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Casi uno de cada cinco niños y niñas que usan Internet sufren explotación o abuso sexual facilitados por la tecnología. En muchos casos, se trata de personas que ya conocían, sostiene un informe de UNICEF realizado en 21 países. Entrevista con Sara Antillón, miembro de UNICEF México.
Las redes sociales concentran el 60% de los casos de explotación o abuso sexual contra menores. Facebook (50%), WhatsApp (29%), Instagram (24%), Snapchat (13%) y TikTok (12%) son las plataformas en las que los jóvenes se ven expuestos a contenidos sexuales no deseados, reciben solicitudes para mantener conversaciones sexuales o compartir imágenes sexuales en contra de su voluntad, indica la investigación Disrupting Harm (por su título en inglés), de la que hizo parte UNICEF.
El estudio se llevó a cabo en 21 países de África, Asia, América Latina y el Caribe, y Europa del Este. Sara Antillón, miembro de UNICEF México, detalla las dificultades para luchar contra este fenómeno, comenzando por el hecho de que muchas víctimas no denuncian estos abusos.
"Muchos niños y niñas no se lo cuentan a nadie. La primera barrera es que las niñas y los niños no tienen confianza o no saben muy bien si lo que les pasó es algo que se tendría que perseguir o, por el contrario, creen que los van a juzgar, sobre todo las personas adultas. Un primer elemento que identificamos es la necesidad de fortalecer los vínculos con los niños. El otro punto que identificamos es que muy pocos lograban salir del círculo de amenazas en el que muchas veces los metían las personas que los atacaban. Era como si les dijeran: ‘si tú lo dices, voy a aumentar la violencia’, y por tanto esas amenazas hacían que tuvieran más miedo de poder parar lo que estaba sucediendo. Y el último elemento que se identificó fue que, cuando ya llegaban a los servicios, y la proporción es muy baja, menos del 1%, éstos no necesariamente estaban preparados para atender delitos digitales. Muchas veces esos servicios están pensados para personas adultas, mujeres adultas", precisa.
Antillón asegura que, más allá de la prohibición, hay que mejorar el acompañamiento a los menores y acelerar los procesos de justicia.
"La tecnología está avanzando más rápido que los procesos legislativos. Por lo general, los procesos legislativos toman tiempo y requieren debates nacionales. Hay cosas vinculadas, por ejemplo, a la inteligencia artificial que todavía no están siendo reguladas de forma adecuada para atender los riesgos que esto implica", concluye Antillón.
Además de las redes sociales, los juegos en línea también son un espacio donde los menores son víctimas de abuso, por lo que la organización hace un llamado a la responsabilidad de las empresas tecnológicas para que diseñen plataformas pensadas para la seguridad de los niños, niñas y adolescentes.

Guatemala, Honduras y El Salvador atraviesan una dura sequía, como consecuencia del fenómeno de El Niño, que tiene en jaque a la agricultura y aumenta la vulnerabilidad alimentaria. Además de perder los cultivos, las familias también han perdido empleos y tienen dificultades para encontrar alimentos fundamentales.
Un reciente informe de Oxfam da cuenta de la difícil situación humanitaria en la que se encuentra el Corredor Seco centroamericano, afectado por la sequía como consecuencia del fenómeno de El Niño que azota la región. Pérdidas agrícolas, limitaciones de acceso al agua y reducción de ingresos de los agricultores son solo algunas de las consecuencias de este fenómeno climático, dice Iván Aguilar, gerente humanitario para Oxfam en Centroamérica.
“Conseguimos documentar la pérdida generalizada de cultivos debido a la sequía que ha ocasionado el fenómeno de El Niño. Nos enfocamos sobre todo en los cultivos de maíz y frijol, dado que son la base de la alimentación de los hogares rurales en el Corredor Seco centroamericano, y en general de la población centroamericana. El 78.6% de los hogares en las comunidades en las que hicimos la evaluación perdieron prácticamente el 100% de sus cultivos, de igual manera el café. Esta perdida en el agro también tuvo un impacto en la oferta de empleo rural”, explica Aguilar.
“Se perdió por completo la cosecha en mi comunidad”
José Hernández cultiva maíz y frijol en el sureño municipio de Jocotán, en Guatemala, y espera con ansias la lluvia, pues ha perdido totalmente su trabajo. “Llevamos casi dos meses de no llover, ¡más! Porque en junio solo llovió en las dos tormentas y de ahí en julio no llovió nada, igual agosto, septiembre, nada. (…) Este año se perdió por completo la cosecha en mi comunidad”, cuenta.
Aguilar resalta que esta sequía supera con creces fenómenos anteriores: “En el ciclo de postrera, que es la segunda oportunidad al año que tienen los hogares del Corredor Seco para cultivar, el porcentaje de lluvias ha caído bastante bajo y el pronóstico no es nada alentador. Los institutos meteorológicos prevén que el mes de septiembre y octubre sigan siendo bastante secos. Eso va a dificultar que haya una recuperación en el ciclo de postrera”.
Habitualmente, señala, “uno de los dos ciclos suele dar cierta cantidad de cosecha; en este año, ninguno de los dos va a ser exitoso y eso es lo más complejo”.
El informe da cuenta de un deterioro en la seguridad alimentaria de la región que puede extenderse hasta dentro de un año, por lo que hace un llamado a intensificar los mecanismos de respuesta a estos fenómenos climáticos.

