Noticias de América

El proyecto del Lago Río Indio es la obra estratégica más importante de la Autoridad del Canal de Panamá para enfrentar la crisis climática y asegurar la sostenibilidad de la vía interoceánica durante los próximos 50 años. Creará un nuevo lago artificial de aproximadamente 4,600 hectáreas, lo que equivale a cerca del 8% de la superficie total de la cuenca de Río Indio. Sin embargo, este embalse podría provocar el desplazamiento permanente de más de 2.000 personas y está generando una creciente oposición en la región.
“Denunciamos que la autoridad del Canal de Panamá insiste en actuar con opacidad, utilizando mentiras, engaños para ocultar la grave amenaza que el proyecto de embalse de Río Indio representa para nuestras comunidades y para todo el país”, se podía escuchar en la manifestación del pasado fin de semana, cuando cientos de campesinos marcharon a pie y a caballo por las comunidades de Los Uveros, La Mina, San Cristóbal y Tres Hermanas, todas bajo la amenaza de desaparecer inundadas por el proyecto del embalse de Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Un contrato minero “lesivo para el país”
No es la primera vez que estas comunidades se manifiestan contra este proyecto –que según ellos actúa con “opacidad, mentiras y engaños”– acusando a los diputados del país de aprobar proyectos de la ACP sin escuchar a los campesinos ni al pueblo panameño.
“Se habla de una reubicación. No han dicho exactamente a dónde los van a reubicar, cuánto le van a dar por la indemnización de sus tierras. Entonces, la situación que tenemos es que el Gobierno dice que ellos han conversado, nosotros hemos propuesto a ellos que hay otra viabilidad muchos más económica que gastarnos seis mil millones de dólares, que es la del río Bayano. Al final nosotros presumimos que aquí lo que se busca es agua para desarrollar el proyecto minero, que es el que está próximo, donde se quiere construir o embalsar el área, y que la población panameña ya le ha dicho que no varias veces, y no solamente la población panameña: la propia Corte Suprema de Justicia dos veces ha declarado inconstitucional ese contrato minero que es lesivo para el país y la comunidad panameña”, explica a RFI Felipe Cabezas, el asesor jurídico de la coordinadora de Río Indio.
Una “situación que no nace hoy”
La Autoridad del Canal de Panamá tiene previsto construir a partir de 2028 el embalse de Río Indio. Un proyecto cuyos antecedentes se remontan a la década de 1930 y que ha sido debate a través del tiempo en posteriores legislaturas con el fin de anticipar las necesidades hídricas.
“Esta es una situación que no nace hoy. Nació en la época del presidente Martín Torrijos. Eso fue derrotado por la lucha de los campesinos en su momento y hoy con el gobierno de José Raúl Mulino, nuevamente sale a la palestra esta situación, en la cual pretenden reubicar a estamos hablando arriba de 2.500 personas, que comprenden nueve comunidades de tres distritos de la República de Panamá”, subraya Cabezas.
El Canal de Panamá, por el que transita cerca del 6 % del comercio marítimo mundial, se enfrenta a un desafío cada vez más acuciante: la disponibilidad de agua dulce necesaria para el correcto funcionamiento de sus esclusas. Las últimas previsiones del Instituto de Meteorología e Hidrología del país señalan una disminución del 60 % en las precipitaciones de la región del Pacífico debido al fenómeno de El Niño, lo que amenaza directamente a los recursos hídricos.

El presidente izquierdista Inácio Lula da y el senador de derecha, Flávio Bolsonaro, se encuentran empatados en los sondeos para las elecciones del 4 de octubre. En este contexto, el voto de los evangélicos, que ya representan un 30% de la población decisiva, puede inclinar la balanza hacia Bolsonaro.
Por el corresponsal de RFI en Río de Janeiro
Los gritos de "aleluya" son la banda sonora habitual en las más de 100.000 iglesias evangélicas que hay en Brasil. Son millones de fieles cuyo voto es más disputado que nunca en las elecciones. Leandro Augusto da Conceiçao, de la Asamblea de Dios del barrio de Catete, en Río de Janeiro, da por hecho que la mayoría optará por Flávio Bolsonaro:
“Nosotros somos más de derechas, eso es un hecho, como en algunos temas como el aborto, que es un tema polémico. Hay grupos que abogan a favor. Por su parte, la Iglesia procura no respaldar abiertamente a candidatos que defienden esas posturas, ya que buscan mantener su coherencia doctrinal”, explica.
Los evangélicos ya representan casi el 30% de la población brasileña, y en unas elecciones muy ajustadas su voto es decisivo.  Lula da Silva ha redoblado los esfuerzos para dialogar con este grupo social, pero para Magali Cunha, del Instituto de Estudios de Religión, buscar a los evangélicos sólo durante la campaña electoral es una estrategia fallida.
“Hay que reconocer una dificultad de la izquierda en escuchar a esa población. Hay un vacío entre periodos electorales que es ocupado justamente por los grupos más conservadores, que tiene el lenguaje, que tienen el acceso al interior de las comunidades, pero que tienen un efecto en esas comunidades, entonces los grupos más a la derecha, más conservadores, tienen una comunicación directa y permanente”.
Las encuestas electorales apuntan a un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Entre los evangélicos, en cambio, el ultraderechista tiene 30 puntos de ventaja. Reducir esa brecha es clave si la izquierda quiere ganar las elecciones. Según los sociólogos, los evangélicos, y sobre todo las mujeres evangélicas, que suelen ser más moderadas, podrían decidir el resultado.

