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Tras la reciente muerte de dos agentes de la CIA en México, el académico Edgardo Buscaglia, profesor de la Universidad de Columbia, señala que la falta de coordinación entre las instituciones mexicanas y el impacto de la corrupción han llevado a algunos funcionarios locales a confiar más en la protección del gobierno de Estados Unidos que en la de su propio gobierno.
¿Es posible que Claudia Sheinbaum no esté al tanto de los operativos antidrogas lanzados por autoridades locales, como sugiere el reciente caso de dos agentes de la CIA fallecidos en un accidente de tránsito en México cuando regresaban de un operativo anti-drogas en Chihuahua?
El profesor Edgardo Buscaglia, investigador principal en Derecho y Economía de la Universidad de Columbia, no descarta que el gobierno mexicano pueda desconocer algunos de los operativos que Estados Unidos realiza en colaboración con fuerzas locales mexicanas en su territorio. Según el académico, en un “Estado fallido” como el de México, “las instituciones federales no saben lo que están haciendo las instituciones estatales, y éstas no saben lo que hacen las municipales, debido a la tremenda corrupción ‘pirañesca” [sistémica que ha capturado a políticos mexicanos”.
Esta situación explica por qué la presidenta podría no estar enterada de que la gobernadora de Chihuahua colabora con autoridades estadounidenses. Buscaglia menciona que, en países en los que él ha trabajado, como Afganistán, Yemen o Pakistán, los funcionarios confiaban más en la protección de las autoridades norteamericanas que en la de sus propios gobiernos.
García Luna, ejemplo emblemático de infiltración
El especialista afirma que esto es lo que está ocurriendo en México. “Una gobernadora en México puede sentir que ella y su familia están más protegidas cooperando con Estados Unidos en la frontera que esperando protección del gobierno federal mexicano”.
Buscaglia recuerda que el gobierno federal ha sido infiltrado por delincuencia organizada, señalando casos de senadores, diputados y ministros implicados. Un ejemplo relevante es el del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien fue sentenciado a 38 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y delincuencia organizada.
Sobre la muerte de los agentes de la CIA que regresaban de un operativo en Chihuahua, la presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su deseo de evitar un conflicto con Estados Unidos. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿podrá la administración mexicana eludir la confrontación con el actual gobierno estadounidense?
Buscaglia sostiene que “es muy difícil que no haya conflicto”. Según él, “Trump enfrenta elecciones intermedias en noviembre, donde podría perder las mayorías republicanas en el Congreso. El mandatario necesita presentar triunfos contundentes en un contexto de fracasos en su administración: mayor inflación, tensiones con Irán y la situación en Israel. Necesita demostrar a su base electoral que controla la frontera, mostrando ejemplos claros de que es un presidente fuerte, capaz de evitar el ingreso ilegal de fentanilo, drogas y migrantes. En este escenario, y ante un Trump desesperado por mostrar logros antes de noviembre, es probable que continúen los conflictos políticos con el gobierno mexicano”.
Buscaglia incluso anticipa, como primicia, que “el gobierno estadounidense planea activar causas en contra de políticos de primer nivel en México”.

En Santa Marta, ciudad portuaria de la costa caribe colombiana, se inauguró el 24 de abril la primera conferencia internacional dedicada a la salida de los combustibles fósiles. Colombia es una de las naciones más ricas del mundo en recursos hídricos. El país produce más del 70 % de su electricidad gracias a sus represas hidroeléctricas- una realidad poco conocida, que sitúa a este país entre los campeones mundiales de la energía limpia... sin hacer mucho ruido al respecto.
En un momento en que el mundo debate la salida de los combustibles fósiles, acudimos al encuentro de la energía hidráulica. RFI visitó una de las grandes represas de producción hidroeléctrica en el departamento de Antioquia para entender cómo funciona esta máquina de luz.
Para llegar a esta represa, hay que atravesar túneles que fueron excavados en la montaña principal a más de 200 metros de profundidad.
La represa Hidroituango es una obra colosal lanzada hace más de veinte años. Desde 2022, cuatro de sus generadores están en funcionamiento. Cuando se termine, será la represa más grande de Colombia, capaz de cubrir hasta el 30% de las necesidades energéticas del país, hacia finales de 2027 o principios de 2028.
“Primero, tomamos el agua del embalse. Allí tenemos una tubería y la llevamos directamente al distribuidor de la máquina. Y esa agua debe ser evacuada nuevamente una vez utilizada. Tras haber sido turbinada, llega aquí, a este lugar que llamamos la almenara, que es el pozo final. Y luego continúa su recorrido hacia el río, explica Jorge Rodríguez, ingeniero electromecánico encargado de operaciones en la represa de Ituango.
Además de la producción de energía hidroeléctrica, Empresas Públicas de Medellín (EPM) también tiene unas plantas de paneles solares. De hecho, el año pasado, por primera vez, Colombia produjo más electricidad a partir del sol que a partir del carbón, según la Unidad de Planeación Minero Energética, la UPME. Un avance histórico, pero que deberá amplificarse.
