Noticias de América

El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país suramericano. La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. La medida está vigente aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez.
La normativa que modifica la Ley de Migraciones se aplicarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra algún ciudadano por ser argentino, dice el decreto.
Se trata de una reacción del gobierno a una supuesta campaña anti-Argentina, dice Guillermo Tisconia, exjuez y abogado experto en derecho penal. “La reacción de Milei obedece a un rapto espasmódico, a una consecuencia de un discurso que enarboló el propio gobierno, donde pretende que se habría llevado a cabo una suerte de campaña anti-Argentina”.
La cancelación del permiso de residencia conlleva la expulsión, voluntaria o forzada, del territorio nacional, aunque tiene fallos jurídicos, según explica Tisconia. “En primer lugar, yo creo que este decreto tiene varias objeciones de tipo jurídico porque es una formulación muy abstracta, muy genérica, donde no hay especificaciones e invadiendo también este decreto invade la Ley Nacional de Migraciones, que fue sancionada por el Congreso Federal Argentino, o sea, superpone la norma con disposiciones que contiene la ley migratoria, que es una ley sancionada por el Congreso, donde hay algunas disposiciones sobre este tipo de conductas”, indicó el jurista.
El decreto no especifica que es un discurso de odio y que criterio se va a utilizar a la hora de determinar quiénes son los autores de estos mensajes anti argentinos.
“El Gobierno se reserva el derecho de rechazar el ingreso o expulsar del país a personas extranjeras en el caso de que se prueben mensajes contra Argentina o sus ciudadanos o símbolos nacionales. Esta es una formulación muy Imprecisa, vaga y difusa, con lo cual va a generar serios problemas de interpretación y, sobre todo, en la Argentina rige por principio constitucional el derecho a la libertad de expresión, donde la crítica, aún exacerbada, es admitida por los tribunales argentinos”.
El jurista explica que en el país suramericano se protege la libertad de expresión de cualquier manera y agrega que “el Código Penal argentino ya prevé conductas punibles vinculado a otro tipo de conductas que son: incitación al odio colectivo o tal que yo veo que esto es muy objetable en términos constitucionales y que desde el punto de vista político o estratégico, es indisimulable que el gobierno argentino lleva adelante esta iniciativa para dar un golpe de efecto”, indicó Tisconia.
Tras la pasada final del mundial de fútbol que enfrentó a Argentina y a España y que ganó España, Buenos aires  denunció una campaña anti-Argentina, en medio de varias críticas, principalmente en redes sociales.

Cuba abre varios sectores de su economía a los capitales privados:   gasolineras, farmacias, hogares de ancianos e importadoras de vehículos podrán aceptar ahora dinero de inversionistas privados, un giro importante en la historia económica del país.
El Parlamento cubano ha dado luz verde a un paquete de reformas para fomentar la apertura económica. Sin embargo, expertos debaten si estas medidas son suficientes o si representan simples "parches" ante una crisis estructural agravada por las sanciones de EE. UU.
En un intento por frenar la profunda crisis económica y energética que asfixia a la isla, el Parlamento de Cuba ha aprobado una batería de 176 medidas. Entre las reformas más destacadas se encuentra la autorización para que más de 15,000 pequeñas y medianas empresas (pymes) inicien sus actividades, un movimiento que busca dinamizar el mercado interno.
Para Ricardo Torres, economista de Horizonte Cubano, estas medidas representan un giro necesario. Torres destaca la eliminación de restricciones en actividades profesionales y técnicas, así como los incentivos en el sector energético. "Es un cambio importante y positivo que elimina trabas innecesarias para el desarrollo del país", afirma el experto, subrayando que cualquier avance en materia de energía es vital en el contexto actual.
No obstante, Torres señala un obstáculo crítico: la falta de capital. A pesar de la resiliencia y creatividad del sector privado doméstico, la movilización de recursos a gran escala sigue siendo una tarea casi imposible debido a las limitaciones financieras internas y externas.
¿Reformas reales o medidas desesperadas?
Desde una perspectiva más escéptica, Jorge Duany, académico de la Universidad de Florida, considera que estas reformas son un "esfuerzo desesperado". Según Duany, las medidas no atacan el núcleo del problema: el modelo de planificación centralizada.
