Noticias de América

Se darán a conocer este lunes en Guatemala los seis candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General, hoy en manos de Consuelo Porras. Su eventual reelección genera una fuerte controversia: el presidente Arévalo rechaza su candidatura, mientras que Estados Unidos y la UE la han sancionado por presunta corrupción. "La OEA podría desempeñar un rol clave si el proceso se entrampara", dice Ana María Méndez Dardón, encargada para América Latina del centro de estudios WOLA (Washington).
La inclusión de Consuelo Porras entre las mejor calificadas reaviva el pulso entre el Gobierno de Bernardo Arévalo, las redes de poder y la comunidad internacional. El comité de postulación le otorgó una de las calificaciones más altas del proceso —92,33 sobre 100—, lo que ha despertado interrogantes sobre la independencia y transparencia del mecanismo de selección.
La analista Ana María Méndez Dardón, responsable para América Latina de la organización Washington Office on Latin America, ofrece una lectura crítica de esta aparente contradicción:
"Las redes del crimen organizado, las redes de corrupción, de narcotráfico, han penetrado varias esferas del Estado. Pese a que Bernardo Arévalo llegó al poder y ha querido hacer una depuración del sistema, estas redes, que son muy sofisticadas, encuentran la forma de intervenir en procesos como éste, especialmente en la Comisión de Postulación. Esta comisión está integrada en su mayoría por personajes que son cuestionados. En teoría son académicos, pero son académicos que responden a los intereses de estas redes corruptas, de las cuales Consuelo Porras forma parte".
El historial reciente añade tensión al proceso. Durante las elecciones de 2023, Porras intentó frenar la llegada al poder de Arévalo, sin éxito. Ahora, la decisión final recae precisamente en el mandatario, quien ya ha adelantado que no contempla su continuidad en el cargo.
Sin embargo, el escenario está lejos de ser claro. No se descarta que la actual fiscal general impugne el proceso, lo que podría abrir una nueva fase de incertidumbre institucional.
"El proceso en sí ya está impugnado legalmente. Varios candidatos lo han impugnado porque no se les ha hecho la evaluación correspondiente. Entonces, el escenario que podría darse en Guatemala hoy día es que no se pueda cumplir el plazo y que se genere una incertidumbre en torno a lo que podría pasar. Probablemente la Fiscal General saliente estaría buscando permanecer en el cargo. Y estas redes lo que estarían buscando es bloquear la facultad legal que tiene el presidente Arévalo de nombrar al nuevo Fiscal General de su país", subraya Méndez.
Si el proceso se entrampa... 
En este contexto, el papel de la Organización de los Estados Americanos podría resultar determinante, tal como ocurrió durante la crisis política de 2023.
"Si se concretara el escenario que yo mencionaba, es decir, que el proceso se entrampe, se requeriría que el Consejo Permanente de la OEA, como un órgano político de ese organismo, actúe como lo hizo en el 2023, cuando estas mismas redes estaban buscando bloquear la transición del poder del presidente Bernardo Arévalo. Esta ruta internacional va a ser crucial e importante ante estos escenarios que son muy probables dado el contexto actual", concluye la investigadora.
Según la legislación vigente, el presidente Arévalo tiene hasta el 17 de mayo para nombrar al nuevo Fiscal General, en un proceso que se perfila como una prueba clave para la institucionalidad democrática del país.

El llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a evaluar los pros y contras del fracking ha reactivado el debate en México. Mientras el gobierno defiende esta técnica para reducir la dependencia energética de Estados Unidos, expertos y ambientalistas advierten de sus riesgos. El geólogo Luca Ferrari, investigador de la UNAM, analiza las implicaciones económicas, ambientales y políticas de esta decisión.
Entre 2012 y 2015, la empresa estatal Pemex intentó extraer gas natural mediante fracking, un método que consiste en fracturar la tierra utilizando enormes cantidades de agua mezcladas con sustancias altamente tóxicas. El resultado, sin embargo, no fue el esperado, sobre todo en el ámbito económico, dice el geólogo Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la UNAM.
"Fue bastante desastroso desde el punto de vista económico. El costo no valía lo que se estaba extrayendo. Las poblaciones ahí están completamente en contra [del fracking] porque evidentemente han visto en carne propia lo que significa", dice Ferrari. 
A pesar de esa experiencia, el gobierno mexicano estima que el fracking es necesario para reducir su dependencia de Estados Unidos, país al que le compra el 75% del gas natural que consume. No obstante, para Luca Ferrari, el argumento de la soberanía es un árbol que oculta otro problema: México no tiene las tecnologías para extraer esa energía fósil.
¿Decisión para defender la soberanía? 
"Si la extracción se hace en la zona noreste de México, solo las compañías de Texas lo podrán hacer. Como allá ya está empezando a llegar al máximo la extracción, puede ser que esas compañías estadounidenses consideren más atractivo venir a México. En este sentido, no creo que sea una decisión muy soberana por parte del gobierno mexicano. Incluso creo que puede haber una presión por parte de Estados Unidos dentro de la negociación del T-MEC para que México abra el fracking y permita a las empresas americanas operar en el país. A Estados Unidos le conviene más exportar gas a Europa como gas licuado. En Europa, sobre todo ahora con la guerra, pero también antes con el sabotaje del Nord Stream, el gasoducto que venía de Rusia, se han visto obligados a comprar gas estadounidense, que es muchísimo más caro: hasta cinco veces más que lo que se vende aquí".
La búsqueda de soberanía energética por parte de México, añade el investigador, requiere una reflexión profunda sobre el modelo económico del país.
"Si queremos importar menos energía, tenemos que rediscutir para qué usamos la energía. En la actualidad, México utiliza una gran cantidad de electricidad y gas en el sector industrial. Importamos energía de Estados Unidos para producir bienes aquí, porque la mano de obra es más barata y la legislación ambiental no es tan estricta como, por ejemplo, en California. Luego exportamos esos productos a Estados Unidos. Este modelo no puede funcionar, no es sostenible".

