Noticias de América

Las autoridades sanitarias alertan del aumento histórico de número de suicidios en Argentina. Según los datos del Observatorio de Política Criminal (OPC), el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años en Argentina.
Decenas de familiares y especialistas en salud mental marcharon por las calles del centro de Buenos Aires para concienciar sobre el aumento de casos de suicidios en Argentina. Alberto Trimboli, presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, nos explica algunos de los motivos que han llevado a que la tasa de suicidios aumentara un 57,6 % desde 2017.
Los suicidios no están en relación con una causa única, sino que son un fenómeno complejo y multicausal. No es casualidad, creemos nosotros en la Asociación Argentina de Salud Mental, que no esté en relación con las condiciones actuales de la situación económica y social de nuestro país, con lo cual puede llegar a actuar en personas vulnerables y con cierta predisposición", explica Trimboli.
El experto recalca que este no es el único motivo y pone de ejemplo que los suicidios entre miembros de las fuerzas de seguridad también han crecido.
¿Hacia una privatización de la atención psiquiátrica? 
No hay un plan ni programas de prevención. No existe ningún tipo de planificación de la salud mental. Simplemente recortes. Esta semana, 16 provincias argentinas han sacado un documento conjunto pidiendo un Plan Federal de Salud Mental y también el rechazo a un proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud Mental, que sería un retroceso de siglos de gobierno", explica. 
"Lo que pretende es llevar todo atrás para beneficiar a las clínicas psiquiátricas privadas y al sistema de medicina privada", denuncia.  Trimboli critica que el Ministerio de Salud lleva desde 2003 sin establecer diálogo con su asociación y pide políticas de prevención.
Tiene que haber campañas de prevención, que se hable de suicidio, que se aplique el 10% del presupuesto del Ministerio de Salud para Salud Mental. Eso dice nuestra ley y no llega ni al 1,5% en este momento", lamenta. 
El presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental afirma que la situación solo mejorará cuando el sistema sanitario del país reciba los medios económicos y de personal que necesita.

El Gobierno de Venezuela desbloquea varios portales web de medios de comunicación que llevaban años censurados. El regulador de las telecomunicaciones del país dio la noticia, horas antes del inicio de la segunda ronda del diálogo entre el Gobierno interino y la oposición de cara a una transición política. La libertad de expresión es uno de los temas principales de esta mesa de diálogo presidida por Estados Unidos.
Libertad para algunos, pero no para todos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ha desbloqueado al menos 10 portales de internet de plataformas censuradas. Pero según la ONG VE Sin Filtro, casi 200 sitios web siguen bloqueados, entre ellos unos 80 medios.
Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación civil Espacio Público, explica que esta medida represiva lleva años atacando la libertad de prensa: “El bloqueo de portales y sitios web en Venezuela tiene mucho tiempo, puede tener más de 15 años. Hay diversidad de razones o diversidades suposiciones porque nunca se ha dado una información oficial de la lista de portales bloqueados, ni tampoco las razones por las que están bloqueados”.
Ni las autoridades ni las empresas tecnológicas han justificado esta censura de sitios web. Pero César Batiz, director y cofundador de El Pitazo, uno de los medios desbloqueados, tiene claro el por qué.
“El primer bloqueo al Pitazo ocurrió el 17 de septiembre del año 2017, luego de la publicación de un reportaje en el cual revelamos que los primos de Diosdado Cabello, hoy ministro de Relaciones Interiores, tenían propiedades en España y Francia y que servían como testaferro de Diosdado Cabello. Ese primer bloqueo lo realizaron las empresas Digitel y Movilnet. Digitel, una empresa privada, Movilnet, una empresa del Estado”, dice.
El Pitazo llegó a crear cuatro dominios web, y todos ellos fueron bloqueados: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones le da la orden a las empresas tecnológicas que eviten el ingreso de los usuarios de esas empresas tecnológicas a esos dominios. Así, por supuesto, reduce la audiencia de los medios de comunicación, reduce la posibilidad que tenemos los medios de comunicación de intervenir en la opinión pública y de dar a conocer hechos graves de corrupción, violación de derechos humanos”, explica.
Los medios reciben el desbloqueo con una alegría tensa, porque nada garantiza que el Gobierno dé marcha atrás, ya que la arquitectura legal que permite esta represión sigue vigente: “El argumento legal que existe para poder aplicarla es básicamente la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión y medios electrónicos. Y esa ley establece que hay una suerte de directriz que desde Conatel, en relación a los contenidos, se puede hacer de manera unilateral. Hace falta modificar esa ley o, por ejemplo, desarmar otra arquitectura legal. La denominada Ley contra el odio, que en Venezuela un delito o un pretendido delito de opinión asociado al odio tiene una sanción mucho más dura en cuanto a pena privativa de libertad que un homicidio”, indica.
Los periodistas son claros: pase lo que pase seguirán informando, denunciando la corrupción y defendiendo los derechos de los venezolan, bajo la promesa de que resistirán como lo han hecho hasta ahora.

