Noticias de América

Colombia dispondrá de una megacárcel al estilo de las instalaciones del CECOT, inaugurado en 2023 por el presidente de El Salvador Nayib Bukele. Un proyecto que encuentra la oposición de algunas organizaciones humanitarias.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, propuso en la campaña electoral la construcción de 10 megacárceles en zonas remotas del país, siguiendo el ejemplo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Esta semana se han publicado imágenes de la construcción de la primera de estas cárceles, junto con la visita de funcionarios penitenciarios. El centro se llama “Renacer” y contará con 1.974 cupos. Es un proyecto que comenzó con el expresidente Iván Duque hace seis años y que De la Espriella promete acelerar.
“La respuesta no es la construcción de nuevos edificios”
Esta estrategia de grandes cárceles choca con la oposición de organizaciones humanitarias, como la asociación Corporación Humanas. “La base de la propuesta del presente gobierno para su proyecto de 10 megacárceles es considerar que la crisis de seguridad que enfrenta el país es una crisis histórica y relacionada con múltiples dimensiones, que va a solucionarse a partir de la construcción de más cupos penitenciarios”, indica la politóloga Angélica Beltrán.
Sin embargo, subraya, “no consideramos que esa sea una medida que permita solucionar la crisis en la medida en que esto ya ha sido una salida que hemos intentado en otros momentos. Desde el año 2000 intentamos esta salida generando más cupos penitenciarios, aumentando en un 40% la capacidad penitenciaria del país, y en 10 años se volvió un estado de hacinamiento. Por lo cual consideramos que la respuesta a la crisis en seguridad y penitenciaria no es la construcción de nuevos edificios, sino la transformación de la política penitenciaria desde un enfoque preventivo”.
El riesgo de la inversión privada
El costo de la megacárcel Renacer asciende hasta el momento a 291.000 millones de pesos colombianos, unos 87 millones de dólares. Para Beltrán, el proyecto del gobierno abre la puerta a actores privados: “El Estado colombiano no tiene los recursos para financiar, y eso implicaría que vamos a entrar a un modelo al que Colombia no ha respondido antes, que es la inversión privada en infraestructura penitenciaria, que nosotros advertimos que por supuesto es un riesgo en la medida en que se vuelve un negocio. Y eso también sigue la tradición estadounidense de complejo industrial carcelario”, señala.
“Hace más de 25 años que una de las principales problemáticas es el hacinamiento. El asunto es que ese hacinamiento se sostiene siempre también por un uso desproporcionado de la medida de detención preventiva”, concluye la politóloga.
De la Espriella ha prometido una guerra frontal contra las poderosas mafias del país y quiere que los centros de reclusión no tengan acceso a señal telefónica ni internet y que estén custodiados por una división especial del Ejército.

Las autoridades chilenas y argentinas vivieron un nuevo episodio de tensiones diplomáticas por la soberanía del Estrecho de Magallanes, en el extremo austral de Sudamérica. Si bien las tensiones diplomáticas actuales están muy lejos de la situación que tuvo a los dos países al borde de una guerra en 1978, es importante garantizar pronto una desescalada.
La tensión sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes entre Chile y Argentina ha vuelto a la primera plana política. En el parlamento chileno el ministro de exteriores Rodrigo Pérez Mackenna ha reiterado el compromiso de ambos países en los tratados históricos sobre la cuestión.
"El Estrecho de Magallanes siempre fue, es y será chileno. No hay discusión ni matices", manifestó el canciller chileno, Rodrigo Pérez Mackenna. Argentina se ha comprometido en mantener el statu quo de soberanía, aunque Chile también critica los decretos y las declaraciones políticas que pongan en duda su papel en este punto clave del tráfico marítimo internacional, agregó Mackenna.
La tensión entre los dos vecinos se produce después de que, en septiembre, seis excomandantes chilenos pidieran en una carta prudencia y firmeza ante Argentina.
"Nosotros con Argentina nunca hemos llegado a la guerra. Hemos estado casi a punto de tener una guerra. Yo estuve, en el año 78, a pocas horas de iniciar una guerra con Argentina, afortunadamente no ocurrió", dice Rodolfo Codina, excomandante en jefe de la Armada chilena y uno de los firmantes de esa carta. "Pero hay que estar siempre atentos a que esto no escale, no escale, no escale hasta que se llegue al punto al que se llegó en el 78. Yo creo que lo de ahora no es una situación similar. Hoy son, más bien, conflictos diplomáticos, declaraciones de un lado, declaraciones de otro. No creo que escale más allá", aseguró Codina.
Desde Argentina, el investigador en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Sebastián Schulz, analiza la situación.
"Argentina se adscribe a los acuerdos territoriales firmados en su momento, incluso a través de un laudo papal. Al interior de Argentina existen diferentes proyectos políticos que tienen estrategias distintas en relación con Chile. Esto tiene que ver con parte de la estrategia de los Estados Unidos de dividir las posiciones entre Chile y Argentina para generar un enfrentamiento que divida a estos dos países sudamericanos", explica Schulz.
Pero, ¿qué interés podría tener Estados Unidos en suscitar esta división?
"Porque la articulación entre Argentina y Chile resultaría vital no solo para la constitución de un Atlántico Sur sudamericano, donde las Malvinas dejan de ser solamente una causa argentina y pasan a ser una causa sudamericana, y por la importancia que eso genera. El Estrecho de Magallanes, bajo soberanía chilena, pasa a ser un estrecho estratégico para Sudamérica en su conjunto", sostiene.
Para el investigador, la tensión refleja una división política en Argentina entre posiciones latinoamericanistas y soberanistas, aunque legalmente Argentina y Chile se adscriben a los acuerdos existentes.

