Noticias de América

Nicolás Maduro estaba permanentemente custodiado por un grupo de élite perteneciente al popular grupo G2, que integra el Servicio de Inteligencia del Gobierno cubano. 32 de ellos fallecieron durante el ataque con el que Estados Unidos capturó y exfiltró al gobernante venezolano. ¿Pero quiénes son? Para conocer un poco más sobre estos agentes de contrainteligencia cubanos que hacían la labor de guardaespaldas en la seguridad personal de Nicolás Maduro, entrevistamos a Arturo Grandón, analista de Seguridad, Defensa, Inteligencia y Operaciones Especiales, a su vez director del Security College en Estados Unidos. Un “grupo de élite” “El personal que fue dado de baja en esta operación correspondía a una de las unidades de la guardia personal que tenía Nicolás Maduro. Su primer anillo de seguridad lo conformaban netamente el ejército cubano, toda vez que Nicolás Maduro no confiaba en las fuerzas que podían protegerlo del mismo Venezuela, por problemas de traición o algo que pudiese pasarle”, explica. “No pasaban de los 40 años, eso es lo que se tiene como antecedente. Era un grupo de élite preparado para este tipo de eventos y son los que murieron en combate, porque cuando fue el asalto propiamente tal fue muy cruel. O sea, en realidad los informes que tenemos nosotros de inteligencia es que fue muy, muy duro el ataque que se llevó adelante y ellos no reaccionaron como pensaron que iba a ser la reacción de la seguridad de Maduro”, agrega el especialista. “Chávez también tenía personal de seguridad cubano” El grupo G2 está presente en Venezuela desde el año 1999, coincidiendo con el primer año de la presidencia de Hugo Chávez, luego de un acuerdo entre ambos países a cambio de petróleo por una reestructuración de las fuerzas militares venezolanas. “Siempre ha estado apoyado por gente cubana, tanto en la parte táctica como en la parte de inteligencia. Así que, desde el momento en que Chávez está operando en Venezuela, comienza este intercambio entre comillas del apoyo de Cuba hacia Venezuela. Chávez también tenía personal de seguridad cubano, también tenía personal de inteligencia cubano operando no solamente en Venezuela sino en aquellas delegaciones venezolanas en el extranjero”, indica Arturo Grandón. El grupo de Inteligencia cubana, que se encarga de recopilar información sobre amenazas internas y externas para la seguridad de su Estado, opera tanto dentro como fuera de la isla. Fue creado en 1961 y desde entonces tiene presencia en varios países latinoamericanos, especialmente en Nicaragua y Venezuela.

Los habitantes del Catatumbo despidieron el año como lo recibieron: atrapados en el fuego cruzado entre la guerrilla del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las desmovilizadas FARC. Esta crisis humanitaria, la peor que vive hoy Colombia, afecta a unas 86.000 personas. Líderes campesinos denuncian falta de protección a la población civil, contradicciones del Gobierno y una crisis humanitaria sin respuestas eficaces en una de las regiones más golpeadas de Colombia. Entrevista con Juan Carlos Quintero, vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat).  El Catatumbo está localizado en el nororiente de Colombia, principalmente en el departamento de Norte de Santander, y limita al norte y al este con Venezuela. Se caracteriza por su relieve montañoso y selvático, atravesado por el río Catatumbo y sus afluentes, que desembocan en el lago de Maracaibo. Con al menos 43.000 hectáreas de coca sembradas, es una de las regiones más impactadas por las economías ilícitas. Su historia combina conflicto armado persistente y abandono por parte de las políticas oficiales. La última ola de violencia comenzó a inicios de 2025 con una masacre en el municipio de Tibú. En el último día del año, un hospital del corregimiento de Filo Gringo fue blanco de un ataque con drones que dejó cinco personas heridas, dos de ellas menores de edad. En la región se han registrado ataques a hospitales, civiles heridos en medio de los enfrentamientos, más de 78.000 desplazados forzosamente, cerca de 300 casos de violencia sexual y medio centenar de reclutamientos forzados, muchos de ellos de menores de edad. Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, fue uno de los dirigentes sociales que alertaron al Gobierno colombiano y a la ONU sobre el agravamiento de la situación en el último trimestre del año. RFI: Usted advirtió que la situación iba a recrudecer. ¿Ha sido así? Estamos a puertas de cumplir un año desde que se agudizó la crisis humanitaria en el Catatumbo, con el inicio de los enfrentamientos entre el Frente 33 y el Ejército de Liberación Nacional. Nos vuelve a pasar lo mismo que hace un año: se advirtió, pero el Gobierno y el Estado en su conjunto no tomaron las medidas necesarias para proteger a la población civil. Desde el pasado 25 de diciembre se ha intensificado la contraofensiva del Frente 33 en los municipios de Tibú y El Tarra. Esto ha dejado miles de familias confinadas, un fin de año muy negro, con muchos combatientes muertos de lado y lado, sobre todo jóvenes de nuestra comunidad. También se ha registrado destrucción de bienes civiles, como casas, iglesias y puestos de salud, especialmente en Tibú. RFI: Además de la presencia militar y del Puesto de Mando Unificado anunciado por el Ministerio de Defensa al comenzar el año, ¿qué otras medidas ha tomado el Gobierno? Nos sorprenden mucho esos anuncios porque no coinciden con lo que ocurre en el terreno. El Catatumbo es una de las zonas más militarizadas del país, pero pareciera que hubiera una operación de brazos caídos por parte de las Fuerzas Armadas. Primero, porque no están cumpliendo su deber constitucional de proteger a la población civil y, segundo, porque no están interviniendo de manera eficaz en la confrontación. En cuanto a las medidas del Gobierno, hubo una declaratoria de conmoción interior con un propósito distinto al represivo. Este Gobierno acudió a esa herramienta con una causa noble. Se trataba de 18 decretos reglamentarios que buscaban recaudar recursos y poner en marcha políticas públicas para superar la crisis. Pero, desafortunadamente, la Corte Constitucional tumbó la mayoría de esos decretos, lo que impidió que la crisis se atendiera de manera oportuna. Por ejemplo, había un decreto orientado a fortalecer los procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito, con mayor respaldo financiero a los programas, algo clave para el Catatumbo, donde las economías ilícitas son uno de los principales factores del conflicto. RFI: ¿Era necesario acudir a un decreto de conmoción interior o se podían tomar medidas desde otros organismos del Estado? Claro que se podían tomar otras medidas. Lo que pasa es que los decretos de conmoción interior potenciaban la acción institucional, y esa era la buena intención que luego fue frenada por la Corte Constitucional. Pero también existen deberes constitucionales y otras herramientas que el Ejecutivo puede usar, y nosotros consideramos que lo que se ha hecho sigue siendo insuficiente. Por ejemplo, no es lógico que el Gobierno haya extendido por decreto, el 23 de diciembre, la zona de ubicación temporal para el Frente 33 y, al mismo tiempo, se haya lanzado una contraofensiva en el territorio. Eso no genera confianza en la paz. Otro ejemplo: hace un mes, el Frente 33 del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las extintas FARC, firmó un protocolo de protección a la población civil. Sin embargo, hace apenas cuatro días, el corregimiento de Filo Gringo fue atacado y no hubo una exigencia contundente del Gobierno nacional. Nuestras críticas apuntan a la falta de rigor y seriedad en estos procesos de paz. Si no sirven para lo más importante, que es proteger a la población civil, entonces están fallando en su objetivo central.

