Noticias de América

El grupo de expertos independientes sobre el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres hace una década presentó su informe y sus recomendaciones al Estado hondureño en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los expertos piden a Honduras investigar posibles complicidades de funcionarios públicos en el crimen, pero el nuevo gobierno puso en duda la imparcialidad del grupo de expertos.
Tras seis meses de investigaciones en Honduras, el grupo de expertos independientes (GIEI) sobre el asesinato de la activista Berta Caceres llegó a la conclusión de que el crimen fue previsible y evitable.
Según los expertos, se trató de una operación planificada con la participación de sicarios y personal de la empresa hidroeléctrica DESA, y con la tolerancia de funcionarios. Los expertos evidenciaron también el desvío de fondos de un banco de desarrollo holandés, destinados a financiar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que se oponía Berta Caceres con la comunidad indígena lenca. Fondos desviados para pagar a los sicarios que acabaron con la vida de la activista. 
Roxana Altholz, una de las expertas, expuso como el Estado hondureño ignoró deliberadamente las interceptaciones telefónicas de los responsables del crimen: “En esas conversaciones se utilizaban expresiones como ‘gatillero’, ‘por 40 lo haría’ o ‘la decisión depende de allá arriba’. Incluso se hacía referencia a contactos dentro de estructuras de inteligencia. Sin embargo, a pesar de contar con esta información, no se adoptó ninguna medida para impedir o desarticular la operación que finalmente terminó con el asesinato de Berta Cáceres”.
“La reparación exige medidas estructurales”
Aunque ya hay ocho condenados por este crimen, los expertos recomiendan al Estado hondureño profundizar las investigaciones sobre el rol de la familia Atala, accionista de la empresa implicada en el asesinato, así como reparar a la comunidad lenca.
“La reparación exige medidas estructurales, incluyendo la revocación total y definitiva de la concesión del proyecto Agua Zarca que sigue vigente, la titulación colectiva de las tierras de las comunidades lencas afectadas”, expresó Roxana Altholz.
El representante del nuevo gobierno hondureño de derecha, el procurador José Francisco Quiroz, recibió sin embargo estas recomendaciones con escepticismo, y cuestionó la legalidad del convenio firmado por el gobierno anterior que autorizó el trabajo de los expertos. “En el marco de la búsqueda de la justicia, no resulta viable convalidar un instrumento que no ha sido sometido al examen del Congreso Nacional”, afirmó.
Si bien las recomendaciones de los expertos no son vinculantes, el Estado hondureño sí debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, recordó la relatora de la ONU Andrea Pochak, claramente molesta por la declaración del procurador hondureño quien puso en duda también la imparcialidad de uno de los expertos del GIEI.

El ultraderechista José Antonio Kast se posesiona este miércoles marcando un cambio político drástico con relación al presidente saliente de izquierda Gabriel Boric. Entre las primeras medidas que planea tomar Kast figura aplicar una política de mano dura contra la migración irregular que ofrezca resultados rápidos, una iniciativa que analizó para RFI Adriana Paloera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile.
La militarización de la frontera norte será uno de los primeros gestos de Kast como nuevo presidente para combatir la migración irregular. El mandatario prometió la construcción de vallas, zanjas y muros de varios metros en las fronteras del país, junto con el uso de drones y cercos electrificados.
Hace unas semanas, este admirador del exdictador Augusto Pinochet lanzó un llamado a los 300.000 migrantes indocumentados: “Les hemos señalado a los inmigrantes irregulares que les quedan, a partir de hoy, 63 días para dejar nuestro país y tener la posibilidad de volver con todos sus papeles en regla”.