Chile se ha transformado en el principal punto de apoyo logístico en las aguas del Pacífico para la gran flota china dedicada al calamar gigante o pota en aguas internacionales. RFI pone sobre la mesa las voces de varias personalidades y expertos que hablan de la conservación marítima, la pesca ilegal y la respuesta gubernamental de Chile ante esta cuestión. La Armada se encuentra atenta a los movimientos de la gigantesca flota pesquera china que actualmente opera al norte de Isla de Pascua.
En Chile, la marina monitorea una importante flota de alrededor de 300 barcos chinos situada frente a sus costas en aguas internacionales. Estas embarcaciones pescan el calamar gigante o pota. Esta flota china se ha acercado a Chile desde 2024 después de que Perú endureciera la regulación en sus puertos para los barcos pesqueros extranjeros. En el Centro de Control Naval de Tráfico Marítimo, la Armada chilena sigue la trayectoria de cientos de embarcaciones mediante cartas náuticas interactivas para disuadir cualquier actividad Ilícita despliega recursos tanto en las aguas territoriales de Chile como más allá de ellas.Naïla Derroisné, corresponsal de RFI en Chile, entrevistó a Gonzalo Jiménez Briones, jefe del departamento de pesca. "Existen las operaciones de fiscalización pesquera oceánica aquí donde se emplean aeronaves de la aviación naval, donde se emplean eventualmente fragatas, incluso han habido submarinos involucrados en operaciones de fiscalización pesquera oceánica" dice Jiménez Briones.
Sin embargo, Milkor Schwartzman, especialista en conservación marina y pesca ilegal, detectó 6 incursiones de barcos chinos entre 2024 y 2025 en la zona económica exclusiva chilena. "Indicaban que estaban pescando, navegaban a velocidad de pesca de noche dentro de la zona económica exclusiva de Chile y con la iluminación de pesca de calamar encendida" afirma Schwartzman.
La flota china se encuentra a unas 350 millas náuticas de distancia, así lo describe Pascual Aguilera, portavoz de la Coordinadora Nacional de Pescadores de Pota: "Es como un muro. La flota china subvencionado por el Estado de China puede permanecer largas temporadas en alta mar". Pascual Aguilera también denuncia lo que considera una actitud demasiado permisiva de las autoridades frente a esta flota china que según él tiene un acceso excesivamente fácil a los puertos y servicios chilenos.
En cambio, el diputado de la región del Biobío, Sergio Bohadilla, se muestra confiado en la respuesta gubernamental. "Lo que Chile debe hacer siempre es resguardar nuestro patrimonio pesquero y para eso, reitero, tiene las facultades y el mandato legal, la armada de Chile, para hacer cumplir rigurosamente el respeto a nuestros límites marítimos y no permitir que ninguna nave extranjera esté operando en nuestra zona económica exclusiva. De ocurrir una situación, no tengo la menor duda que nuestro gobierno hará ver esta situación con la energía y la firmeza que se requiera, porque también tenemos muy claro que estas flotas son verdaderos depredadores de los recursos marítimos", según ha afirmado el diputado Sergio Bobadilla. 
La situación ha provocado críticas entre organizaciones de pescadores artesanales chilenos dedicados a la jibia, que cuestionan que el país proporcione soporte a una flota extranjera que explota en alta mar el mismo recurso del que dependen numerosas comunidades pesqueras nacionales.

