Noticias de América

Según un informe independiente presentado esta semana en Panamá, la Iglesia católica de ese país registra decenas de casos de abusos sexuales. RFI entrevistó a uno de los miembros de la comisión que lo elaboró.
Son 37 denuncias contra religiosos por abusos sexuales entre 2001 y 2025. La comisión compuesta por académicos de dos universidades católicas investigó 24 de ellas. El resto concernían otras arquidiócesis y por eso fueron dejadas de lado.
“Este informe es histórico”
El español Yago de la Cierva, miembro de la Comisión Transparencia, viajó a ese país para la presentación de un informe que, según él, es sin precedentes: “Este informe es histórico porque es la primera vez que una arquidiócesis, que una institución de la Iglesia, sin presión externa, sin denuncias de los medios de comunicación, sin denuncia de las autoridades públicas, ha decidido encargar a una comisión completamente independiente en la gestión, en la financiación, en todo su trabajo, ha encargado ‘decidme qué he hecho mal’. Y es la primera vez, que yo sepa en todo el mundo, que una institución católica hace esto. Nosotros hemos hecho el informe de manera independiente y se lo hemos entregado a la diócesis”, explica a RFI.
El informe contiene más de dos decenas de recomendaciones. “Nosotros lo que investigamos es qué ha hecho la arquidiócesis cuando alguien se ha dirigido a ella diciendo ‘he sido abusado o conozco un caso de abuso’. Y entonces la mayoría de las 26 recomendaciones se refieren a cambiar el enfoque, a poner en el centro a las víctimas en primer lugar. Dar muchísimo más peso a la escucha de la víctima, es decir, no solamente a la atención mientras que se la escucha, sino al acompañamiento”, indica Yago de la Cierva.
Escuchar a la víctima y dejar constancia
Además, señala, “otra de las recomendaciones que es muy importante, es que se necesita dar una formalidad a todos estos procesos, es decir, tiene que quedar constancia de la denuncia, de lo que se hace a continuación, de cómo se acompaña a la víctima, de cuál es la pena que se pone al culpable, si hay investigación, etcétera. De tal manera que no solo se hace lo que se tiene que hacer, sino que además se deja constancia para poder examinar y rendir cuentas de lo sucedido”.
“O sea que lo que estamos diciendo es que la Arquidiócesis utilizaba mucha informalidad a la hora de gestionar estos casos, y lo que hemos recomendado es que tiene que documentarlo y además tiene que poner a personal especializado que sepa, o sea, que tenga una formación sobre estos temas y que dé continuidad a todas las políticas”, concluye De la Cierva.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, informó que cinco religiosos fueron condenados por la justicia y expulsados de la Iglesia por estas acusaciones. Ulloa pidió perdón por los crímenes, algo que ya había hecho en 2023 aunque de forma general.

Se ha desatado en Colombia una viva polémica por la propuesta del gobierno de reducir el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz pasando de 230 a 199 millones. La JEP investiga y juzga los peores crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Es el organismo nacido en 2016 tras los acuerdos de paz de La Habana.  
En una reciente decisión, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a la cúpula de las FARC, entre ellos a Rodrigo Londoño alias Timochenko, a ocho años de trabajos restaurativos y restricciones a la movilidad por más de 21.000 secuestros. Las sentencias de este tribunal sustituyen penas de cárcel por trabajos comunitarios.
“Las sanciones han sido una burla. Son de ocho años, pero los condenan a que busquen unos desaparecidos, que la condición para ellos recibir estos beneficios era que entregaran la información de los desaparecidos. Construir un sanitario equivalente a una rebaja de pena de casi tres meses de condena por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hacer una caravana por la paz, se los descontaron también como otros tres o cuatro meses. Entonces realmente son penas simbólicas vergonzosas, que no son proporcionales a los crímenes que cometieron y no aportan a la reparación de las víctimas”, reacciona en RFI Sergio Alzate, secretario general de la Federación de Víctimas del Terrorismo en Colombia (FEVCOL).
“No ha habido un modelo restaurativo eficaz”
El expresidente Juan Manual Santos había advertido de lo que llamó “sapos” del acuerdo de paz de La Habana, que los ciudadanos tendrían que tragarse para obtener la desmovilización de miles de guerrilleros y, al final, la paz. ¿Acaso se han olvidado los colombianos del precio que había que pagar?
“Ellos no entregaron 13 billones de pesos en bienes y lo que se comprometieron a entregar, solamente entregaron el 10%. Y de los inmuebles se comprometieron a entregar 255 inmuebles y solo entregaron uno. Es decir, realmente ha sido una burla y no son sapos, son incumplimientos. No ha habido un modelo restaurativo eficaz. Desde los acuerdos de La Habana a hoy ha habido más reclutamientos, ha habido más violencia”, detalla Alzate.
“Esto ha sido una burla, es un modelo restaurativo que es un total fracaso. La JEP se ha vuelto un partido político y ha tenido más cargos burocráticos que eficacia. No ha dado respuesta a las víctimas y de manera vergonzosa le han dado 44.000 millones de pesos a la defensa jurídica de las FARC, 22.000 millones de pesos en viajes. Realmente ha sido un desgaste para el erario público, para las víctimas y por eso nosotros seguimos solicitando que suspendan estos recursos hasta que no exijan que las FARC entreguen la totalidad de bienes, o hasta que el secretariado de las FARC sea expulsado por incumplir esos compromisos de búsqueda de desaparecidos y de entrega de los bienes”, concluye el secretario general de la FEVCOL.

