Noticias de América

• Guatemala: Enfrentamientos dejan muertos y heridos en una comunidad indígena

  Hace 26 años que los municipios guatemaltecos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán mantienen una disputa territorial que ha ido derivando en decenas de víctimas mortales. El último episodio ocurrió el pasado fin de semana cuando se registraron 13 fallecidos en la localidad de Nahualá. La cifra de 13 muertos en Nahualá contradice la versión oficial del Gobierno guatemalteco, que reconoce tan solo cinco muertos, y acusa a grupos criminales de provocar la violencia en la zona con ataques armados al ejército. “Un derecho de posesión” RFI pudo contactar con el alcalde de Nahualá, Manuel Guarchaj: “Miren las muertes: 13 muertos. Hay dos menores de edad y hay una persona de la tercera edad de 70 años. Es lamentable, es repudiable lo que sucedió”, reacciona. “Somos muy claros en decirle que no es del crimen organizado, sino realmente un derecho de posesión que es ancestral y está en ley y está en acuerdo marco entre los dos municipios. Lamentablemente hay un Estado débil que no tiene postura, y que tiene que decir las realidades a los dos municipios, pero no lo ha hecho el Estado y esa es la consecuencia”, recalca. Pese a la intervención constante del Gobierno mediante estados de sitio, de prevención y despliegues de fuerzas de seguridad, la disputa territorial sigue sin una salida estructural ante las diferencias entre ambas alcaldías. “Pedimos al Estado dar solución” Existe un acuerdo de copropiedad firmado entre ambos municipios en 1999 y ratificado en 2004, como una vía que permitiría una administración conjunta o una solución negociada del área en disputa, pero a pesar de que se instalaron mesas de diálogo, el conflicto sigue sin resolverse. “Queremos paz, no queremos resolver con violencia, pero lamentablemente el Estado y el otro municipio siempre no quiere que se cumplan los acuerdos que ya están firmados por los dos alcaldes en el año 1999 y en el 2004, y que como nos han invadido, nos han correteado, ahorita lleva siete años de que no nos han permitido que la gente de Nahualá cultiva sus terrenos, también los canteros no los permiten llegar, siempre los reciben a balazos”, prosigue Guarchaj. “Pedimos al Estado dar solución a eso porque está muy claro, está muy evidente que Nahualá no está pidiendo terreno, ni está invadiendo, ni está abusando, sino tiene su derecho jurisdiccional, su derecho de legalidad, su derecho de los derechos humanos. Y lo hemos demostrado y los vamos a seguir demostrando”, concluye el alcalde. Desde 2019, los incidentes violentos se han repetido en la región de Sololá, donde se ubican las dos comunidades indígenas en disputa. Entretanto el Gobierno acusa a grupos del crimen organizado de aprovecharse maliciosamente del conflicto comunitario para controlar el narcotráfico, trasiego de armas, contrabando aduanero, lavado de dinero y la migración ilegal. El Consejo de ministros decidió la implementación por 15 días de medidas extraordinarias para atender este panorama crítico.

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• Extensión de la violencia en América Latina y el Caribe

  La violencia progresará en America Latina y el Caribe en 2026, es la conclusión de la ONG Acled, dedicada al análisis de los conflictos, teniendo en cuenta el aumento de las actividades ilícitas en la región. En este programa se analizan los factores del contexto actual que ha tenido en cuenta la organización en su informe. El mayor despliegue de tropas de Estados Unidos en el Caribe, el régimen de excepción en El Salvador o el aumento de ataques con drones por parte de las guerrillas en Colombia, son solo algunos de los síntomas que hacen que la ONG Acled, considere que la violencia se extenderá en 2026 por América Latina y el Caribe. Sandra Pellegrini, analista senior de la organización, explica que la violencia de las organizaciones criminales es un problema que ya estaba instalado en varios países, pero que la presión de la administración del presidente Donald Trump ha exacerbado: "La influencia de Estados Unidos es indirecta. Lo que ha hecho Estados Unidos ha sido presionar a gobiernos de las regiones a adoptar medidas que Estados Unidos, o más bien la administración de Trump, ve alineada a sus políticas ideológicas. Estamos observando, especialmente en países latinoamericanos y caribeños que van hacia procesos electorales en el 2026, una aceleración, una  adopción de políticas militarizadas." Donald Trump estrenó su mandato con una orden ejecutiva que declaraba a varias de estas organizaciones criminales latinoamericanas como "terroristas", y esto animó a varios países —como Argentina, Ecuador o Guatemala— a hacer lo mismo. Esto permite a los Gobiernos a responder militarmente contra estos grupos, algo que Acled califica de ineficaz: "No tenemos resultados concluyentes de que llevan a disminuciones de violencia sostenida en el tiempo y geográficamente; y en otros casos, hemos observado que operativos militarizados incluso, pueden conllevar a un aumento de las violencias, pueden tener como consecuencia de fragmentar un grupo criminal y reactivar una pelea por el poder dentro de esos grupos o de esas facciones. Tenemos, por ejemplo, el caso de México, donde el arresto de "El Mayo", uno de los líderes del cártel de Sinaloa, ha llevado a una pelea letal que sigue hasta el día de hoy. Y también en el caso de El Salvador, hemos observado que esos operativos han llevado a disputas para el poder interno y la creación de nuevas facciones." Además, este discurso empieza a instrumentalizarse en los procesos electorales de varios países, concluye Sandra Pellegrini: "Muchas figuras políticas que están haciendo campañas en el proceso electoral (están) promoviendo una seguridad militarizada porque han visto que justamente en el caso del Salvador ha llevado a esos niveles de popularidad del presidente Nayib Bukele. Entonces yo creo que hay un motivo bastante fuerte electoralmente." En su informe, Acled teme que los estados se vuelvan los principales actores de la violencia en la región y alerta del riesgo de abusos como ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas.