Buenas noticias para el medioambiente y para Uruguay: la UNESCO reconoció este miércoles el sitio Manantiales Serranos como Geoparque Mundial. Con este nombramiento queda protegida una importante fuente de agua de Uruguay, país azotado frecuentemente por sequías.  
Uruguay cuenta con dos geoparques reconocidos por la UNESCO, el primero fue Grutas del Palacio y ahora Manantiales Serranos. Aurora Fernández es la directora de Ambiente de la Intendencia del Departamento de Lavalleja, donde se encuentra este paraíso de 2.000 kilómetros cuadrados, clave para el abastecimiento de agua y para la memoria del planeta.
“En realidad, Manantiales Serranos tiene este nombre porque aquí se encuentran las nacientes de dos grandes cuencas: la cuenca del río Santa Lucía, que es uno de los ríos más importantes que tenemos y que alimenta de agua potable a más del 60% de la población del Uruguay, y también la cuenca de la laguna Merín”, explica.
Sequías repetidas
“Y además también es una referencia geológica a la formación del Océano Atlántico. En algunos de los geositios, se marca la separación de Pangea y el nacimiento del Océano Atlántico. Entonces venimos con una historia de reconocimiento del agua en todas sus formas en este territorio”, añade.
Viviana Pritsch, directora de Turismo de la Intendencia de Lavalleja, señala que “es un llamado justamente a eso, a la geoconservación, y esta crisis hídrica que cada vez se repite más seguido y que está golpeando en este caso particular a Uruguay”.
En 2023, el 60% de la población de Uruguay sufrió las consecuencias de la sequía, pero sobre todo los habitantes de la capital Montevideo, forzados a consumir el agua dulce mezclada con sal que venía del Río de la Plata.
Un llamado a Argentina
Aurora Fernández espera precisamente que ese reconocimiento de la UNESCO tenga efectos del otro lado del río, que anime a sus vecinos argentinos a luchar contra el escepticismo de Javier Milei, quien niega el cambio climático y quien busca con su polémica Ley de Glaciares que las mineras usen el agua de las cuencas congeladas.
“Nos pone en el compromiso, en nuestra América del Sur, en ser ejemplo de trabajo, en la conservación y en la valorización del agua como un recurso vital para la vida. Y ojalá seamos un buen ejemplo para que nuestros hermanos argentinos cambien un poco este rumbo de escepticismo con respecto al cambio climático y se den cuenta de que la ciencia nos llama a trabajar fuertemente. El geoparque tiene este elemento, de ayudarnos a promover la investigación científica como parte de las tareas de geoconservación”, analiza.
Con el reconocimiento de la UNESCO, Manantiales Serranos busca traer un turismo interesado en la historia de la formación del planeta y su conservación.

