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La disputa por las Malvinas sigue ocupando un lugar central en Argentina. Este martes, abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982 contra el Reino Unido presentaron una demanda para frenar un proyecto de explotación de hidrocarburos impulsado por las petroleras Navitas y Rockhopper en aguas cercanas al archipiélago. 
Desde la sureña provincia de Tierra del Fuego, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de Malvinas de la ciudad de La Plata (Cecim) presentaron una demanda que busca frenar el proyecto de explotación de las petroleras Navitas, de Israel, y Rockhopper, del Reino Unido, alrededor de las islas Malvinas, poniendo nuevamente el foco sobre la disputa por la soberanía de ese territorio entre Londres y Buenos Aires.
El proyecto, denominado Sea Lion, tiene como objetivo comenzar la extracción de crudo en 2028 y llevarla a cabo durante más de 30 años a 220 kilómetros de las islas Malvinas, indicó a RFI Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas:
"Esto es una ocupación ilegal de las islas Malvinas por parte del Gobierno británico, del Estado británico. Pero además, en este caso, también en el mar argentino, donde las empresas petroleras Rockhopper y Navitas, dos corporaciones muy grandes, no han pedido ningún tipo de autorización ambiental a las autoridades del mar argentino, que es la Argentina. Hay un comunicado de la Cancillería que lo declara ilegal. Nosotros lo usamos para argumentar nuestra acción judicial, pero no hay acciones concretas, que es también lo que estamos pidiendo".
Según los demandantes, además de la disputa por la soberanía, este proyecto también representa un alto riesgo ambiental para aguas del Atlántico Sur bajo jurisdicción argentina y para las islas de la región, que mantienen una "conexión ecológica" con la Antártida.
"El riesgo de derrame, según los especialistas, es más del 40%. Lo que un derrame afectaría de todo, incluso la costa del territorio continental argentino. Lo que significa ahí es territorio de la ballena franca austral, uno de los animales más magníficos del mundo", explica Viale.
El texto jurídico indica que el proyecto petrolero incumple una resolución de la ONU según la cual deben evitarse acciones unilaterales mientras permanezca abierto el diferendo entre ambos países. Cabe recordar que Argentina y el Reino Unido se disputan la soberanía del archipiélago austral y libraron una guerra en 1982, que se saldó con la rendición de Buenos Aires tras 74 días de conflicto, en el que murieron 649 argentinos y 255 británicos.
Desde entonces, el reclamo ha continuado por la vía diplomática. El Reino Unido ejerce la administración del archipiélago como territorio británico de ultramar, mientras Argentina reivindica de manera permanente su soberanía y lo considera un territorio ocupado ilegalmente.

Miles de estudiantes en Cuba vuelven a las aulas en medio de una extrema precariedad entre apagones, malnutrición y un sistema educativo colapsado por la falta de material y docentes.
 
Para muchos niños el sonido del timbre es sinónimo del regreso a las aulas, de reencontrarse con sus amigos y de expandir sus conocimientos. Sin embargo, no será para todos igual, especialmente para los miles de estudiantes cubanos que se enfrentan a una vuelta al cole marcada por la escasez.
“La peor vuelta al cole”
Para ellos, volver a la escuela significa un año más intentar estudiar entre apagones, carencia nutricional y un importante deterioro del sistema educativo de Cuba. “Probablemente sea la peor vuelta al cole en estos 67 años de la llamada Revolución Cubana. Es una vuelta al cole después de unas vacaciones que no han sido vacaciones para la gran mayoría de los niños y niñas cubanas. Es una vuelta llena de angustias y de incertidumbres, de precarización de las condiciones materiales. Es un regreso a clases, además, en condiciones de extrema excepcionalidad para la gran mayoría de los niños”, comenta Elaine Acosta, directora del Observatorio Cuido60.
El curso anterior tuvo que finalizar anticipadamente por la crisis energética y la brecha digital que impedía realizar en buenas condiciones las clases. Además, la malnutrición en los estudiantes, provocada por la escasez de productos básicos, también es uno de los puntos que más preocupan a las familias.
