Noticias de América

Los colombianos van a las urnas este domingo 21 con dos opciones, votar al ultraderechista Abelardo de la Espriella o al candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda. Ambos llegan al balotaje tras una campaña minada por un aumento de la violencia de los grupos armados que ha colocado el tema en el centro del debate. ¿Cómo combatirla, con mano dura o con diálogo? Lo cierto es que la ola de criminalidad se ha vuelto un calvario en departamentos como la del Cauca. RFI viajó a la zona de Popayán, la capital, para hablar con los habitantes de comunidades que viven en medio de un verdadero fuego cruzado.
El departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, lleva décadas marcado por el conflicto armado. Su geografía de difícil acceso ha favorecido tanto el cultivo de coca como la presencia de grupos armados y distintas disputas territoriales, en un contexto de histórico abandono estatal.
El pasado abril, la región registró 24 hechos violentos en una sola semana, con muertos y heridos, lo que aumentó el temor entre la población. En la región de Popayán, la capital del departamento, María describe el impacto cotidiano de esa violencia en la vida de las comunidades.
“Trasladarse de un lugar a otro implica correr el riesgo de que algo ocurra, de que les pase algo a nuestros hijos, por ejemplo, cuando salen a estudiar. Uno teme que estalle una bomba o que suceda cualquier cosa. Eso genera pánico en toda la comunidad, porque ya ha pasado en muchos lugares”.
Las comunidades intentan resistir a la violencia, aunque también conviven con la sensación de abandono institucional, señala Julián.
“En el Cauca se usa mucho una frase: ‘no pasa nada’. Si aparece un cilindro, se dice: ‘no pasa nada’. Si ocurre una masacre a 20 minutos de nuestro colegio, se dice: ‘no pasa nada’. Si matan al señor de la carne, también: ‘no pasa nada’. No es que seamos indolentes; es que, como no tenemos otra cosa que hacer, terminamos normalizándolo. Y ese es el riesgo: que lo veamos tan normal, tan cotidiano, que deje de sorprendernos”.
Sandra Ortiz, integrante de Diálogos Humanitarios del Consejo Regional Indígena del Cauca, reconoce que esta región ha sido históricamente víctima de la guerra, pero asegura que, tras los diálogos de paz, hace diez años, la dinámica del conflicto ha cambiado.
“Ahora son otros grupos, enfocados en los cultivos y en la minería ilegal, con un propósito de control y destrucción de esa economía. Podríamos decir que hay cinco grupos principales: la Dabo, la Jaime, la 57, el ELN y la Carlos Patiño. A partir de ellos se desencadenan otros grupos más pequeños o comandos”.
Ortiz añade que estas estructuras armadas se han fortalecido desde la pandemia de COVID-19, con un aumento del reclutamiento. A comienzos de 2026, sumaban más de 27.000 integrantes, según la Fundación Ideas para la Paz, un 23% más que un año antes.

El secretario general de la ONU viaja este martes a Haití para realizar una "visita de solidaridad" con la población, atrapada desde hace años en una espiral de violencia protagonizada por las pandillas. Solo en lo que va de año, al menos 2.300 personas han muerto a causa de las acciones de estos grupos criminales, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en una profunda crisis marcada por la violencia de grupos armados que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. En este contexto de violencia generalizada y sistemática, el secretario general de la ONU visita este martes el país en lo que ha sido descrito por la organización como una "visita de solidaridad". 
“Cerca de 1.5 millones de desplazados internos”
Eduardo Ordóñez, experto en política y seguridad especializado en América Latina, nos explica las razones de las crisis que atraviesa Haití: “Haití está atravesando una crisis terrible en todas las escalas: a nivel político, electoral, a nivel de seguridad y sobre todo a nivel humanitario, que es la crisis que más impacta la población. Tienen cerca de 1.5 millones de desplazados internos, y esto debido a la fuerte presencia y control de las bandas haitianas sobre la capital, y sobre todo porque se han ido expandiendo hacia otros territorios donde históricamente no habían estado. Ya casi controlan el 90% de la capital y ahora se han ido extendiendo más allá”.
“Yo creo que esta visita es bastante importante porque marca un hito. Es la segunda vez que António Guterres visita Haití. Ya lo había hecho en 2023, pero esta vez se va a reunir con las víctimas”, subraya Ordóñez.
“La ONU es como una persona non grata en Haití”
Al menos 2.300 personas han muerto en Haití desde comienzos de año a causa de la violencia de las bandas criminales, informó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ante el agravamiento de la crisis, la ONU advirtió sobre la urgente necesidad de actuar para frenar a estos grupos armados.
