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Aunque el presidente Trump ha mostrado su simpatía por Flavio Bolsonaro y la rivalidad entre Estados Unidos y China sobrevuela la campaña, especialistas señalan que la experiencia de la región demuestra que los alineamientos políticos no necesariamente modifican las relaciones comerciales con Pekín. 
Washington sigue con atención el resultado de las elecciones en Brasil en medio de una creciente rivalidad con China. De hecho, la competición geopolítica entre Washington y Pekín planea sobre las elecciones presidenciales de este domingo en el país sudamericano. .
El presidente Trump mostró su simpatía con Flavio Bolsonaro en mayo pasado en Washington. China, entre tanto, mantiene su discreción. "Brasil ha separado el discurso político de la práctica comercial", sostiene Wang Huan, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos del principal centro de pensamiento estatal de China, con sede en Pekín.
En realidad, el alineamiento político y económico transcurre por vías distintas, estima, por su lado, Sergio Martín Páez, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
"Las elecciones en Brasil son más importantes para Trump que para Pekín. Está en juego, para Washington, prácticamente un alineamiento total de la región para recuperar plenamente la influencia política, por lo menos con gobiernos afines. Casi todos los países de la región tienen como principal socio comercial a China. Ese alineamiento político, en la medida en que no implique mejoras económicas, probablemente es un equilibrio inestable", sostiene Páez.
Ésa es, en todo caso, la experiencia en la región, comenta la analista María Cervantes.
"Si miramos a la región, por ejemplo, Chile, Perú, Ecuador e incluso Colombia, donde han ganado gobiernos de derecha, ninguno de esos países ha roto relaciones comerciales con China. Todo lo contrario. Incluso [algunos de sus dirigentes] han viajado a China porque quieren incrementar el comercio o quieren darle más valor a las exportaciones hacia China", dice Cervantes.
Pekín representó alrededor del 29 % del comercio de Brasil en los primeros ocho meses de 2026, muy por delante del 11,5 % de Estados Unidos, según datos del gobierno.
"El crecimiento de las relaciones comerciales entre China y Brasil se basó inicialmente en materias primas como el mineral de hierro y la soja. Más adelante, la relación se diversificó con la incorporación del petróleo y la carne bovina. El patrón comercial ha sido que Brasil vende productos de bajo valor agregado y compra a China manufacturas industriales. Es una relación que, en cierta medida, reproduce el esquema comercial que Brasil mantuvo históricamente con Europa", subraya Páez.
La analista María Cervantes comenta el posible impacto que tendría para China una eventual elección de Bolsonaro.
"China ya tiene experiencia con este tipo de gobiernos [de derecha]. Lo que sí podría suceder es que algunas inversiones en sectores estratégicos, que son objeto de preocupación de Estados Unidos, se ralenticen o se dificulten para China", concluye.
Cabe recordar que, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, entre 2018 y 2022, Brasil se mantuvo como miembro de la alianza BRICS que comparte con China.

En Brasil, las encuestas apuntan a un empate entre el líder de la izquierda Luiz Inácio Lula da Silva y el candidato de la extrema derecha, Flávio Bolsonaro, de darse la segunda vuelta. La primera vuelta de las elecciones presidenciales tendrá lugar este domingo 4 de octubre.
En el centro de Río de Janeiro, una comparsa de carnaval daba la bienvenida al presidente Lula da Silva en un acto de campaña. Pero detrás de la aparente alegría, hay muchos nervios. Las encuestas apuntan a un empate entre el líder de la izquierda y el candidato de la extrema derecha, Flávio Bolsonaro.
“Brasil tomará la mejor decisión eligiendo a Lula”
Brasil está partido en dos y muchos, como Cristina Vilaça, una psicóloga, no sólo están pendientes de los sondeos, sino también de los movimientos de Donald Trump: “Creo que esta elección es fundamental. Nos enfrentamos a muchas amenazas y, por primera vez, claramente una amenaza externa que viene de Estados Unidos; eso sí es preocupante”, expresa.
“Pero tengo mucha confianza de que Brasil tomará la mejor decisión eligiendo a Lula y que ahora es el momento de unirnos frente a esta posibilidad de un gobierno fascista bajo influencia estadounidense”, añade.
“Bolsonaro solo perderá si hay fraude en este país”
En las marchas bolsonaristas, son comunes los ruidosos desfiles de motos y coches para apoyar a Flávio. La mayoría son optimistas y dan por hecha la victoria, se basan en el crecimiento lento pero constante de la candidatura del senador en los últimos meses.
Debora Macharete, una cuidadora de ancianos, quiere un cambio urgente. Pesan, sobre todo, la inseguridad y el alto coste de vida: “Aunque las encuestas estén muy reñidas, creo que Flávio Bolsonaro solo perderá si hay fraude en este país.  ¿Entiendes?  Aparte de eso, lo creo, porque con todo el mundo con quien hablo, desde el conductor de Uber hasta cualquiera, nadie aguanta más, ¿entiendes? Sólo va a votar a la izquierda quien no quiere un país mejor, que quiere vivir de ayudas y esas cosas”, afirma.
