Noticias de América

El viernes se cumplieron en El Salvador cuatro años del estado de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir su llamada guerra contra las pandillas. En esta ocasión, la ONG Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre una sistemática muerte de presos, muchos de ellos inocentes.
 
Al menos 500 presos fallecidos es la alertadora cifra que denuncia la ONG Socorro Jurídico Humanitario en los cuatro años que lleva el estado de excepción del presidente salvadoreño Nayib Bukele en su llamada guerra para combatir las pandillas que tenían azotado al país.  Antonio Palacios, miembro fundador de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, denuncia además que, de esos fallecidos, sólo el 6% tendrían algún vínculo con pandillas.  
“El otro 94% son personas que murieron siendo inocentes y que fueron capturadas de forma arbitraria, que no tuvieron en la mayoría de ellas la oportunidad de haber sido oídos en segunda audiencia”, asegura Palacios. “Gran parte de las personas que han fallecido son adultos mayores: jornaleros, agricultores, amas de casa. Las causas de muerte son diversas. La mayoría de los decesos son por muerte violenta. Otro porcentaje también es por falta de atención médica o de tratamiento médico”, subraya.  
El Gobierno de Bukele ha rechazado contundentemente estas afirmaciones y se ha negado a sentarse a dialogar, cuenta la ONG. “Hemos presentado más de 142 casos en sede de Procuraduría y denunciado ante la Fiscalía, y de todo el universo de los casos que hemos presentado, el 100% se ha declarado archivado, es decir, no se ha promovido una investigación oficiosa ni mucho menos a través de las denuncias que los familiares han presentado para poder investigar las causas de estas muertes. Es decir, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría ni el sistema de Justicia actualmente reconocen que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, como nosotros lo hemos detallado en nuestro informe y obviamente pues no se están investigando. Entonces, en ese sentido hay que decir que la postura del Gobierno es de una negación rotunda”.  
Palacios lamenta que en estos casos a las familias sólo les ha quedado resignarse.  
“Sabemos perfectamente de que no se va a promover una investigación. Entonces, lo único que les queda a las familias por hacer es, si es que tienen la oportunidad, enterrar a sus familiares, porque hay que decir también de que no todos tienen la oportunidad por el hecho de que muchas veces cuando las personas fallecen, los familiares se dan cuenta hasta meses después. Puedo mencionar un caso puntual, el del señor Rafael López Castellón, quien falleció y su familia se enteró hasta dos meses después, cuando ya había sido enterrado en fosa común. Y hay casos también en los que las familias ya no tienen la oportunidad de recuperar los cuerpos porque se desconoce la fosa común en la que han sido enterrados”, agrega Palacios.  
Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según oenegés ha derivado en diversas violaciones a derechos humanos.

El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba está agravando la crisis en la isla, crisis que afecta la vida cotidiana de los cubanos de manera múltiple, ya sea para la alimentación, como para la salud o los transportes.
Desde hace unos años se habla de la crisis cubana, una crisis económica exacerbada por la falta de energía debido a infraestructuras obsoletas y carentes de mantenimiento.
Pero el petróleo venezolano parecía dar un respiro. Según Reuters, el régimen de Nicolás Maduro envió a Cuba casi 30.000 barriles diarios de petróleo solo en 2025. Un grifo que Donald Trump cerró tras su intervención en Venezuela y posteriormente el bloqueo petrolero a Cuba.
“El 80% de la producción agrícola necesita combustible”
En la isla se ven más fotos con calles oscuras, vehículos parados y carencia de servicios. Hay todo un sinfín de afectaciones a la vida cotidiana: “La falta de combustible tiene un impacto, por ejemplo, muy concreto en la salud. Los hospitales no tienen electricidad. En cuanto a la parte de seguridad alimentaria, más o menos el 80% de la producción agrícola necesita combustible para funcionar, para sembrar, trabajar la tierra, los sistemas de riego, todo eso necesita o energía eléctrica o combustible directamente. Y después tienen todo el tema de transporte de los bienes y en particular los bienes alimentarios, pero no solamente eso, que sin combustible no circulan de forma normal en el país. Es decir, por ejemplo, un lugar produce alimentos, pero los alimentos no se pueden mover hacia los mercados”, nos explica Étienne Labande, coordinador residente interino de Naciones Unidas en Cuba.
Naciones Unidas conversa con Washington para poner en obra un plan de acción en respuesta a la contingencia energética, y permitir la importación de combustible destinada a servicios humanitarios muy necesarios para la isla.
“Sin combustible la operación está en pausa”
“Es decir, que hablamos de un volumen de entre cuatro y cinco millones de litros de diésel, hasta el fin del año, porque este es el plazo del plan de acción para sostener la respuesta. Sin el combustible no podemos hacer nada. Es decir que la clave de toda la respuesta ahora depende de la disponibilidad de combustible. Entonces, si logramos importar combustible y utilizar combustible para la respuesta, podemos llegar a la población. Sin este combustible, la operación está en pausa o por lo menos muy lenta y muy compleja”, subraya Labande.
Una de las problemáticas más preocupantes es el colapso del sistema de salud, alertó la OMS esta semana. Los hospitales cubanos han tenido dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos, postergando cirugías y atención a mujeres embarazadas.