Las navidades siempre han sido una época del año desafiante para las organizaciones comunitarias y caritativas. Sin embargo, en Estados Unidos, las complicaciones han sido aún mayores, al no limitarse simplemente a la actividad de ayudar a los más necesitados. 2025 ha sido un año difícil para las organizaciones de caridad en Estados Unidos. Las fechas navideñas, además de ser días de reunión con los seres queridos, son también días para compartir con la gente cercana y con los más necesitados. Common Pantry es un comedor comunitario en Chicago que ofrece alimentos gratis a aquellos que lo necesitan, desde sin techo a jubilados con la pensión baja o familias con pocos recursos. Estas fechas siempre son complicadas, porque la actividad se multiplica y además tratan de hacer que los necesitados sientan que estos días también son suyos, como nos explica Juan Alegría, responsable de instalaciones y recepción. “Especialmente en estos días de fiestas por mes servimos más o menos como a 1.200 unidades de familia que pueden ser de 5 a 6.000 personas. Nosotros tratamos de normalizar lo más posible estas fiestas para que la gente se sienta apoyada y como en familia”, explica Alegría. “Entonces hacemos una distribución de jamones grandes y todas las cosas que normalmente van con esa comida, pero también distribuimos regalos a niños y familias que no pueden afrontar esos gastos.” Sin embargo, la mayor actividad navideña no fue ni de lejos el mayor desafío. En Common Pantry no contaban este año con dos problemas: El cierre temporal del Gobierno, con la pausa del programa de cupones de alimentos SNAP, y especialmente las redadas de ICE, ya que parte de la gente que viene a reclamar su ayuda es de origen extranjero. “Al limitarse esos fondos y al haber cerrado completamente por un tiempo el programa de ayuda de alimentos, se hizo más crítica la situación y eso, junto la amenaza que muchas personas sentían en cuanto a su seguridad personal, con el énfasis que se dio en inmigración y estatus inmigratorio, las personas se sentían bien amenazadas”, enfatiza Alegría. “Tuvimos nosotros que incrementar la seguridad, incluso tener puertas enllavadas para poder ofrecer cierta seguridad a las personas y también entonces que, por lo menos, estuvieran en la parte del patio de atrás por no poder estar en la calle innecesariamente por el temor que sentían. Entonces eso complica más la logística de nuestro local”.

En este 2025, América Latina ha virado a la derecha: Bolivia puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda al elegir a Rodrigo Paz como presidente; Chile votó por José Antonio Kast y Honduras por Nasry Asfura, candidatos que gozaban del beneplácito y el apoyo de Trump. Daniel Noboa fue reelegido en Ecuador y Javier Milei logró una importante victoria en las legislativas argentinas. Analizamos este fenómeno con Alexis Medina, profesor de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté. Rodrigo Paz, José Antonio Kast y Nasry Asfura son algunos de los políticos de derechas o de extrema derecha que han llegado al poder en este 2025 en Latinoamérica, una región que ha experimentado un marcado giro a la derecha en las urnas. ¿A qué se debe este cambio de dirección? Alexis Medina, profesor de Asuntos Latinoamericanos de la Universidad de Franche-Comté, sostiene que para explicar este fenómeno hay que evocar el alza de las tendencias populistas a nivel global, teniendo en cuenta, no obstante, las situaciones específicas de cada país. "Por un lado, hay una tendencia global de un giro no solamente hacia la derecha, sino incluso hacia la extrema derecha. Es algo que se observa también en Estados Unidos y en varios países europeos. La atomización de la sociedad y, por lo tanto, la búsqueda de chivos expiatorios, por ejemplo los inmigrantes, las minorías étnicas, los indígenas, etcétera. La acción colectiva se ve sustituida por un voto castigo a favor de la extrema derecha".   Bolivia, autodestrucción del MAS y triunfo de la derecha Dicho esto, este profesor de la universidad francesa de Franche-Comté resalta que existen circunstancias propias de cada país, "factores internos", que explican este giro. "En el caso de Bolivia, por ejemplo, la victoria de la derecha se debe en buena medida a la autodestrucción del Movimiento al Socialismo, el MAS. En otros lugares, las fuerzas de derecha o de extrema derecha llegan al poder en un contexto en el que la izquierda estuvo gobernando, pero no estuvo a la altura de las expectativas que había despertado. Ese es el caso de Chile, por ejemplo, con el gobierno de Gabriel Boric: muchos chilenos consideraban que no estuvo a la altura y que no cumplió con esas promesas". En algunos casos, como el de Asfura en Honduras o el triunfo de Javier Milei en las pasadas legislativas argentinas, el presidente estadounidense Donald Trump estuvo presente, incluso supeditando su apoyo económico al país a que se cumplieran resultados que le complacían. ¿Cambiará esta postura la política internacional de Latinoamérica? Leer tambiénLos acontecimientos que deberían marcar al mundo en 2026 "Lo que es seguro es que estos gobiernos de derecha o de extrema derecha van a tener una relación más estrecha con los Estados Unidos de Trump. El mandatario estadounidense tiene buenas relaciones con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con Milei en Argentina, y las tendrá seguramente con el nuevo presidente de Honduras, con Kast, etcétera. En cuanto a la relación con China, es posible que estos gobiernos de derecha o de extrema derecha sean reticentes a profundizar la dependencia económica que tiene América Latina con ese país. Pero yo no estoy tan seguro de hasta qué punto sean capaces de romper esa relación con Pekín, porque la presencia china en América Latina ya es relativamente antigua. China lleva varias décadas construyendo su influencia en la región. Va a ser difícil que países como Honduras, Ecuador o Argentina se distancien a nivel económico de China", concluye.