Sin embargo, expulsar masivamente a los migrantes en situación irregular parece poco realista, indica Adriana Paloera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile:
"Me parece que esto va a ser un proceso mucho más largo de lo señalado por Kast cuando era candidato. Él aseguraba que en unos tres meses tendrían solucionado el problema de la inmigración. Pero, teniendo en cuenta la cantidad de personas indocumentadas —más de 300.000—, uno se pregunta qué mecanismos se pondrán en marcha para que esas personas abandonen el país. A partir de la petición del nuevo presidente, es casi inviable porque estas personas no tienen recursos. También me parece importante señalar, en especial en el caso venezolano, que en ese país todavía no ha cambiado nada [tras la operación de captura de Macuro]. Entonces, las personas no saldrán de Chile si no ven modificaciones, por ejemplo, en su país de origen".
¿Será posible limitar los servicios de salud a los migrantes? 
Kast propone también que los migrantes indocumentados tengan acceso limitado a los servicios de salud, una medida que esta especialista observa con preocupación.
"Sería un retroceso respecto de lo que señala nuestra legislación, que garantiza la posibilidad de acceso de la población migrante a la atención pública. Me parece que, para llevar a cabo lo que propone Kast, sería necesaria una modificación de la ley con un enfoque más autoritario. No sé si un decreto presidencial permitiría hacerlo", puntualiza Paloera.
Durante su campaña electoral, José Antonio Kast indicó además que su gobierno sancionará a las ONG que, según él, fomenten la migración irregular, así como a cualquier persona que arriende una vivienda a migrantes indocumentados.
¿Obtendrá el gobierno de Kast la mayoría necesaria para reformar las leyes migratorias y tipificar como delito el ingreso irregular al territorio chileno?
"La composición de ambas cámaras quedó algo más cargada hacia los sectores conservadores. Hay grupos que pueden inclinar la balanza hacia la criminalización de la inmigración irregular, pero también existen otros que se oponen", concluye Paloera.
Durante su campaña electoral, José Antonio Kast indicó también que su gobierno sancionará a las ONG que fomenten la migración irregular y a cualquier persona que arriende una vivienda a migrantes indocumentados.

Tras superar los 100 dólares por barril por el temor a interrupciones en el suministro, el petróleo registró una fuerte caída después de que Trump afirmara que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto. Aun así, la volatilidad continúa y el impacto podría sentirse de manera desigual en América Latina: Brasil podría salir beneficiado, pero otros países, perjudicados. Análisis de Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin.
El bloqueo en el estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas dispararon el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. Sin embargo, los mercados reaccionaron con una fuerte caída tras unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró que la guerra podría estar "prácticamente terminada". Una afirmación que, por ahora, sigue sin confirmarse.
En este contexto de gran incertidumbre en la economía mundial, surgen varias preguntas: ¿qué impacto puede tener la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en América Latina? ¿Podrían algunos países de la región salir beneficiados?
Planteamos estas cuestiones a Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin.
Brasil, potencia petrolera en América latina 
"Brasil, que es el mayor productor de petróleo crudo en América Latina y produce actualmente alrededor de cuatro millones de barriles diarios, se beneficiaría de un precio elevado del barril. Brasil es hoy un exportador neto no solo de petróleo, sino también de etanol producido a partir de la caña de azúcar, que se utiliza como combustible. Creo que el principal país que se beneficiará será Brasil".
En el extremo opuesto se encuentran los países del Caribe, que sí se verían perjudicados por esta situación. La razón es sencilla: no producen petróleo crudo y dependen casi por completo de la importación de combustibles refinados.
¿Y qué ocurre con los países andinos?
"Para algunos países, principalmente en la zona andina, como Ecuador, Perú y Colombia, que exportan petróleo crudo, pero, desafortunadamente, también importan productos refinados como gasolina y diésel, es una navaja de doble filo. Por un lado, recibirán un mayor precio por el petróleo que exportan, pero al mismo tiempo tendrán que pagar más por la gasolina y el diésel que importan. Esto se debe a la falta de capacidad de refinación que tienen", subraya Piñón.
La actual crisis energética también ha puesto de manifiesto la falta de infraestructura en algunos países para responder a la demanda interna, como ocurre en México o en Venezuela.
Dos retos para América Latina 
Sin embargo, según el experto, también hay economías de la región mejor preparadas para aprovechar el contexto.