“La gran mayoría de las mujeres, de las madres, sacrifican su propia alimentación, por lo menos para proveer algo a los hijos para mandarlos con una merienda a la escuela, con un almuerzo y puedan soportar, digamos, lo que necesita una carga activa”, subraya Acosta.
Edificios inadecuados y falta de maestros
Unas condiciones que también denuncia Mailén, una madre de tres hijos residentes en La Habana: “La escuela de mis hijos está en reparación desde hace más de seis meses porque le estaba cayendo los pedazos de techo arriba a los niños. De hecho, se estaba desplomando el piso de una de las aulas de arriba y estaban cayendo los escombros en el aula de abajo y tuvieron que desalojar esas aulas. Los niños llevan medio curso, los grados más grandes, yendo a otra escuela a recibir las clases porque en esa escuela no podían estar”, cuenta.
A esto se suma la falta de maestros. En 2024, el oficialismo reconoció que el país tenía una necesidad de alrededor de 24 mil docentes para completar las plantillas. “Se produce una fuga de profesores y de auxiliar porque las condiciones laborales, los salarios, obviamente no compensan el esfuerzo, el sacrificio y la dedicación que tiene una profesión como el magisterio”, señala Elaine Acosta.
Mientras suena la campana y comienza otro curso, las familias cubanas afrontan el reto de garantizar una educación digna a los más pequeños.

La justicia salvadoreña anunciará el lunes el fallo contra la cúpula de la Mara Salvatrucha, acusada de cometer más de 47.000 crímenes entre 2011 y 2022. Mientras el gobierno de Nayib Bukele se jacta de "saldar una deuda histórica", varias oenegés denuncian que este megajuicio viola el debido proceso al no individualizar la responsabilidad penal y, por tanto, podrían ser condenados inocentes.
El Salvador conocerá este lunes el veredicto contra los presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha, que durante décadas sumergieron al país en el terror y la violencia. Los 485 acusados podrían obtener miles de años de cárcel.
El presidente, Nayib Bukele, quien controla todos los poderes del Estado y buscará un tercer mandato en febrero próximo, ha llegado a comparar estos juicios colectivos con los celebrados en Núremberg contra los jerarcas nazis.
Aunque este megajuicio —el más publicitado de los impulsados por el gobierno— busca “saldar una deuda histórica”, los defensores de los derechos humanos temen que se juzgue a inocentes, como explica a RFI Abraham Abrego, director legal de la ONG Cristosal.
"No ofrecen pruebas, no individualizan a los responsables, no definen qué delitos cometieron, entonces no se hace justicia para las víctimas de las pandillas y la celeridad con la que lo hacen no permite garantizar la responsabilidad de las personas, entonces de estos cientos que están juzgando van muchos inocentes", explica Abrego a RFI. 
Lanzada en 2022, la "guerra" antipandillas ha llevado a la cárcel a unas 92.000 personas sin orden judicial bajo un régimen de excepción. Para Abrego, esta sentencia —que se conoce apenas cuatro meses después del inicio de este proceso colectivo— podría sentar un precedente “muy negativo” para la justicia salvadoreña.
"No ofrecen justicia, es más una estrategia comunicacional. Si los juicios fueran públicos y mostraran la realidad, la versión de los defensores y las pruebas, realmente la gente dudaría de que estos juicios sean justos y de que todos sean pandilleros", denuncia el director legal de la ONG Cristosal. 
También Samuel Ramírez, dirigente del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), afirma que estos juicios colectivos son “espectáculos”, que sirven como excusa para justificar la condena de muchos inocentes.
"El precio que estamos pagando es demasiado elevado, el régimen de excepción, no sólo afecta a los criminales, nos afecta a las personas honradas que nos pueden capturar en cualquier momento y no tienes derecho a un abogado defensor, a la presunción de inocencia, ni a un debido proceso porque todo está manoseado", deplora Ramírez.
"Han construido penales sin transparencia, sin conocer cuánto se gastó, al régimen esto le permite facilitar la corrupción en este país", agrega el dirigente de Movir. 
