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  • EAU: empresas emiratíes y colombianas se unen para reclutar mercenarios colombianos

    27/05/2026
    Emiratos Árabes Unidos está reclutando a exmilitares colombianos para combatir en Sudán junto a grupos rebeldes, denunció Human Rights Watch, que afirma haber establecido los vínculos entre empresas de ambos países.  y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el mercenarismo colombiano. Entrevista con la directora de esta ONG, Juanita Goebertus, y con el politólogo Armando Mercado Vega.
    Más de 200.000 personas han muerto en Sudán a causa del conflicto que enfrenta al ejército con el grupo rebelde de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La guerra, que estalló en 2023, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. En este contexto, Human Rights Watch ha podido revelar los vínculos entre empresas colombianas y emiratíes que han permitido el reclutamiento de mercenarios colombianos.
    “Esta red en Colombia está básicamente asociada a dos empresas, A4F y Fénix, ambas compañías sancionadas por el Departamento de Estados de Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Nosotros en HRW pudimos rastrear a través de distintos documentos financieros y de salarios la relación entre esas dos empresas y la empresa emiratí, conocida por sus siglas en inglés como GSSG, que es una empresa que fue fundada por el Secretario General de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes. Esta empresa tiene vínculos muy cercanos, tanto comerciales como familiares, con la familia gobernante en Emiratos Árabes. Nosotros mostramos cómo GSSG, a través de estas dos empresas colombianas, efectuaban el reclutamiento, así como la manera como se da la conexión entre GSSG y el gobierno de Emiratos Árabes, lo que ha permitido el entrenamiento en instalaciones militares Emiratos Árabes”, subraya Juanita Goebertus.
    Sin embargo, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos niegan las acusaciones de que combatientes extranjeros hayan sido reclutados y entrenados en su territorio. Armando Mercado Vega Politólogo, especialista en Conflicto Social y profesor de La Universidad Tecnológica de Bolívar, explica las causas de mercenarismo en Colombia.
    “El mercenarismo en Colombia es un problema histórico porque nosotros tenemos un conflicto armado interno de más de medio siglo. Esto nos ha generado un problema desde el punto de vista no solo del reciclaje de excombatientes, de grupos armados organizados, pero también otro tema que se descuidó por mucho tiempo: los ex militares de la Fuerza Pública. Como bien señala el informe de Human Rights Watch, no hay una política pública enfocada desde el punto de vista de ofrecerle alternativas y proyectos de vida a estos militares luego de que salen de la experiencia militar. Tenemos una bolsa de empleo de ex militares que están muy bien formados, lo que no se puede olvidar. Han sido formados no en entrenamientos, como muchos ejércitos del mundo, sino formados en la guerra misma. Esto es un conocimiento muy apetecido para los especialistas en la violencia en el mundo. No se nos olvide que, en el 2021, el primer ministro de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado precisamente por un comando de mercenarios colombianos”.
    Ante esta situación, Human Rights Watch insta al gobierno colombiano a que, además de fortalecer el Programa Nacional de Veteranos, abra una investigación contra las compañías involucradas en las prácticas de reclutamiento de exmilitares.
  • Venezuela: En Barinas, quedan preguntas tras el motín de los presos denunciando malos tratos

    26/05/2026
    Este domingo, en el estado venezolano de Barinas, lugar de origen del expresidente Hugo Chávez, centenares de detenidos ocuparon el techo de una prisión en protesta por supuestas torturas y malas condiciones carcelarias.
    Las imágenes que han circulado en redes sociales del Internado Judicial de Barinas (Injuba) muestran las duras protestas de este domingo en el centro penitenciario, con reos quemando colchonetas, con las caras cubiertas y pancartas leyendo "SOS" y "Nos torturan".
    ¿Qué piden presos y familiares?
    Acto seguido, la movilización de familiares intentaba impedir el acceso de la Guardia Nacional al centro penitenciario. Familiares de los detenidos también dijeron que la revuelta dejó heridos por armas de fuego. En respuesta a esta protesta de los presos contra supuestos malos tratos, la prisión habría desalojado al menos a un centenar de detenidas trasladándolas a otros centros lejanos.
    Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, nos explica cuáles son las peticiones de los familiares: “El gran reclamo de los familiares y de la población reclusa viene siendo que ellos quieren sus traslados a sus penales de origen, que les dejen ingresar la paquetería [la alimentación que envía la familia], la asistencia médica que es nula, lo que tiene que ver con la alimentación interna en el establecimiento. Y quinto, que se instalen nuevamente las mesas técnicas que tienen que ver los otorgamientos de medidas alternativas, de cumplimiento de pena”.
    Apertura de una investigación
    La Defensoría del Pueblo anunció este lunes su mediación en el Internado Judicial de Barinas, acudiendo a las instalaciones, para lograr una solución. La Fiscalía General de Venezuela también anunció la apertura de una investigación penal sobre esta protesta: en un comunicado, el Ministerio Público indicó que la fiscal superior de Barinas y dos funcionarios de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos se presentaron en la cárcel para contribuir a la resolución pacífica del conflicto.
    Humberto Prado denuncia que esta es una respuesta habitual de la Fiscalía: “El Ministerio Público se caracteriza simplemente por emitir comunicados. Lo hizo con la masacre de Yare, lo hizo con el caso del señor Quero Navas, una persona que habían detenido, lo desaparecieron, la madre estuvo más de un mes buscándolo por 21 cárceles”, dice.
    Según los testimonios de la ONG, la protesta en Barinas se saldó con diversos disparos contra los presos por parte de las autoridades. Venezuela ha vivido otros episodios recientes de revueltas en las prisiones. En abril, el gobierno confirmó la muerte de cinco personas durante un motín en la prisión de alta seguridad de Yare III.
    El gobierno de Delcy Rodríguez prosigue con una excarcelación de presos políticos tras la amnistía de febrero. Diversas ONG sin embargo la critican por ser insuficiente.
  • "Quisiéramos volver a pescar, pero da miedo": pescadores ecuatorianos, aterrorizados ante ataques de EE. UU.