"Brasil, la propia Argentina —que ahora está exportando gas natural licuado— o Trinidad y Tobago, cuyas exportaciones de gas natural licuado son muy importantes. En realidad, América Latina está en una posición logística preferencial. Brasil, por ejemplo, tiene una larga historia como exportador de petróleo crudo hacia el mercado asiático del Pacífico", explica.
La duración del conflicto en Oriente Medio sigue siendo incierta y, por lo tanto, también lo es la evolución de esta crisis energética. Pero, sea cual sea su duración, el desafío para América Latina parece claro: optimizar sus exportaciones de petróleo crudo y reducir su dependencia de las importaciones de combustibles refinados.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, y otras autoridades de Estado inauguraron el jueves las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el Trópico de Cochabamba donde, según la ONU, el 94% de la coca comercializada no pasa por mercados legales. El presidente Rodrigo Paz se apresta a firmar un acuerdo con la Agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada en 2008 por el presidente socialista de entonces, Evo Morales.
"No venimos a generar violencia" aseguró  el ministro el interior de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, al inaugurar el jueves las tareas de racionalización y erradicación de cultivos de coca en el marco de su lucha contra el narcotráfico en el Trópico de Cochabamba donde, según la ONU, el 94% de la coca comercializada no pasa por mercados legales.
El ministro expresó su deseo de “sentarse con la dirigencia de los cocaleros y trabajar de manera conjunta". Eso espera la dirigencia de las seis Federaciones de cocaleros de la región, precisó a medios locales el líder del Chapare Aquilardo Cari Cari.
“No nos oponemos, siempre y cuando haya una concertación con las organizaciones del trópico de Cochabamba como indica la ley 906. Nosotros siempre hemos cooperado con la política de la racionalización de la hoja de coca”.
Aquilardo espera que no se genere un conflicto entre el gobierno y la región porque la racionalización de la hoja implica la intervención en tierras de particulares. “Y ahí es importante la intervención del dirigente” para llegar a acuerdos, previno.
Apoyo de la DEA 
Con picas, palas y machetes, soldados bolivianos han empezado a erradicar los plantones de hoja de coca sembrados en zonas no autorizadas, mientras el nuevo gobierno de Rodrigo Paz se aproxima a firmar un acuerdo para el retorno al país andino de la Agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, expulsada hace 17 años por el presidente socialista Evo Morales.
ADEPCOCA, organización que representa y defiende a los productores de hoja de coca de los Yungas de La Paz, territorio originario y ancestral de su cultivo, respalda la presencia de los agentes de la DEA para luchar contra el narcotráfico.
El presidente de ADEPCOCA, Daynor Choque, explicó que la hoja de coca está permitida en dos departamentos (La Paz y Cochabamba), pero en Bolivia los cultivos existen "en cinco departamentos, lo que hace notar que no hay políticas de lucha contra el narcotráfico y mucho menos de políticas de racionalización y erradicación de cultivos ilegales”.
Choque calcula que en el país andino hay 31 000 hectáreas de coca, 9 000 más de lo que estipula la ley y cuyos cosechas serían utilizadas para la producción de la pasta base de la cocaína. 
“Estamos en contra de lo ilícito y vamos a apoyar ese tipo de políticas”. 
Las Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión de Evo Morales -sobre quien pesa orden de captura por trata de personas a raíz de una relación con una menor de edad- temen que la presencia de la DEA en Bolivia sirva para que se le sumen cargos por narcotráfico y sea arrestado y extraditado a Estados Unidos, como ocurrió en Venezuela con Nicolás Maduro. Los dirigentes iniciaron vigilias en las carreteras ante denuncias sobre un presunto «Plan Z» gubernamental cuyo objetivo sería perseguir a sus líderes y debilitar la fuerza política del expresidente de Morales.

