Noticias de América

Estados Unidos sigue considerando Nicaragua como una amenaza para su seguridad, es por ello que el presidente Donald Trump ha decidido prolongar hasta noviembre de 2027 el poder de la Casa Blanca para congelar activos y limitar transacciones de personas o entidades vinculadas al régimen de Ortega y Murillo. Los opositores consideran que este tipo de sanciones individuales no son suficientes y llaman a un sistema de sanciones eficaz.  
Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política, ataques a la prensa y tortura hacen parte de las violaciones a los derechos humanos ejercidas por el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, según los informes de diversas organizaciones como la ONU.
Con este argumento, Estados Unidos identifica al país centroamericano como una amenaza para la política exterior y ha renovado su paquete de sanciones por un año más, buscando presionar a dicho gobierno. 
Dora María Téllez, historiadora y ex comandante de la Revolución sandinista, teme que no sea suficiente.
"Las sanciones de Estados Unidos se han basado en sanciones individuales, sanciones a la policía y alguna otra institución más, sanciones a algunos sectores económicos, digamos las exportaciones de oro a los Estados Unidos, pero no en general. Pero hasta ahí han llegado las sanciones", dijo a RFI durante un acto en la Casa de América Latina de París celebrado este viernes. 
"Si el régimen no se abre a un diálogo con esta Comisión de la OEA, pueda haber una recomendación de sanciones que puedan ser aplicadas por todo el resto de países del continente americano"
"Lo que esperamos nosotros es que si la comisión que formó la OEA no tiene resultado, si el régimen no se abre a un diálogo con esta Comisión de la OEA, pueda haber una recomendación de sanciones que puedan ser aplicadas por todo el resto de países del continente americano. Pero eso está pendiente"
La OEA busca dialogar con el ex guerrillero sandinista Daniel Ortega en el poder desde hace casi 20 años y su esposa Rosario Murillo, a pesar de haber retirado a Nicaragua de dicha organización en 2023 por su deriva autoritaria. Pero dicho régimen se mantiene en silencio.
Un silencio que también caracteriza lo que sucede dentro del país, dice el periodista en el exilio Carlos Fernando Chamorro. "El último informe de Reporteros Sin Fronteras ubica al régimen de Nicaragua entre los más potentes depredadores de la libertad de prensa. Para empezar, no hay un medio de comunicación independiente en Nicaragua. Los que había fueron confiscados, cerrados u obligados a reubicarse en el exilio", denuncia Chamorro. 
"Cuando la población se expresa incluso a través de las redes sociales, esas son derechos y acciones que son criminalizados"
"En Nicaragua no hay corresponsales extranjeros de medios internacionales independientes. Lo único que hay son unos delegados de Russia Today y de la Agencia China de Información, pero corresponsales extranjeros no existen. Y por el otro lado, cuando la población se expresa incluso a través de las redes sociales, esas son derechos y acciones que son criminalizados", agrega el comunicador que se encuetra en el exilio. 
La situación en Nicaragua se agravó desde las protestas antigubernamentales de 2018 que terminaron en una fuerte represión. Desde entonces se calcula que al menos un 12% de la población ha abandonado el país.

El 10 de agosto de 2026 la tierra tembló en el oeste de Colombia. El fuerte terremoto de 7,4 grados dejó 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas. Casi tres meses después, miles de damnificados siguen sin recibir la ayuda prometida, cientos continúan durmiendo en carpas, otros con el temor a que las casas se les caigan encima. Ricardo Peñuela, el secretario de Gestión del Riesgo de la Ciudad de Cali, una de las ciudades más afectadas, denuncia a RFI que hay decenas de millones de euros de donaciones que no aparecen por ningún lado. 
"A mi casa se le cayó el techo. El apartamento quedó inhabitable, las gradas están agrietadas. Cuando uno pasa o sube, se mueven y hasta el momento no hemos recibido nada de ayudas", explica a RFI, Blanca, una de las miles de personas que tuvieron que salir de su casa tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
Ella es también una de las miles que no aparece en las listas del gobierno para acceder a las ayudas, a pesar de haberse registrado. Ricardo Peñuela, el secretario de Gestión del Riesgo de la Ciudad de Cali, entidad encargada de responder a la tragedia, calcula que hay unas 10.000 viviendas que no están censadas y admite fallos.
"Hay personas que no están censadas, que quedaron censadas con algunas inconsistencias y es lo que estamos arreglando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Uno entiende la desesperación. Han ido mil veces a la feria de servicio, han mandado correos... Lo primero que nos dieron fueron diez días desde la entrega de la clave, el 14 de agosto hasta el 24 de agosto. Cerraron una primera vez y luego cerraron el 4 de septiembre. Fue poco tiempo para poder tener un diagnóstico total. Cali sufrió severos daños", explica Peñuela. 
No estamos hablando solo de Cali, Pereira, Armenia, Quibdó. Cientos de ciudades y municipios fueron afectados y los damnificados denuncian una ayuda a cuentagotas o inexistente.
En Cali, donde unas 20.000 viviendas quedaron afectadas, se han entregado alrededor de 16 y se inició un programa de subsidios, pero no todos lo reciben. A nivel nacional los recursos destinados a los afectados son objeto de un escándalo que involucra la primera dama.
Millones de dólares de donaciones no aparecen
El senador opositor Alejandro Ocampo presentó un recurso judicial para exigir transparencia, pues las donaciones anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella a través de redes sociales sobrepasan los 200 millones de dólares, según el recuento de medios locales, pero la primera dama solo ha informado de tener alrededor de 17 millones.
"No aparece el dinero donado por Estados Unidos, que eran 25 millones de dólares"
"No aparece el dinero donado por Estados Unidos, que eran 25 millones de dólares. No aparece el dinero donado por Emiratos Árabes, que eran 10 millones de dólares. Es demasiado dinero el que falta y no aparece. El juez ordenó a que miraran los soportes. Enviaron ahí una comunicación sin soportes, es decir, sin estados financieros firmados por nadie, sin residuos de consignación, nada. Con 200 millones de dólares se podría reconstruir una cantidad de casas y apartamentos increíbles. Pero la plata no aparece", denuncia Peñuela. 
El fuerte terremoto dejó 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas. Cientos de familias siguen durmiendo bajo carpas en las calles y reclaman una respuesta transparente sobre los mecanismos de ayuda nacional.

Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México, atraviesa una crisis hídrica sin precedentes. El agua de la llave sale color café, maloliente y llena de residuos. Los habitantes exigen una solución al gobierno local, pero el origen del problema es mucho más preocupante: las reservas de agua que abastecen a la ciudad llevan décadas contaminadas. Reportaje de nuestra corresponsal Marine Lebègue en esta región que la ONU calificó de “zona de sacrificio”.
Enrique Rivera se apoya en la barandilla que da a una cascada gigante. Creció aquí, a orillas del río Santiago, que pasa por su pueblo y abastece de agua a Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México. El agua de la cascada cae con una capa de espuma blanca y levanta un olor a huevo podrido y a detergente.
“El problema está en el aire y en el suelo”
“Esas espumas blancas son los jabones industriales y domésticos. Al efecto de la caída, también provocan aerosoles que, según los vientos dominantes, se pueden ir hacia el pueblo del Salto o el pueblo de Juanacatlán. Entonces el problema ya no está solamente en el río puerco, en el río mugroso. Ahora el problema está en el aire, y en el suelo, en la tierra”, explica Rivera.
Esta contaminación viene de una zona industrial situada río arriba del Santiago. Desde los años 60, las fábricas desechan sus residuos tóxicos en el río. La familia de Enrique y su esposa, Garciela, son originarios de El Salto y viven a dos calles de la orilla.
“Lo más pesado que se nos ha hecho, bueno a mí, es lidiar con los enfermos jóvenes. Van a la prepa y un día se vomitan y ya no van a la prepa porque tienen insuficiencia renal. Incluso muchos niños ya nacen con cáncer. Aquí mi vecina al otro lado. Además, son cánceres agresivos”, comenta Garciela.
Inacción de las autoridades
Para dar pruebas del vínculo entre la contaminación y las enfermedades, Sofía, la hija de Enrique y Garciela, ha llevado a sus hijos, de 8 y 10 años, a realizarse pruebas médicas. Cuenta que “los metales que encuentran en la sangre y orina de mis hijos son: plomo, arsénico, cadmio, mercurio, cobre, cromo, manganeso y aluminio. El aluminio, mi hijo tiene casi seis veces más que lo máximo permitido en un adulto. Y él tiene dieciséis veces más, el aluminio en sangre”.
Sofía presentó estas cifras al gobierno local, pero por el momento, el silencio continúa: “Lo único que nos han dicho es que la única solución es que nos vayamos de aquí. ¿Y uno dónde se va? ¿Uno dónde se va si aquí tiene su patrimonio, aquí tiene sus muertos, aquí tiene su identidad? Aquí uno siendo bien pobre porque las casas no tienen valor. ¿A quién le vendes tu casa, a dónde te vas a ir a vivir? ¿Quién se quiere venir a vivir a tu casa?”, subraya la mujer.
La única esperanza para los habitantes del Salto, es aprovechar el impacto mediático generado por la crisis del agua en Guadalajara para llamar la atención de un gobierno local que se niega a ver a estos sacrificados.

