Noticias de América

Casi ocho años después del hundimiento del submarino ARA San Juan, que dejó 44 tripulantes muertos, la justicia argentina dictó sentencia el miércoles 8 de julio sobre las causas del naufragio. El juicio dio una condena de tres años de prisión en suspenso para el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, mientras que otros ex altos mandos de la Armada fueron absueltos.
La desaparición de la nave que zarpó el 13 de noviembre de 2017 desde Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, hacia la base naval de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, es uno de los casos que más ha conmocionado al país en la última década.
En 2026, las autoridades realizaron un juicio oral que duró poco más de cuatro meses para dictaminar quiénes eran los responsables del naufragio del submarino que fue localizado  un año después en el Golfo de San Jorge. Lo encontraron a unos 500 kilómetros de la costa patagónica y a más de 900 metros de profundidad.
El fallo condenó a Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión en suspenso por dos delitos: estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes públicos. Fueron absueltos el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo, el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa.
La sentencia no convence a los familiares porque es “bastante contradictoria”  para lo que se estipula en las acusaciones, dijo a RFI Luis Tagliapietra, abogado y padre de una de las víctimas. Según él, los tres años sin prisión efectiva es una condena “irrisoria” frente a los cargos que enfrentó Villamide: además de ser responsable de “estrago culposo, que vendría a ser el hundimiento”, y que sería “agravado por la muerte de 44 personas”, tenía la “responsabilidad extra de cuidar a sus subordinados y las normativas de la institución”, explicó.
En espera de justicia
Luís, como otros familiares, insiste en que la única manera de hacer justicia es saber qué pasó aquel día bajo las aguas del Atlántico, puesto que a día de hoy, todavía existen múltiples incógnitas sobre la causa del accidente durante la misión de patrullaje del ARA San Juan.
En el primer año “todo fue muy intenso", recordó. “Especulamos con encontrarlos con vida. Después por lo menos encontrar los restos del submarino. Cuando al final encontramos el resto del submarino esperábamos, y después pedimos y después exigimos, que se haga lo que se hace en cualquier investigación: hacer las pericias técnicas necesarias para tratar de saber qué es lo que ocurrió”, pero no se hizo por lo que decidieron llevar el caso ante los tribunales.
Las autoridades hablan de accidente, mientras que la fiscalía sostiene que se trata de una “tragedia previsible”, ante fallas críticas de mantenimiento. 
A pesar de las condenas, el tribunal todavía no ha hecho públicos los fundamentos de la sentencia que se conocerán a finales de agosto y será entonces cuando las familias confían en encontrar respuestas que les acerquen, al menos un poco más, a la justicia que llevan años reclamando.

Este sábado se cumplen cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, una movilización sin precedentes que terminó con miles de detenciones y centenares de condenas. Cinco años después, ONG y organismos de derechos humanos aseguran que cientos de personas continúan encarceladas por su participación en aquellas manifestaciones. Entrevista con Johanna Cilanno, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
El 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después en Cuba. Miles de personas salieron a las calles para reclamar libertad, mejores condiciones de vida y cambios políticos, en la mayor ola de protestas registrada en la isla desde 1959. La respuesta de las autoridades fue una amplia operación policial que derivó en miles de detenciones y centenares de condenas. Algunos de los manifestantes siguen hoy, cinco años después, tras las rejas.
"Todavía hay al menos 300 personas presas cumpliendo condenas relacionadas con el 11 de julio", explica a RFI Johanna Cilanno, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
"De las más de mil personas que fueron efectivamente procesadas, siguen encarceladas aquellas que recibieron las condenas más largas. Uno de los legados del 11 de julio fue precisamente el uso del derecho penal por parte del Estado de una manera bastante discrecional y ejemplarizante. Se impusieron penas muy elevadas a algunos manifestantes. Lamentablemente, permanecen en prisión personas condenadas a las penas más altas, que en algunos casos superan los 20 años. Fueron condenadas por delitos como sabotaje o sedición, los cargos más graves utilizados en estos procesos", añade.
Las protestas disminuyeron en Cuba durante el año siguiente, en un contexto marcado por la represión.
"En 2022 prácticamente no hubo protestas debido al efecto inhibidor de los miles de detenidos, los juicios constantes y los programas de televisión que recordaban las penas y las condenas. También mucha gente estaba saliendo del país, entre ellos periodistas y activistas. Sin embargo, a partir de entonces vuelve a crecer la protesta y la respuesta del Estado sigue siendo la misma. Evidentemente, a mayor contestación social, mayor represión", señala Cilanno.
Según las investigaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el perfil de los detenidos ha cambiado y cada vez es más frecuente encontrar entre ellos a jóvenes que se expresan a través de las redes sociales.
"El perfil de estos jóvenes creadores de contenido e influencers es una novedad entre las personas encarceladas por razones políticas. Ya no se trata del opositor o del disidente tradicional. Son jóvenes que generan contenido y que, al analizar su actividad, muestran cómo se involucran progresivamente en otros temas, como la denuncia y la exigencia de derechos", afirma.
Cinco años después, el eco del 11J sigue presente, mientras miles de cubanos luchan a diario por sobrevivir en una isla marcada por la escasez.
La ONG Prisoners Defenders denunció recientemente un nuevo récord de represión, con 1.306 presos políticos y 40 menores detenidos, la cifra más alta documentada hasta la fecha por la organización.

