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La justicia salvadoreña anunciará el lunes el fallo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha, acusada de cometer más de 47.000 crímenes entre 2011 y 2022. Mientras el gobierno de Nayib Bukele se jacta de "saldar una deuda histórica", varias oenegés denuncian que este megajuicio viola el debido proceso al no individualizar la responsabilidad penal y, por tanto, podrían ser condenados inocentes.
El Salvador conocerá este lunes el veredicto contra los presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que durante décadas sumergieron al país en el terror y la violencia. Los 485 acusados podrían obtener miles de años de cárcel.
El presidente, Nayib Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero próximo, ha llegado a comparar estos juicios colectivos con los celebrados en Núremberg contra los jerarcas nazis.
Aunque este megajuicio —el más publicitado de los impulsados por el gobierno— busca “saldar una deuda histórica”, los defensores de los derechos humanos temen que se juzgue a inocentes, como explica a RFI Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal.
"No ofrecen pruebas, no individualizan a los responsables, no definen qué delitos cometieron, entonces no se hace justicia para las víctimas de las pandillas y la celeridad con la que lo hacen no permite garantizar la responsabilidad de las personas, entonces de estos cientos que están juzgando van muchos inocentes", explica Abrego a RFI. 
Lanzada en 2022, la "guerra" antipandillas ha llevado a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial bajo un régimen de excepción. Para Abrego, esta sentencia —que se conoce apenas cuatro meses después del inicio de este proceso colectivo— podría sentar un precedente “muy negativo” para la justicia salvadoreña.
"No ofrecen justicia, es más una estrategia comunicacional. Si los juicios fueran públicos y mostraran la realidad, la versión de los defensores y las pruebas, realmente la gente dudaría de que estos juicios sean justos y de que todos sean pandilleros", denuncia el director legal de la ONG Cristosal. 
También Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), afirma que estos juicios colectivos son “espectáculos”, que sirven como excusa para justificar la condena de muchos inocentes.
"El precio que estamos pagando es demasiado elevado, el régimen de excepción, no sólo afecta a los criminales, nos afecta a las personas honradas que nos pueden capturar en cualquier momento y no tienes derecho a un abogado defensor, a la presunción de inocencia, ni a un debido proceso porque todo está manoseado", deplora Ramírez.
"Han construido penales sin transparencia, sin conocer cuánto se gastó, al régimen esto le permite facilitar la corrupción en este país", agrega el dirigente de Movir. 
A su juicio, el régimen de excepción "ya no tiene sentido" cuatro años después de su implementación, sobre todo cuando el propio presidente se jacta de "ser el país más seguro del mundo".
"El gobierno a partir de todo el control total que ejerce de las instituciones, éstas no están para escuchar a las víctimas, están sólo para tapar la violación a los Derechos Humanos y para cumplir las órdenes del presidente", concluye Ramírez. 
Ante esta situación, el defensor de los derechos humanos insta a la comunidad internacional a realizar una auditoría de estos megaprocesos judiciales y evitar así que personas inocentes pasen “entre 40 y 80 años de prisión” por delitos que no han cometido.
Más de 250 de los imputados en este juicio colectivo están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad.
Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, dedicándose a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

La crisis demográfica en Cuba, país que registrara en 2025 casi el doble de muertes que de nacimientos, se acelera. ¿A qué se debe esta situación y cómo podría afectar a la ya frágil economía de la isla? Analizamos este fenómeno con el demógrafo Juan Carlos Albizu y el economista Omar Everleny.
Cuba cerró 2025 con apenas 68.064 nacimientos, más de 245 mil emigrantes y 136 mil defunciones. Estos datos profundizan un histórico proceso de envejecimiento que afecta a todas sus provincias.
La aceleración del declive poblacional en la isla se debe a múltiples razones, como explica a RFI el demógrafo Juan Carlos Albizu del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba.
"Lo está ocurriendo demográficamente es una respuesta adaptativa de la población a lo que está ocurriendo en el país, que es un desastre humanitario"
- Juan Carlos Albizu, demógrafo y economista
"Hay una aceleración de la caída de la fecundidad y hay un éxodo masivo de la población como respuesta a su incapacidad para manejar sus condiciones de vida. Lo que está ocurriendo con la mortalidad venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, porque la esperanza de vida en Cuba está descendiendo desde el año 2013 para acá", sostiene.
No obstante, el experto reconoce que se produjo una aceleración del aumento de la mortalidad y de la caída de la esperanza de vida en los últimos años. Para el economista y antiguo profesor de la Universidad de La Habana, Omar Everleny, esto puede estar vinculado con la política estadounidense hacia Cuba.