Tras la derrota electoral del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, Donald Trump debe hacer frente a una nueva realidad política con la oposición como mayoría en ambas cámaras… Pero ¿cómo sería esta nueva relación con el Legislativo?
Hasta ahora, Donald Trump contaba con el silencioso apoyo del Legislativo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde los republicanos eran mayoría. Pero las elecciones de medio mandato han dejado a los demócratas con una colectividad muy superior. Y aunque el presidente aún podría seguir haciendo uso de su lluvia de decretos para gobernar, el Congreso tendría la potestad de frenar la billetera.
“El mecanismo más potente que tiene el Congreso con relación a la rama ejecutiva es el manejo de los recursos públicos. Algunos dicen que el Congreso es el dueño de la cartera, no se puede gastar sin sacar la cartera y quien saca la cartera es el Congreso. En este sentido, hay varias necesidades que Donald Trump va a tener a lo largo de los próximos dos años, cuando de aprobar recursos públicos se trata que indudablemente el Congreso va a ejercer su peso, para asegurarse que no se apruebe nada que no lleve suficientes mecanismos de control”, analiza para RFI Oscar Chacón, asesor de estrategias de la organización Alianza Américas.
Además del presupuesto, los demócratas también podrían cambiar leyes, pedir rendición de cuentas, investigar decisiones de gobierno o incluso hacer juicio político a miembros del gabinete, al secretario de Defensa Pete Hegseth por ejemplo, como ya fue propuesto hace unos meses. 
El poder judicial debe “repensar su grado de sometimiento” a Trump
Pero la rama judicial también juega su rol, y aunque ha sido acusada de inclinar la balanza a favor de Trump, Chacón estima que tras los comicios, sus integrantes podrían moderarse: “Creo que, de aquí en adelante, por lo contundente que ha sido la derrota electoral que enfrentó Donald Trump el pasado 3 de noviembre, es muy posible que las cortes tengan que repensar su grado de sometimiento a los caprichos de Donald Trump, a los caprichos de la Casa Blanca”.
El analista subraya que si bien “existe el riesgo, indudablemente, de que medidas que el Congreso busque aprobar, y puedan tener la garantía de superar el intento de un veto presidencial, pudieran ser bloqueadas por la Corte”, para él “esto redundaría en un desprestigio sin precedentes para el poder judicial”.
Varios representantes demócratas elegidos el martes, como Hakeem Jeffries, han prometido abrir investigaciones contra la corrupción masiva que, dicen, ha sufrido el país durante este gobierno. Trump, de su parte, asegura que usará su poder de veto ante las iniciativas del Legislativo que no sean de su agrado.

La oposición pide la destitución del presidente Santiago Peña, y de su vicepresidente, Pedro Alliana, tras que la intervención de Ueno Bank desatara una crisis bancaria esta semana. Los clientes del banco digital, que representan un tercio del país, siguen esperando acceder a sus fondos.
La crisis estalló este martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central paraguayo ordenó cerrar Ueno, un banco que reúne casi tres millones de clientes, es decir, un tercio de los seis millones de habitantes del país. Las cuentas bancarias fueron congeladas, al igual que los fondos privados y públicos, que no cubre el fondo de emergencia, aprobado este miércoles.
Gustavo Fretes es empleado del grupo Vimedia, que cerró inmediatamente tras el escándalo, pues el banco era el principal sustento del conglomerado.
"Nosotros éramos empleados y, al mismo tiempo, ahorristas: nuestros ingresos se realizaban a través del banco que era del grupo afectado. Hoy tenemos nuestros salarios congelados, no podemos acceder", asegura Fretes.
Varios fondos privados se encuentran a la deriva y se estima que hay alrededor de 850 millones de dólares de fondos públicos comprometidos, como el del sistema de salud, que aún no se sabe cómo se recuperarán, plantea el senador del partido liberal Eduardo Nakayama.
"No se cubren los fondos previsionales ni los fondos públicos que van a tener que seguir aguardando la resolución del banco para recuperar su dinero", afirma a RFI el senador opositor.
Por qué señalan a Peña
Nakayama es uno de los congresistas que le reclaman al presidente Santiago Peña su presunto vínculo permisivo con esta entidad bancaria, ya que el mandatario fue accionista de Ueno Holding hasta inicios de 2025.
"Lo que más se ha reclamado y reclama al gobierno y, principalmente, al presidente de la República, es su falta de comunicación; que dé la cara. El banco Ueno ha sido desde el inicio vinculado al presidente porque tanto él como su hermano tienen o tuvieron vinculación accionaria. Sin embargo, siempre surgieron dudas sobre la preferencia que Peña podría haber dado al banco para poder concentrar estos fondos públicos", asegura Nakayama.
"El banco sobrepasó todos los límites en el otorgamiento de créditos a empresas vinculadas... lo que no tuvimos nosotros en la respuesta del Banco Central", afirma el senador.
La crisis bancaria que sacude al país suramericano está lejos de ver la luz: los ahorristas han tenido un respiro tras la aprobación del fondo de emergencia y esperan recuperar todo su dinero, pero en dos días ha habido intentos de fraude, colapso de otras entidades bancarias por apertura masiva de cuentas y continúa una gigantesca investigación de la fiscalía que de momento deja 27 personas imputadas. Entre ellos, su director, Alejandro Gómez Abente, con prisión preventiva y arresto domiciliario para otros siete altos cargos.