Además del petróleo y el gas, otro rubro que ha sido fuertemente impactado por la guerra en Oriente Medio es el de los fertilizantes, cuyo coste se dispara y amenaza con provocar una fuerte subida en el precio de los alimentos. Brasil es uno de los países afectados.
La guerra en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde también circula un tercio de los fertilizantes para la producción mundial de alimentos, tendrían un efecto devastador en la economía global, especialmente en Asia y Europa, han alertado algunos analistas.
Sus efectos podrían ser similares a los ocurridos durante la pandemia del Covid-19 y en América Latina, algunos países ya lo están sintiendo, como en el caso de Brasil, país que importa más del 80% de los fertilizantes que utiliza, según un informe de la Confederación Nacional de la Industria.
La urea, por ejemplo, clave para el maíz, ha registrado incrementos de más del 50% en lo que va del año. “Los exportadores para Brasil son Omán, el propio Irán. Pero el estrecho es un cuarto de la exportación de fertilizantes del mundo. Son 40% de urea para Brasil que pasan por el estrecho. Brasil es el primero con 45 millones de toneladas, Argentina, el segundo con seis millones, creo que México es el tercero con dos millones, y Colombia con casi dos”, explica a RFI Maciel Silva, director técnico adjunto de la Confederación de Agricultura de Brasil.
China también limita las exportaciones
Debido a su dependencia de importaciones de fertilizantes, el gigante suramericano ha buscado otras opciones, pero estas también se están viendo truncadas: “En los últimos dos o tres años aumentamos la importación de Nigeria, por ejemplo, para los fertilizantes nitrogenados. Al mismo tiempo ampliamos las importaciones de China. Pero es un país que por las próximas dos o tres semanas necesitamos monitorear cómo están las exportaciones. Las últimas informaciones son que China también ha limitado las exportaciones de fertilizante para los otros países”, detalla Silva.
En efecto, China se ha consolidado como el segundo exportador mundial de fertilizantes nitrogenados, con una participación del 9.6% del mercado global según el Observatorio de Complejidad Económica, pero su decisión de suspender las exportaciones de este rubro por la guerra en Irán, hace temer un sacudón inflacionario en clientes como Brasil.

