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Guatemala anunció la creación de un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil. Decenas de familias  buscan a sus seres queridos que perdieron la vida durante el conflicto armado, muchas veces en intervenciones del ejército. La creación de este mecanismo coincide con la visita a Guatemala del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas, la primera en 20 años, que pide la apertura de los cuarteles y archivos militares para encontrar a las víctimas.
La guerra civil en Guatemala en la que se enfrentaron grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado dejaron cerca de 200 000 muertos entre los años 1960 y 1996, un epidosio conocido como el Conflicto Armado Interno.
Desde entonces las heridas siguen abiertas: se cuentan alrededor de 45 000 personas desaparecidas, dijo a RFI Ana Lorena Delgadillo, del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas tras la visita de trabajo en Guatemala que concluyó el jueves 2 de junio. “Hay una deuda histórica de Guatemala con las víctimas de desapariciones forzadas”, resaltó.
Para la investigadora el mecanismo de búsqueda humanitaria es un gran avance, pero limitado en “recursos, sostenibilidad y autonomía”, y corre el peligro de que no trascienda a futuros gobiernos “porque está basado en un acuerdo administrativo”.
Responsabilidad militar
Los principales responsables de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones “fueron los militares”, afirma Delgadillo, pero las investigaciones se realizan con dificultad por falta de transparencia y bloqueos para acceder a la información institucional. No se cuenta con “los archivos que están en manos de los militares ni tampoco se ha dado la oportunidad de que se puedan abrir todos los cuarteles o los lugares por donde pasó el ejército, donde podría haber restos” de personas, señaló.
Al grupo de trabajo con el que colaboró Delgadillo no se le permitió recorrer un cuartel del departamento de Petén, aunque tenían una visita programada. Su investigación se complicó aún más cuando presenciaron que en los lugares donde podría haber restos de personas había trabajos de construcción. “Estaban haciendo edificios. Nosotros lo hicimos saber como una cosa muy grave”, alertó.
“Lo que pudimos presenciar, es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años”, afirmó Delgadillo, quien además criticó las medidas implementadas bajo los ochos años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien el pasado mayo dejó el Ministerio Público (Fiscalía) y quien condicionó las exhumaciones de víctimas de la guerra imponiendo cargas burocráticas a los familiares de los afectados.
Además la experta pidió al nuevo fiscal, Gabriel García Luna, emprender una investigación "seria" por la vinculación que especialistas de la ONU hicieron en febrero de Porras en un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, un señalamiento que la entonces fiscal rechazó.
En las últimas décadas se han exhumado 9 000 cuerpos y se han identificado a más de 3 000 desaparecidos. Una de las principales recomendaciones del informe es la apertura de los archivos porque “hay mucha información que está en manos del ejército”, concluyó Delgadillo.

En Ecuador, la Fiscalía presentó pruebas acusatorias contra siete personas sospechosas de ser los autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio en 2023. El caso sacudió el país, cinco personas fueron condenadas por su implicación material en los hechos. El caso sin embargo ha sido rodeado de una fuerte politización y de muchos cuestionamientos.
En un nuevo capítulo de la investigación judicial sobre el asesinato del excandidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, la Fiscalía ecuatoriana señaló a siete personas como presuntos autores intelectuales del homicidio.
“El denunciólogo”
En la lista están tres cabecillas de bandas criminales, un exministro del gobierno de Rafael Correa, dos empresarios ligados a casos de corrupción y un exdiputado. Según la fiscal a cargo del caso, Villavicencio pagó con su vida sus denuncias anticorrupción.
Carla Álvarez, especialista en temas de seguridad en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, explica que “hizo de la denuncia de la corrupción su lucha como periodista y después su lucha como asambleísta. De hecho, él tenía el apodo de ‘El denunciólogo’”.