Tras la captura de Maduro en una operación de Estados Unidos el 3 de enero, la administración Trump ha ido normalizando relaciones con Caracas y fomentando inversiones en el sector de hidrocarburos. ¿Qué tan rápido se verán los efectos en la economía venezolana? El análisis de los economistas Giorgio Cunto y Francisco Rodríguez.
Con la nueva Licencia 57 de la Oficina Estadounidense de Control de Bienes Extranjeros se autoriza de ahora en adelante las transacciones y servicios financieros no solo con el Banco Central de Venezuela, sino también con otras tres entidades del sistema bancario de ese país. La administración de Donald Trump emitió esa licencia después de que Chevron firmara nuevos acuerdos con el gobierno de Delcy Rodríguez para ampliar su participación en la producción de petróleo.
Esta medida no sorprende a Giorgio Cunto, economista y profesor en la Universidad Católica Andrés Bello.
"Se esperaba este tipo de medidas, especialmente porque antes había una limitante del Banco Central al flujo de divisas. Al permitir los contratos y la realización de mayores operaciones, se pone en marcha el acople, la reinserción de Venezuela en el mercado financiero internacional, el cual estaba por debajo del alcance del sistema financiero estadounidense, pues no podía interactuar con Venezuela directamente".
El levantamiento de esta sanción constituye una etapa clave para la economía venezolana, agrega por su lado Francisco Rodríguez, del Centro para la Investigación Económica en Washington.
"Las exportaciones petroleras de Venezuela pasan por el Banco Central antes de entrar a la economía. La economía venezolana funciona exportando petróleo y recibiendo dólares por ellas. Eso es algo muy difícil de hacer cuando el Banco Central está sancionado, entre otras cosas, porque el Banco Central no tiene acceso a las cuentas para recibir ni para desembolsar esas divisas. El proceso tiene que ver con la capacidad del estado de la economía venezolana para captar el dinero que se genera por venta de petróleo".
La pregunta ahora es qué tan inmediatos pueden ser los efectos en la inflación. La respuesta de Francisco Rodríguez.
"La inflación está determinada por un déficit fiscal muy alto y por la decisión del gobierno de imprimir dinero para cubrirlo. Pero el déficit fiscal tiene que ver también con los ingresos petroleros y con la capacidad de tener acceso a esos ingresos petroleros. Además, la inflación sí se puede atender en el corto plazo, en particular a través de una política de lo que se llama ‘anclaje cambiario’, que consiste en estabilizar las variaciones en el tipo de cambio. Pero para eso también se necesita acceso a divisas, acceso a dólares. El Banco Central cumple un rol fundamental en los dos frentes para estabilizar la inflación".
Las sanciones contra el Banco Central de Venezuela remontan a 2019 durante la primera administración de Trump.

En la primera vuelta de las elecciones en Perú, varias mesas de votación tuvieron que postergar su apertura por falta de material electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales responsabilizó directamente a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada de la distribución y logística.
En su página web se presentan como una empresa que prioriza la puntualidad. Nos referimos a Galaga SAC, la compañía que retrasó material electoral y acumula más de 36 millones de dólares en contratos con el Estado peruano.
Mayor desconfianza en las instituciones
“Hasta ayer casi nadie conocía la empresa Galaga. Ahora, todos la conocen porque ha sido responsable de un tremendo escándalo que ha malogrado esta elección, la ha ensuciado. No en el fondo porque los votos involucrados con las demoras no llegan a ser tan grandes, pero sí deja una sensación muy mala y en un contexto de poca confianza en las instituciones. Simplemente degrada más la percepción de confianza de la ciudadanía sobre las autoridades electorales”, explica a RFI el analista peruano Augusto Álvarez Rodrich.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) responsabilizó del retraso electoral directamente a Servicios Generales Galaga, que niega las acusaciones. Pero lo más rocambolesco de todo esto es que la ONPE volvió a adjudicar a esta firma un contrato para transporte de material electoral tras haberla penalizado en tres ocasiones por incumplimientos en servicios similares.  
“No hay una explicación muy racional para eso. Si ya había actuado mal, ¿para qué la vuelven a contratar? Es algo que las investigaciones que están desarrollando en ese momento van a dilucidar”, comenta Rodrich.
Tentación de “impugnar los resultados”
Es cierto que el retraso de estos votos no será determinante para el cómputo general del escrutinio, pero podría ser utilizado por cualquier candidato o partido político como denuncia ante un posible fraude electoral.
Marcela Ríos, la directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional), analiza para RFI que “ciertamente acá va a haber una tentación de judicializar el proceso y de impugnar los resultados. Ya era un riesgo latente en un contexto tan fragmentado y tan polarizado, y el riesgo de esa judicialización solo ha aumentado con los errores en el procedimiento”.
“Y creo que es muy importante que todas las instituciones peruanas puedan hacer una investigación exhaustiva de cuáles han sido los problemas. Pero también sobre todo aprender y subsanar los problemas, porque se viene una segunda vuelta presidencial sí o sí, y es imprescindible que los problemas que ocurrieron en este proceso sean totalmente subsanados para la segunda vuelta, para que la ciudadanía peruana pueda confiar y acudir a votar tranquilamente”, añade.
Mientras el gerente general de Galaga guarda silencio, ayer la Policía Nacional detuvo al gerente de la gestión electoral de la ONPE por el presunto delito de omisión y demora de actos funcionales. Según indicó la institución, esta acción se realizó en estricto cumplimiento de la ley como parte de la lucha contra la corrupción.