En la recta final hacia las legislativas en Colombia del 8 de marzo, el presidente de izquierda Gustavo Petro y el Pacto Histórico, partido de gobierno, reiteran la falta de garantías del software privado que la Registraduría alquila para el conteo de votos y escrutinio. La denuncia del oficialismo se basa en la sentencia del Consejo de Estado que confirma que en las elecciones de 2014 el software electoral fue manipulado, alterando los resultados sin alertar las papeletas. 
Los cuestionamientos del gobierno de Colombia al software de pre-conteo y escrutinio remontan a las legislativas del año 2014 cuando votos de la formación política Mira, que en la actualidad no es un partido de gobierno, fueron trasladados a otras formaciones políticas, explicó a Radio Francia Internacional la senadora oficialista María José Pizarro: “Ellos se presentaron a las elecciones de 2014 y lograron demostrar, después de un proceso que se adelantó por parte del Consejo de Estado, que les habían sido trasladados sus votos y no se les había permitido componer el Congreso de la República como les correspondía, en función de los votos que efectivamente habían recibido”. 
La investigación del Consejo de Estado dejó en evidencia que el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría delegaron la soberanía del conteo en empresas privadas que operan con algoritmos cerrados o “cajas negras”. Fue un "fraude técnico sin precedentes", según la sentencia del máximo tribunal administrativo. 
María José Pizarro indicó que dicho fallo “conmina a las autoridades electorales a que desarrollen un software electoral propio, no como sucede desde ese entonces y hasta la fecha que es un software electoral para el escrutinio y el conteo final de los votos, tercerizado. ¿Esto qué quiere decir? Que está contratado a través de una empresa privada que se llama Thomas Greg & Sons”. 
La historia se repitió en los comicios legislativos de 2022 con los votos del Pacto Histórico, explica la congresista miembro de ese partido de gobierno “Más de medio millón de votos que eran para el Pacto Histórico terminaron en otras fuerzas políticas, como lo acaba de reconocer hace pocos días el registrador nacional quien ha dicho que por el mal diseño del formulario E-14 se trasladaron votos del Pacto Histórico al Partido de la U. Y nosotros, después de una defensa jurídica de muchos meses, logramos recuperar esos 649.000 votos y, con esa recuperación, cuatro curules más para el Pacto Histórico.
La senadora recalca la trascendencia que tiene esta irregularidad: "Es muy importante que la gente tenga claro que es un fraude al elector. El elector deposita su voto por el Pacto Histórico y resulta que ese voto no es contado para nosotros, sino que es contado y trasladado a otras fuerzas políticas”. 
“El Estado no puede seguir alquilando el sistema que decide quién gobierna. La propiedad intelectual debe ser pública para permitir auditorías ciudadanas y forenses en tiempo real”, reza la sentencia del Consejo de Estado emitida en 2018. “Desafortunadamente no se han acatado”, insistió Pizarro. “Es decir, hay un desacato al fallo del Consejo de Estado y, por otro lado, se mantiene la misma contratación con la misma empresa que ya ha presentado estos fallos”. 
Leer también¿Qué se vota el 8M en Colombia?: el termómetro electoral en la recta final del mandato de Gustavo Petro
A menos de una semana de la cita en las urnas, la Registraduría de Colombia aseguró haber demostrado, mediante una auditoría que duró tres días, que el software electoral sí es seguro. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro y el oficialismo cuestionan la profundidad de dicha revisión. “Claro, el registrador muestra el software y hace lo que a sus ojos es una auditoría. Y nosotros dejamos perfectamente claro que eso no es una auditoría al software; que no se ha permitido verificar el código fuente. Nosotros podríamos estar asistiendo a un escenario similar al que vivimos en el 2022 y, por lo tanto, hemos desarrollado toda una estrategia de testigos electorales", advirtió la senadora colombiana María José Pizarro. 
"Tenemos más o menos 45.000 testigos electorales, pero se necesitan alrededor de 90.000 para poder cubrir el 100% de las mesas. También tenemos alrededor de 500 abogados escrutadores que, de manera voluntaria, estarán acompañando la revisión de las mesas que sean impugnadas por parte de los testigos electorales”, concluyó.