Alberto Mejía Reyes dirige la producción de energía para EPM lo explica: “En Colombia tenemos una gran ventaja. Nuestra matriz de generación es aproximadamente un 80 % de fuente renovable, que es la hidroeléctrica. Pero recurrimos a la energía térmica durante los períodos de fenómenos climáticos difíciles como el del Niño. EPM hoy alcanza cerca del 30 % de la demanda del país con sus centros de generación. En este momento, según los análisis realizados por el operador del sector eléctrico, el déficit de energía firme que tendremos para los próximos años equivale aproximadamente a una planta térmica de 500 megawattos.
Aunque los avances son sin precedentes, la urgencia es tal que parecen insuficientes. Más que nunca, se imponen decisiones políticas. La cumbre de Santa Marta es el nuevo desafío, para Colombia, y para el mundo.

Dentro del informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH y pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos. Radio Francia Internacional conversó con Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH. 
2025 fue año récord de denuncias por violaciones de derechos humanos en el continente americano. 3357, un 16% más que el año anterior, como refleja el informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Represión, detenciones arbitrarias o políticas migratorias restrictivas son algunos de los ejemplos, aunque el principal desafío es la violencia, como explica a Radio Francia Internacional Stuardo  Ralón, Presidente de la CIDH. 
"Podría decirle que el principal desafío es como la institucionalidad democrática puede enfrentar esos fenómenos de violencia y de crimen organizado que muchas veces termina distorsionando funcionamiento normal de las instituciones o las sobrepasa. Esa es una situación que nos está preocupando y, sin duda, hay otro tipo de  situaciones como los temas de la independencia judicial y las garantías procesales" ha afirmado Ralón en RFI.
Dentro de su informe destacan tres países que siguen estando bajo un monitoreo especial de la CIDH. Pese a no poder visitarlos por la actual situación: Venezuela, Cuba y Nicaragua. En los 3 países, la CIDH constató la intención clara en 2025 de perennización del régimen, con los ejemplos de Nicolás Maduro asumiendo un nuevo mandato tras las dudosas elecciones o el dúo presidencial nicaragüense Ortega-Murillo concentrando poderes.
"El elemento común que tienen Cuba, Nicaragua y Venezuela es que son regímenes donde no hay libertad,  donde no hay democracia, no hay alternancia en el poder, pero sobre todo hay mucha represión, un uso de la fuerza en contra de cualquier voz disidente" dice Rallón en RFI, afirmando que lo que ellos identifican es  "inherente a los propios regímenes, ya que tanto en Cuba, en Nicaragua o Venezuela ya podemos hablar de décadas, es decir, no es un hecho coyuntural, no es lo que ha pasado los últimos meses o el último año, sino en el momento que de forma fáctica existe una especie de partido único o no existe libertad política. Pues ha llevado a que sistemáticamente se violen los derechos humanos", zanja Ralón para RFI. 
En Nicaragua, se profundizó el régimen autoritario mediante detenciones arbitrarias, destierros, privación de nacionalidad y cierre de organizaciones civiles, lo que mantiene al país como uno de los más críticos en violaciones de derechos humanos, según la CIDH. 
Respecto de Venezuela, el informe señala la consolidación de un régimen dictatorial desde el proceso electoral de 2024, con detenciones masivas, persecución política y quiebre absoluto del Estado de derecho, agravando una crisis humanitaria y migratoria de enormes dimensiones e impacto regional.
La Comisión Interamericana celebró tres periodos de sesiones y organizó 70 audiencias públicas, canales que permitieron visibilizar situaciones nacionales y regionales, dar voz a víctimas y organizaciones sociales, y atender casos y temas prioritarios según ha dicho el organismo.  La CIDH también remitió 33 casos a la Corte Interamericana, participó en 52 audiencias y presentó 200 escritos ante ese tribunal. En el ámbito de soluciones amistosas, el mecanismo registró 25 nuevos acuerdos, la homologación de otros 13 y el cumplimiento total en 11 acuerdos durante 2025.
En términos de protección a personas en situación de riesgo, se analizaron más del 80 % de las 1,969 solicitudes de medidas cautelares, otorgándose o ampliándose 73 medidas que beneficiaron a miles en el continente.

En Santa Marta, ciudad portuaria de la costa caribe colombiana, se inauguró el 24 de abril Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. En el marco de esta reunión en la que participan representantes de varios gobiernos y pueblos indígenas, RFI viajó a la ciudad de Maicao en donde están emergiendo granjas solares.
Najet Benrabaa, enviada especial a Maicao, Colombia.
La Guajira es la paradoja colombiana por excelencia: el departamento más soleado del país, uno de los más pobres, y uno de los peor abastecidos de electricidad. Durante décadas, las comunidades wayuu vivieron en la oscuridad a pocos kilómetros de un sol implacable — 300 días de insolación al año, un recurso colosal que se evaporaba sin ser aprovechado.
Eso está cambiando. En Maicao, en la frontera venezolana, varias granjas solares fueron instaladas. Y en las rancherías aisladas alrededor de Riohacha, paneles solares comienzan a aparecer sobre los techos de paja de las casas wayuu — llevando por primera vez la luz eléctrica a familias que cocinaban a la luz de las velas.