“La tesis principal que maneja la Fiscalía y también la parte acusatoria, que son las hijas de Fernando Villavicencio, es que son justamente las investigaciones de Villavicencio y el involucramiento que hacía a personas como Xavier Jordán y José Serrano lo que motivó el asesinato. Esta es como la tesis oficial. En cambio, los abogados de los acusados sostienen que no hay todavía ningún elemento probatorio contundente para hacer este involucramiento de estas personas”, detalla Álvarez.
Politización del caso
La experta en seguridad observa sin embargo una politización extrema del caso del asesinato del excandidato presidencial, con acusaciones cruzadas entre el oficialismo, el correísmo, narcotraficantes y familiares de Villavicencio.
“Creo que hay un intento de desprestigiar al bando correísta. Todavía no hay las pruebas necesarias y deben ser judicializados, es decir, un es un crimen que debe esclarecerse. Pero hay un uso político del crimen y esto se puede ver en las declaraciones de la viuda de Villavicencio en contra de la fiscal”, dice la especialista.
A la politización del caso se suman serias falencias de las autoridades ecuatorianas. Varios sospechosos de haber participado al homicidio murieron, recuerda Carla Alvarez: “En el camino hemos perdido muchas pistas”. Antes de ingresar a la política, Villavicencio había publicado varias investigaciones en las que denunciaba casos de corrupción.

En Venezuela, hay niños que piensan una y otra vez que la tierra vuelve a temblar. En el refugio del Parque del Oeste, donde llegaron damnificados de La Guaira, además de comida y ropa, se brinda ayuda para lidiar con la angustia.
Los niños son testigos de excepción del devastador doble terremoto sufrido en Venezuela hace más de una semana. Sus relatos combinan inocencia y miedo. En los refugios de damnificados, algunos aún muestran shock por lo vivido y otros comparten su experiencia.
Actividades recreativas y musicales
“Mi mamá se echó a llorar, lloró de la felicidad porque salimos vivos. Si hay algún otro terremoto tírense al piso o váyanse a la calle”, cuenta Sofía Valentina. Otros han comenzado a canalizar todo ello a través de juegos, incluyendo los inventados donde muñecas que corren ante sismos, o escapan de escombros.
Los adultos quieren cambiarles esa imagen mental que no cesa. Adriana Martínez, maestra de educación especial y voluntaria, explica que intenta “dar esa sonrisa que ahorita a los niños les hace bastante falta”.
David Domínguez y Erick Sandoval organizan por separado grupos para atender a los más pequeños. “Estamos viniendo a hacer actividades recreativas y musicales en los refugios. Vemos mucha emotividad”, dice David. “La intención es mantener una agenda permanente e incorporar una parte formativa para mantenerlos ocupados en medio de esta situación”, subraya Erick.
Alimentación y medicina
Pero no todos son juegos. También se ha priorizado la atención de alimentación y revisiones médicas para los más pequeños, así como el apoyo psicológico. “Nos han presentado la ayuda muchos recreadores que han venido, comida, los han afeitado también, han llegado las ayudas y nos han ayudado a todos”, cuenta Elizabeth Galvis, madre de un niño menor de 10 años.
Unicef estima que unos 680.000 niños necesitan asistencia en Venezuela tras el doble terremoto de hace ocho días que ha dejado hasta ahora más de 2.200 personas muertas y 12 mil heridos.

Tras el doble terremoto, la destrucción de numerosas infraestructuras médicas plantea un desafío sin precedentes. En La Guaira el personal médico ha aprovechado edificios que aún permanecen en pie para instalar hospitales improvisados, como en un McDonald’s donde estuvo nuestra enviada especial, Melissa Barra.
En La Guaira, al norte de Caracas, la cocina y las fotografías de hamburguesas exhibidas sobre el mostrador es todo lo que los cirujanos voluntarios han conservado de un restaurante McDonald's transformado en hospital de emergencia. Las mesas, por supuesto, han sido retiradas.