"No se introducen cambios sustanciales al modelo económico", advierte Duany. El académico sostiene que, sin un estado de derecho sólido y una reforma estructural profunda, estas medidas se quedan en simples "parches" que difícilmente podrán contener la debacle económica.
El factor externo: Sanciones y presión política
El clima de inversión se ve enturbiado por la política de "máxima presión" de la administración de Donald Trump. El incremento de las sanciones estadounidenses y el bloqueo energético han generado una gran inseguridad jurídica, ahuyentando a inversores extranjeros.
Empresas de sectores estratégicos como el turismo y la minería —muchas de ellas con capital español— se han visto obligadas a abandonar la isla o han visto dificultadas sus operaciones. Esta presión externa, sumada a las deficiencias estructurales del país, mantiene a la economía cubana en una situación de vulnerabilidad extrema, al borde del colapso.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, asumió este martes el mando del país prometiendo mano dura contra la delincuencia. Con la seguridad como uno de los grandes desafíos de su mandato, en su primer discurso anunció que los militares recuperarán el control del orden interno en zonas asediadas por las bandas criminales, el narcotráfico y la minería ilegal.
Era una de sus promesas cuando ganó las elecciones, luchar contra la ola de criminalidad que vive el país, la peor desde el año 2000. Los homicidios pasaron de 1 000 en 2018 a 2 600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3 200 a 26 500, un problema que aumentó en tiempos de la última crisis política y que la experta en seguridad ciudadana, Cecilia Caparachin, considera uno de los crímenes que más preocupa a la población.
“Es curioso ver que justamente en el periodo en que empieza esta última crisis política, o a partir del 2021-2022, empiezan a subir los indicadores de extorsión. Y a medida que pasan los años crece esta dinámica delictiva: las extorsiones, los homicidios, el sicariato. Es ahora un problema en el día a día de los peruanos”, lamentó.
Tras jurar, la hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) se convirtió en la novena mandataria en una década. En su discurso de investidura anunció que “durante los estados de emergencia, las fuerzas armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno” hasta "devolver esos territorios a los ciudadanos”.
Violencia y crisis política 
Uno de los retos es luchar contra la grave inestabilidad política y el crimen organizado. Desde 2016, el país de 34 millones de habitantes tuvo ocho presidentes,la mayoría de ellos destituidos o empujados a renunciar por el Congreso, donde el fujimorismo ha sido una fuerza clave. Caparachin encuentra una correlación entre crisis política y violencia y por lo cual considera que uno de los primeros pasos que debe dar el gobierno entrante sería el de darle legitimidad a las fuerzas policiacas en su combate contra los grupos criminales. 
“Es indispensable que las entidades del Estado sean  llamadas a volver a tener legitimidad en el cumplimiento de las normas porque en los últimos años se han visto escándalos de corrupción”.
"Esta legitimidad en cuanto al cumplimiento de las normas es una tarea pendiente de las instituciones del Estado, porque como puede un gobierno exigir  un respeto a las normas si desde el propio desde las propias entidades no lo hacen. Entonces yo creo que ese es un primer punto que se debe adoptar: lucha contra la corrupción vinculado a la lucha contra la criminalidad”, destacó. 
Con Keiko Fujimori, Perú se sumará a la ola que avanza en Latinoamérica de gobiernos de derecha alineados con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Los partidos tradicionales ARENA y FMLN presentan a Mayteé Iraheta y Rafael Aguirre, respectivamente, como sus candidatos para las elecciones presidenciales de 2027, en las que se verán las caras con el favorito para ganar, Nayib Bukele.
El Salvador empieza a definir el escenario para las próximas elecciones presidenciales de 2027. Mientras Nayib Bukele busca un tercer mandato, autorizado tras las reformas impulsadas, los dos partidos tradicionales han presentado a sus candidatos: Mayteé Iraheta por la derecha de ARENA y Rafael Aguirre por la izquierda FMLN. La incógnita es si estas candidaturas representan una alternativa real frente a un presidente que mantiene supuestos altos niveles de popularidad y un amplio control institucional.