Oleimys Barbosa es responsable de la granja de paneles solares de la ciudad de Maicao, en el barrio Parrantial. Una granja solar que cuenta con 1.792 paneles instalados. Produce una potencia de 1.000 vatios, 1.000 megavatios, para beneficiar a 500 familias de los estratos 1 y 2. “Lo último que falta es conectar directamente a la red eléctrica de la ciudad”, explica Barbosa.
Instalada por la organización Fecode con el apoyo del gobierno colombiano, esta granja solar hace parte de un programa social de acceso a la energía para las poblaciones vulnerables de Maicao. Luz Molina será una de sus beneficiarias: “Mi comunidad vive en el barrio Nueva Esperanza, compuesta por familias bastante vulnerables, y por los altos costos de la energía, en mi casa, por lo general, recibo una factura de 200.000 pesos (aproximadamente 48 euros) o más. Entonces con esta granja solar vamos a reducir un 30 % de nuestro consumo”, explica.
Luz trabaja en una pequeña casa hecha de acero, como una tienda transportable. Está ubicada frente a la alcaldía, que es el centro administrativo de Maicao, lo que le permite trabajar allí todos los días ofreciendo impresiones de documentos, conexiones a internet y otros servicios. Es lo que se conoce como un punto de venta informal.
Pero otras comunidades ya tienen acceso a esta energía solar. Es el caso de la comunidad Yutao del pueblo indígena Wayuu, cerca de Maicao. Viven principalmente en rancherías — casas construidas en pleno desierto, hechas frecuentemente de barro y madera.
Mimi Barrios es lideresa de la comunidad: “el beneficio aquí fue algo maravilloso, porque los niños pueden estudiar, pueden hacer sus tareas en el computador. Aquí, en la comunidad, las artesanas pueden hacer las hamacas hasta tarde en la noche”.
Un nuevo gran proyecto de granja solar fue firmado a pocos kilómetros de Maicao: el proyecto Chivo Mono.

Un tribunal salvadoreño inició un juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros, el primer macro juicio bajo la ofensiva de Nayib Bukele contra las pandillas, que tiene una particularidad: no se juzga a los detenidos por sus cargos individuales, sino que se les responsabiliza de manera colectiva, al considerarlos miembros de una empresa criminal donde todos tienen responsabilidad.
Esta semana, la justicia de El Salvador dio comienzo a su primer macro juicio contra pandilleros. En total, serán procesados 486 integrantes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos, 29,000 homicidios, pero hay cargos de extorsión, narcotráfico o tráfico de armas.
Entre los procesados hay altos cargos y cargos intermedios, pero se juzgará a los pandilleros como miembros de una entidad criminal, sin tratar sus expedientes por separado, sino responsabilizándolos de manera colectiva.
"Hay un claro mensaje categórico y contundente que se le envía a las estructuras de las pandillas criminales y el crimen organizado en El Salvador y es sobre la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado salvadoreño", explica a Radio Francia Internacional Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad nacional.
"Las reformas al código penal y ley contra el crimen organizado buscan que la pertenencia a una pandilla criminal por sí sola sea motivo de una condena prolongada en el sistema penitenciario. Esto lo que hace es que es tratada como una corporación criminal delictiva, donde la responsabilidad no es sólo individual, sino por la pertenencia al grupo criminal.", concluye.
Esta colectivización es posible gracias a una reciente reforma judicial, que pretende acelerar los plazos judiciales. “Si se hace caso por caso estaríamos de años en juicios. Son las mismas personas las que tomaban las decisiones, las que daban las órdenes, incluso las que ejecutaban también en casi todos los casos los asesinatos y secuestros. Ellas participaban”, declara por su parte a RFI Óscar Martínez Peñate, politólogo y doctor en Ciencias Sociales.
“De esta manera se logra realmente abreviar en tiempo y ser más efectivos en cuanto a la aplicación de la justicia. Las decisiones realmente no eran individuales, sino que eran colectivas”, asegura.
Sin embargo, este modelo para ahorrar tiempo, despierta recelos en organizaciones, como Socorro Jurídico Humanitario, que brinda apoyo legal a detenidos durante el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele, siempre y cuando no presenten vínculos previos con las pandillas.
Antonio Palacios es uno de sus fundadores, y explica que al no revisar los casos individualmente, se puede condenar a personas que considera inocentes, como los llamados colaborades forzosos, obligados por la fuerza a ayudar a pandilleros.
“A muchas personas se les va a procesar por delitos que cometieron otras personas bajo la acusación de ser colaboradores de pandillas”, dice Palacios. “La figura del colaborador tiene dos caras: está el colaborador voluntario y el colaborador forzado. Actualmente, cualquier persona que es capturada bajo el régimen de excepción se le etiqueta como colaborador de la pandilla. Si a un taxista lo coerce un pandillero para llevarlo a algún sitio y lo amenaza de muerte, lo convierte en un colaborador ante el sistema de justicia penal de nuestro país“.
Se estima que durante el estado de excepción se han detenido a más de 100.000 personas por estar vinculadas de una manera u otra con las pandillas.