Sin embargo, el sociólogo y profesor Jean Saint Paul, del Brooklyn College de Nueva York, cuestiona la actuación de la organización: “Es un actor que ha contribuido también en el debilitamiento del tejido institucional del Estado en Haití. Así que en Haití no tiene buena prensa, tanto en Haití como en la diáspora haitiana. Porque no tenemos que olvidar que, hasta hoy en día, la ONU ha sido responsable de violaciones de derechos humanos en Haití. Fueron soldados nepaleses de la ONU quienes trajeron el cólera en Haití. Así que la ONU es como una persona non grata en Haití, excepto por los actores de la élite corrupta”, denuncia.
Haití se prepara para recibir a un nuevo contingente de fuerzas extranjeras desplegadas sobre el terreno con el objetivo de combatir a las pandillas. La misión multinacional, autorizada por la ONU, contará con aproximadamente 5.500 efectivos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció reformas destinadas a liberalizar la economía de la isla, en una medida que podría marcar un punto de inflexión para el modelo político y económico cubano.
El anuncio llega en un contexto de fuerte presión sobre la economía del país, duramente afectada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington desde comienzos de año, que ha agravado la crisis energética y económica que atraviesa la isla.
El mandatario aseguró que el gobierno agilizará y descentralizará la aprobación de nuevos emprendimientos privados, con el objetivo de estimular la producción y dinamizar una economía golpeada por la escasez de combustible y las sanciones estadounidenses.
Sin embargo, Daniel Pedreira, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida, expresa sus dudas sobre el alcance real de estas medidas.
“Yo creo que son cambios menores. El tiempo lo dirá”, afirma el profesor. “Este anuncio es muy nuevo, pero hemos visto en la historia del gobierno cubano que cuando ha hecho aperturas similares, pequeñas, modestas, ha dado ciertos espacios para los cubanos, a ciertos negocios, a ciertas empresas y después viene, cuando ya van teniendo éxito, y elimina esa apertura, elimina lo que ha ganado cubanos que han participado de esas aperturas y vuelve a lo mismo”, afirma Daniel Pedreira mostrando su escepticismo.
“Por el momento yo sospecho que puede ser otro mecanismo de este gobierno de intentar ganar tiempo, ganar apoyo sin de verdad implementar cambios estructurales significativos al sistema económico”, concluye.
Por su parte, el politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda analiza las razones de la persistente falta de inversión extranjera en la isla.
“No hay capital ruso o chino que vaya a sustituir a las empresas españolas y aquí están apostando por un capital cubano emigrado, exiliado, al que se le ha privado hasta muy recientemente, salvo en algunos casos de empresarios vinculados a la élite”, explica el politólogo.
“Los cubanos para invertir tienen que tener garantías jurídicas, porque a esos mismos cubanos les han negado una serie de derechos por el hecho de emigrar. Ahora, a la carrera, el gobierno quiere convencer a aquella gente a la que ha despreciado, de la que ha querido los dólares, pero no la ha devuelto derechos, que sean inversores en una operación de altísimo riesgo”, afirma.
Además de restringir el flujo de petróleo hacia Cuba, Washington ha limitado el acceso del país a la banca internacional, provocando incluso la salida de operadores como Visa y Mastercard. Esta estrategia buscaría debilitar al conglomerado militar GAESA, que según expertos, controla el 40 % del producto interno bruto (PIB) de la isla.

El Mundial 2026 ha comenzado. Junto con la fiesta y la emoción que despierta este tipo de certámenes deportivos, también aparece la sombra de lo que se conoce en inglés como sportswashing. Es decir, una estrategia con la cual algunos gobiernos buscan mejorar su reputación a través del deporte.
Canadá, Estados Unidos y México son los países anfitriones de este Mundial 2026. Sin embargo, estos dos últimos se encuentran en el centro de la atención debido a las reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos registradas en sus territorios y documentadas por diversas ONG.
"Violación sistemática de derechos humanos"
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, lamenta la situación interna que atraviesa Estados Unidos: "Es lamentable que en este contexto, siendo Estados Unidos una de las tres sedes, pues se esté dando un escenario de violación sistemática de derechos humanos en contra de comunidades migrantes, muchas de las cuales han sido detenidas arbitrariamente, deportadas abusivamente en violación de sus derechos", dice a RFI.
