Noticias de América

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, suspende las elecciones en su país para evitar que la oposición llegue algún día al gobierno. Tras dos meses sin aparecer en público, Ortega, de 80 años, anunció esta prohibición en su discurso por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.
“No volverá a haber elecciones, no volverá a haber elecciones”, dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, liquidando la posibilidad de celebrar los comicios previstos para noviembre de 2027, atrasados tras la reforma constitucional que alargaba el mandato presidencial de 5 a 6 años.
En su discurso, Ortega aseveró que “los partidos puestos por los yanquis no volverán a llegar al gobierno jamás”, refiriéndose a la opocisión.
Para Salvador Marenco, opositor en el exilio y director de la organización "Nicaragua Nunca Más", esto es prueba del debilitamiento del régimen consolidado desde 2007. “El momento político realmente no le favorece, no sabríamos las razones por las cuales lo hizo, porque hay una vigilancia mayor por parte de la comunidad internacional sobre Nicaragua, pero principalmente también el régimen está cada vez más solo. Hace poco acababa de romper relaciones diplomáticas con Italia, por ejemplo, siendo el sexto o séptimo estado con quien suspende o rompe relaciones en los últimos años y cada vez se encuentra más aislado a nivel internacional”, indicó.
Durante sus dos décadas en el poder, tanto Ortega, como su mujer, Rosario Murillo, que en 2025 pasó de vicepresidenta a copresidenta, han gobernado con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense.
De hecho, Marenco señaló que “disidencia dentro del frente sobre esta medida no va a haber. Porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen cooptados todos los poderes de Estado y todas las instituciones estatales, incluso del año 2012, a partir de la crisis de abril de 2018, en donde asesinaron y han cometido múltiples crímenes de lesa humanidad. Lo que se ha venido es agravando una situación preexistente, un control total y absoluto sobre todo, aseguró”.
Dicha represión aumentó considerablemente tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU. Además, la oposición en el exilio asegura que Ortega y Murillo llevan años purgando las instituciones del Estado.
“Esta purga ya viene desde el año 2021, cuando se comienza a atacar al Poder Judicial. Se ha hecho una barrida en todas las instituciones del Estado y con las figuras históricas del frente sandinista también. Está purga o esta persecución constante busca alinear una sumisión total a Rosario Murillo porque está consciente que ella tendría que seguir a cargo de la dictadura como efectivamente ya lo está, aunque Daniel Ortega siga siendo el mito, el símbolo de esa revolución fallecida”, señaló el opositor.
Marenco anima a la oposición y la comunidad internacional a resistir, ya que para él esta suspensión de elecciones no es más que una prueba de la fragilidad actual del régimen.

La organización Amnistía Internacional reporta que al menos 470 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado entre el inicio del Régimen de Excepción, en marzo 2022, y diciembre de 2025. La mayoría de ellas, sin condena. Según la organización, más de 90 000 ciudadanos fueron arrestados de manera arbitraria, despojados del derecho a la defensa. RFI habló con familiares de personas privadas de libertad y con la diputada Claudia Ortiz, de oposición. 
Celia Pousset, desde El Salvador 
En el informe La seguridad sin derechos, publicado el 15 de julio, Amnistía Internacional explica el impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso judicial desde que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decretó el estado de excepción. Esa decisión, que comenzó el 27 de marzo de 2022, modificó el sistema de justicia instaurando prácticas que violan los derechos humanos e incompatibles con el derecho internacional.
Ana conoce de cerca las fallas en las cárceles salvadoreñas. Tiene 53 años y es vendedora de pan en San Salvador. En su barrio, fueron arrestados muchos jóvenes. Uno de ellos murió en detención electrocutado. Se llamaba Kevin. El padre de la víctima le contó que lo “sacó muerto de la cárcel” y que nadie le hizo justicia. 
“Imagínese, y yo vivo con esa preocupación por mi hijo”, comentó Ana, cuyo hijo también fue arrestado por presuntos vínculos con las pandillas y no ha recibido ningún juicio. Lleva tres años en una cárcel del norte del país.
“Ayer salió uno muerto de ahí. Ellos no lo sacan en las noticias. El noticiero está vendido con “él” porque no sacan ninguno de los muertos. Se supone que ya debe más de 500 muertos”.
Al decir “él”, Ana se refiere al presidente Nayib Bukele quien impulsó un Régimen de Excepción para combatir las pandillas. Una medida controversial que Claudia Ortiz, la diputada del partido de oposición Vamos, critica por las arbitrariedades que comete el poder judicial. 
“Ahí van mezcladas personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente con pandilleros y están en las cárceles mezclados o están sin tener acceso aún a que esos juicios puedan hacerse de forma expedita”.
Control social
Según la diputada Ortiz, el Régimen de Excepción no sólo se aplica a miembros de pandillas, sino que cumple una función de control social.
“Para regular la disidencia, para que la gente tenga temor de salir a la calle a marchar, para que la gente tenga temor de ir a defender sus derechos”, opina Claudia Ortiz.
Sin embargo, algunas mujeres levantan la voz para denunciar la desaparición de sus familiares dentro del sistema penitenciario. Al hijo de Luisa se lo llevaron hace más de dos años. “Decían que lo agarraron porque él andaba en asociaciones ilícitas. Mi hijo nunca ha andado en eso”, dijo.
Luego, en su búsqueda, al hablar con las autoridades se encontró con justificaciones ilógicas. "Lo sentimos mucho, señora, a su hijo no se le ha encontrado nada, ni en el teléfono ni nada, pero como los soldados nos lo han traído tenemos que tenerlo detenido", le explicaron.
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“Nosotros no hemos podido verles la cara a nuestros parientes. ¿Verdad? No sabemos a la hora de la comida si le dan o no le dan. No sabemos porque no hemos podido hablar nada con ellos. Porque dicen que ahí ni agua le dan en el penal de Izalco a los muchachos. Investiguen todo eso. Están matando a la gente de sed. Es un abuso completo que están haciendo. Y eso no lo permitimos nosotros como madres que nos hagan esa injusticia.”
Abusos que el informe de Amnistía Internacional describe cómo sistemáticos, y posibles «crímenes contra la humanidad».
El 14 de julio, un tribunal salvadoreño anunció el fin del juicio masivo contra más de 400 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. La sentencia aún queda en espera.