    23/05/2026
    Mientras han continuado los ataques a embarcaciones en el Caribe y Pacífico por parte de Estados Unidos, sin aportar pruebas y señalándolas de tener vínculos al narcotráfico, organizaciones de derechos humanos alertan sobre la necesidad de investigar estos hechos sin precedentes que violan el derecho internacional. En los alrededores de Manta, una localidad ecuatoriana del Pacífico, sus pescadores temen salir a trabajar. 
    La pequeña comunidad ecuatoriana de San Mateo, en Manta, ya cuenta dos embarcaciones atacadas por Estados Unidos desde marzo, según un informe del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. El modus operandi se repite con uso de drones artillados y embarcaciones con militares estadounidenses. Así lo describe Cheo, a quien la explosión lo dejó botando sangre y con una fractura en la espalda. 
    "Yo estaba picando un ceviche y cuando saqué un pie afuera de la cocina, a los pocos segundos: '¡Pum!' Me voló con puerta y todo encima de la cocina. Cuando pegó el otro bombazo, también, la parte de arriba de la caseta del barco. Y al ratito reaccioné, cuando boté sangre por la boca y ahí todos los muchachos (flameaban) un trapo hacía el barco de los Estados Unidos para que no lo atacaran (...)  Arriba había otro dron con una granada, no sé si era como un cohete. (...) Nos apuntaron con todito: la metralleta, pistola... dijeron que nos subiéramos uno por uno al barco y ahí lo hacemos. Uno por uno, nos pusieron como esposas o algo así, capucha... se veía clarito cómo se quedaba así quemado el barco".
    Cheo, lleva más de 15 años pescando y cuenta que su embarcación, el Don Meca, quedó destruida. "Por el momento no hemos vuelto a pescar, por lo que nos pasó, porque da miedo, pero si quisiéramos salir nuevamente a trabajar, porque eso es lo que conocemos, la pesca", indicó. 
    Tras el ataque, Cheo recuerda que los llevaron a El Salvador, les dijeron que eran náufragos, sin dar ninguna explicación y los soltaron. Los pasajes de regreso corrieron por cuenta de sus familiares, algo que lamenta, pero agradece que su suerte fue diferente a la de los tripulantes de la embarcación Fiorella, desaparecida en enero. 
    "Estábamos reunidos en San Mateo, con la embarcación Fiorella y la Negra Duarte que también fueron atacados, pero el Fiorella sí sigue desaparecido. Llegan las esposas de ellos a pedir justicia por ellos, porque nadie dice nada. Tal vez a ellos si los volaron con todo, porque ellos nunca aparecieron", señaló el pescador. 
    "Es el equivalente a disparar contra alguien no armado"
    Adam Isaacson, de la organización de derechos humanos WOLA (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos) resalta la necesidad de iniciar investigaciones urgentes para estos casos. 
    "Lo que presenciamos entonces son ataques sin debido proceso en el marco de operaciones de efectuación de la ley letales sin ninguna justificación de autodefensa. Es el equivalente a disparar contra alguien no armado quien está huyendo en una calle. Si un policía hace eso, se encuentra en problemas por haber cometido un homicidio porque no tiene ninguna justificación de autodefensa".
    El organismo de control independiente del Pentágono investiga la legalidad de dichas operaciones del ejército estadounidense, mientras ya van más de 190 muertos y algunos pescadores de localidades como San Mateo, temen salir a trabajar.
  • México: Claudia Sheinbaum propone una reforma electoral para investigar a los candidatos