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• Chile: ¿Qué opinan los inmigrantes venezolanos de las elecciones de este domingo?

  La inmigración ha sido un asunto central en las campañas y en los debates de los dos candidatos a la presidencia, José Antonio Kast y Jeannette Jara. Se repite que hay que detenerla, regularla o incluso expulsar a cientos de miles de personas que han llegado en los últimos años. El tema de la inmigración toca en especial a la comunidad venezolana, la más numerosa entre las personas extranjeras viviendo en Chile, representando el 41,6% de los migrantes, según el último censo de 2024. "Quiero que Chile sea un país de prosperidad" ¿Pero qué piensan los venezolanos y las venezolanas de estas elecciones? ¿Cómo viven el proceso electoral aquellos que ya tienen derecho a voto? Nos encontramos con María Gabriela, proveniente de Maracaibo, y aunque faltan pocos días para la segunda vuelta, aún no sabe a cuál candidato apoyar. "¿Qué te podría decir? Que es bastante angustiante lo que estamos viviendo. Nosotros queremos que gane el mejor. Yo no estoy ni con uno ni con el otro. Quiero que Chile sea un país de prosperidad, donde todos vivamos acá en armonía, en tranquilidad, en paz para el bien de todas las personas que aquí estamos, pues", explica la mujer. Nelly Quijada comparte esta visión: "Y lo que quisiera es que el que quedara lo hiciera bien para todos en conjunto". Y aunque también está indecisa mientras conversa con RFI, define mejor su voto: "Digamos que votaría por Jara, en todo caso. En este caso me iría por la línea de Jara para que te digo. O sea, porque tengo como más opción, o sea, ser como más empática con lo que estamos viviendo nosotros, sobre todo los venezolanos", indica. "Capacidad de gestión" Pablo, vendedor de 25 años, va por la opción contraria y apoyará a José Antonio Kast: "Porque las propuestas que tiene en comparación con las de la otra candidata, Jara, me parecen mucho mejores en muchos aspectos. Hoy justamente estábamos debatiendo con varios compañeros de trabajo y es la mejor opción que vemos nosotros como extranjeros y como chilenos", estima. A Xiomara Serrano, politóloga, le interesa mucho la participación. Pronto cumplirá 10 años en el país: "Yo apoyo a Jeannette Jara porque es una persona que ha demostrado capacidad de gestión, que ha demostrado que tiene conocimiento, tanto en su carrera profesional como en su carrera pública, ha demostrado que es la mejor opción que tenemos. Además de que es la única candidata que en este momento presenta un programa de gobierno serio, que realmente da propuestas serias a los migrantes en Chile, que nos reconoce como sujeto de derecho acá", analiza.

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• Kast polariza el voto joven: entre el temor a retrocesos sociales y esperanzas económicas