"Mucha gente que podría ser atendida con otro tipo de medicamentos, otro tipo de cosas, hoy carece de ellos. Y eso se debe realmente a esta situación de asfixia que nos está haciendo el gobierno de Estados Unidos, si bien no es el único factor", recalca.
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Las consecuencias de esta crisis demográfica son graves para la frágil economía de la isla. Según Albizu, el 80% de las personas que han emigrado tenían entre 15 y 59 años, una franja etaria clave para la actividad económica.
"Efectivamente, eso va a comprometer a mediano plazo la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada y, por otro lado, está acercando lo que se llama 'el cierre de la ventana de oportunidad demográfica', que también sería un elemento que la economía podría haber aprovechado si es que hubiera garantizado las condiciones", estima el también economista.
El envejecimiento y la emigración han golpeado fuertemente a la población en edad laboral de Cuba. En los últimos cinco años, este sector experimentó una reducción de 1.259.894 personas, pasando de 6.866.435 trabajadores en 2021 a 5.606.541 en 2025.
Un proceso irreversible
Aunque Albizu afirma que el proceso de envejecimiento demográfico per se "no es una mala noticia", precisa que no es reversible. A su juicio, la única política coherente sería fortalecer el desarrollo económico invirtiendo cantidades importantes de capital para garantizar un aumento sostenido de la productividad del trabajo, que conduzca a la satisfacción de las necesidades crecientes de la población. Para ello, cita como ejemplo a los países nórdicos o incluso los modelos adoptados por China o Vietnam.
"Sin embargo, muchos autores plantean ya que esa oportunidad en Cuba se perdió debido al enquistamiento de los dirigentes de mayor nivel en un modelo socialista que no ha hecho otra cosa que preservarlos en el poder, mientras la población continuó padeciendo todos los males", subraya el demógrafo.
"Así, el modelo económico actual en Cuba no solo está quebrado, sino que es su propio obstáculo para el avance", sentencia.
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De perpetuarse esta situación, el especialista concluye que la pobreza seguirá aumentando y, en consecuencia, persistirá la emigración masiva, mientras la fecundidad y la esperanza de vida continuarán cayendo. Albizu advierte que esto podría hacer que la caída de la población cubana de los 9,4 millones actuales a los 6 millones, pronosticada por Naciones Unidas para 2100, podría entonces adelantarse a 2050.

"¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?". Con esa pregunta, Reporteros Sin Fronteras y más de 40 medios mexicanos interpelaron al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum y al conjunto de autoridades para reclamar una respuesta frente a los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes en el país, el más peligroso para la prensa en América Latina.
En una movilización inédita, medios nacionales y locales publicaron simultáneamente esa pregunta, acompañada de la lista con el nombre de los periodistas asesinados en México de fondo. A través de esta campaña, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y los medios participantes exigen al Estado una respuesta a esta violencia que, insisten, no puede convertirse en la norma. 
La situación es crítica, como explica a Radio Francia Internacional Artur Romeu, director de RSF en América Latina. "México es, de lejos, el país donde más periodistas son asesinados en América Latina. Es un problema crónico, no es de hoy. Es un problema histórico. Pero este año ya tuvimos siete periodistas asesinados en tan solo siete meses", afirma.
En total, 17 periodistas fueron asesinados desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024. Según Romeu, casi el 70% de las muertes se concentran en cinco estados: Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas. Las principales víctimas son periodistas locales, que cubren temas políticos, policiales, judiciales o de corrupción.
"Los periodistas son sistemáticamente blanco de estos ataques. Son ejecuciones extrajudiciales. En el 95% de los casos no se trata de periodistas que estaban cubriendo algo en el ejercicio de sus funciones, como alguien que cubriría una zona de guerra. No. En México, esos periodistas son blancos claros de grupos criminales que muchas veces tienen vínculos con agentes públicos"
- Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras en América Latina
Esta violencia tiene un "impacto brutal" en la libertad de prensa, generando desiertos informativos en vastas zonas del país, además de autocensura entre los periodistas. Un clima del que da testimonio Armando Ríos, periodista de investigación en Vanguardia MX, un diario del norteño estado de Coahuila que participó de la iniciativa.
"En Coahuila, la violencia que en algún momento hemos visto doblega la libertad de expresión. Algunos medios locales han optado por actuar más como relacionistas públicos de los gobiernos de turno, locales sobre todo, pero municipales también", sostiene.
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El propio periódico ha sido víctima de esta violencia en diversas formas, ya sea a través de atentados, persecución judicial o amenazas o agresiones a sus periodistas. Según Ríos, estos ataques provienen tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos. De ahí la importancia de que el Estado reaccione en todos sus niveles.
