales clientes    
“El tema es tan complicado por el impacto que tiene cualquier caída en la productividad de Balboa y de Cristóbal y no está del todo claro porque el Estado no ha aclarado si ya se llegó a un acuerdo con la compra del equipo móvil portuario porque frente a la declaración de inconstitucionalidad, la infraestructura física pasa al país que empieza a administrarlo. Pero el Estado no tiene equipos portuarios, un puerto no es nada más un muelle, si no se tiene el equipo móvil que mueve la carga y la descarga de los barcos, el puerto se convierte en una facilidad inerte”, teme Rommel Troesch.
Por los puertos de Panamá se movieron 9,9 millones de contendores en 2025, un máximo histórico. Es el centro de trasbordo más grande de América Latina y un eje logístico vital.
“Hay un golpe a la seguridad jurídica de los inversionistas y esto va a tener un impacto internacional porque todo aquél que quiera firmar contratos con el Estado tiene que meditar que esto está ocurriendo, para Panamá lo más importante es mitigar el impacto en la actividad portuaria. Balboa y Cristóbal se van a volver a licitar, es una oportunidad para un reordenamiento y hacer una oferta diferente al mercado”, insiste el ex presidente de la Cámara Marítima de Panamá.
El gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumiría de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión.

Los presidentes de Estados Unidos y Colombia se reunieron la víspera por primera vez desde que Trump llegó a la Casa Blanca, tras un año de reproches mutuos y enfrentamientos. La cita se produjo un mes después de la detención del exmandatario venezolano Nicolás Maduro y con temas prioritarios como el petróleo y la lucha contra el narcotráfico.
Dada la historia de desencuentros y reproches mutuos, el encuentro entre Trump y Petro puede abrir la puerta para reconfigurar la relación bilateral. Isaac Morales, analista y coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, cree que esto es fruto del trabajo del equipo colombiano, que trata de mostrar los avances del país en la lucha contra el narcotráfico.
"Esta reunión de Petro con el presidente Trump es importante porque es el culmen de una agenda que han tenido los equipos del Gobierno de Colombia. Al gobierno de Estados Unidos le interesa muchísimo el avance en la lucha contra las drogas, por el hecho de que Colombia para ellos sigue siendo el segundo mayor productor de cocaína en el mundo; de hecho, lo es. También ha habido unos esfuerzos institucionales bastante grandes para poder orientar la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos. Ir a Washington a vender una agenda de lucha contra las drogas implica también mostrar los avances en el programa de erradicación de cultivos, así como las incautaciones que ha habido recientemente", dice Morales.
Segundo mayor productor de cocaína del mundo, Colombia necesita del apoyo de Washington para mantener la presión militar en las zonas de cultivo de coca. La lucha contra el tráfico de drogas es una de las prioridades de Trump. El petróleo es otro de los temas clave en las relaciones bilaterales que se construyan a partir de ahora.
¿Qué puede ofrecer Colombia a Estados Unidos? 
"También creo que es importante lo que Colombia le puede ofrecer a Estados Unidos, sobre todo en esta dinámica de acceso a materias primas y recursos naturales, lo cual interesa al Gobierno del presidente Trump. Colombia no puede llegar al nivel de lo que puede ofrecer Venezuela en cuanto a reservas de petróleo, pues Venezuela tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo. Colombia tiene reservas, pero no al mismo nivel. Esto va muy asociado a esos dos temas: la agenda contra las drogas y la posibilidad de obtener materias primas y recursos naturales".
La cita Trump-Petro tuvo lugar cuando a Gustavo Petro le quedan solo un par de meses en el poder. ¿Qué impacto puede tener esta reunión antes de esas elecciones en las que la izquierda es favorita?
"Al presidente Petro le quedan seis meses de gobierno. Si es una persona inteligente y capaz de pensar en este país como representante de este país, también podría encontrar la forma en la que podría dejar abierta la puerta para una eventual relación del gobierno Trump con el nuevo gobierno que salga elegido. En cuanto a una posible intervención en las elecciones en Colombia, no creo que sea un tema que se toque directamente diciendo que el Gobierno colombiano preferiría que no hubiera intervención. No necesariamente una intervención directa, pero sí una influencia. El tema electoral seguramente también es una preocupación de la agenda colombiana", concluye Morales.