Enfrentados a un desafío de dimensiones inéditas después de que numerosas infraestructuras médicas fueran destruidas por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio, los profesionales sanitarios y los veterinarios voluntarios que han ocupado el local atienden allí a desplazados y equipos de rescate.
El doctor Fernando Jaimes fue el que forzó la puerta del establecimiento de comida rápida, el cual quedó intacto tras la catástrofe. En este momento es el único lugar con aire acondicionado en varios kilómetros a la redonda. «Al entrar, enviamos un video a McDonald's para demostrar que no veníamos a saquear, sino a refugiarnos y recibir heridos. La dirección decidió entonces restablecer el suministro eléctrico. Así fue como comenzó todo», relata.
Sala de triaje, farmacia improvisada, colchones
Aunque no se realizan operaciones quirúrgicas en el local, sí se prestan allí los primeros auxilios. Se ha instalado una sala para evaluar la situación de las víctimas, una farmacia improvisada y colchones en la planta superior para acoger tanto a los pacientes como a 30 profesionales sanitarios durante la noche.
"Recibimos pacientes con enfermedades crónicas o personas que se han lesionado mientras removían escombros", cuenta la doctora Melanie Martinez, miembro del equipo.
"Ayer llegó un hombre que padecía Alzheimer y que estaba desaparecido. Su familia lo creía muerto. Logramos contactar con ellos y uno de sus familiares vino a recogerlo", añade.
Más adelante, aunque forma parte del equipo de rescate, la veterinaria Layda García lleva una vía intravenosa en el brazo. «Todos los días salimos en busca de animales de compañía. Hace muchísimo calor y no me cuidé lo suficiente... Tuvieron que hidratarme», explica para justificar su situación.

La administración Trump declinó extender el tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos (T-MEC) en su formato actual, y anunció que necesita más tiempo para resolver los diferendos con sus socios. México y Canadá esperaban, en cambio, que se mantuviera intacto. Las nuevas negociaciones se anuncian arduas. El economista Adolfo Chiri explica por qué.
Desde que nació en 2020 por iniciativa del presidente Donald Trump, el T-MEC ha permitido a Estados Unidos reducir la entrada de bienes chinos y mantener el enorme intercambio de bienes con Canadá y México. Sin embargo, la Casa Blanca rechazó prorrogar el pacto comercial hasta 2042, como pedían canadienses y mexicanos. En cambio, optó por revisar algunos aspectos del texto. El economista Adolfo Chiri, presidente de la consultora Cambridge Insight, detalla cuáles.
“Estados Unidos quiere tratar tres temas. Uno de ellos tiene que ver con las reglas de origen, porque hay muchos países, por ejemplo China, que estarían utilizando a México como plataforma para producir los automóviles que llegan a Estados Unidos con un alto componente chino. En la actualidad, el tratado establece que debe haber un 75 % de origen nacional. Lo que quisieran es elevar ese porcentaje al 100 %”, explica Chiri.
La pregunta es cuánto se podría elevar ese porcentaje para evitar que China utilice a México o Canadá como puente para seguir entrando al mercado estadounidense, agrega el economista, quien destaca otro punto.
“¿Quiénes se van a beneficiar de las empresas que hacen negocios utilizando el Tratado? Hay empresas de países con los que Estados Unidos no tiene una buena relación política, llámese China, Rusia, Irán o Corea del Norte. Esos países podrían obtener beneficios, a través de terceras empresas, gracias a los negocios que hagan México y Canadá en Estados Unidos. Un tercer punto, polémico, es el salario mínimo. Quieren establecer un salario mínimo regional, por ejemplo en la industria automotriz, para evitar que haya empresas que se trasladen de Estados Unidos a Canadá o a México porque los salarios son más bajos”.
México tratará de conservar las condiciones comerciales que le permitieron superar a China como principal exportador de bienes a Estados Unidos, observa Óscar Ocampo, del Instituto Mexicano para la Competitividad.