El proyecto del Lago Río Indio es la obra estratégica más importante de la Autoridad del Canal de Panamá para enfrentar la crisis climática y asegurar la sostenibilidad de la vía interoceánica durante los próximos 50 años. Creará un nuevo lago artificial de aproximadamente 4,600 hectáreas, lo que equivale a cerca del 8% de la superficie total de la cuenca de Río Indio. Sin embargo, este embalse podría provocar el desplazamiento permanente de más de 2.000 personas y está generando una creciente oposición en la región.
“Denunciamos que la autoridad del Canal de Panamá insiste en actuar con opacidad, utilizando mentiras, engaños para ocultar la grave amenaza que el proyecto de embalse de Río Indio representa para nuestras comunidades y para todo el país”, se podía escuchar en la manifestación del pasado fin de semana, cuando cientos de campesinos marcharon a pie y a caballo por las comunidades de Los Uveros, La Mina, San Cristóbal y Tres Hermanas, todas bajo la amenaza de desaparecer inundadas por el proyecto del embalse de Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Un contrato minero “lesivo para el país”
No es la primera vez que estas comunidades se manifiestan contra este proyecto –que según ellos actúa con “opacidad, mentiras y engaños”– acusando a los diputados del país de aprobar proyectos de la ACP sin escuchar a los campesinos ni al pueblo panameño.
“Se habla de una reubicación. No han dicho exactamente a dónde los van a reubicar, cuánto le van a dar por la indemnización de sus tierras. Entonces, la situación que tenemos es que el Gobierno dice que ellos han conversado, nosotros hemos propuesto a ellos que hay otra viabilidad muchos más económica que gastarnos seis mil millones de dólares, que es la del río Bayano. Al final nosotros presumimos que aquí lo que se busca es agua para desarrollar el proyecto minero, que es el que está próximo, donde se quiere construir o embalsar el área, y que la población panameña ya le ha dicho que no varias veces, y no solamente la población panameña: la propia Corte Suprema de Justicia dos veces ha declarado inconstitucional ese contrato minero que es lesivo para el país y la comunidad panameña”, explica a RFI Felipe Cabezas, el asesor jurídico de la coordinadora de Río Indio.
Una “situación que no nace hoy”
La Autoridad del Canal de Panamá tiene previsto construir a partir de 2028 el embalse de Río Indio. Un proyecto cuyos antecedentes se remontan a la década de 1930 y que ha sido debate a través del tiempo en posteriores legislaturas con el fin de anticipar las necesidades hídricas.
“Esta es una situación que no nace hoy. Nació en la época del presidente Martín Torrijos. Eso fue derrotado por la lucha de los campesinos en su momento y hoy con el gobierno de José Raúl Mulino, nuevamente sale a la palestra esta situación, en la cual pretenden reubicar a estamos hablando arriba de 2.500 personas, que comprenden nueve comunidades de tres distritos de la República de Panamá”, subraya Cabezas.
El Canal de Panamá, por el que transita cerca del 6 % del comercio marítimo mundial, se enfrenta a un desafío cada vez más acuciante: la disponibilidad de agua dulce necesaria para el correcto funcionamiento de sus esclusas. Las últimas previsiones del Instituto de Meteorología e Hidrología del país señalan una disminución del 60 % en las precipitaciones de la región del Pacífico debido al fenómeno de El Niño, lo que amenaza directamente a los recursos hídricos.