La disputa por las Malvinas sigue ocupando un lugar central en Argentina. Este martes, abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982 contra el Reino Unido presentaron una demanda para frenar un proyecto de explotación de hidrocarburos impulsado por las petroleras Navitas y Rockhopper en aguas cercanas al archipiélago. 
Desde la sureña provincia de Tierra del Fuego, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata (Cecim) presentaron una demanda que busca frenar el proyecto de explotación de las petroleras Navitas, de Israel, y Rockhopper, del Reino Unido, alrededor de las islas Malvinas, poniendo nuevamente el foco sobre la disputa por la soberanía de ese territorio entre Londres y Buenos Aires.
El proyecto, denominado Sea Lion, tiene como objetivo comenzar la extracción de crudo en 2028 y llevarla a cabo durante más de 30 años a 220 kilómetros de las islas Malvinas, indicó a RFI Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas:
"Esto es una ocupación ilegal de las islas Malvinas por parte del Gobierno británico, del Estado británico. Pero además, en este caso, también en el mar argentino, donde las empresas petroleras Rockhopper y Navitas, dos corporaciones muy grandes, no han pedido ningún tipo de autorización ambiental a las autoridades del mar argentino, que es la Argentina. Hay un comunicado de la Cancillería que lo declara ilegal. Nosotros lo usamos para argumentar nuestra acción judicial, pero no hay acciones concretas, que es también lo que estamos pidiendo".
Según los demandantes, además de la disputa por la soberanía, este proyecto también representa un alto riesgo ambiental para aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina y para las islas de la región, que mantienen una "conexión ecológica" con la Antártida.
"El riesgo de derrame, según los especialistas, es más del 40%. Lo que un derrame afectaría de todo, incluso la costa del territorio continental argentino. Lo que significa ahí es territorio de la ballena franca austral, uno de los animales más magníficos del mundo", explica Viale.
El texto jurídico indica que el proyecto petrolero incumple una resolución de la ONU según la cual deben evitarse acciones unilaterales mientras permanezca abierto el diferendo entre ambos países. Cabe recordar que Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral y libraron una guerra en 1982, que se saldó con la rendición de Buenos Aires tras 74 días de conflicto, en el que murieron 649 argentinos y 255 británicos.
Desde entonces, el reclamo ha continuado por la vía diplomática. El Reino Unido ejerce la administración del archipiélago como territorio británico de ultramar, mientras Argentina reivindica de manera permanente su soberanía y lo considera un territorio ocupado ilegalmente.

Miles de estudiantes en Cuba vuelven a las aulas en medio de una extrema precariedad entre apagones, malnutrición y un sistema educativo colapsado por la falta de material y docentes.
 
