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La Fiscalía de Chile va a investigar un posible caso de tráfico de niños y adolescentes procedentes de Haití que llegaron a Chile en 2025, supuestamente dentro un proceso de reagrupación familiar, pero que iban acompañados de adultos que no eran sus familiares y cuya entrada en el país no cumplía con las normas del sistema de migración y extranjería. El Ministerio Público indaga el paradero de esos niños, que se desconoce.
La Fiscalía chilena ha decidido investigar después de que Radio Bío-Bío desvelara un informe de la Contraloría, el organismo encargado de auditar, en el que se revelaban irregularidades en el proceso de entrada de al menos 486 menores de edad entre 2024 y 2025.
¿Dónde están los menores?
“La Contraloría comienza esta investigación a raíz de las denuncias, y observa que tanto el visado de reunificación como los viajes de los menores no cumplían ciertos protocolos establecidos dentro del margen que ordena administrativamente la ley. Por ejemplo, las visas que se estaban entregando, había una flexibilización, es decir, documentos que eran fotocopias y que no había un registro concreto de que ese documento corresponda al niño que se estaba identificando en ese momento con la fotografía y con su huella dactilar”, detalla a RFI Néstor Aburto, el periodista que revelo la investigación.
A partir de 2014, Chile empezó a recibir una ola de inmigración haitiana y estos vuelos con menores se justificaban porque supuestamente iban a reunirse con sus familias. De momento se desconoce el paradero de la mayor parte de los niños. “La investigación apunta a poder establecer dónde están los menores. Se calcula que eran cerca de 400 niños que la Contraloría tiene acreditados, pero lo que sabemos hasta ahora es que hay que ampliar el radio del tiempo en que niños viajaron solos desde Haití, que correspondería a fines del año 2022 hasta el año 2025”, precisa Aburto.
¿Quién está detrás de estos vuelos?
La Fiscalía investiga quién o quiénes eran las personas que iban a bordo de los aviones con los niños. Se trata además, indica el periodista, de “saber quién pagó los aviones que salieron, que en un año aproximadamente fueron 11 aviones. Estamos hablando de un vuelo que cuesta entre 150, 180.000 dólares. La pregunta es: ¿cómo se financiaron estos vuelos? ¿Quién estuvo detrás de la contratación de estas aerolíneas para hacer estos viajes chárter? Y lo más importante, ¿quiénes eran los adultos que traían a estos niños y dónde se legalizaron los supuestos permisos?”.
“Se ha transformado en una de las investigaciones más sensibles probablemente que hemos visto de los estamentos públicos en Chile, luego de la dictadura de 17 años de Augusto Pinochet”, concluye Néstor Aburto.
La Fiscalía ha decidido que este asunto merece una investigación aparte, para despejar si hubo delito o no en el traslado de estos menores, algo que han denunciado también organizaciones como UNICEF.

Colombia elige a su próximo presidente este domingo entre dos versiones opuestas, en unas elecciones muy reñidas. El candidato de izquierda Iván Cepeda se enfrenta al ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien según las últimas encuestas se perfila como favorito.
Polarización y división es lo que se respira en estos días pre-electorales en Colombia. En la primera vuelta, la diferencia entre ambos candidatos fue tan solo de un 2,8%, con el ultraderechista Abelardo de la Espriella a la cabeza.
Conflicto armado y seguridad
Ambos candidatos representan ideas totalmente opuestas que responden a la dinámica del conflicto armado, asegura la profesora de ciencias políticas y estudios globales de la Universidad de los Andes, Sandra Borda.
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“Venimos de cuatro años de un gobierno que intentó una salida negociada al conflicto armado con varios grupos, disidencias de guerrillas y además organizaciones criminales. Ese intento de paz y ese intento de negociación no funcionó. No hay un solo grupo desmovilizado y, al contrario, lo que sí pasó es que esos grupos terminaron por fortalecerse, aprovechar que hubo un intento de paz sin estar acompañado de una política de seguridad”, explica la profesora.
“Normalmente en Colombia cuando pasa eso, lo que sigue es una elección que busca que haya una mano dura frente al conflicto armado, porque la gente se cansa, se agota de la falta de voluntad de paz de esos grupos. Eso ha pasado muchas veces en otros ciclos electorales anteriores y está pasando nuevamente. Pero creo que el tema fundamental en este instante es el tema de la seguridad”, subraya asimismo Borda.
Quienes votan por De la Espriella tienen un objetivo principal: sentirse seguros y acabar con los grupos armados. “Lo que él nos promete es que va a darle duro duro al tema de la seguridad y la verdad, yo le tengo fe que quiere hacer las cosas bien”, dice William.
