Noticias de América

Este viernes, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio instó a todos los elementos de la oposición venezolana que se unan a las negociaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez. El próximo miércoles habrá una nueva ronda de la mesa negociadora con la oposición, a la que de momento no se han unido María Corina Machado ni Edmundo González. Como casi toda la actividad gubernamental venezolana, estas negociaciones tienen lugar bajo la tutela de Washington.
El llamado de Marco Rubio para que toda la oposición apoye este proceso de negociación refleja el cambio de postura de Washington, desde que se convirtiese en socio a la fuerza de Caracas tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
Al principio, la administración Trump insistía en Delcy Rodríguez como única interlocutora, pero ahora ha incluido a la oposición, liderada en estas negociaciones por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional. María Corina Machado, líder del principal partido opositor, de momento no participa.
“Hay un proceso tutelado de reconstrucción del país”
Washington supervisa casi todo lo que hace el Gobierno y se ha metido de lleno en estas negociaciones, cuyo próximo capitulo tendrá lugar el miércoles. Esta suerte de tutela de Estados Unidos, pese a no ser ideal, permite, según el analista político Víctor Maldonado, que el proceso sigua avanzando y no termine en nada, como ocurrió con el acuerdo de Barbados y las negociaciones en Oslo.
“Hablar de legitimidad y legalidad, ya no se puede hablar desde el punto de vista de un país normal, sino de un país que ha sufrido en primer lugar 30 años de tiranía, y por otro lado, por supuesto, una intervención militar de Estados Unidos y un condicionamiento a partir de ese momento, de lo que había que hacer y no había que hacer. La realidad es que hay un proceso tutelado de reconstrucción del país”, explica.
“¿Qué tenemos aquí? Una hoja de ruta que no está siendo boicoteada por nadie, porque la tutela es un referente de fuerza. Ese proceso de tutela ha significado mejoras que nunca nos imaginamos antes del 3 de enero: la libertad de los presos políticos, el tema del tomarse en serio la industria petrolera para que puedan ingresar recursos, ya los recursos que llegan no se los roban”, prosigue el analista.
Ausencia de María Corina Machado
Víctor Maldonado lamenta que Machado no participe. No piensa de manera similar Luis Carlos Díaz, expreso político, periodista y activista venezolano, residente en España, quien coincide en que la tutela estadounidense impide incumplimientos del Gobierno, pero considera que las negociaciones pueden avanzar sin María Corina Machado.
“Aunque pareciera desde afuera que la oposición venezolana está dispersa, piensen que es la oposición democrática de un país, y al ser democrática es diversa, porque esto es una manera de darle apoyo a la mesa de negociación entre las dos asambleas nacionales, de darle apoyo a Dinorah Figuera sin que ella esté compitiendo por liderazgo, porque al final es como una servidora pública. Tiene que haber una gente que no sea María Corina Machado llevando adelante lo institucional. No tendría sentido que la líder democrática del país sea además la que reforme el Consejo Nacional Electoral, que va a ser las elecciones donde ella va a participar”, subraya.
La negociación de este miércoles versará sobre la elección de la Corte Suprema y en las garantías necesarias para individuos y partidos para unas elecciones creíbles.

Expreso deja de circular este 9 de octubre a causa de una complicada situación económica de la que responsabiliza al Gobierno del presidente Daniel Noboa por haber lanzado una campaña de acoso en su contra. La empresa editora de este medio crítico del gobierno limitará de ahora en adelante sus operaciones al ámbito digital. Entrevista con Alfonso Albán, editor general de Expreso, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. 
Según los responsables del diario, el Ejecutivo ha retirado su publicidad y presionado a otros anunciantes privados para que hagan lo mismo con el fin de ahogarlos financieramente. También ha intervenido el medio en aspectos administrativos. Con el paso a una publicación exclusivamente digital, gran parte de la plantilla será despedida y no se descarta una venta.
Alfonso Albán, editor general del medio, nos explicó que se sentía "satisfecho por el trabajo que hemos venido haciendo. Pero también estoy preocupado porque no sabemos qué va a pasar".
Expreso denuncia que el Ejecutivo de Daniel Noboa trató de apoderarse de un importante paquete accionarial aduciendo irregularidades. Además, ha retirado toda su publicidad institucional y presionado a otros anunciantes para que abandonen el diario, que estima haber perdido un 70% de los anunciantes desde entonces. Todo ello, denuncian, por contar en sus páginas con voces críticas, como las de los periodistas Roberto Aguilar y Martín Pallares, así como por publicar algunas investigaciones sobre corrupción.
"Todo esto empezó en septiembre del año pasado. Nosotros, en agosto, habíamos publicado una gran investigación sobre negociados en el Seguro Social. Contamos cómo el dinero del Seguro Social había creado grandes fortunas de médicos particulares, ya que el Seguro Social no se abastece y tiene que derivar sus servicios a terceros. No es mera coincidencia que, justamente, publiquemos esto en agosto y resulte que en septiembre empieza todo este embate con mucha fuerza del gobierno en contra de Expreso", explica Albán.
El editor general del diario Expreso defiende la independencia del medio, sin importar el color del gobierno.
"Expreso fue muy crítico con el gobierno del expresidente Rafael Correa. Por eso el diario recibió duros cuestionamientos por parte del presidente Correa. Ahora tenemos un gobierno claramente de derecha que ha tomado una posición de cuestionamiento muy radical en contra de este medio de comunicación", agrega Albán.
La práctica de ahogar medios críticos atacando sus finanzas y así provocar un cambio de dueño o de línea editorial, como a todas luces parece ser el caso de Expreso, no es algo nuevo. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ONG que defiende la libertad de prensa y expresión en Ecuador, lo explica:
"Tenemos por lo menos seis casos de este tipo de transferencia de medios de comunicación a grupos empresariales. No tienen ningún ejercicio de transparencia. No sabemos quiénes son los propietarios finales de estos medios de comunicación ni tampoco de dónde proviene el dinero. Pero lo que sí podemos afirmar con rotunda certeza es que los medios de comunicación comprados de esta forma dan un giro de 180 grados en su línea editorial y se convierten, de repente, en medios de comunicación totalmente oficialistas", concluye.
El próximo 13 de octubre, la editora de Expreso realizará una junta de accionistas para aprobar la venta de inmuebles y propiedades con la que pagar las liquidaciones de los trabajadores. Algunas fuentes creen que el medio también podría ser vendido.