Nueve meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro, las violaciones a los derechos humanos contra la población "se mantienen" en Venezuela. Esta es la conclusión de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez ha suavizado ligeramente la represión contra la oposición, pero eso no significa que las detenciones ilegales y las torturas hayan desaparecido.
Confinamiento prolongado en celdas minúsculas bajo tierra y privación de alimentos. Estos son algunos de los patrones de tortura que siguen ocurriendo en Venezuela y que Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, denuncia en su último informe.
“No ha habido un cambio en los actores”
“En este periodo nosotros estamos reportando 53 nuevas víctimas de tortura, y tenemos el caso de 75 personas con desaparición forzada. Lo que quiero decir es que no hay un indicador que nos diga que efectivamente ya se vive una situación diferente en Venezuela. Las violaciones, por más que hayan disminuido en su número, se mantienen”, explica.
El documento, que cuenta con más de 200 testimonios, será presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y pone en duda las medidas del Gobierno de Delcy Rodríguez para proteger los derechos de los venezolanos.
“No ha habido un cambio en los actores, además que han sido identificados por otros informes de la misión como responsables directos de violaciones a los derechos humanos, que se mantienen en las estructuras de poder actual en Venezuela. Tenemos 19 nombres de personas que han sido identificadas en relación a violaciones y que mantienen un puesto de poder en la estructura de este gobierno”, subraya Macher.
Aún 500 presos políticos
La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela pone de ejemplo la falta de transparencia sobre los 8.000 presos liberados por la Ley de Amnistía, de los cuales no hay datos publicados.
“La misión ha hecho indagaciones de exactamente cuántas son realmente las personas que han sido liberadas. No hemos logrado conseguir los nombres, pero sí hemos logrado recolectar información sobre la cantidad de personas, de presos políticos que aún siguen en las cárceles. O sea, si bien no tenemos la lista de los liberados, sí tenemos una lista de quienes todavía permanecen en las cárceles y llegan a 500 personas”, señala.
El informe también resalta el desentendimiento de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos: “Han sacado y capturado a Maduro, y frente a eso se esperaría una preocupación de parte del Gobierno de Estados Unidos de producir modificaciones o exigir modificaciones al Gobierno que actualmente sigue en el poder, y no está pasando. Tenemos casi el 27% de la población total de Venezuela fuera de Venezuela. Si hubiera un cambio, estarían regresando”, estima.
Macher insiste en la necesidad de una comisión permanente que documente la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que sirva de guía para garantizar el bienestar de su población.

Los feminicidios cometidos en Cuba en lo que va de 2026 ya superaron los del año pasado: 49 en 2025 y 52 en 2026 son las cifras que comunicó este lunes el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). La plataforma alertó que la pobreza de la isla pone en mayor peligro a las mujeres porque no tienen dónde encontrar refugio.
Noemí Pérez López, así se llamaba la última víctima de feminicidio en Cuba. Tenía 38 años cuando su expareja la asesinó en la provincia de Las Tunas, al oriente de la isla, el pasado 8 de agosto. Es la víctima de feminicidio número 52 en lo que va de 2026.
“Es un Estado que no previene los feminicidios”
“Este caso permite explicar varios problemas a la vez. Primero, el principal peligro sigue estando muchas veces dentro del círculo íntimo, y esto es uno de los patrones que hemos identificado, que ocurre dentro del seno de las parejas y exparejas. Son la mayor cantidad de feminicidios”, comenta Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).
“Segundo”, prosigue, “ocurrió dentro de su propia casa, es decir que, donde presuntamente la víctima debía encontrar el mayor refugio, realmente ocurrió el mayor peligro. Y tercero, el agresor pudo permanecer prófugo durante semanas”.
Álvarez denuncia que las autoridades cubanas informan poco o nada de los feminicidios y no protegen a los familiares de las víctimas, quienes corren peligro de amenazas, intimidaciones o represalias por parte de los criminales: “Son las organizaciones independientes que tienen que dar la voz de alarma. Es un Estado que no previene los feminicidios, no previene la violencia de género, no tiene, por ejemplo, refugios para las mujeres que se encuentran en una situación de peligro”.
La crisis económica empeora la situación
Y los peligros aumentan con la crisis económica crónica que sufre la isla. Las mujeres son las más vulnerables: “Para una mujer que quiere separarse de un agresor, puede resultar extremadamente difícil encontrar otra vivienda, conseguir ingresos suficientes, trasladarse, alimentar a sus hijos o reconstruir una red familiar. Especialmente cuando una parte importante de la familia ha emigrado o, por ejemplo, se encuentra en una situación territorial donde apenas hay conexión, donde apenas hay red de apoyo para las mujeres que se encuentran en peligro”, subraya Ileana Álvarez.
“Nuestro informe advierte de que el deterioro de las condiciones de vida, la fragilidad institucional, no explican por sí solo la violencia feminicida. Claro está que sabemos que las causas son estructurales, pero sí agravan la vulnerabilidad y dificultan romper relaciones violentas”, concluye la directora de OGAT, quien atendió esta entrevista desde el exilio en España.