Para muchos niños el sonido del timbre es sinónimo del regreso a las aulas, de reencontrarse con sus amigos y de expandir sus conocimientos. Sin embargo, no será para todos igual, especialmente para los miles de estudiantes cubanos que se enfrentan a una vuelta al cole marcada por la escasez.
“La peor vuelta al cole”
Para ellos, volver a la escuela significa un año más intentar estudiar entre apagones, carencia nutricional y un importante deterioro del sistema educativo de Cuba. “Probablemente sea la peor vuelta al cole en estos 67 años de la llamada Revolución Cubana. Es una vuelta al cole después de unas vacaciones que no han sido vacaciones para la gran mayoría de los niños y niñas cubanas. Es una vuelta llena de angustias y de incertidumbres, de precarización de las condiciones materiales. Es un regreso a clases, además, en condiciones de extrema excepcionalidad para la gran mayoría de los niños”, comenta Elaine Acosta, directora del Observatorio Cuido60.
El curso anterior tuvo que finalizar anticipadamente por la crisis energética y la brecha digital que impedía realizar en buenas condiciones las clases. Además, la malnutrición en los estudiantes, provocada por la escasez de productos básicos, también es uno de los puntos que más preocupan a las familias.
“La gran mayoría de las mujeres, de las madres, sacrifican su propia alimentación, por lo menos para proveer algo a los hijos para mandarlos con una merienda a la escuela, con un almuerzo y puedan soportar, digamos, lo que necesita una carga activa”, subraya Acosta.
Edificios inadecuados y falta de maestros
Unas condiciones que también denuncia Mailén, una madre de tres hijos residentes en La Habana: “La escuela de mis hijos está en reparación desde hace más de seis meses porque le estaba cayendo los pedazos de techo arriba a los niños. De hecho, se estaba desplomando el piso de una de las aulas de arriba y estaban cayendo los escombros en el aula de abajo y tuvieron que desalojar esas aulas. Los niños llevan medio curso, los grados más grandes, yendo a otra escuela a recibir las clases porque en esa escuela no podían estar”, cuenta.
A esto se suma la falta de maestros. En 2024, el oficialismo reconoció que el país tenía una necesidad de alrededor de 24 mil docentes para completar las plantillas. “Se produce una fuga de profesores y de auxiliar porque las condiciones laborales, los salarios, obviamente no compensan el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación que tiene una profesión como el magisterio”, señala Elaine Acosta.
Mientras suena la campana y comienza otro curso, las familias cubanas afrontan el reto de garantizar una educación digna a los más pequeños.

La justicia salvadoreña anunciará el lunes el fallo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha, acusada de cometer más de 47.000 crímenes entre 2011 y 2022. Mientras el gobierno de Nayib Bukele se jacta de "saldar una deuda histórica", varias oenegés denuncian que este megajuicio viola el debido proceso al no individualizar la responsabilidad penal y, por tanto, podrían ser condenados inocentes.
El Salvador conocerá este lunes el veredicto contra los presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que durante décadas sumergieron al país en el terror y la violencia. Los 485 acusados podrían obtener miles de años de cárcel.
El presidente, Nayib Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero próximo, ha llegado a comparar estos juicios colectivos con los celebrados en Núremberg contra los jerarcas nazis.
Aunque este megajuicio —el más publicitado de los impulsados por el gobierno— busca “saldar una deuda histórica”, los defensores de los derechos humanos temen que se juzgue a inocentes, como explica a RFI Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal.
"No ofrecen pruebas, no individualizan a los responsables, no definen qué delitos cometieron, entonces no se hace justicia para las víctimas de las pandillas y la celeridad con la que lo hacen no permite garantizar la responsabilidad de las personas, entonces de estos cientos que están juzgando van muchos inocentes", explica Abrego a RFI. 
Lanzada en 2022, la "guerra" antipandillas ha llevado a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial bajo un régimen de excepción. Para Abrego, esta sentencia —que se conoce apenas cuatro meses después del inicio de este proceso colectivo— podría sentar un precedente “muy negativo” para la justicia salvadoreña.
"No ofrecen justicia, es más una estrategia comunicacional. Si los juicios fueran públicos y mostraran la realidad, la versión de los defensores y las pruebas, realmente la gente dudaría de que estos juicios sean justos y de que todos sean pandilleros", denuncia el director legal de la ONG Cristosal. 
También Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), afirma que estos juicios colectivos son “espectáculos”, que sirven como excusa para justificar la condena de muchos inocentes.
"El precio que estamos pagando es demasiado elevado, el régimen de excepción, no sólo afecta a los criminales, nos afecta a las personas honradas que nos pueden capturar en cualquier momento y no tienes derecho a un abogado defensor, a la presunción de inocencia, ni a un debido proceso porque todo está manoseado", deplora Ramírez.
"Han construido penales sin transparencia, sin conocer cuánto se gastó, al régimen esto le permite facilitar la corrupción en este país", agrega el dirigente de Movir. 
A su juicio, el régimen de excepción "ya no tiene sentido" cuatro años después de su implementación, sobre todo cuando el propio presidente se jacta de "ser el país más seguro del mundo".
"El gobierno a partir de todo el control total que ejerce de las instituciones, éstas no están para escuchar a las víctimas, están sólo para tapar la violación a los Derechos Humanos y para cumplir las órdenes del presidente", concluye Ramírez. 
Ante esta situación, el defensor de los derechos humanos insta a la comunidad internacional a realizar una auditoría de estos megaprocesos judiciales y evitar así que personas inocentes pasen “entre 40 y 80 años de prisión” por delitos que no han cometido.
Más de 250 de los imputados en este juicio colectivo están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad.
Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, dedicándose a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.