El gobierno uruguayo ha decidido cambiar su enfoque sobre los médicos enviados por Cuba en medio de acusaciones a La Habana de utilizarlos como herramienta diplomática y explotarlos para obtener ingresos. Montevideo cambió el convenio para pagarles directamente y no enviar el dinero a las autoridades cubanas. Entrevista de Carlos Pizarro con Leidys Aguilera, diputada uruguaya nacida en Cuba y exintegrante de las Brigadas Médicas Cubanas en el extranjero.
Uruguay modificó un convenio que tiene con el gobierno de Cuba mediante el cual unos 20 oftalmólogos trabajan en el país sudamericano y ahora les pagará directamente a los profesionales por sus servicios, confirmó este martes el canciller Mario Lubetkin.
El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.
En RFI entrevistamos a una diputada uruguaya que lucha por sus derechos. Leidys Aguilera, originaria de Cuba, llegó al país sudamericano hace más de una década formando parte precisamente de una de estas brigadas médicas cubanas.
"Yo fui una de las víctimas de este tipo de convenios. Yo me vine en mis inicios a trabajar a Uruguay formando parte de la Brigada Médica Cubana".
Ingeniera especializada en electromedicina, llegó a Uruguay hace 16 años.
"Las grandes dificultades que vivimos nosotros son la retención de los documentos de los profesionales que van a cumplir estas misiones. Nosotros no tenemos derechos laborales ni derechos sindicales. Nos retienen los documentos durante las misiones. Yo realmente nunca supe cuánto pagaba Uruguay por nosotros ni cuánto se cobraba por cada una de estas misiones. Incluso hay personal que se encarga de seguirnos a todos, de seguir cada uno de los pasos de quienes estamos trabajando para luego reportarlo a Cuba", dice.
El Gobierno de Estados Unidos considera esta práctica como "tráfico de seres humanos" y presionó a países como Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana para que rechazaran estos ofrecimientos de Cuba.
Leidys Aguilera, que fue expulsada de la brigada al año y medio de estar en Uruguay al ser considerada peligrosa para el régimen, no niega la influencia de Washington en esta decisión y pide al Gobierno uruguayo que garantice los derechos de los profesionales médicos cubanos en su país.
"El gobierno actual de Uruguay está respondiendo a las presiones de los Estados Unidos, pero esta situación lleva casi 20 años. La Brigada Médica Cubana existe desde noviembre de 2007. Una de las declaraciones que ha hecho el canciller uruguayo Mario Lubetkin es que van a regularizar esta situación, pero que no se hacen responsables si Cuba quiere quitarles una parte de ese dinero a los médicos cubanos. Me parece que tiene que haber una línea que garantice la fiscalización efectiva por parte de Uruguay para que estas personas estén trabajando, se respeten sus derechos laborales y sindicales y no haya represalias por parte del gobierno cubano contra ellas", concluye.