Brasil celebra la primera vuelta este domingo, y aunque hay más candidatos, todo se resume a un duelo entre Lula y Flávio, los únicos con opciones. Si ninguno logra más de la mitad de los votos válidos habrá una segunda vuelta el 25 de octubre.
También son elecciones legislativas y habrá que estar especialmente pendiente del Senado, que hasta ahora funcionó como dique de contención de la extrema derecha. El bolsonarismo sueña ahora con conquistarlo para poder así controlar también a los jueces del Tribunal Supremo.

Colombia dispondrá de una megacárcel al estilo de las instalaciones del CECOT, inaugurado en 2023 por el presidente de El Salvador Nayib Bukele. Un proyecto que encuentra la oposición de algunas organizaciones humanitarias.
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, propuso en la campaña electoral la construcción de 10 megacárceles en zonas remotas del país, siguiendo el ejemplo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Esta semana se han publicado imágenes de la construcción de la primera de estas cárceles, junto con la visita de funcionarios penitenciarios. El centro se llama “Renacer” y contará con 1.974 cupos. Es un proyecto que comenzó con el expresidente Iván Duque hace seis años y que De la Espriella promete acelerar.
“La respuesta no es la construcción de nuevos edificios”
Esta estrategia de grandes cárceles choca con la oposición de organizaciones humanitarias, como la asociación Corporación Humanas. “La base de la propuesta del presente gobierno para su proyecto de 10 megacárceles es considerar que la crisis de seguridad que enfrenta el país es una crisis histórica y relacionada con múltiples dimensiones, que va a solucionarse a partir de la construcción de más cupos penitenciarios”, indica la politóloga Angélica Beltrán.
Sin embargo, subraya, “no consideramos que esa sea una medida que permita solucionar la crisis en la medida en que esto ya ha sido una salida que hemos intentado en otros momentos. Desde el año 2000 intentamos esta salida generando más cupos penitenciarios, aumentando en un 40% la capacidad penitenciaria del país, y en 10 años se volvió un estado de hacinamiento. Por lo cual consideramos que la respuesta a la crisis en seguridad y penitenciaria no es la construcción de nuevos edificios, sino la transformación de la política penitenciaria desde un enfoque preventivo”.
El riesgo de la inversión privada
El costo de la megacárcel Renacer asciende hasta el momento a 291.000 millones de pesos colombianos, unos 87 millones de dólares. Para Beltrán, el proyecto del gobierno abre la puerta a actores privados: “El Estado colombiano no tiene los recursos para financiar, y eso implicaría que vamos a entrar a un modelo al que Colombia no ha respondido antes, que es la inversión privada en infraestructura penitenciaria, que nosotros advertimos que por supuesto es un riesgo en la medida en que se vuelve un negocio. Y eso también sigue la tradición estadounidense de complejo industrial carcelario”, señala.
“Hace más de 25 años que una de las principales problemáticas es el hacinamiento. El asunto es que ese hacinamiento se sostiene siempre también por un uso desproporcionado de la medida de detención preventiva”, concluye la politóloga.
De la Espriella ha prometido una guerra frontal contra las poderosas mafias del país y quiere que los centros de reclusión no tengan acceso a señal telefónica ni internet y que estén custodiados por una división especial del Ejército.

Las autoridades chilenas y argentinas vivieron un nuevo episodio de tensiones diplomáticas por la soberanía del Estrecho de Magallanes, en el extremo austral de Sudamérica. Si bien las tensiones diplomáticas actuales están muy lejos de la situación que tuvo a los dos países al borde de una guerra en 1978, es importante garantizar pronto una desescalada.
La tensión sobre la soberanía del Estrecho de Magallanes entre Chile y Argentina ha vuelto a la primera plana política. En el parlamento chileno el ministro de exteriores Rodrigo Pérez Mackenna ha reiterado el compromiso de ambos países en los tratados históricos sobre la cuestión.
"El Estrecho de Magallanes siempre fue, es y será chileno. No hay discusión ni matices", manifestó el canciller chileno, Rodrigo Pérez Mackenna. Argentina se ha comprometido en mantener el statu quo de soberanía, aunque Chile también critica los decretos y las declaraciones políticas que pongan en duda su papel en este punto clave del tráfico marítimo internacional, agregó Mackenna.
La tensión entre los dos vecinos se produce después de que, en septiembre, seis excomandantes chilenos pidieran en una carta prudencia y firmeza ante Argentina.