"También en los estados hay poderes, hay gobiernos diferentes y hay gente que debería, si no de garantizarlo, por lo menos generar las condiciones para que exista un verdadero ejercicio de la libertad de expresión auténtico y confiable", considera el periodista, quien recibió amenazas en el pasado.
Por eso, RSF y los diversos medios exigen al Gobierno mexicano poner en marcha un plan nacional de emergencia que coordine a los distintos niveles de la administración y refuerce las medidas de protección y las investigaciones. También reclaman identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales de los asesinatos, además de establecer mecanismos para evaluar las deficiencias en prevención, protección e investigación con el fin de evitar que se repitan.

La justicia peruana impuso penas de hasta 35 años de prisión a cuatro personas declaradas culpables del asesinato de Quinto Inuma, líder indígena y defensor de la Amazonía, asesinado en 2023. La sentencia fue celebrada como histórica por los abogados de las víctimas. "Eso era lo que queríamos, que hubiera justicia, un juicio ejemplar a escala de Perú", dijo a RFI su hijo Kevin Arnol Inuma. Reportaje de Martin Chabal, periodista de RFI.
Tras ocho meses de investigación y juicio, los asesinos de Quinto Inuma han sido condenados y su familia respira aliviada. "Esta decisión aporta por fin una forma de paz a nuestra familia", afirma Kevin Arnol Inuma, hijo del defensor del medioambiente  asesinado en noviembre de 2023. "Saber que los culpables están tras las rejas y que se ha impuesto una condena ejemplar de 35 años da esperanza de que los asesinos de defensores del medioambiente dejen de matar con total impunidad en Perú", comenta.
Quinto Inuma era apu, es decir, el jefe de su comunidad. Una comunidad kichwa, pueblo originario del norte de Perú y de Ecuador. Se oponía a la deforestación ilegal y al avance del narcotráfico en su territorio de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín. Tras enfrentarse directamente a estas actividades y presentar varias denuncias, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una reunión con otros defensores de los derechos humanos. Todo ello pese a que el mecanismo estatal de protección para defensores del medioambiente debía garantizar su seguridad.
Casi tres años después, el 24 de agosto de 2026, un tribunal condenó a cuatro responsables a penas de entre 15 y 35 años de prisión. La pena más elevada corresponde al máximo previsto por la legislación penal peruana antes de la cadena perpetua.
Un juicio clave para Perú
Para Cristina Gavancho, abogada de la familia durante el proceso, la decisión va mucho más allá del caso de Quinto Inuma. “Consideramos que esta es una decisión ejemplar. Es un mensaje contundente para decir que en Perú no se tolerará la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas”, señala. También representa un mensaje de esperanza para las víctimas: “Espero que facilite además el acceso a la justicia para los defensores del medioambiente”.
Es la primera vez que un asesinato encargado por terceros contra un defensor ambiental recibe una condena tan severa en Perú. También es la primera vez que los responsables son capturados, juzgados y encarcelados. La abogada destaca además el método que permitió llegar a esta condena: “Creo que el hecho de haberse desplazado a Tarapoto y haber tenido un contacto directo con los testigos presenciales del asesinato contribuyó a formar la convicción que condujo a la condena dictada el lunes”.
El juicio se desarrolló de forma remota. La comunidad se encuentra a más de seis horas de Tarapoto, en la Amazonía peruana, una ciudad que ya está lejos de la capital, Lima. Pero esta vez los jueces se desplazaron para escuchar a los testigos. “Cuando se lee la sentencia, se observa que las declaraciones de los testigos presenciales fueron prácticamente los elementos clave que permitieron llegar a esta condena”, analiza Cristina Gavancho.
Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. La sentencia puede ser apelada y los condenados podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema. Aun así, para la abogada, esta primera decisión podría servir de modelo para otras investigaciones.
Defensor ambiental, lucha de alto riesgo
El caso de Quinto Inuma se enmarca en un contexto de violencia persistente contra quienes defienden el medioambiente en la Amazonía peruana. Kevin Arnol Inuma se siente aliviado, pero sigue alerta: «Sí, el miedo ha disminuido. Pero el riesgo de represalias por parte de sus familiares sigue existiendo. Tienen familia allí, así que nunca se sabe».
Esta misma semana fue asesinado otro defensor de la Amazonía en una región vecina. "Mientras la jueza pronunciaba la sentencia, supimos que otro líder indígena acababa de ser asesinado en Ucayali", denuncia Cristina Gavancho.