La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, a pesar del proceso de amnistía actual, calificado por algunas ONGes de "insuficiente y excluyente". Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, cuestiona en esta entrevista con RFI el hecho de que el gobierno venezolano no reconozca la existencia de presos políticos.
La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, de los cuales 44 son extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Según el balance hay 452 hombres y 51 mujeres; 315 civiles y 188 militares.
Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, de acuerdo con la misma organización, han sido excarcelados también al menos 673 presos políticos, con liberaciones iniciadas el 8 de enero. Esta cifra incluye liberaciones verificadas tanto antes como después de la aprobación de la ley de amnistía en febrero, con al menos 166 directamente atribuibles a esta normativa, y abarca civiles, militares y personas de nacionalidad extranjera (como colombianos, chilenos y españoles, entre otros). 
Mientras continúa el proceso de amnistía en Venezuela, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, diversas ONG denuncian que cientos de personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, ya que esta ley no se aplica de forma automática.
El caso de Javier Tarazona, director de FundaREDES —una ONG que denuncia violaciones de derechos humanos en zonas fronterizas— ilustra esta situación. Tarazona fue detenido en 2021 junto a su hermano, Rafael Tarazona, y el abogado Omar de Dios García, acusados de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Los tres obtuvieron libertad condicional en febrero de 2026, tras más de cuatro años en prisión, pero su proceso judicial continúa abierto con medidas cautelares, como presentaciones periódicas.
Tarazona denunció la víspera que un tribunal de Caracas rechazó su solicitud de amnistía —es decir, el sobreseimiento total del caso— al considerar que los cargos no están cubiertos por la ley aprobada en febrero por el Parlamento.
Una decisión que no sorprende a Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, entrevistado por RFI.
"Lamentablemente, los tribunales, de forma discrecional, niegan u otorgan la amnistía sin justificar específicamente por qué. Eso ha caracterizado las decisiones habituales. No existe una motivación concreta. Incluso ha habido casos que, a pesar de poder beneficiarse de la amnistía, no la otorgan; y otros en los que la persona no está claramente incluida, pero sí se le concede. Esa ha sido la fórmula que han utilizado", explica Romero.
El gobierno venezolano no reconoce "presos políticos"
Para el jurista, la ley es "excluyente" y el problema de fondo es que el Gobierno "no reconoce la existencia de presos políticos", lo cual representa, para él, un obstáculo mayor. 
"Hasta que no haya un reconocimiento de los presos políticos y una voluntad real de cambio y de desmantelamiento del sistema represivo, aunque se llame 'amnistía', no se va a lograr la liberación de todos ellos. Foro Penal verifica y registra presos políticos, pero el Gobierno dice que no existen. Por eso nos preguntamos qué criterio usan para liberar personas si no son presos políticos", apunta.
Romero considera que la norma presenta obstáculos estructurales.
"Es importante notar que esta amnistía no está pensada para la víctima. No fue hecha ni redactada para beneficiarla. El propio gobierno ha establecido que las personas a las que se les otorga han estado vinculadas a supuestos delitos y que la amnistía constituye una especie de olvido, pero sin excluir la idea de que esas personas habrían cometido delitos. Eso quiere decir que el problema sigue", afirma.
Otras ONG, como Justicia, Encuentro y Perdón, califican la amnistía como un "espejismo jurídico que busca legitimidad internacional para el Gobierno, lejos de una justicia y reparación reales".

El 21 de noviembre de 1977, 20 meses después del Golpe de Estado, 17 mujeres ataviadas con un pañuelo blanco en la cabeza se reúnen por primera vez en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para denunciar la desaparición de sus hijos y buscar a sus nietos y nietas. Así nacía la asociación "Abuelas de la Plaza de Mayo", símbolo de lucha y resistencia de la dictadura que este martes cumple su 50 aniversario.
Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos: en principio bebés y niños/as y, luego, jóvenes y adultos. Además, han impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad.
"Es un aniversario muy importante para nosotros", dice Claudia Poblete, una de las nietas recuperadas y miembro de la directiva de dicha asociación. "Argentina lleva muchos años consiguiendo muchos logros en materia de políticas de memoria, verdad y justicia. Sobre todo, de justicia. Se ha logrado juzgar y condenar a muchísimos represores por lo sucedido durante la dictadura. Sin embargo, estamos viviendo un momento complejo. Es la primera vez que tenemos un gobierno nacional que sostiene discursos negacionistas respecto a lo que sucedió durante la dictadura. Ese gobierno lleva dos años desmantelando muchas de las políticas que fueron un orgullo para la Argentina durante tanto tiempo y un ejemplo para el resto del mundo".
"Si dudas de tu identidad..." 
Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a una multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos. En principio, bebés y niños, niñas y luego jóvenes y adultos. Se han utilizado, entre otros, anuncios en medios que dicen: "Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 43840983 o ingresa en abuelas punto org punto ar". Además, la organización ha impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad.
La estrategia ha cambiado con mucha creatividad 
"La estrategia de las Abuelas ha cambiado con el tiempo con mucha creatividad. Al principio pidiendo información a la sociedad civil, después apelando a los mismos nietos o nietas, haciéndonos la pregunta a cada uno de los que nacimos durante el periodo de la dictadura, de si sabemos quiénes somos. Y hoy por hoy la hacemos no solo a los posibles nietos o nietas, sino también a sus hijos e hijas, que ya en muchos casos son adolescentes, porque ha pasado el tiempo y también a ellos los afecta esa violación al derecho a la identidad", sostiene. 
De los 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina se han recuperado restos o se ha hallado registro de fallecido de 1.652, mientras que las Abuelas han encontrado a 140 nietos de los más de 400 robados.