El tema del aborto vuelve a ocupar el centro de la política chilena. Una nueva propuesta de la extrema derecha en el Congreso, que pide que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar, ha reabierto el debate sobre los derechos y libertades de las mujeres.
"Escucha su corazón": así se llama el proyecto de ley que la extrema derecha chilena (seis diputados en total, cinco de extrema derecha y uno de la derecha tradicional) ha presentado recientemente en el Congreso.
Propone que las mujeres escuchen el latido fetal antes de interrumpir un embarazo, y si la mujer decide no hacerlo, el procedimiento no se realiza. Una medida inspirada en la legislación húngara y que ha generado un gran debate, tanto dentro como fuera del país.
“Desprecio enorme por las mujeres”
Desde 2017, Chile permite el aborto solo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Para algunos especialistas, la normativa ya establece un proceso altamente coercitivo para las mujeres.
“En general es un grupo político extremadamente misógino. Creo que tienen un desprecio enorme por las mujeres y además trabajan mucho desde la crueldad. Uno de los ideólogos de la derecha chilena, Jaime Guzmán, planteaba que la mujer si estaba en riesgo su vida, era lo que Dios le había recomendado”, explica Gonzalo Rubio, ginecólogo chileno.
Además, agrega, “la ley también es bastante restringida: es una ley en donde los médicos siempre tienen la última palabra. Yo entiendo que el espíritu de la ley plantea que la última palabra siempre la tiene que tener la mujer, pero es una ley que está tutelada también por los médicos”.
El especialista subraya que la realidad de quienes acceden a un aborto suele alejarse de algunos estereotipos presentes en el debate público: “Donde más se concentra el aborto por violación, es en niñas menores de 14 años. Las malformaciones incompatibles con la vida -estamos hablando de malformaciones como anencefalia, o la ausencia de riñones- o el riesgo de vida de la madre son situaciones que son particularmente complicadas. Así que finalmente estos grupos de ultra derecha lo que están tratando de hacer es bloquear, obstaculizar o ponerle problemas y e incluso generar culpa”.
Mercado negro
Gonzalo Rubio fue el primer ginecólogo en realizar un aborto en Chile. Un hecho que lo puso en la diana de los detractores. Sin embargo, él mantiene que penalizar del aborto no reducirá las interrupciones del embarazo, y así lo demuestran los datos de los abortos clandestinos.
“El mayor problema está sobre todo en que, como existe un mercado negro, el acceso no es el mejor. Además, uno no sabe lo que le están vendiendo. Lo más importante es que la criminalización del aborto no previene los abortos, sino que los hace más inseguros”, concluye.
Mientras el Congreso chileno vuelve a debatir sobre los límites de la ley, el aborto continúa siendo una discusión que enfrenta posturas políticas, éticas y médicas en Chile, con el foco puesto especialmente en los derechos y las libertades de las mujeres.

