Noticias de América

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, atraviesa una de las mayores crisis de su gestión, acorralado por las denuncias de presunto enriquecimiento ilícito y la creciente presión política. No obstante, anoche consiguió ganar tiempo: la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, logró sumar apoyos suficientes para postergar hasta la próxima semana la sesión en la que se iba a debatir su interpelación y una eventual moción de censura para apartarlo del cargo.
Manuel Adorni, el jefe de Gabinete argentino, enfrenta una creciente presión política y judicial tras reconocer que omitió declarar aproximadamente medio millón de dólares en sus declaraciones juradas. Mientras la oposición y sectores de su propio espacio político impulsan una moción de censura para apartarlo del cargo, la polémica continúa dominando el debate público.
“Estamos cerca de la posibilidad de una moción de censura”
Gonzalo Ruanova, exlegislador bonaerense del Partido Justicialista, analiza las claves de este escándalo político: “La situación de Adorni tomó una dinámica mucho más fuerte en esta última semana a partir de sus últimas declaraciones. Sus explicaciones en las declaraciones periodísticas fueron insuficientes y generaron que el tema vuelva a tener un debate intenso en lo público”.
Además, “por lo que uno percibe y las declaraciones de los parlamentarios, estamos cerca de la posibilidad de una moción de censura, no solo por las declaraciones de la oposición, sino incluso de aliados del Gobierno que mencionan la posibilidad de acompañar esta moción de censura, si el jefe de Gabinete no presenta la renuncia antes de la sesión. Me parece que está corriendo un reloj importante para el jefe de Gabinete y para el Gobierno mismo”, agrega Ruanova.
Apoyo de Milei
Desde que estalló el escándalo, el presidente Javier Milei ha respaldado a Manuel Adorni con firmeza, incluso a costa de su propio capital político. Luis Lázaro, profesor de Derecho de la Comunicación en la Universidad Nacional de Avellaneda, nos explica los posibles motivos de este apoyo: “Yo diría por un par de razones. En principio, el hecho de entregar esa presa política de parte del presidente lo pondría en un lugar de debilidad, que no solo afecta al discurso, las narrativas, sino que afecta su propia capacidad de disputar lo que queda de su mandato con una aspiración cierta en términos de la reelección”.
“Y además”, prosigue el profesor, “han aparecido algunas cuestiones vinculadas con los casos de corrupción que se ventilan en Argentina por estos tiempos. Me refiero específicamente al escándalo con la estafa de la criptomoneda $LIBRA, que involucró de manera directa y personal al presidente Milei, donde también ha estado Adorni involucrado, y empiezan a aparecer en el expediente judicial que investiga esa estafa, algunas líneas que conducen directamente a los subalternos del presidente y también al propio Milei. También una manera de desactivar esa conexión en algún momento puede ser el despido de Manuel Adorni como jefe de Gabinete”.
Mientras tanto, el fiscal a cargo de la causa solicitó información adicional sobre el historial laboral del jefe de Gabinete y de su esposa, con el fin de profundizar la investigación sobre la evolución patrimonial del funcionario.

A pocos días del balotaje en Colombia, el tema del sistema de salud está en boca de todos. Un sistema público-privado que deja a muchos sin cobertura cuando más lo necesita. Reportaje desde Bogotá, con nuestra enviada especial Paola Ariza.
La salud está en crisis y los colombianos esperan desesperadamente salir de ella con el próximo presidente. Eso dice Olga Garzón, quien culpa al saliente gobierno de Gustavo Petro por las demoras en la asignación de citas de su cuñada.
“Ella es una paciente que sufre de epilepsia y retardo mental. Está necesitando hace aproximadamente cinco meses una cita con neurología. El sistema de salud ha empeorado desde el actual gobierno”, comenta Olga.
“Esto no tiene salida, esto necesita una reforma”, estima por su parte Félix Martínez, el director de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud).
Martínez asegura que el problema es estructural y cualquiera que sea el próximo mandatario, la tendrá muy difícil. “Este es un problema de una crisis que viene acumulada por muchos años, de un sistema que se creó en el año 93. Colombia tomó una de las decisiones más drásticas de privatizar absolutamente el manejo del sistema de salud. Se les permitió a los aseguradores contratarse los servicios con ellos mismos, con sus propias clínicas, sus propios hospitales”, explica.
“Esto es un negocio”
“En este sistema de negocios, por ejemplo, hay una EPS, una aseguradora muy grande que tiene 11 millones de afiliados, y al otro lado hay un distribuidor de medicamentos gigantesco que maneja miles de farmacias. Si esas dos personas un día no se ponen de acuerdo en la forma de pago, las tarifas o el pago de la deuda, rompen el contrato y se quedan dos millones de personas ese día sin medicamentos, hasta que les organicen un nuevo servicio. ¿Y por qué es así? Porque esto es un negocio y el negocio está primero que los servicios de salud de la gente”, recalca Martínez.
Jesús es paciente de esta polémica prestadora privada que abarca más del 20% de la población y está en intervención del Estado desde 2024. “Yo estoy afiliado en la nueva EPS y no me han podido operar. Ya llevo como dos años. La salud está muy mala, no porque venga este gobierno, sino porque eso viene de los gobiernos anteriores”, dice.
Ineficacia, clientelismo y corrupción. La crisis de la salud en Colombia es robusta como su millonaria deuda… Está por verse si los colombianos eligen la continuidad del sistema que propone el abogado De la Espriella con algunos ajustes, o la reforma hacia lo púbico del senador Cepeda.