"Nosotros con Argentina nunca hemos llegado a la guerra. Hemos estado casi a punto de tener una guerra. Yo estuve, en el año 78, a pocas horas de iniciar una guerra con Argentina, afortunadamente no ocurrió", dice Rodolfo Codina, excomandante en jefe de la Armada chilena y uno de los firmantes de esa carta. "Pero hay que estar siempre atentos a que esto no escale, no escale, no escale hasta que se llegue al punto al que se llegó en el 78. Yo creo que lo de ahora no es una situación similar. Hoy son, más bien, conflictos diplomáticos, declaraciones de un lado, declaraciones de otro. No creo que escale más allá", aseguró Codina.
Desde Argentina, el investigador en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Sebastián Schulz, analiza la situación.
"Argentina se adscribe a los acuerdos territoriales firmados en su momento, incluso a través de un laudo papal. Al interior de Argentina existen diferentes proyectos políticos que tienen estrategias distintas en relación con Chile. Esto tiene que ver con parte de la estrategia de los Estados Unidos de dividir las posiciones entre Chile y Argentina para generar un enfrentamiento que divida a estos dos países sudamericanos", explica Schulz.
Pero, ¿qué interés podría tener Estados Unidos en suscitar esta división?
"Porque la articulación entre Argentina y Chile resultaría vital no solo para la constitución de un Atlántico Sur sudamericano, donde las Malvinas dejan de ser solamente una causa argentina y pasan a ser una causa sudamericana, y por la importancia que eso genera. El Estrecho de Magallanes, bajo soberanía chilena, pasa a ser un estrecho estratégico para Sudamérica en su conjunto", sostiene.
Para el investigador, la tensión refleja una división política en Argentina entre posiciones latinoamericanistas y soberanistas, aunque legalmente Argentina y Chile se adscriben a los acuerdos existentes.

El proyecto del Lago Río Indio es la obra estratégica más importante de la Autoridad del Canal de Panamá para enfrentar la crisis climática y asegurar la sostenibilidad de la vía interoceánica durante los próximos 50 años. Creará un nuevo lago artificial de aproximadamente 4,600 hectáreas, lo que equivale a cerca del 8% de la superficie total de la cuenca de Río Indio. Sin embargo, este embalse podría provocar el desplazamiento permanente de más de 2.000 personas y está generando una creciente oposición en la región.
“Denunciamos que la autoridad del Canal de Panamá insiste en actuar con opacidad, utilizando mentiras, engaños para ocultar la grave amenaza que el proyecto de embalse de Río Indio representa para nuestras comunidades y para todo el país”, se podía escuchar en la manifestación del pasado fin de semana, cuando cientos de campesinos marcharon a pie y a caballo por las comunidades de Los Uveros, La Mina, San Cristóbal y Tres Hermanas, todas bajo la amenaza de desaparecer inundadas por el proyecto del embalse de Río Indio, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Un contrato minero “lesivo para el país”
No es la primera vez que estas comunidades se manifiestan contra este proyecto –que según ellos actúa con “opacidad, mentiras y engaños”– acusando a los diputados del país de aprobar proyectos de la ACP sin escuchar a los campesinos ni al pueblo panameño.
“Se habla de una reubicación. No han dicho exactamente a dónde los van a reubicar, cuánto le van a dar por la indemnización de sus tierras. Entonces, la situación que tenemos es que el Gobierno dice que ellos han conversado, nosotros hemos propuesto a ellos que hay otra viabilidad muchos más económica que gastarnos seis mil millones de dólares, que es la del río Bayano. Al final nosotros presumimos que aquí lo que se busca es agua para desarrollar el proyecto minero, que es el que está próximo, donde se quiere construir o embalsar el área, y que la población panameña ya le ha dicho que no varias veces, y no solamente la población panameña: la propia Corte Suprema de Justicia dos veces ha declarado inconstitucional ese contrato minero que es lesivo para el país y la comunidad panameña”, explica a RFI Felipe Cabezas, el asesor jurídico de la coordinadora de Río Indio.
Una “situación que no nace hoy”
La Autoridad del Canal de Panamá tiene previsto construir a partir de 2028 el embalse de Río Indio. Un proyecto cuyos antecedentes se remontan a la década de 1930 y que ha sido debate a través del tiempo en posteriores legislaturas con el fin de anticipar las necesidades hídricas.
“Esta es una situación que no nace hoy. Nació en la época del presidente Martín Torrijos. Eso fue derrotado por la lucha de los campesinos en su momento y hoy con el gobierno de José Raúl Mulino, nuevamente sale a la palestra esta situación, en la cual pretenden reubicar a estamos hablando arriba de 2.500 personas, que comprenden nueve comunidades de tres distritos de la República de Panamá”, subraya Cabezas.
El Canal de Panamá, por el que transita cerca del 6 % del comercio marítimo mundial, se enfrenta a un desafío cada vez más acuciante: la disponibilidad de agua dulce necesaria para el correcto funcionamiento de sus esclusas. Las últimas previsiones del Instituto de Meteorología e Hidrología del país señalan una disminución del 60 % en las precipitaciones de la región del Pacífico debido al fenómeno de El Niño, lo que amenaza directamente a los recursos hídricos.