Asimismo, subraya que este certamen debería servir como un catalizador para que la comunidad internacional ejerza presión sobre el Gobierno mexicano con el fin de resolver y prevenir las desapariciones forzadas de personas: "Debería ser una oportunidad para que los distintos países del mundo se unieran en torno al llamado, para que las autoridades mexicanas desplieguen muchísimos más esfuerzos para la búsqueda de las personas desaparecidas, y para poner en marcha una política de seguridad y justicia efectiva", afirma Goebertus.
"Querer lavar la imagen"
Fernando Segura Trejo, doctor en Sociología, analiza los antecedentes históricos del sportswashing y cómo esta práctica se repite en diferentes países a través del tiempo: "Hay reiterados ejemplos, desde la Alemania nazi, podemos ir a la Argentina dictatorial de 1978 con el Mundial, podemos ir a las críticas que se le hicieron a Catar, un país con leyes tan severas y con tradiciones tan diferentes a las que estamos acostumbrados en Occidente", detalla.
"En México tenemos un antecedente muy triste también, que fueron las Olimpiadas de 1968. Unas semanas antes hubo una matanza, la matanza de Tlatelolco, donde se mataron vilmente a estudiantes que protestaban, y las Olimpiadas sirvieron justamente para mostrar una imagen de un México en paz y en orden, cuando hubo una matanza de cientos de estudiantes unas semanas antes", recuerda asimismo.
"En este momento se está volviendo a repetir una situación de querer lavar la imagen. Se repite en México y se repite en Estados Unidos también. Bueno, en Estados Unidos, yo diría que ni siquiera hay un esfuerzo por lavar la imagen. Es decir, es tan descarado la política migratoria, los abusos", denuncia.
El especialista concluye afirmando  que la sociedad mexicana es consciente del uso político que se le da a este tipo de acontecimientos, y que a pesar de que la población celebra el Mundial, muchos ciudadanos consideran que no era el momento para que el país acogiera este torneo.

En Estados Unidos, el Mundial no es festejo sino miedo para las comunidades de migrantes. En estados como Florida, donde jugarán tres naciones latinoamericanas (Brasil, Uruguay y Colombia), la policía local tiene las mismas facultades que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detener a personas. Una situación que también podría afectar a los turistas.
La política migratoria de Estados Unidos está generando tensiones de cara al Mundial, tanto que la ONU le pidió que revise sus leyes porque considera que van en contra de los derechos humanos y la dignidad humana.
El acuerdo 287(g)
Florida es uno de los 40 estados donde se aplica el acuerdo 287 (g), ley que permite a los elementos de seguridad locales actuar con las competencias de los federales en cuestiones migratorias. “Con este acuerdo 287(g), entiéndase que un alguacil local puede entonces decir ‘ahora todos mis agentes van a hacer trabajo de inmigración federal también’. Tampoco les están dando el entrenamiento que alguien que va a hacer un trabajo de ley federal necesita. Eso es un peligro”, nos explica Adriana Rivera, vocera de la Coalición de Inmigrantes de Florida.
Rivera estima que, en Florida, donde hay una vida turística muy activa por las playas de Miami y los parques de diversión, los turistas son vulnerables a las detenciones en carretera. “La agencia número uno en el estado de Florida que arresta a más personas para inmigración no son agentes federales, son agentes de las carreteras. Eso es un peligro porque sabemos que, al venir familias o personas a ver los juegos del Mundial, tenemos personas que pueden encontrarse en Miami”, irse para Orlando, para los parques, “y pueden encontrarse con una situación bastante incómoda donde un agente de la patrulla de autopistas empiece a hacer algún tipo de trabajo de inmigración con ellos”.
“Raíz xenofóbica y racista”
La activista lamenta el silencio de la FIFA ante estos peligros. “Nosotros en la Coalición de Inmigrantes de Florida llevamos desde el año pasado hablando y trabajando con la FIFA en Miami, y no hemos llegado verdaderamente a nada porque no nos han querido escuchar. Nosotros hemos intentado de que pongan una moratoria al 287(g) mientras se juegan los partidos del Mundial. Es algo que no han querido hacer y eso es algo que sería sencillo, una moratoria a los agentes”, señala.
“Sabemos que es una administración que ha sido sumamente xenofóbica y estamos viendo lo que está pasando hoy día con el equipo iraní, con el equipo de Irak, con el árbitro de Somalia. No vemos el mismo escrutinio con equipos, por ejemplo, de Europa. Entonces vemos que esto sí tiene una raíz xenofóbica y una raíz racista. Por más que ellos quieran negarlo, los datos están ahí”, subraya Adriana Rivera.
Esta semana, el gobierno aprobó 70.000 millones de dólares más para la política antinmigración de Donald Trump con la que pretende, según sus palabras, conseguir “la mayor deportación de la historia”.