Una fiscal de Manta, Alexandra Bravo, fue asesinada a tiros junto a su hermana el domingo. El hecho constituye el tercer ataque contra funcionarios vinculados a la Fiscalía de esta ciudad costera en tres años, en un contexto de violencia asociada al crimen organizado. Especialistas denuncian la falta de protección para la rama judicial y señalan sospechas incluso en los niveles más altos del Estado.
En medio de la conmoción causada en Ecuador por el asesinato de la fiscal y su hermana, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país. El 1° de junio había finalizado un estado de excepción de 60 días, durante el cual el mandatario también impuso toques de queda nocturnos en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil (sureste), estratégico para el narcotráfico.
El doble crimen se suma a una cadena de ataques contra operadores de justicia que ya deja varias decenas de funcionarios muertos, según explicó a RFI Carla Álvarez, politóloga del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito.
"Hay una fuerte desprotección de los operadores de justicia. Esa violencia se ha cobrado la vida de aproximadamente 40 servidores judiciales en los últimos seis años. La mayoría de estos asesinatos se han concentrado en la región costera de Ecuador, la más violenta del país, porque allí se encuentran las infraestructuras logísticas necesarias para la exportación vía marítima, en contenedores, de mercadería contaminada con cocaína. Esos productos llegan a los puertos de los grandes países consumidores", explicó Álvarez.
José Ruiz, director del Observatorio de Finanzas y Clima, señaló la dificultad del gobierno ecuatoriano para controlar la expansión del narcotráfico, así como las sospechas que pesan en los niveles más altos del Estado, incluido el propio presidente.
"La cocaína no sale de las aduanas que controlan puertos públicos, sino de puertos privados que están bajo la propiedad de grandes grupos económicos. Además, se exporta en contenedores que suelen llevar mercancía legal. El banano es la principal mercancía bajo la cual se oculta la cocaína. Hay un dato preocupante que concierne al presidente del Ecuador: proviene del principal grupo económico del país, que controla alrededor de cinco puertos. Es la principal empresa bananera donde se ha decomisado cocaína. Cuando los buques llegan a Europa, son detenidos y allí se realizan incautaciones. Luego se informa a las autoridades ecuatorianas y los medios suelen publicar que se ha encontrado cocaína en embarcaciones del presidente. Esto ha generado desconfianza sobre el grado de conocimiento que tendría el mandatario sobre estas exportaciones ilegales", afirmó Ruiz.
Tras el asesinato de la fiscal y su hermana, abogados y colegas exigieron al Gobierno reforzar la seguridad del personal judicial. La mañana del ataque, la funcionaria no contaba con la protección policial que tenía asignada.