A su juicio, el régimen de excepción "ya no tiene sentido" cuatro años después de su implementación, sobre todo cuando el propio presidente se jacta de "ser el país más seguro del mundo".
"El gobierno a partir de todo el control total que ejerce de las instituciones, éstas no están para escuchar a las víctimas, están sólo para tapar la violación a los Derechos Humanos y para cumplir las órdenes del presidente", concluye Ramírez. 
Ante esta situación, el defensor de los derechos humanos insta a la comunidad internacional a realizar una auditoría de estos megaprocesos judiciales y evitar así que personas inocentes pasen “entre 40 y 80 años de prisión” por delitos que no han cometido.
Más de 250 de los imputados en este juicio colectivo están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel para pandilleros construida por el gobierno de Bukele, y el resto en otros penales de alta seguridad.
Nacidas en calles de Los Ángeles, Estados Unidos, a inicios de los años 1990, las pandillas aterrorizaron a El Salvador durante más de tres décadas, dedicándose a la extorsión, el narcomenudeo, sicariato, tráfico de armas y otros negocios ilícitos.

La crisis demográfica en Cuba, país que registrara en 2025 casi el doble de muertes que de nacimientos, se acelera. ¿A qué se debe esta situación y cómo podría afectar a la ya frágil economía de la isla? Analizamos este fenómeno con el demógrafo Juan Carlos Albizu y el economista Omar Everleny.
Cuba cerró 2025 con apenas 68.064 nacimientos, más de 245 mil emigrantes y 136 mil defunciones. Estos datos profundizan un histórico proceso de envejecimiento que afecta a todas sus provincias.
La aceleración del declive poblacional en la isla se debe a múltiples razones, como explica a RFI el demógrafo Juan Carlos Albizu del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba.
"Lo está ocurriendo demográficamente es una respuesta adaptativa de la población a lo que está ocurriendo en el país, que es un desastre humanitario"
- Juan Carlos Albizu, demógrafo y economista
"Hay una aceleración de la caída de la fecundidad y hay un éxodo masivo de la población como respuesta a su incapacidad para manejar sus condiciones de vida. Lo que está ocurriendo con la mortalidad venía ocurriendo desde hace mucho tiempo, porque la esperanza de vida en Cuba está descendiendo desde el año 2013 para acá", sostiene.
No obstante, el experto reconoce que se produjo una aceleración del aumento de la mortalidad y de la caída de la esperanza de vida en los últimos años. Para el economista y antiguo profesor de la Universidad de La Habana, Omar Everleny, esto puede estar vinculado con la política estadounidense hacia Cuba.
"Mucha gente que podría ser atendida con otro tipo de medicamentos, otro tipo de cosas, hoy carece de ellos. Y eso se debe realmente a esta situación de asfixia que nos está haciendo el gobierno de Estados Unidos, si bien no es el único factor", recalca.
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Las consecuencias de esta crisis demográfica son graves para la frágil economía de la isla. Según Albizu, el 80% de las personas que han emigrado tenían entre 15 y 59 años, una franja etaria clave para la actividad económica.
"Efectivamente, eso va a comprometer a mediano plazo la disponibilidad de fuerza de trabajo calificada y, por otro lado, está acercando lo que se llama 'el cierre de la ventana de oportunidad demográfica', que también sería un elemento que la economía podría haber aprovechado si es que hubiera garantizado las condiciones", estima el también economista.
El envejecimiento y la emigración han golpeado fuertemente a la población en edad laboral de Cuba. En los últimos cinco años, este sector experimentó una reducción de 1.259.894 personas, pasando de 6.866.435 trabajadores en 2021 a 5.606.541 en 2025.
Un proceso irreversible
Aunque Albizu afirma que el proceso de envejecimiento demográfico per se "no es una mala noticia", precisa que no es reversible. A su juicio, la única política coherente sería fortalecer el desarrollo económico invirtiendo cantidades importantes de capital para garantizar un aumento sostenido de la productividad del trabajo, que conduzca a la satisfacción de las necesidades crecientes de la población. Para ello, cita como ejemplo a los países nórdicos o incluso los modelos adoptados por China o Vietnam.
