Noticias de América

La organización Amnistía Internacional reporta que al menos 470 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado entre el inicio del Régimen de Excepción, en marzo 2022, y diciembre de 2025. La mayoría de ellas, sin condena. Según la organización, más de 90 000 ciudadanos fueron arrestados de manera arbitraria, despojados del derecho a la defensa. RFI habló con familiares de personas privadas de libertad y con la diputada Claudia Ortiz, de oposición. 
Celia Pousset, desde El Salvador 
En el informe La seguridad sin derechos, publicado el 15 de julio, Amnistía Internacional explica el impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso judicial desde que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decretó el estado de excepción. Esa decisión, que comenzó el 27 de marzo de 2022, modificó el sistema de justicia instaurando prácticas que violan los derechos humanos e incompatibles con el derecho internacional.
Ana conoce de cerca las fallas en las cárceles salvadoreñas. Tiene 53 años y es vendedora de pan en San Salvador. En su barrio, fueron arrestados muchos jóvenes. Uno de ellos murió en detención electrocutado. Se llamaba Kevin. El padre de la víctima le contó que lo “sacó muerto de la cárcel” y que nadie le hizo justicia. 
“Imagínese, y yo vivo con esa preocupación por mi hijo”, comentó Ana, cuyo hijo también fue arrestado por presuntos vínculos con las pandillas y no ha recibido ningún juicio. Lleva tres años en una cárcel del norte del país.
“Ayer salió uno muerto de ahí. Ellos no lo sacan en las noticias. El noticiero está vendido con “él” porque no sacan ninguno de los muertos. Se supone que ya debe más de 500 muertos”.
Al decir “él”, Ana se refiere al presidente Nayib Bukele quien impulsó un Régimen de Excepción para combatir las pandillas. Una medida controversial que Claudia Ortiz, la diputada del partido de oposición Vamos, critica por las arbitrariedades que comete el poder judicial. 
“Ahí van mezcladas personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente con pandilleros y están en las cárceles mezclados o están sin tener acceso aún a que esos juicios puedan hacerse de forma expedita”.
Control social
Según la diputada Ortiz, el Régimen de Excepción no sólo se aplica a miembros de pandillas, sino que cumple una función de control social.
“Para regular la disidencia, para que la gente tenga temor de salir a la calle a marchar, para que la gente tenga temor de ir a defender sus derechos”, opina Claudia Ortiz.
Sin embargo, algunas mujeres levantan la voz para denunciar la desaparición de sus familiares dentro del sistema penitenciario. Al hijo de Luisa se lo llevaron hace más de dos años. “Decían que lo agarraron porque él andaba en asociaciones ilícitas. Mi hijo nunca ha andado en eso”, dijo.
Luego, en su búsqueda, al hablar con las autoridades se encontró con justificaciones ilógicas. "Lo sentimos mucho, señora, a su hijo no se le ha encontrado nada, ni en el teléfono ni nada, pero como los soldados nos lo han traído tenemos que tenerlo detenido", le explicaron.
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“Nosotros no hemos podido verles la cara a nuestros parientes. ¿Verdad? No sabemos a la hora de la comida si le dan o no le dan. No sabemos porque no hemos podido hablar nada con ellos. Porque dicen que ahí ni agua le dan en el penal de Izalco a los muchachos. Investiguen todo eso. Están matando a la gente de sed. Es un abuso completo que están haciendo. Y eso no lo permitimos nosotros como madres que nos hagan esa injusticia.”
Abusos que el informe de Amnistía Internacional describe cómo sistemáticos, y posibles «crímenes contra la humanidad».
El 14 de julio, un tribunal salvadoreño anunció el fin del juicio masivo contra más de 400 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. La sentencia aún queda en espera.