El presidente izquierdista Inácio Lula da y el senador de derecha, Flávio Bolsonaro, se encuentran empatados en los sondeos para las elecciones del 4 de octubre. En este contexto, el voto de los evangélicos, que ya representan un 30% de la población decisiva, puede inclinar la balanza hacia Bolsonaro.
Por el corresponsal de RFI en Río de Janeiro
Los gritos de "aleluya" son la banda sonora habitual en las más de 100.000 iglesias evangélicas que hay en Brasil. Son millones de fieles cuyo voto es más disputado que nunca en las elecciones. Leandro Augusto da Conceiçao, de la Asamblea de Dios del barrio de Catete, en Río de Janeiro, da por hecho que la mayoría optará por Flávio Bolsonaro:
“Nosotros somos más de derechas, eso es un hecho, como en algunos temas como el aborto, que es un tema polémico. Hay grupos que abogan a favor. Por su parte, la Iglesia procura no respaldar abiertamente a candidatos que defienden esas posturas, ya que buscan mantener su coherencia doctrinal”, explica.
Los evangélicos ya representan casi el 30% de la población brasileña, y en unas elecciones muy ajustadas su voto es decisivo.  Lula da Silva ha redoblado los esfuerzos para dialogar con este grupo social, pero para Magali Cunha, del Instituto de Estudios de Religión, buscar a los evangélicos sólo durante la campaña electoral es una estrategia fallida.
“Hay que reconocer una dificultad de la izquierda en escuchar a esa población. Hay un vacío entre periodos electorales que es ocupado justamente por los grupos más conservadores, que tiene el lenguaje, que tienen el acceso al interior de las comunidades, pero que tienen un efecto en esas comunidades, entonces los grupos más a la derecha, más conservadores, tienen una comunicación directa y permanente”.
Las encuestas electorales apuntan a un empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Entre los evangélicos, en cambio, el ultraderechista tiene 30 puntos de ventaja. Reducir esa brecha es clave si la izquierda quiere ganar las elecciones. Según los sociólogos, los evangélicos, y sobre todo las mujeres evangélicas, que suelen ser más moderadas, podrían decidir el resultado.

Chile se ha transformado en el principal punto de apoyo logístico en las aguas del Pacífico para la gran flota china dedicada al calamar gigante o pota en aguas internacionales. RFI pone sobre la mesa las voces de varias personalidades y expertos que hablan de la conservación marítima, la pesca ilegal y la respuesta gubernamental de Chile ante esta cuestión. La Armada se encuentra atenta a los movimientos de la gigantesca flota pesquera china que actualmente opera al norte de Isla de Pascua.
En Chile, la marina monitorea una importante flota de alrededor de 300 barcos chinos situada frente a sus costas en aguas internacionales. Estas embarcaciones pescan el calamar gigante o pota. Esta flota china se ha acercado a Chile desde 2024 después de que Perú endureciera la regulación en sus puertos para los barcos pesqueros extranjeros. En el Centro de Control Naval de Tráfico Marítimo, la Armada chilena sigue la trayectoria de cientos de embarcaciones mediante cartas náuticas interactivas para disuadir cualquier actividad Ilícita despliega recursos tanto en las aguas territoriales de Chile como más allá de ellas.Naïla Derroisné, corresponsal de RFI en Chile, entrevistó a Gonzalo Jiménez Briones, jefe del departamento de pesca. "Existen las operaciones de fiscalización pesquera oceánica aquí donde se emplean aeronaves de la aviación naval, donde se emplean eventualmente fragatas, incluso han habido submarinos involucrados en operaciones de fiscalización pesquera oceánica" dice Jiménez Briones.
Sin embargo, Milkor Schwartzman, especialista en conservación marina y pesca ilegal, detectó 6 incursiones de barcos chinos entre 2024 y 2025 en la zona económica exclusiva chilena. "Indicaban que estaban pescando, navegaban a velocidad de pesca de noche dentro de la zona económica exclusiva de Chile y con la iluminación de pesca de calamar encendida" afirma Schwartzman.
La flota china se encuentra a unas 350 millas náuticas de distancia, así lo describe Pascual Aguilera, portavoz de la Coordinadora Nacional de Pescadores de Pota: "Es como un muro. La flota china subvencionado por el Estado de China puede permanecer largas temporadas en alta mar". Pascual Aguilera también denuncia lo que considera una actitud demasiado permisiva de las autoridades frente a esta flota china que según él tiene un acceso excesivamente fácil a los puertos y servicios chilenos.
En cambio, el diputado de la región del Biobío, Sergio Bohadilla, se muestra confiado en la respuesta gubernamental. "Lo que Chile debe hacer siempre es resguardar nuestro patrimonio pesquero y para eso, reitero, tiene las facultades y el mandato legal, la armada de Chile, para hacer cumplir rigurosamente el respeto a nuestros límites marítimos y no permitir que ninguna nave extranjera esté operando en nuestra zona económica exclusiva. De ocurrir una situación, no tengo la menor duda que nuestro gobierno hará ver esta situación con la energía y la firmeza que se requiera, porque también tenemos muy claro que estas flotas son verdaderos depredadores de los recursos marítimos", según ha afirmado el diputado Sergio Bobadilla. 
La situación ha provocado críticas entre organizaciones de pescadores artesanales chilenos dedicados a la jibia, que cuestionan que el país proporcione soporte a una flota extranjera que explota en alta mar el mismo recurso del que dependen numerosas comunidades pesqueras nacionales.