Según un informe independiente presentado esta semana en Panamá, la Iglesia católica de ese país registra decenas de casos de abusos sexuales. RFI entrevistó a uno de los miembros de la comisión que lo elaboró.
Son 37 denuncias contra religiosos por abusos sexuales entre 2001 y 2025. La comisión compuesta por académicos de dos universidades católicas investigó 24 de ellas. El resto concernían otras arquidiócesis y por eso fueron dejadas de lado.
“Este informe es histórico”
El español Yago de la Cierva, miembro de la Comisión Transparencia, viajó a ese país para la presentación de un informe que, según él, es sin precedentes: “Este informe es histórico porque es la primera vez que una arquidiócesis, que una institución de la Iglesia, sin presión externa, sin denuncias de los medios de comunicación, sin denuncia de las autoridades públicas, ha decidido encargar a una comisión completamente independiente en la gestión, en la financiación, en todo su trabajo, ha encargado ‘decidme qué he hecho mal’. Y es la primera vez, que yo sepa en todo el mundo, que una institución católica hace esto. Nosotros hemos hecho el informe de manera independiente y se lo hemos entregado a la diócesis”, explica a RFI.
El informe contiene más de dos decenas de recomendaciones. “Nosotros lo que investigamos es qué ha hecho la arquidiócesis cuando alguien se ha dirigido a ella diciendo ‘he sido abusado o conozco un caso de abuso’. Y entonces la mayoría de las 26 recomendaciones se refieren a cambiar el enfoque, a poner en el centro a las víctimas en primer lugar. Dar muchísimo más peso a la escucha de la víctima, es decir, no solamente a la atención mientras que se la escucha, sino al acompañamiento”, indica Yago de la Cierva.
Escuchar a la víctima y dejar constancia
Además, señala, “otra de las recomendaciones que es muy importante, es que se necesita dar una formalidad a todos estos procesos, es decir, tiene que quedar constancia de la denuncia, de lo que se hace a continuación, de cómo se acompaña a la víctima, de cuál es la pena que se pone al culpable, si hay investigación, etcétera. De tal manera que no solo se hace lo que se tiene que hacer, sino que además se deja constancia para poder examinar y rendir cuentas de lo sucedido”.
“O sea que lo que estamos diciendo es que la Arquidiócesis utilizaba mucha informalidad a la hora de gestionar estos casos, y lo que hemos recomendado es que tiene que documentarlo y además tiene que poner a personal especializado que sepa, o sea, que tenga una formación sobre estos temas y que dé continuidad a todas las políticas”, concluye De la Cierva.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, informó que cinco religiosos fueron condenados por la justicia y expulsados de la Iglesia por estas acusaciones. Ulloa pidió perdón por los crímenes, algo que ya había hecho en 2023 aunque de forma general.

Se ha desatado en Colombia una viva polémica por la propuesta del gobierno de reducir el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz pasando de 230 a 199 millones. La JEP investiga y juzga los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Es el organismo nacido en 2016 tras los acuerdos de paz de La Habana.  
En una reciente decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a la cúpula de las FARC, entre ellos a Rodrigo Londoño alias Timochenko, a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a la movilidad por más de 21.000 secuestros. Las sentencias de este tribunal sustituyen penas de cárcel por trabajos comunitarios.
“Las sanciones han sido una burla. Son de ocho años, pero los condenan a que busquen unos desaparecidos, que la condición para ellos recibir estos beneficios era que entregaran la información de los desaparecidos. Construir un sanitario equivalente a una rebaja de pena de casi tres meses de condena por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hacer una caravana por la paz, se los descontaron también como otros tres o cuatro meses. Entonces realmente son penas simbólicas vergonzosas, que no son proporcionales a los crímenes que cometieron y no aportan a la reparación de las víctimas”, reacciona en RFI Sergio Alzate, secretario general de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL).
“No ha habido un modelo restaurativo eficaz”
El expresidente Juan Manual Santos había advertido de lo que llamó “sapos” del acuerdo de paz de La Habana, que los ciudadanos tendrían que tragarse para obtener la desmovilización de miles de guerrilleros y, al final, la paz. ¿Acaso se han olvidado los colombianos del precio que había que pagar?
“Ellos no entregaron 13 billones de pesos en bienes y lo que se comprometieron a entregar, solamente entregaron el 10%. Y de los inmuebles se comprometieron a entregar 255 inmuebles y solo entregaron uno. Es decir, realmente ha sido una burla y no son sapos, son incumplimientos. No ha habido un modelo restaurativo eficaz. Desde los acuerdos de La Habana a hoy ha habido más reclutamientos, ha habido más violencia”, detalla Alzate.
“Esto ha sido una burla, es un modelo restaurativo que es un total fracaso. La JEP se ha vuelto un partido político y ha tenido más cargos burocráticos que eficacia. No ha dado respuesta a las víctimas y de manera vergonzosa le han dado 44.000 millones de pesos a la defensa jurídica de las FARC, 22.000 millones de pesos en viajes. Realmente ha sido un desgaste para el erario público, para las víctimas y por eso nosotros seguimos solicitando que suspendan estos recursos hasta que no exijan que las FARC entreguen la totalidad de bienes, o hasta que el secretariado de las FARC sea expulsado por incumplir esos compromisos de búsqueda de desaparecidos y de entrega de los bienes”, concluye el secretario general de la FEVCOL.