Las autoridades han anunciado que postergan los procesos electorales previstos para las presidenciales y legislativas de finales de año. El país lleva más de una década sin acudir a las urnas, ahogado por la violencia de las pandillas, que hace que cualquier perspectiva de regreso a la normalidad sea una quimera.
El aplazamiento sin fecha de las elecciones presidenciales y legislativas en Haití sume al país de nuevo en la incertidumbre. La primera vuelta de ambas estaba prevista para el 13 de diciembre, pero el Consejo Electoral ha postergado las primeras fases del proceso electoral y, con ello, los comicios. En su comunicado no explicó los motivos, pero Haití es un país devastado por la violencia y la inseguridad debido a la expansión de las pandillas y los grupos armados.
Su último presidente, Jovenel Moïse, fue asesinado en 2021 y no se celebran elecciones desde 2016. Eduardo Ordóñez, consultor en seguridad y riesgo político para Latinoamérica, explica a RFI que no cree que vaya a haber comicios pronto por el problema de las pandillas, pero también por cómo la violencia ha destruido las estructuras básicas del Estado...
“No veo un escenario en el cual puedan convocar elecciones por el factor de los grupos armados, los cuales pueden tener una alta injerencia en las elecciones o pueden impedirlas, sabotearlas o poner a alguno de sus candidatos. Tampoco hay en el país estructuras fuertes que permitan realizar unas elecciones. Adicionalmente está el tema del dinero, la crisis derivada de la pobreza, de la falta de algunas leyes, de que no se pueden implementar. Es un Estado débil. Hay analistas que lo consideran un Estado fallido. Técnicamente no funciona como debería funcionar. Llevan diez años sin elecciones, no hay presupuesto. Dependen altamente de las donaciones de Naciones Unidas y de algunas misiones de estabilización para garantizar su propia seguridad. Eso nos habla mucho de la debilidad institucional crónica en Haití”, explica.
La ayuda internacional es fundamental, pero no suficiente. Misiones como la Fuerza de Supresión de Pandillas, con la que se han comprometido El Salvador o Perú, no consiguen frenar la violencia. Eduardo Ordóñez echa en falta una mayor colaboración de los vecinos de la región.
“Tenemos actores como Estados Unidos que no están dando el dinero que, por ejemplo, sí asignan para otros países como Ecuador, donde tienen más intereses. Esa es la realidad. Hay un factor muy importante: Haití tiene de vecino a la República Dominicana y ese país no apoya a Haití como tal; lo que ha hecho es, al contrario, levantar un muro. También es un vecino que percibe cierto miedo por una potencial migración masiva hacia los países latinoamericanos. No van a mandar gente para ayudar a estabilizar Haití sobre el terreno. Lo podrían hacer México y Brasil, eventualmente Argentina, Uruguay y Colombia. Aunque Colombia tiene una fricción muy fuerte con ellos, ya que mercenarios de ese país mataron a su presidente. Entonces es una relación muy ríspida. México es más de apoyar con víveres, con dinero, pero hasta ahí”, concluye Eduardo Ordóñez.

Brasil se prepara para la segunda vuelta entre Luiz Inácio Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro, que dio una verdadera sorpresa este domingo al obtener el mayor número de votos en primera vuelta de elecciones presidenciales con dos puntos por encima del presidente saliente. El resultado, no solo dará un giro a la política en Brasil, sino que impactará la geopolítica de la región, según el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA).
El próximo 25 de octubre, Brasil no solo elegirá a su presidente que saldrá de la pugna electoral entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro, también definirá el equilibrio geopolítico y la representación de América Latina en la escena global. El futuro político de la principal economía de la región puede impactar sobre Mercosur, los BRICS y sobre todo en la relación con Estados Unidos y China
El impacto de estas elecciones en la región se intuye determinante dice Marcela Ríos Tobar, directora para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional). Ella asegura que lo que pase en las elecciones tiene un impacto fundamental hacia adentro, pero también hacia fuera, “en un momento donde ha cambiado la correlación de fuerzas en América Latina y donde estamos viendo que hay un debilitamiento del sistema multilateral”.
Ríos resalta que Brasil ha sido un país que históricamente ha apostado por el multilateralismo, por lo que “un cambio de visión respecto de las alianzas internacionales, de los foros multilaterales, de las formas en que la región encara la relación con Estados Unidos hoy día, van a ser fundamentales para América Latina y para el mundo”, indicó.
Estados Unidos presuntamente habría podido jugar un factor clave en este proceso electoral tras la investigación de una denuncia de la Procuraduría General de la Unión (AGU) basada en una publicación de The Guardian, que reveló que Washington había destinado 1 millón de dólares a una organización crítica del Supremo brasileño.
“Estados Unidos está jugando un rol de intervencionismo en procesos electorales, como no habíamos visto en décadas, lo que hizo en Honduras, liberando al expresidente, lo que hizo en Argentina, ofreciendo un paquete de rescate económico, sus apoyos explícitos a las candidaturas en Colombia han sido algunas de las acciones y también la justicia brasileña en este momento está investigando un posible intervencionismo que va más allá de esas declaraciones públicas y que tienen que ver con posibles financiamientos de campaña, eso es algo que se tiene que investigar, que no está comprobado”, señaló Ríos, agregando que es preocupante que “el intervencionismo diplomático político y económico que está ejerciendo, también pueda llevarse más allá y transformarse en una forma de intervención directa en el financiamiento de campaña”.
Más de 125 millones de brasileños acudieron a las urnas el pasado domingo en una jornada que resultó en balotaje, dejando una abstención del 21,08 %, que equivaldría a algo más de 33 millones de votantes. Pase lo que pase, el impacto de los resultados en la segunda vuelta