"El caso salvadoreño, donde tenemos la construcción de una opoficción que permite, contrario a lo que uno podría imaginar, consolidar la permanencia de alguien que está buscando perpetuación en el poder, sin violar la ley"
- Eric Lemus, analista político salvadoreño
Eric Lemus, analista político salvadoreño en el exilio, nos responde: "Por un lado, hay que apostar por un rostro femenino que conecte con la televisión y que tal vez pueda tener un rédito, y por el otro se está apostando por la figura clásica del sindicalismo, que fue muy beligerante en los años 80". Lemus añade: "Me parece que son dos salvavidas naturales a los que, por un lado, apuesta la ex derecha radical y, por otro lado, la izquierda, que obviamente han tenido sus momentos de gobierno y les ha sentado muy mal".
¿Oposición real u opoficción?
La designación busca renovar la imagen de dos partidos que durante décadas dominaron la política salvadoreña, pero que hoy llegan debilitados, aunque para Lemus, más que frágiles, se trata de una opoficción. 
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"El caso salvadoreño, donde tenemos la construcción de una opoficción que permite, contrario a lo que uno podría imaginar, consolidar la permanencia de alguien que está buscando perpetuación en el poder, sin violar la ley".
Más allá de los nombres, los analistas coinciden en que el desafío para la oposición no es únicamente electoral; deberán competir contra una narrativa perfectamente trazada.  
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"Él mismo se autodenominó un dictador cool, ¿verdad? Es decir, alguien que es autoritario, que pasa por encima de toda la ley, pero que cumple con las formas que demanda la ley", explica el analista. Lemus argumenta que hay que hacer "notar que el código electoral ha sido pisoteado, que el Tribunal Supremo Electoral, que antes tenía representatividad, pues ahora está cooptado también por el Partido Nuevas Ideas y personas afines".
A siete meses de las elecciones, la oposición tiene como reto convencer a un electorado que, según las encuestas, sigue respaldando mayoritariamente el modelo de seguridad y el liderazgo de Nayib Bukele.

El pasado viernes 24 de julio debía finalizar el fin del llamado TPS, el Estatus de Protección Temporal del que gozan los haitianos en Estados Unidos desde el terremoto de 2010. Su revocacion, ordenada por Donald Trump para Haití y tambien para una decena de paises, deja a mas de 300 mil haitianos en el limbo.
Este Estatus de Protección Temporal permite a los ciudadanos de paises afectados por catástrofes naturales o conflictos armados residir o trabajar en Estados Unidos. Haití goza de este estatus desde 2010, tras el devastador seísmo que sacudió la isla. A finales de junio, la Corte Suprema del país autorizó al Gobierno de Donald Trump a revocar este permiso, lo que dejará a su suerte a 330.000 haitianos como explica Paul Christian Nanphy, de la red Acción Familiar.
"Estamos viviendo un momento muy crítico ya que creemos en la reflexión de las causas de migración, el por qué la gente sale de países como Haití, Venezuela, El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros muchos más. Actualmente, deportar a cualquier persona a Haití, El Salvador o Venezuela es forzarla a arriesgar su vida", afirma Christian Nanphy.
Estos haitianos podrian ser deportados en cualquier momento,  cuando la violencia de las pandillas persiste en el pais. Los grupos armados controlan el 90 % de Puerto Príncipe, la capital, y se expanden a otras zonas.
El miembro de Acción Familiar asevera que simplemente las imágenes de la vida cotidiana de las personas en Haití son prueba suficiente del riesgo que vive la población en el país caribeño. "Cualquier deportación pone su vida en riesgo, ya que los grupos armados saben quién viene y de dónde viene, lo que la convierte en potencial víctima de secuestro", pone de ejemplo Christian Nanphy como uno de los peligros para los posibles haitianos expulsados de Estados Unidos.
La revocacion de este estatus tambien afecta a ciudadanos de Venezuela, Nicaragua, Ucrania, Siria y otra decena de países.
Christian Nanphy considera "preciso y necesario encontrar una solución para las personas que ya están aquí (EE.UU) trabajando y pagando impuestos legalmente puedan seguir viviendo y contribuyendo a la economía estadounidense". 
La situacion en Haiti es muy critica. Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Humanitarios,en Haití, 5,7 millones de personas —casi la mitad de la población— padecen hambre aguda.