Meta, dueños de Facebook, Instagram, está desmantelando su sistema de lucha contra la desinformación en América Latina al reemplazar a periodistas profesionales por usuarios anónimos. La red de verificadores advierte que esta medida facilitará la circulación de contenidos falsos, dejando a la audiencia expuesta a manipulaciones.
Laura Sanabria es la editora de la sección "Detector de mentiras" del medio digital colombiano La Silla Vacía y además hace parte de la Junta de LatamChequea, que es el colectivo de 47 medios de comunicación latinoamericanos que verifican los contenidos de meta.
"Nuestra tarea básicamente consiste en monitorear, en este caso Facebook, Instagram y Threads, los contenidos potencialmente desinformantes que pueden estar circulando y verificarlos, hacer un artículo periodístico con una metodología clara y establecida y calificar esos contenidos con distintos valores que van desde un contenido que es completamente falso a una advertencia de que es un contenido hecho con inteligencia artificial, una potencial estafa, algo que le falta contexto y alertar a la plataforma para que tome las medidas necesarias que cree que debe de tomar. Es Facebook el que con esa información decide si pone etiquetas y ralentiza el algoritmo para que ese contenido se deje de presentar, si suspende o bane una cuenta".
Esta red de verificadores fue creada por el propio Facebook hace una década y le paga a los medios participantes por este trabajo. Ahora el gigante estadounidense pretende ahorrarse ese pago y dejar la verificación gratuita en manos de usuarios esa información, como ya ocurre en la red social X.
Laura Sanabria: "Hoy, por ese proceso en el que, las notas de comunidad tienen que, mínimo lo tienen que calificar más de dos personas de orillas diferentes y que hayan calificado contenido distinto hace, al menos en los estudios que hemos mostrado en X, que las notas sean públicas cuando un contenido ya deja de ser viral, es decir, la nota aparece pública para todo el mundo cuando ya han pasado las horas cruciales, que son 48 horas de una publicación, entonces el efecto es incluso peor, porque es una nota que queda en un contenido que ya no se está viralizando.
"El contenido que hacíamos los terceros verificadores al menos hace algún tipo de cambio de comportamiento, por ejemplo, con las cuentas que están compartiendo esa información, nuestro tiempo es mucho menor. Es más o menos de 3 a 4 días.
"Sobre ese punto, los datos que al menos hoy muestran las notas de la comunidad en X, que son interesantes que hemos podido analizar, muestra que no mejoran el programa de terceros verificadores. De hecho, la mayoría de notas de comunidad se publican en inglés y esto me parece a mí clave mencionarlo porque el desmonte después de Estados Unidos lo quieren hacer en lengua hispana. Es decir, los usuarios realmente quedan más desprotegidos porque hay menos, entre comillas, "colaboradores" que están haciendo este trabajo".
Leer también¿Qué son las "notas de la comunidad" que Meta quiere implantar en América Latina?
En 2025, META implementó este sistema de notas de la comunidad en Estados Unidos. Aún no hay fecha para cuando ocurrirá en América Latina.
Recientemente La Silla Vacía alertó a Meta de la circulación de un video viral (1.5 millones de vistas) en el que se veían marchas falsas en contra el gobierno colombiano. Meta lo etiquetó como engañoso.