“Porque estamos cansados de tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta inseguridad, tanta violencia. O por lo menos yo que viví el secuestro hace muchos años, y veo uno que vuelve y pasa lo mismo, es lo que no queremos y no queremos que siga gobernando el partido que está gobernando”, recalca Martha.
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Avance hacia la igualdad
Pero hay otra mirada, la de aquellos que con el partido oficialista de Iván Cepeda sienten un avance hacia la igualdad y ven esta como una solución a la violencia.
Para Freddy por ejemplo, votar por Cepeda permitiría “que continúen los cambios sociales que ha venido desarrollando la izquierda en Colombia desde hace cuatro años, las políticas sociales, el respaldo al medioambiente”. Camilo subraya por su parte que para los jóvenes, la izquierda ha significado “tener más ingresos y mejor estabilidad económica”.
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Incertidumbre, es lo que dicen sentir los colombianos frente al domingo. Pues sea quien sea el próximo presidente, tendrá que lidiar con una fuerte oposición y un país fragmentado.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, atraviesa una de las mayores crisis de su gestión, acorralado por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y la creciente presión política. No obstante, anoche consiguió ganar tiempo: la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, logró sumar apoyos suficientes para postergar hasta la próxima semana la sesión en la que se iba a debatir su interpelación y una eventual moción de censura para apartarlo del cargo.
Manuel Adorni, el jefe de Gabinete argentino, enfrenta una creciente presión política y judicial tras reconocer que omitió declarar aproximadamente medio millón de dólares en sus declaraciones juradas. Mientras la oposición y sectores de su propio espacio político impulsan una moción de censura para apartarlo del cargo, la polémica continúa dominando el debate público.
“Estamos cerca de la posibilidad de una moción de censura”
Gonzalo Ruanova, exlegislador bonaerense del Partido Justicialista, analiza las claves de este escándalo político: “La situación de Adorni tomó una dinámica mucho más fuerte en esta última semana a partir de sus últimas declaraciones. Sus explicaciones en las declaraciones periodísticas fueron insuficientes y generaron que el tema vuelva a tener un debate intenso en lo público”.
Además, “por lo que uno percibe y las declaraciones de los parlamentarios, estamos cerca de la posibilidad de una moción de censura, no solo por las declaraciones de la oposición, sino incluso de aliados del Gobierno que mencionan la posibilidad de acompañar esta moción de censura, si el jefe de Gabinete no presenta la renuncia antes de la sesión. Me parece que está corriendo un reloj importante para el jefe de Gabinete y para el Gobierno mismo”, agrega Ruanova.
Apoyo de Milei
Desde que estalló el escándalo, el presidente Javier Milei ha respaldado a Manuel Adorni con firmeza, incluso a costa de su propio capital político. Luis Lázaro, profesor de Derecho de la Comunicación en la Universidad Nacional de Avellaneda, nos explica los posibles motivos de este apoyo: “Yo diría por un par de razones. En principio, el hecho de entregar esa presa política de parte del presidente lo pondría en un lugar de debilidad, que no solo afecta al discurso, las narrativas, sino que afecta su propia capacidad de disputar lo que queda de su mandato con una aspiración cierta en términos de la reelección”.
“Y además”, prosigue el profesor, “han aparecido algunas cuestiones vinculadas con los casos de corrupción que se ventilan en Argentina por estos tiempos. Me refiero específicamente al escándalo con la estafa de la criptomoneda $LIBRA, que involucró de manera directa y personal al presidente Milei, donde también ha estado Adorni involucrado, y empiezan a aparecer en el expediente judicial que investiga esa estafa, algunas líneas que conducen directamente a los subalternos del presidente y también al propio Milei. También una manera de desactivar esa conexión en algún momento puede ser el despido de Manuel Adorni como jefe de Gabinete”.
Mientras tanto, el fiscal a cargo de la causa solicitó información adicional sobre el historial laboral del jefe de Gabinete y de su esposa, con el fin de profundizar la investigación sobre la evolución patrimonial del funcionario.

A pocos días del balotaje en Colombia, el tema del sistema de salud está en boca de todos. Un sistema público-privado que deja a muchos sin cobertura cuando más lo necesita. Reportaje desde Bogotá, con nuestra enviada especial Paola Ariza.
La salud está en crisis y los colombianos esperan desesperadamente salir de ella con el próximo presidente. Eso dice Olga Garzón, quien culpa al saliente gobierno de Gustavo Petro por las demoras en la asignación de citas de su cuñada.