A menos de una semana del balotaje, Colombia vive con intensidad el pulso entre el candidato de izquierda Iván Cepeda y el de ultraderecha Abelardo de la Espriella. Según las últimas encuestas, los comicios están muy reñidos, tal como ocurrió en la primera vuelta: de la Espriella aventaja por apenas tres puntos a Cepeda. Uno de los temas que más preocupa a los colombianos es la inseguridad en las grandes ciudades. Informe de nuestra enviada especial, Paola Ariza.
En la ruidosa Bogotá, la capital colombiana que reúne a unos ocho millones de habitantes, varias personas expresan incertidumbre de cara a los comicios del domingo, especialmente por el tema de la inseguridad. El país se ha visto sacudido por una fuerte ola de violencia que no solo afecta al campo, con ataques de grupos armados, sino también a las ciudades, con el aumento de la delincuencia común.
Norma, vendedora ambulante en el parque de Lourdes, cerca del centro de la ciudad, asegura que la presencia policial ha aumentado en los últimos meses. "Por aquí en el parque de Lourdes robaban seguido a la gente, pero ya como que está más calmado".
Manuel trabaja en un banco y no comparte esa visión. Según él, el responsable de la situación es el gobierno de izquierda saliente, cuyo partido apoya a Cepeda.
"Esto está súper peligroso. Hay mucha inseguridad. Creo que desde hace como cuatro años se incrementó el tema en Bogotá. Antes no era así, ¿sabes? Yo creo que esto ocurre porque el gobierno no apoya a las alcaldías locales, no les da la capacidad policial que necesitan. Y también, obviamente, porque las autoridades son muy benevolentes a la hora de castigar a los delincuentes. Eso hace que haya mucha más delincuencia", sostiene.
A unas calles, Camilo, un estudiante de 20 años, reconoce la necesidad de actuar contra la violencia, pero desde una perspectiva social.
"El candidato Abelardo de la Espriella promueve mucho la seguridad, pero una seguridad inmediata. Y esa seguridad inmediata puede llevar, no sé si recuerdan, a casos como los 'falsos positivos' en la época de Álvaro Uribe [ejecuciones extrajudiciales de civiles, asesinados por el Ejército y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate, que ocurrieron masivamente durante la presidencia Uribe entre 2002 y 2008]. En Bogotá podría pasar algo así, que de la Espriella quiera resultados ya, pero sin que existan la infraestructura ni los medios para lograrlos. Iván Cepeda, en cambio, propone una seguridad basada en oportunidades: más universidades, para que la gente no robe sino que vaya a estudiar".
Tanto el candidato de izquierda, Cepeda, como el de ultraderecha, de la Espriella, coinciden en la necesidad de enfrentar la violencia que azota al país, pero difieren en las fórmulas. De la Espriella apuesta por la mano dura y el fortalecimiento de las fuerzas del orden; Cepeda, por mejorar las oportunidades, especialmente para los jóvenes.

Los colombianos van a las urnas este domingo 21 con dos opciones, votar al ultraderechista Abelardo de la Espriella o al candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda. Ambos llegan al balotaje tras una campaña minada por un aumento de la violencia de los grupos armados que ha colocado el tema en el centro del debate. ¿Cómo combatirla, con mano dura o con diálogo? Lo cierto es que la ola de criminalidad se ha vuelto un calvario en departamentos como la del Cauca. RFI viajó a la zona de Popayán, la capital, para hablar con los habitantes de comunidades que viven en medio de un verdadero fuego cruzado.
El departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, lleva décadas marcado por el conflicto armado. Su geografía de difícil acceso ha favorecido tanto el cultivo de coca como la presencia de grupos armados y distintas disputas territoriales, en un contexto de histórico abandono estatal.
El pasado abril, la región registró 24 hechos violentos en una sola semana, con muertos y heridos, lo que aumentó el temor entre la población. En la región de Popayán, la capital del departamento, María describe el impacto cotidiano de esa violencia en la vida de las comunidades.
“Trasladarse de un lugar a otro implica correr el riesgo de que algo ocurra, de que les pase algo a nuestros hijos, por ejemplo, cuando salen a estudiar. Uno teme que estalle una bomba o que suceda cualquier cosa. Eso genera pánico en toda la comunidad, porque ya ha pasado en muchos lugares”.
Las comunidades intentan resistir a la violencia, aunque también conviven con la sensación de abandono institucional, señala Julián.
“En el Cauca se usa mucho una frase: ‘no pasa nada’. Si aparece un cilindro, se dice: ‘no pasa nada’. Si ocurre una masacre a 20 minutos de nuestro colegio, se dice: ‘no pasa nada’. Si matan al señor de la carne, también: ‘no pasa nada’. No es que seamos indolentes; es que, como no tenemos otra cosa que hacer, terminamos normalizándolo. Y ese es el riesgo: que lo veamos tan normal, tan cotidiano, que deje de sorprendernos”.
Sandra Ortiz, integrante de Diálogos Humanitarios del Consejo Regional Indígena del Cauca, reconoce que esta región ha sido históricamente víctima de la guerra, pero asegura que, tras los diálogos de paz, hace diez años, la dinámica del conflicto ha cambiado.
“Ahora son otros grupos, enfocados en los cultivos y en la minería ilegal, con un propósito de control y destrucción de esa economía. Podríamos decir que hay cinco grupos principales: la Dabo, la Jaime, la 57, el ELN y la Carlos Patiño. A partir de ellos se desencadenan otros grupos más pequeños o comandos”.
Ortiz añade que estas estructuras armadas se han fortalecido desde la pandemia de COVID-19, con un aumento del reclutamiento. A comienzos de 2026, sumaban más de 27.000 integrantes, según la Fundación Ideas para la Paz, un 23% más que un año antes.