    22/05/2026
    En México, la presidenta Claudia Sheinbaum propone una reforma a la ley electoral para incluir investigaciones a los candidatos sobre posibles vínculos con el crimen organizado. Según el Gobierno, el proyecto busca mayor transparencia y se hace en vísperas de las elecciones de medio mandato de 2027.
    En medio de presiones desde Estados Unidos para arrestar al gobernador Rubén Rocha, del partido oficialista Morena y acusado de vínculos con el narcotráfico, así como otros funcionarios y exfuncionarios, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum propone una nueva ley para investigar a candidatos con miras a las elecciones de medio término.
    Se trata de la creación de una comisión en el Instituto Nacional Electoral (INE) que coordine la investigación de los antecedentes de precandidatos y comunique a los partidos si hay alerta o no.
    “Secuestran a familiares de candidatos”
    Javier Oliva Posada, profesor de ciencias políticas de la UNAM, rescata que ya existe una legislación similar, pero que en este caso la mandataria busca poner el foco en el narcotráfico.
    “Se van a votar 17 gubernaturas, México tiene 32 estados de la República, entonces un poco más de la mitad se van a renovar. Se va a renovar la Cámara de Diputados, que son 500 escaños, y una cantidad muy importante de congresos y municipios y cabildos. Entonces va a ser un año electoral muy intenso, y tratando de impedir que sobre todo las organizaciones criminales ligadas al narcotráfico pudieran incidir en favor o en contra de algún candidato, es que la presidenta está proponiendo esta ley”, detalla el analista.
    “Lo que se ha demostrado es que, por ejemplo, secuestran a familiares de candidatas y candidatos obligándolos a renunciar a su campaña, y en automático gana el otro, el que puede ser de alguna u otra manera apoyado por los criminales, como sucedió en varios casos, sobre todo en el estado de México donde la actividad criminal favoreció a los candidatos de Morena precisamente”, prosigue.
    Una ley rápidamente aprobada
    El académico destaca que dicho proyecto de ley sería rápidamente aprobado y actuaría como una protección para los mismos partidos, aunque los resultados no serían vinculantes, pero sí podrían llevar a una investigación formal de la justicia.
    “La Constitución de México, para modificarla, necesitas tres cuartas partes del Congreso, eso lo tienen haciendo sus alianzas con otros partidos políticos. Pero como es una ley secundaria, no se necesita más que el 50% más uno, cuando se discuta y se vote en la Cámara de Diputados y de Senadores”, explica Javier Oliva Posada.
    Al anunciar el proyecto de ley, Sheinbaum reconoció los vínculos entre algunos funcionarios municipales y el crimen organizado en su país. Ya esta semana las autoridades anunciaron la detención de seis políticos locales.
  • Washington aumenta la presión sobre Cuba con la inculpación de Raúl Castro

    21/05/2026
    Washington inculpa a Raúl Castro de 94 años por el derribo de dos avionetas en 1996. Entonces, el hermano de Fidel Castro era ministro de Defensa. Es la primera vez que un alto cargo del país comunista es acusado ante la justicia estadounidense. Este acto jurídico también es visto como un acto político y deja muchas preguntas y temores ante las amenazas intervencionistas del presidente estadounidense Donald Trump.
    El caso de las avionetas “Hermanos al Rescate" ha sido perseguido con tenacidad por la comunidad cubano estadounidense en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump. Como lo indica Eloy Viera, jurista y coordinador del medio El Toque, quien calificó la inculpación de Castro como simbólica. 
    "Desde hace 20 años ha sido parte de los esfuerzos de un sector importante de familiares, amigos, conocidos, colaboradores de los cuatro cubanos fallecidos. Simbólicamente estamos ante un paso más hacia la búsqueda de justicia. Un sector importantísimo de la nación cubana ve en la figura de Raúl Castro no sólo como responsable por esas cuatro muertes, sino también responsable de otros muchísimos actos de lesa humanidad", asegura a RFI, Eloy Viera.
    Sin embargo, algunos analistas como el también cubano Arturo López Levy señalan que la decisión es una escalada más en las presión de Washington sobre la isla.
    "Es una política irresponsable porque, por una parte dice que la amenaza más grande que puede venir de Cuba es una estampida migratoria, pero lo que hace es mantener un bloqueo petrolero que está creando una crisis humanitaria de manera tal que justifique una acción dirigida contra el gobierno cubano. Más bien lo que están preparando es una acción militar", explica López Levy.
    Para el jurista David Peña Guzmán, la inculpación es legítima a nivel interno en Estados Unidos, pero a nivel internacional no es tan clara, sobretodo si se tiene en cuenta el precedente con Nicolás Maduro en Venezuela. 
    "A nivel internacional debemos de responder dos estándares. El primero, la acusación es válida en el país en donde se originó y la respuesta es que sí lo es. Y la segunda es ver, una vez que se tiene esa acusación válida, cómo reaccionan el resto de los países o la comunidad internacional ante la existencia de esta acusación válida", explica el jurista.
    "¿Qué pasaría si Cuba hace exactamente lo mismo y formula una acusación en contra de el presidente de los Estados Unidos? Si lo hace, tienen a nivel internacional exactamente la misma validez ambas y ambas deben de ser atendidas y respetadas por la comunidad internacional. Tenemos el precedente que vivimos con Maduro en Venezuela y que trae como consecuencia una serie de preguntas", agrega David Peña Guzmán. 
    Dicha inculpación trae muchos interrogantes, pues el gobierno de Trump amenazó con una intervención en Cuba, justo después de su operación en Venezuela en la que capturó a Nicolás Maduro que actualmente está encarcelado en un centro de detención en Nueva York.
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