El tema del aborto vuelve a ocupar el centro de la política chilena. Una nueva propuesta de la extrema derecha en el Congreso, que pide que las mujeres escuchen el latido del feto antes de abortar, ha reabierto el debate sobre los derechos y libertades de las mujeres.
"Escucha su corazón": así se llama el proyecto de ley que la extrema derecha chilena (seis diputados en total, cinco de extrema derecha y uno de la derecha tradicional) ha presentado recientemente en el Congreso.
Propone que las mujeres escuchen el latido fetal antes de interrumpir un embarazo, y si la mujer decide no hacerlo, el procedimiento no se realiza. Una medida inspirada en la legislación húngara y que ha generado un gran debate, tanto dentro como fuera del país.
“Desprecio enorme por las mujeres”
Desde 2017, Chile permite el aborto solo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo por violación. Para algunos especialistas, la normativa ya establece un proceso altamente coercitivo para las mujeres.
“En general es un grupo político extremadamente misógino. Creo que tienen un desprecio enorme por las mujeres y además trabajan mucho desde la crueldad. Uno de los ideólogos de la derecha chilena, Jaime Guzmán, planteaba que la mujer si estaba en riesgo su vida, era lo que Dios le había recomendado”, explica Gonzalo Rubio, ginecólogo chileno.
Además, agrega, “la ley también es bastante restringida: es una ley en donde los médicos siempre tienen la última palabra. Yo entiendo que el espíritu de la ley plantea que la última palabra siempre la tiene que tener la mujer, pero es una ley que está tutelada también por los médicos”.
El especialista subraya que la realidad de quienes acceden a un aborto suele alejarse de algunos estereotipos presentes en el debate público: “Donde más se concentra el aborto por violación, es en niñas menores de 14 años. Las malformaciones incompatibles con la vida -estamos hablando de malformaciones como anencefalia, o la ausencia de riñones- o el riesgo de vida de la madre son situaciones que son particularmente complicadas. Así que finalmente estos grupos de ultra derecha lo que están tratando de hacer es bloquear, obstaculizar o ponerle problemas y e incluso generar culpa”.
Mercado negro
Gonzalo Rubio fue el primer ginecólogo en realizar un aborto en Chile. Un hecho que lo puso en la diana de los detractores. Sin embargo, él mantiene que penalizar del aborto no reducirá las interrupciones del embarazo, y así lo demuestran los datos de los abortos clandestinos.
“El mayor problema está sobre todo en que, como existe un mercado negro, el acceso no es el mejor. Además, uno no sabe lo que le están vendiendo. Lo más importante es que la criminalización del aborto no previene los abortos, sino que los hace más inseguros”, concluye.
Mientras el Congreso chileno vuelve a debatir sobre los límites de la ley, el aborto continúa siendo una discusión que enfrenta posturas políticas, éticas y médicas en Chile, con el foco puesto especialmente en los derechos y las libertades de las mujeres.

Catalina Giraldo fue la primera mujer en Colombia que solicitó la muerte asistida por razones de salud mental. Murió hace meses mediante eutanasia, pero su caso ha llegado ahora a la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse una vez más sobre el derecho a decidir cómo morir en Colombia.
La muerte de Catalina Giraldo ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los debates más sensibles en Colombia: el derecho a decidir cómo morir. La joven llevaba años conviviendo con graves trastornos de salud mental y había solicitado acceder al suicidio asistido. Sin embargo, la lentitud de las administraciones le obligó a someterse a la  eutanasia.
El director del Laboratorio DescLab y apoderado judicial de Giraldo, Lucas Correa, explicó que en Colombia, como la eutanasia ya está plenamente reglamentada, esto facilitaría  la reglmentación de la asistencia médica del suicidio. Uno de los puntos que la justicia colombiana deberá determinar es si la falta de reglamentación vulneró el derecho de Giraldo de morir dignamente. 
"El problema está en las barreras de los hospitales y las clínicas. Institucionalmente se oponen. Lo que nosotros esperamos es que la Corte Constitucional, a pesar de que ella (Catalina Giraldo) ya no esté con nosotros, conozca su caso. Que la Corte resuelva las barreras estructurales que le impidieron acceder a este mecanismo”, dijo.  
Garantías
Catalina fue un precedente en Colombia, y tras su muerte dejó una importante tarea al alto Tribunal: aclarar cómo debe garantizarse este derecho y evitar que otras personas tengan que atravesar su mismo recorrido judicial. 
En Colombia, “el derecho a morir dignamente es un derecho fundamental”, recordó Correa puntualizando que la Corte Constitucional colombiana lo reconoció desde hace más de 30 años. Aunque en ese periódo de tiempo han existido alternancias de gobierno de derecha a izquierda, no se “ha hecho nada por el derecho a morir dignamente”. Fueron los jueces quienes en 1993 crearon este derecho y han recibido casos de “personas que han intentado tomar decisiones autónomas sobre el fin de sus vidas”.
Colombia es uno de los pocos países donde el derecho a morir dignamente se ha desarrollado a través de decisiones judiciales y no mediante debates políticos, pero también es de los pocos lugares donde este derecho no genera divisiones entre la población. 
“Según cifras recientes de firmas encuestadoras la aprobación de la muerte digna y de la eutanasia supera el 70%, y en las ciudades capitales supera el 75%". 
Para el abogado, esas cifras dejan al descubierto la idea que compartiría la mayoría de los colombianos sobre el fin de la vida. "La muerte nos toca a todos y probablemente nadie quiere verse obligado a vivir una vida que no quiere vivir”, concluyó.