Desde 2020, Perú ha registrado más de veinte asesinatos similares al de Quinto Inuma. Las regiones más afectadas, como Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios, son territorios donde avanzan la minería ilegal de oro, el tráfico de madera y el narcotráfico, en zonas con una presencia limitada del Estado. El informe anual de Amnistía Internacional registró al menos 161 personas expuestas a situaciones de peligro en 2025 por defender sus territorios frente a actividades ilegales.
Más allá de los asesinatos, numerosas comunidades viven con el temor permanente de ser atacadas por intentar proteger sus tierras. Por ello, esta sentencia podría reforzar la posición de los defensores ambientales.
Porque en Perú es, sobre todo, la escasa resolución judicial de estos crímenes lo que genera inquietud. Un estudio realizado por organizaciones amazónicas identificó 19 procesos judiciales relacionados con asesinatos de líderes indígenas. Más de la mitad no ha dado lugar a ninguna información pública y solo cinco concluyeron con una sentencia. Cuatro de ellos correspondían a un mismo caso: la masacre de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto en 2014, juzgada once años después de los hechos. Hasta este lunes, sin embargo, ningún responsable había sido detenido y encarcelado.
En este contexto, la relativa rapidez del proceso, dos años, y la severidad de la condena en el caso de Quinto Inuma aparecen como una excepción y podrían convertirse en un modelo para impartir justicia en el país. También representan una esperanza para su hijo, que no piensa rendirse: "Seguimos luchando junto a la comunidad. Actualmente formo parte de la dirección de la Federación de los Pueblos Indígenas (FEPIA) y estamos comprometidos con preservar el legado de mi padre". Contra viento y marea.

En Colombia, las 20 Emisoras de Paz dejaron de emitir contenidos informativos y ahora solo tienen programación musical. La nueva administración de Inravisión dice que revisará toda la parrilla, pero ya enfrenta críticas y acciones legales. El Gobierno de Abelardo de la Espriella y políticos de derecha las acusan de haber sido un "aparato de propaganda" y "megáfonos de las FARC".
La ONG Reporteros Sin Fronteras exigió el martes al gobierno colombiano reanudar de inmediato la producción de contenidos en la Radio Nacional de Colombia, suspendida hace una semana por una supuesta reestructuración de la parrilla. De momento, se desconoce cuándo se retomará la programación.
Desde el pasado 18 de agosto, Radio Nacional de Colombia transmite sólo música desde Bogotá. Así lo decidió "hasta nueva orden" la flamante administración del sistema de medios públicos, Inravisión, mientras establece una nueva parrilla de contenidos.
Esta decisión afecta a las 74 frecuencias de la Radio Nacional, incluidas las 20 Emisoras de Paz, creadas por el acuerdo de 2016 para informar a los territorios más golpeados por el conflicto.
Sus trabajadores temen que esta medida transitoria sea definitiva. "Esta decisión es consecuente con lo que dijo Abelardo de De la Espriella en campaña y ha reafirmado siendo presidente. Todo lo que tiene que ver con la paz y con procesos de paz lo están terminando", explica a RFI Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo, en el departamento del Cauca.
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La nueva gestión denuncia que estas radios se convirtieron en un "aparato de propaganda" durante el Gobierno de Gustavo Petro. El senador Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, que apoyó a De la Espriella en su camino a la Presidencia, aseguró que esas emisoras eran “megáfonos oficiales de las FARC para adoctrinar regiones”.
Sin embargo, las emisoras nacieron a raíz del artículo 6.5 del Acuerdo de Paz de 2016, impulsado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, con el objetivo de dar voz e informar a las comunidades más afectadas por el conflicto.
"Somos un proyecto de Estado y no de gobierno, hemos tenido una programación ininterrumpida, no hemos hecho ninguna propaganda política a ningún gobierno de turno. Hemos cumplido con el 6.5, eso es darles voz a los firmantes del acuerdo de paz, a las organizaciones sociales y a las víctimas del conflicto armado"
- Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo
"Esto está violando el derecho a la información de las comunidades y son las mismas comunidades las que hoy nos están reclamando estar al aire", sentencia Molano.
Esta suspensión supone no solo un incumplimiento directo del acuerdo de 2016, sino también de la Constitución colombiana. "El ataque a la libertad de prensa es una estrategia de carácter político. Destripan el derecho que tiene la ciudadanía a estar bien informada, que está estipulado en el artículo 20 de la Constitución", dijo a RFI la senadora del Pacto Histórico, Sandra Chindoy.
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Ante esta situación, la legisladora opositora presentó una queja disciplinaria contra la gerente de Inravisión ante la Procuraduría General de la Nación. También el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, del mismo partido, anunció una acción de tutela contra la entidad y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para levantar la suspensión.
Pero, de momento, tanto en la Radio Nacional como en las Emisoras de Paz, la música sigue siendo la protagonista.