“Ella es una paciente que sufre de epilepsia y retardo mental. Está necesitando hace aproximadamente cinco meses una cita con neurología. El sistema de salud ha empeorado desde el actual gobierno”, comenta Olga.
“Esto no tiene salida, esto necesita una reforma”, estima por su parte Félix Martínez, el director de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).
Martínez asegura que el problema es estructural y cualquiera que sea el próximo mandatario, la tendrá muy difícil. “Este es un problema de una crisis que viene acumulada por muchos años, de un sistema que se creó en el año 93. Colombia tomó una de las decisiones más drásticas de privatizar absolutamente el manejo del sistema de salud. Se les permitió a los aseguradores contratarse los servicios con ellos mismos, con sus propias clínicas, sus propios hospitales”, explica.
“Esto es un negocio”
“En este sistema de negocios, por ejemplo, hay una EPS, una aseguradora muy grande que tiene 11 millones de afiliados, y al otro lado hay un distribuidor de medicamentos gigantesco que maneja miles de farmacias. Si esas dos personas un día no se ponen de acuerdo en la forma de pago, las tarifas o el pago de la deuda, rompen el contrato y se quedan dos millones de personas ese día sin medicamentos, hasta que les organicen un nuevo servicio. ¿Y por qué es así? Porque esto es un negocio y el negocio está primero que los servicios de salud de la gente”, recalca Martínez.
Jesús es paciente de esta polémica prestadora privada que abarca más del 20% de la población y está en intervención del Estado desde 2024. “Yo estoy afiliado en la nueva EPS y no me han podido operar. Ya llevo como dos años. La salud está muy mala, no porque venga este gobierno, sino porque eso viene de los gobiernos anteriores”, dice.
Ineficacia, clientelismo y corrupción. La crisis de la salud en Colombia es robusta como su millonaria deuda… Está por verse si los colombianos eligen la continuidad del sistema que propone el abogado De la Espriella con algunos ajustes, o la reforma hacia lo púbico del senador Cepeda.

Una fiscal de Manta, Alexandra Bravo, fue asesinada a tiros junto a su hermana el domingo. El hecho constituye el tercer ataque contra funcionarios vinculados a la Fiscalía de esta ciudad costera en tres años, en un contexto de violencia asociada al crimen organizado. Especialistas denuncian la falta de protección para la rama judicial y señalan sospechas incluso en los niveles más altos del Estado.
En medio de la conmoción causada en Ecuador por el asesinato de la fiscal y su hermana, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país. El 1° de junio había finalizado un estado de excepción de 60 días, durante el cual el mandatario también impuso toques de queda nocturnos en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil (sureste), estratégico para el narcotráfico.
El doble crimen se suma a una cadena de ataques contra operadores de justicia que ya deja varias decenas de funcionarios muertos, según explicó a RFI Carla Álvarez, politóloga del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito.
"Hay una fuerte desprotección de los operadores de justicia. Esa violencia se ha cobrado la vida de aproximadamente 40 servidores judiciales en los últimos seis años. La mayoría de estos asesinatos se han concentrado en la región costera de Ecuador, la más violenta del país, porque allí se encuentran las infraestructuras logísticas necesarias para la exportación vía marítima, en contenedores, de mercadería contaminada con cocaína. Esos productos llegan a los puertos de los grandes países consumidores", explicó Álvarez.
José Ruiz, director del Observatorio de Finanzas y Clima, señaló la dificultad del gobierno ecuatoriano para controlar la expansión del narcotráfico, así como las sospechas que pesan en los niveles más altos del Estado, incluido el propio presidente.
"La cocaína no sale de las aduanas que controlan puertos públicos, sino de puertos privados que están bajo la propiedad de grandes grupos económicos. Además, se exporta en contenedores que suelen llevar mercancía legal. El banano es la principal mercancía bajo la cual se oculta la cocaína. Hay un dato preocupante que concierne al presidente del Ecuador: proviene del principal grupo económico del país, que controla alrededor de cinco puertos. Es la principal empresa bananera donde se ha decomisado cocaína. Cuando los buques llegan a Europa, son detenidos y allí se realizan incautaciones. Luego se informa a las autoridades ecuatorianas y los medios suelen publicar que se ha encontrado cocaína en embarcaciones del presidente. Esto ha generado desconfianza sobre el grado de conocimiento que tendría el mandatario sobre estas exportaciones ilegales", afirmó Ruiz.
Tras el asesinato de la fiscal y su hermana, abogados y colegas exigieron al Gobierno reforzar la seguridad del personal judicial. La mañana del ataque, la funcionaria no contaba con la protección policial que tenía asignada.