  El voto de la llamada generación Z será clave en las elecciones presidenciales del próximo domingo en Chile. Jóvenes que crecieron en democracia y nacieron cuando José Antonio Kast y Jeannette Jara, los candidatos que buscan llegar a La Moneda, ya eran militantes activos de la política. Un tercio de los votantes que deberán acudir a las urnas de manera obligatoria este próximo domingo son menores de 30 años. Por la corresponsal de RFI en Santiago Encontramos a Javier en los jardines del Parque Bustamante. Este periodista de 25 años comparte con RFI sus impresiones a pocos días de la segunda vuelta. "Yo en particular voto por Jara, netamente porque creo en su proyecto político, pero también porque veo la amenaza que implica que José Antonio Kast al poder" Le preguntamos a Javier qué significa esa amenaza y cómo la traduce: "O sea, por ejemplo, yo soy alguien de las disidencias sexuales. Francamente, sabemos lo que significa que el fascismo llegue al poder, ¿cachái?". Matías Cifuentes, de 23 años, es parte de quienes han podido estudiar gracias a la gratuidad de la educación superior impulsada por los gobiernos de centroizquierda, por lo que siente el compromiso de votar por la candidata de ese sector. "Mi círculo cercano igual está rodeado de gente que está estudiando con gratuidad, de mujeres, de disidencias sexuales. ¿Entonces, qué voy a hacer yo votando en contra de todo eso? Yo igual el martes retiré mi título y lo conseguí con full gratuidad, entonces no podría estar más agradecido por eso. No quiero que eso tampoco retroceda para las generaciones futuras", asegura. Catalina, de 23 años, es parte de la generación Z, nativos digitales con un gran arraigo en las redes sociales. La información para ellos es clave. "Es algo muy importante, porque el futuro del país y que no es cualquier cosa, no es un juego. Y obviamente vamos a estar votando por Jara, porque por el otro lado nos van a estar quitando muchas cosas, cosas que también a mí me definen como mujer y todo". Fuimos también hasta la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el alma mater del candidato de la derecha dura chilena. Allí encontramos a Max, de 21 años. "Yo suelo estar en desacuerdo con Kast en las materias sociales, pero la materia económica que me convence y, honestamente, es lo que más me importa. Y aunque no estoy de acuerdo con lo demás, tampoco estoy fervientemente en contra", argumenta. María Jesús, estudiante de primer año de Derecho, apoyó a Evelyn Matthei en la primera vuelta y ahora también va por el candidato del Partido Republicano.   "Voy a votar por José Antonio Kast porque creo que es el candidato que puede proponer más cambios en el país", alega. Su amiga Elena valora que haya egresado de la misma facultad: "Yo voy a votar por José Antonio Kast. Más que nada porque me parece un candidato más centrado que la otra candidata y creo que se alinea más con mis pensamientos. También hay como un sentimiento de encontrarse con el candidato, porque al final del día es alguien que estudia lo mismo que tú", asegura.

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• Militares salvadoreños irán a juicio por la masacre de El Mozote en 1981

  Un grupo de militares salvadoreños, entre ellos un exministro de Defensa, enfrentará juicio por la masacre de casi mil civiles ocurrida en 1981 durante una ofensiva estatal contra las guerrillas de izquierda. El proceso marca un hito en la lucha legal iniciada en 1990 para llevar ante la justicia a los responsables de la peor matanza en la historia reciente de América Latina. Sin embargo, el abogado de derechos humanos David Morales, miembro de Cristosal, advierte sobre la falta de voluntad política para respetar el proceso.  Entre 1980 y 1992, El Salvador vivió una guerra civil que enfrentó a las fuerzas militares contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando alrededor de 75.000 muertos en centenares de masacres. La más grave ocurrió en 1981 en el cantón El Mozote, donde el Batallón Atlacatl, perteneciente al Ejército, asesinó y torturó a cerca de mil campesinos, en su mayoría niños. Ahora, 40 años después, y pese a la represión social y política que vive el país, la organización de derechos humanos Cristosal anunció que finalmente habrá un juicio contra los máximos responsables del batallón. Trece de los presuntos autores fueron enviados a juicio, según una resolución emitida el pasado 26 de noviembre por el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, informó Cristosal en un comunicado. No obstante, persisten dudas sobre los resultados del proceso, señaló a RFI David Morales, abogado y miembro de la organización. "En este momento, el régimen autoritario salvadoreño tiene un mayor control sobre la sociedad civil. Aún no tenemos claro si se va a respetar el proceso judicial, si no habrá injerencias políticas que impidan el desenlace de una audiencia pública y sentencia". Falta de voluntad política  Durante cuatro décadas, los gobiernos de El Salvador negaron la masacre, a pesar de que instituciones como la Corte Interamericana de Derechos Humanos corroboraron los hechos. Aunque el discurso anticorrupción del actual presidente Nayib Bukele dio cierta esperanza a los familiares de las víctimas, sus medidas para controlar el poder judicial han entorpecido el proceso, obligando a renunciar al juez que llevaba el caso en 2021. "El poder militar en El Salvador ha tenido una posición contraria a la ley y a la Constitución, al derecho internacional. Se ha protegido a los miembros de la Fuerza Armada que cometieron crímenes de guerra, se han obstruido archivos y negado información. Todos los presidentes civiles, hasta Nayib Bukele, han sido dóciles ante esta postura", sostiene Morales. Este año se llevó a cabo un proceso contra el exministro de Defensa, Guillermo García, acusado también en el caso El Mozote por el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses. A pesar de ello, el abogado señala que 2025 ha estado marcado por la persecución a organizaciones de derechos humanos, activistas y voces críticas. "Nuestra expectativa es que estos precedentes puedan ayudar a que otros casos avancen. Pero, a pesar de estos avances, el escenario general es de sostenimiento de la impunidad. La Fiscalía General, en la gran mayoría de casos, o tribunales como el que lleva el caso del calabozo, actúan con muchas omisiones y falta de voluntad para profundizar en las investigaciones. De tal manera que casos como el de los periodistas holandeses o El Mozote han sido excepcionales. En los restantes casos no estamos viendo esa voluntad", concluye Morales. Ante este panorama, Cristosal exige que el Estado respete el avance del proceso y permita hacer justicia a las víctimas de una de las peores masacres del continente.

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