"Sin embargo, muchos autores plantean ya que esa oportunidad en Cuba se perdió debido al enquistamiento de los dirigentes de mayor nivel en un modelo socialista que no ha hecho otra cosa que preservarlos en el poder, mientras la población continuó padeciendo todos los males", subraya el demógrafo.
"Así, el modelo económico actual en Cuba no solo está quebrado, sino que es su propio obstáculo para el avance", sentencia.
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De perpetuarse esta situación, el especialista concluye que la pobreza seguirá aumentando y, en consecuencia, persistirá la emigración masiva, mientras la fecundidad y la esperanza de vida continuarán cayendo. Albizu advierte que esto podría hacer que la caída de la población cubana de los 9,4 millones actuales a los 6 millones, pronosticada por Naciones Unidas para 2100, podría entonces adelantarse a 2050.

"¿Cuántos más de nosotros tendremos que morir para que el Estado actúe?". Con esa pregunta, Reporteros Sin Fronteras y más de 40 medios mexicanos interpelaron al gobierno mexicano de Claudia Sheinbaum y al conjunto de autoridades para reclamar una respuesta frente a los asesinatos de periodistas y la impunidad que rodea estos crímenes en el país, el más peligroso para la prensa en América Latina.
En una movilización inédita, medios nacionales y locales publicaron simultáneamente esa pregunta, acompañada de la lista con el nombre de los periodistas asesinados en México de fondo. A través de esta campaña, Reporteros Sin Fronteras (RSF) y los medios participantes exigen al Estado una respuesta a esta violencia que, insisten, no puede convertirse en la norma. 
La situación es crítica, como explica a Radio Francia Internacional Artur Romeu, director de RSF en América Latina. "México es, de lejos, el país donde más periodistas son asesinados en América Latina. Es un problema crónico, no es de hoy. Es un problema histórico. Pero este año ya tuvimos siete periodistas asesinados en tan solo siete meses", afirma.
En total, 17 periodistas fueron asesinados desde el inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024. Según Romeu, casi el 70% de las muertes se concentran en cinco estados: Veracruz, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tamaulipas. Las principales víctimas son periodistas locales, que cubren temas políticos, policiales, judiciales o de corrupción.
"Los periodistas son sistemáticamente blanco de estos ataques. Son ejecuciones extrajudiciales. En el 95% de los casos no se trata de periodistas que estaban cubriendo algo en el ejercicio de sus funciones, como alguien que cubriría una zona de guerra. No. En México, esos periodistas son blancos claros de grupos criminales que muchas veces tienen vínculos con agentes públicos"
- Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras en América Latina
Esta violencia tiene un "impacto brutal" en la libertad de prensa, generando desiertos informativos en vastas zonas del país, además de autocensura entre los periodistas. Un clima del que da testimonio Armando Ríos, periodista de investigación en Vanguardia MX, un diario del norteño estado de Coahuila que participó de la iniciativa.
"En Coahuila, la violencia que en algún momento hemos visto doblega la libertad de expresión. Algunos medios locales han optado por actuar más como relacionistas públicos de los gobiernos de turno, locales sobre todo, pero municipales también", sostiene.
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El propio periódico ha sido víctima de esta violencia en diversas formas, ya sea a través de atentados, persecución judicial o amenazas o agresiones a sus periodistas. Según Ríos, estos ataques provienen tanto del crimen organizado como de funcionarios públicos. De ahí la importancia de que el Estado reaccione en todos sus niveles.
"También en los estados hay poderes, hay gobiernos diferentes y hay gente que debería, si no de garantizarlo, por lo menos generar las condiciones para que exista un verdadero ejercicio de la libertad de expresión auténtico y confiable", considera el periodista, quien recibió amenazas en el pasado.
Por eso, RSF y los diversos medios exigen al Gobierno mexicano poner en marcha un plan nacional de emergencia que coordine a los distintos niveles de la administración y refuerce las medidas de protección y las investigaciones. También reclaman identificar y sancionar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales de los asesinatos, además de establecer mecanismos para evaluar las deficiencias en prevención, protección e investigación con el fin de evitar que se repitan.