Tras la muerte de 17 migrantes mexicanos a manos del ICE, el gobierno de Sheinbaum anuncia que iniciará acciones penales contra la administración de Trump, pero ¿esto puede tener algún efecto en la legislación de Estados Unidos? En Noticias de América tratamos de dar respuesta a esta pregunta. 
El asesinato de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano de 52 años a manos del ICE, fue la gota que colmó el vaso en una lista que sumaba 16 mexicanos más muertos por el Servicio de Control Migratorio estadounidense. Estos casos han escalado la tensión entre México y Estados Unidos y el gobierno de Claudia Sheinbaum pasó de solicitar investigaciones y de enviar notas diplomáticas a emprender acciones penales contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
"La Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos", confirmaba Sheinbaum.
¿Pero qué supone este paso hacia adelante del gobierno mexicano? El jurista especializado en migración César García Hernández nos da más detalles: "Las leyes en Estados Unidos son muy claras y dicen que solamente un fiscal público puede iniciar el proceso penal. Entonces, no puede ser ni la víctima, ni los parientes de una víctima, ni menos un gobierno extranjero quienes puedan iniciar el proceso jurídico. El gobierno mexicano puede brindarle apoyo a las víctimas o a los familiares de las víctimas, pero no puede iniciar ese proceso penal".
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Aunque Sheinbaum ha asegurado que esto no interferirá en las relaciones con Estados Unidos, en paralelo ha solicitado la intervención del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU.
Pero lamentablemente no hay ninguna ley que proteja a los migrantes de las balas, según César García Hernández: "El mexicano tiene una larga tradición de involucrar a los organismos internacionales, incluso a la ONU, en procedimientos jurídicos. Pero, al contrario, en Estados Unidos las cortes judiciales no toman en cuenta"
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"Desafortunadamente, ninguna ley puede prevenir que una bala nos pegue. Entonces, cuando nos enfrentamos con policías o con oficiales de inmigración que están en una postura agresiva, listos para sacar su pistola y balacear a alguna persona con quien se encuentren, desafortunadamente, no importa cuáles sean las leyes. Las leyes no nos pueden sanar, las leyes no nos pueden proteger", concluye César García Hernández. 
Abelardo, Jesús, Lorenzo, Oscar, Ismael, Leo, algunos llevaban décadas en Estados Unidos, donde construyeron una vida, trabajaron, formaron familias y comunidades, las mismas que ahora buscan respuestas.

Al menos dos soldados murieron y cinco más resultaron heridos durante una operación del Ejército colombiano que permitió la liberación de 39 personas secuestradas por la guerrilla del ELN. A tres semanas de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el episodio vuelve a poner en evidencia la capacidad de control territorial de los grupos armados y añade presión a la transición política. Entrevista con Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación.
Guerrilleros del ELN secuestraron a 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera de una zona rural del departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia. Se trata de una región donde esta organización mantiene una fuerte presencia y obtiene financiación a través del narcotráfico y la minería ilegal. El hecho vuelve a situar la violencia en el centro de la transición política entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
La operación militar que permitió la liberación de los secuestrados dejó al menos dos soldados muertos y cinco heridos. Para Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, el episodio refleja la capacidad de control territorial que mantiene el ELN en varias regiones del país.
"El ELN tiene presencia territorial en 156 municipios de Colombia", explica Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. "Desde nuestra Fundación identificamos que el secuestro de 39 personas en el departamento de Chocó se dio en el marco de prácticas de control social y territorial por parte de ese grupo armado. El departamento de Chocó vive desde hace cuatro o cinco años un escenario de disputa armada entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia", agrega. 
"El ELN no tiene ningún proceso de negociación activo en el marco de la Paz Total. Este proceso se suspendió luego de las confrontaciones que adelantó el ELN contra el Estado Mayor de los bloques y frentes presentes en el departamento de Norte de Santander, que derivaron en una crisis humanitaria que se ha extendido por más de un año", dice Daza.
El Ejército de Liberación Nacional es hoy la principal guerrilla activa de Colombia. A diferencia de las antiguas FARC, funciona bajo una estructura regional sólida y, pese a los esfuerzos diplomáticos por alcanzar la paz, este episodio añade tensión a la compleja transición política que vive el país.
"Los retos asociados a la seguridad están en función del panorama actual de presencia de grupos armados organizados y de su proliferación en los últimos años. A esto se suma la tecnificación de la guerra. Recientemente, durante el último año, los grupos armados han comenzado a utilizar drones cargados con explosivos", dice. 
"Otro de los retos está relacionado con las recientes declaraciones del presidente electo, asociadas a que no va a continuar con el ecosistema de paz que se consolidó tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El Estado siempre ha sido más reactivo que preventivo. Por ahí puede ir una de las soluciones para evitar, justamente, que se presenten hechos como este".
Con el aumento de los ataques y su impacto directo sobre la población civil, el ELN vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones del próximo gobierno colombiano.