Catalina Giraldo fue la primera mujer en Colombia que solicitó la muerte asistida por razones de salud mental. Murió hace meses mediante eutanasia, pero su caso ha llegado ahora a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse una vez más sobre el derecho a decidir cómo morir en Colombia.
La muerte de Catalina Giraldo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles en Colombia: el derecho a decidir cómo morir. La joven llevaba años conviviendo con graves trastornos de salud mental y había solicitado acceder al suicidio asistido. Sin embargo, la lentitud de las administraciones le obligó a someterse a la  eutanasia.
El director del Laboratorio DescLab y apoderado judicial de Giraldo, Lucas Correa, explicó que en Colombia, como la eutanasia ya está plenamente reglamentada, esto facilitaría  la reglmentación de la asistencia médica del suicidio. Uno de los puntos que la justicia colombiana deberá determinar es si la falta de reglamentación vulneró el derecho de Giraldo de morir dignamente. 
"El problema está en las barreras de los hospitales y las clínicas. Institucionalmente se oponen. Lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional, a pesar de que ella (Catalina Giraldo) ya no esté con nosotros, conozca su caso. Que la Corte resuelva las barreras estructurales que le impidieron acceder a este mecanismo”, dijo.  
Garantías
Catalina fue un precedente en Colombia, y tras su muerte dejó una importante tarea al alto Tribunal: aclarar cómo debe garantizarse este derecho y evitar que otras personas tengan que atravesar su mismo recorrido judicial. 
En Colombia, “el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental”, recordó Correa puntualizando que la Corte Constitucional colombiana lo reconoció desde hace más de 30 años. Aunque en ese periódo de tiempo han existido alternancias de gobierno de derecha a izquierda, no se “ha hecho nada por el derecho a morir dignamente”. Fueron los jueces quienes en 1993 crearon este derecho y han recibido casos de “personas que han intentado tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”.
Colombia es uno de los pocos países donde el derecho a morir dignamente se ha desarrollado a través de decisiones judiciales y no mediante debates políticos, pero también es de los pocos lugares donde este derecho no genera divisiones entre la población. 
“Según cifras recientes de firmas encuestadoras la aprobación de la muerte digna y de la eutanasia supera el 70%, y en las ciudades capitales supera el 75%". 
Para el abogado, esas cifras dejan al descubierto la idea que compartiría la mayoría de los colombianos sobre el fin de la vida. "La muerte nos toca a todos y probablemente nadie quiere verse obligado a vivir una vida que no quiere vivir”, concluyó.

Tras la muerte de 17 migrantes mexicanos a manos del ICE, el gobierno de Sheinbaum anuncia que iniciará acciones penales contra la administración de Trump, pero ¿esto puede tener algún efecto en la legislación de Estados Unidos? En Noticias de América tratamos de dar respuesta a esta pregunta. 
El asesinato de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano de 52 años a manos del ICE, fue la gota que colmó el vaso en una lista que sumaba 16 mexicanos más muertos por el Servicio de Control Migratorio estadounidense. Estos casos han escalado la tensión entre México y Estados Unidos y el gobierno de Claudia Sheinbaum pasó de solicitar investigaciones y de enviar notas diplomáticas a emprender acciones penales contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
"La Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos", confirmaba Sheinbaum.
¿Pero qué supone este paso hacia adelante del gobierno mexicano? El jurista especializado en migración César García Hernández nos da más detalles: "Las leyes en Estados Unidos son muy claras y dicen que solamente un fiscal público puede iniciar el proceso penal. Entonces, no puede ser ni la víctima, ni los parientes de una víctima, ni menos un gobierno extranjero quienes puedan iniciar el proceso jurídico. El gobierno mexicano puede brindarle apoyo a las víctimas o a los familiares de las víctimas, pero no puede iniciar ese proceso penal".
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Aunque Sheinbaum ha asegurado que esto no interferirá en las relaciones con Estados Unidos, en paralelo ha solicitado la intervención del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU.
Pero lamentablemente no hay ninguna ley que proteja a los migrantes de las balas, según César García Hernández: "El mexicano tiene una larga tradición de involucrar a los organismos internacionales, incluso a la ONU, en procedimientos jurídicos. Pero, al contrario, en Estados Unidos las cortes judiciales no toman en cuenta"
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"Desafortunadamente, ninguna ley puede prevenir que una bala nos pegue. Entonces, cuando nos enfrentamos con policías o con oficiales de inmigración que están en una postura agresiva, listos para sacar su pistola y balacear a alguna persona con quien se encuentren, desafortunadamente, no importa cuáles sean las leyes. Las leyes no nos pueden sanar, las leyes no nos pueden proteger", concluye César García Hernández. 
Abelardo, Jesús, Lorenzo, Oscar, Ismael, Leo, algunos llevaban décadas en Estados Unidos, donde construyeron una vida, trabajaron, formaron familias y comunidades, las mismas que ahora buscan respuestas.