Cuando se cumplen este miércoles dos semanas del doble terremoto que azotó Venezuela, principalmente La Guaira, los servicios de emergencia han pasado de la urgencia de rescatar sobrevivientes a la ayuda psicológica, entre otros, para los adolescentes y los rescatistas no profesionales, fuertemente impactados por la catástrofe natural. Entrevista con Elena Cáceres, coordinadora de Médicos del Mundo en Venezuela.
Si los primeros días después del doble terremoto del 24 de junio la urgencia era encontrar sobrevivientes entre los escombros, al cabo de dos semanas los equipos de emergencia se concentran en una nueva fase: atender a los afectados. Venezuela centra ahora sus esfuerzos en la ayuda humanitaria para asistir, entre otros, a los más de 14.000 desplazados que se encuentran en 87 campamentos improvisados tras perderlo todo en el seísmo.
“Vamos a realizar primero que todo un buen análisis de las necesidades junto con las autoridades y otras organizaciones”, explicó a RFI Elena Cáceres, coordinadora de Médicos del Mundo en Venezuela. “Vamos a evaluar lo que se necesita a nivel de servicios de salud, tanto en términos materiales como humanos, porque ha habido una pérdida importante de personal sanitario. Hemos desplegado brigadas móviles de atención que ofrecen, por un lado, atención médica, atención en enfermería y salud sexual y reproductiva, así como atención psicológica. Nos vamos a concentrar especialmente en la atención psicológica con dos ramas: una parte para el cuidado de intervinientes y de todas aquellas personas que han estado en primera línea, expuestas. Me refiero a rescatistas, voluntarios y personal de salud. Y, por otro lado, la atención psicológica individual”, precisa", dijo. 
Salud mental, frente prioritario 
Médicos del Mundo se muestra especialmente preocupado por la salud mental, un problema invisible que afecta a las personas que viven una catástrofe como la del doble terremoto en Venezuela, sobre todo a quienes participaron en las labores de rescate y emergencia.
“Los rescatistas no profesionales son personas altamente afectadas. Protección Civil también es un colectivo muy afectado. El personal sanitario sufre un desgaste emocional por todo lo que ha tenido que ver operando en primera línea. También hay muchas personas que han sido afectadas por la catástrofe, pero que habían estado ocupadas buscando a sus familiares o intentando organizar espacios para acoger y cuidar a la gente que se quedó sin vivienda. Los adolescentes también se ven afectados, pues ahora deben lidiar, en medio de una edad compleja, con la pérdida de familiares y prácticamente de toda la vida que conocían hasta ahora.  Los adolescentes procesan las tragedias y las catástrofes de otra manera. Los efectos más visibles se notarán un poco más adelante, no tanto ahora, porque los adolescentes, al comienzo, muchas veces aportan incluso apoyo”.
El seísmo que sufrió el país el pasado 24 de junio arrasó ciudades enteras, edificios, hospitales, comisarías y escuelas. En algunas zonas apenas queda nada en pie. Tras la salida de los rescatistas extranjeros, los voluntarios locales se apresuran a recuperar los cuerpos de miles de personas que permanecen bajo los escombros.
En las últimas horas, las autoridades actualizaron la cifra oficial de fallecidos: más de 3.340 personas.