El símbolo que conmemoraba la histórica presencia china en el país istmeño fue demolido por orden de una autoridad local, lo que levantó críticas de Pekín y una rápida reacción del presidente panameño. El arco que celebraba más de 150 años de presencia china en Panamá se encontraba a un centenar de metros de la entrada del Canal, en un lugar privilegiado frente al puente de las Américas, que conecta el norte y el sur del continente. Sin embargo, no fue su localización —escogida con su construcción en 2004— lo que motivó su demolición. La alcaldesa de Arraiján, municipalidad a la que pertenecía, ordenó la demolición inmediata y sin previo aviso por “motivos de seguridad” y por la “expiración de la concesión del terreno”. La respuesta oficial de Pekín fue inmediata: "China deplora la demolición forzosa por parte de las autoridades locales competentes en Panamá de un monumento a las contribuciones chinas al Canal de Panamá", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores de China en un comunicado publicado en X. Euclides Tapia, catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, critica la forma en que se llevó a cabo la demolición de este símbolo, pero considera que su ubicación es problemática, al igual que lo fueron en 2018 los planes chinos de construir una embajada en la entrada del Canal, como cuenta a los micrófonos de RFI. Leer tambiénLa estrategia de China en América Latina incluye apoyo a gobiernos bajo presión de Washington "No se podía permitir la construcción de una instalación en las riberas del Canal de Panamá por parte de China, porque daba la impresión a los barcos, a los tripulantes y a los pasajeros que entraban al Canal de Panamá de que este había sido construido por los chinos. Ese argumento finalmente se impuso y, en su momento, obligó al gobierno del señor Juan Carlos Varela, presidente de la República de Panamá [entre 2014 y 2019], a desistir de las intenciones del gobierno chino de establecer su embajada allí". Amenazas al Tratado de Neutralidad del Canal El gobierno de China sostiene que el monumento es un testimonio de la "tradicional amistad" entre ambos países. Cabe recordar que en Panamá, un país de 4,5 millones de habitantes, al menos 300.000 personas forman parte de la comunidad chino-panameña. Para el profesor Tapia, la demolición del monumento y la reacción oficial de Pekín revelan las crecientes tensiones geopolíticas en torno al Canal, lo que pone en riesgo el Tratado de Neutralidad del Canal, vigente desde 1979. "Ese tratado ha sido objeto hasta el momento de amenazas serias por parte del gobierno de Donald Trump, que ha reivindicado el control del Canal de Panamá con argumentos fatuos, como que el Canal está controlado por los chinos. Eso es una falsedad total. [Estados Unidos] amenaza incluso con usar la fuerza. Eso constituye, evidentemente, una franca violación de lo pactado entre Panamá y Estados Unidos en el Tratado de Neutralidad". Leer tambiénTransición energética en China: ¿Cómo salir del carbón sin abandonar territorios en el camino? En abril, el gobierno panameño concluyó un acuerdo con la administración Trump para el despliegue de tropas estadounidenses en los alrededores del Canal, aunque continúa negándose al establecimiento de bases militares. "Desgraciadamente, esa es otra violación flagrante del Tratado de Neutralidad que consintió Panamá. En el artículo 5.º del tratado se establece taxativamente que solo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas, sitios de defensa e instalaciones militares — e insisto en la palabra ‘militares’— en la República de Panamá", concluye. La administración Trump también ha promovido la adquisición, por parte de la empresa estadounidense BlackRock, de los puertos situados en las inmediaciones del Canal, actualmente en manos de una compañía de Hong Kong. El acuerdo se encuentra estancado debido a la oposición de Pekín, que busca formar un conglomerado de distintas empresas, según informa The Wall Street Journal. Un nuevo episodio en la competencia geopolítica por el control del Canal.