Human Rights Watch denuncia que las autoridades estadounidenses no han informado sobre las causas de las 52 muertes registradas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde enero de 2025. La ONG sospecha que una de las principales razones podría ser una atención médica inadecuada o tardía y alerta además sobre condiciones cercanas al hacinamiento en los centros de detención.
“El número de personas que mueren bajo custodia de ICE (el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) se ha disparado”. Así comienza el informe de Human Rights Watch, que destaca que entre enero de 2025 y principios de junio de este año murieron 52 personas, una cifra récord en el contexto de la dura política migratoria impulsada por Donald Trump.
Según la organización, se trata del mayor número de fallecimientos registrado desde la creación de esta agencia. Se conoce la identidad de las víctimas, pero no las causas de sus muertes. Varias familias siguen sin saber cómo fallecieron sus seres queridos.
“Una de las principales conclusiones de nuestro informe es que no se publica información adecuada sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia de ICE. Esto hace prácticamente imposible que el público, el Congreso, o expertos médicos externos ejerzan una supervisión efectiva. No obstante, tras analizar la información disponible, incluidos documentos médicos adicionales obtenidos para dos de los casos, e información aportada por Physicians for Human Rights, identificamos fuertes indicios de atención médica inadecuada o tardía en varios de ellos”, dijo a RFI Reagan Williams, coautora del informe de Human Rights Watch.
La ONG Physicians for Human Rights también participó en la investigación. El informe subraya que los centros de detención operan en condiciones cercanas al hacinamiento, después de que la población detenida aumentara un 77 %, al pasar de unas 40.000 a 71.000 personas.
“No existe ninguna base de datos pública que indique la capacidad física máxima de cada centro de detención de ICE”, explica Williams. “Solo disponemos de información pública sobre la capacidad contractual de 85 centros, lo que representa menos del 13 % de los centros activos en 2025. Ante esta falta de datos, comparamos la población de los centros con sus promedios históricos para evaluar posibles condiciones de hacinamiento. Los resultados muestran que, durante el último año y medio, la mayoría de las muertes se produjeron en centros donde la población detenida era muy superior a la de años anteriores”, añade.
El informe concluye que Estados Unidos podría estar incumpliendo sus obligaciones internacionales al no garantizar la protección de las personas bajo custodia del Estado.

Guatemala anunció la creación de un mecanismo de búsqueda de los desaparecidos de la guerra civil. Decenas de familias buscan a sus seres queridos que perdieron la vida durante el conflicto armado, muchas veces en intervenciones del ejército. La creación de este mecanismo coincide con la visita a Guatemala del grupo de expertos de la ONU sobre desapariciones forzadas, la primera en 20 años, que pide la apertura de los cuarteles y archivos militares para encontrar a las víctimas.
La guerra civil en Guatemala en la que se enfrentaron grupos guerrilleros y las fuerzas de seguridad del Estado dejaron cerca de 200 000 muertos entre los años 1960 y 1996, un epidosio conocido como el Conflicto Armado Interno.
Desde entonces las heridas siguen abiertas: se cuentan alrededor de 45 000 personas desaparecidas, dijo a RFI Ana Lorena Delgadillo, del grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas tras la visita de trabajo en Guatemala que concluyó el jueves 2 de junio. “Hay una deuda histórica de Guatemala con las víctimas de desapariciones forzadas”, resaltó.
Para la investigadora el mecanismo de búsqueda humanitaria es un gran avance, pero limitado en “recursos, sostenibilidad y autonomía”, y corre el peligro de que no trascienda a futuros gobiernos “porque está basado en un acuerdo administrativo”.
Responsabilidad militar
Los principales responsables de las desapariciones forzadas y de las ejecuciones “fueron los militares”, afirma Delgadillo, pero las investigaciones se realizan con dificultad por falta de transparencia y bloqueos para acceder a la información institucional. No se cuenta con “los archivos que están en manos de los militares ni tampoco se ha dado la oportunidad de que se puedan abrir todos los cuarteles o los lugares por donde pasó el ejército, donde podría haber restos” de personas, señaló.
Al grupo de trabajo con el que colaboró Delgadillo no se le permitió recorrer un cuartel del departamento de Petén, aunque tenían una visita programada. Su investigación se complicó aún más cuando presenciaron que en los lugares donde podría haber restos de personas había trabajos de construcción. “Estaban haciendo edificios. Nosotros lo hicimos saber como una cosa muy grave”, alertó.
“Lo que pudimos presenciar, es justamente todo el abandono que hay en estas familias por más de 40 años”, afirmó Delgadillo, quien además criticó las medidas implementadas bajo los ochos años de gestión de la exfiscal general Consuelo Porras Argueta, quien el pasado mayo dejó el Ministerio Público (Fiscalía) y quien condicionó las exhumaciones de víctimas de la guerra imponiendo cargas burocráticas a los familiares de los afectados.
Además la experta pidió al nuevo fiscal, Gabriel García Luna, emprender una investigación "seria" por la vinculación que especialistas de la ONU hicieron en febrero de Porras en un caso de adopciones ilegales de niños indígenas en la década de 1980, un señalamiento que la entonces fiscal rechazó.
En las últimas décadas se han exhumado 9 000 cuerpos y se han identificado a más de 3 000 desaparecidos. Una de las principales recomendaciones del informe es la apertura de los archivos porque “hay mucha información que está en manos del ejército”, concluyó Delgadillo.