El Niño ha instaurado nuevas condiciones climáticas en Colombia, aunque el gobierno planea pronunciarse sobre las variaciones meteorológicas hasta el 8 de octubre. Sus consecuencias ya se sienten desde hace varias semanas, como los incendios que se anuncian particularmente intensos este año. Actualmente, se cuentan 17 incendios forestales activos.
Villa de Leyva está situada en el departamento de Boyacá. El incendio que amenazaba esta joya turística colombiana ha sido controlado en un 75%, y El Niño facilita las condiciones para que se expandan las llamas intensificando la temporada seca.
La teniente coronel Diana Carolina Rueda, meteoróloga del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) considera que no se puede asociar por completo el incendio de Villa de Leyva con El Niño, pero “sí podemos afirmar que la tierra o el terreno está cada vez más seco, con menos humedad, y esto favorece que la dispersión de los incendios sea mucho más rápida y sea mucho más difícil de extinguir y de contener”.
Además, la experta precisó que los efectos de El Niño “ya están empezando a notarse en la disminución de las precipitaciones totales. Llueve menos de lo esperado”.
Gobierno y clima
La declaratoria oficial del Niño será el 8 de octubre, pero este fenómeno climático ya lleva cuatro meses en Colombia y en algunas regiones ya se están registrando máximos históricos, como en la región caribeña colombiana. “En algunos sectores del Tolima del Huila y otros puntos en los cuales estamos teniendo máximas de temperaturas, también por encima de los históricos, pues nos hacen pensar que también ya el niño está empezando a tener impactos”, explicó Rueda.
"Los ríos Cauca y Magdalena, fuentes principales de nuestro territorio que atraviesan de sur a norte nuestro país, han disminuido en términos de nivel. Hemos informado que esta condición está generando unas alertas para la toma de decisiones desde los diferentes sectores”.
La temporada de ciclones también es atípica este año a consecuencia del fenómeno meteorológico extremo. Rueda considera preocupante que 2026 sea “el único año con respecto a los anteriores que no ha presentado el primer huracán a esta fecha”. “Octubre es el pico de la temporada de huracanes para el mar Caribe”, recordó.
La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos proyecta que el actual fenómeno de El Niño tiene un 75% de probabilidades de llegar a una intensidad "histórica".

Estados Unidos endurece las reglas para obtener la Green Card y amplía los criterios que pueden tener en cuenta los funcionarios de migración. Una medida que ya está generando temor y polémica a partes iguales.
La administración de Donald Trump vuelve a endurecer las normativas migratorias, en este caso, para conseguir la Green Card. Si antes ya era difícil, ahora lo es más, porque los funcionarios de migración tendrán más margen para valorar si un solicitante de residencia cumple el perfil de un ciudadano que en un futuro podría depender de ayudas públicas.
El concepto de carga pública
Una medida que afecta a miles de migrantes latinos que dependen de programas como Medicaid, ayudas alimentarias o ayudas a la vivienda: “Para poder legalizarse en Estados Unidos u obtener la residencia permanente, uno de los elementos es que uno no sea una carga para el gobierno de Estados Unidos. Entonces lo que le llaman una carga pública es una definición muy compleja, basada en políticas a veces conservadoras y a veces liberales”, explica a RFI el abogado de inmigración Jaime Barrón.
“El presidente Trump, en su primer mandato, trató de limitar estampillas, asistencia para los hijos, cierta ayuda de hospitales, etc., pero las cortes le anularon esa interpretación. Ahora, nuevamente tenemos al presidente Trump en el poder, por lo cual están volviendo a ser ultra conservadores”, agrega.
La medida recupera y amplía el concepto de “carga pública”. Un criterio que permite a las autoridades estadounidenses negar la admisión al país o la residencia cuando consideran que una persona podría convertirse en una carga pública para el sistema. Con esta nueva política de Green Card el sistema se endurece, aunque no afecta a todos los migrantes por igual.
“Lo que agregó el gobierno actual es que, si el oficial cree que, en el presente, pasado o en el futuro le podrían pedir algún beneficio público, se reservan el derecho a negar la residencia. Por ejemplo, alguien que ha sido víctima de un crimen que se llama la Visa U, alguien que es un asilado político, alguien que sometió su papelería de residencia antes del 18 de septiembre. Y hay algunas otras excepciones, pero esas son las más grandes”, detalla el abogado.
Dejar de solicitar ayudas
El temor para muchos latinos pendientes de este documento ya está provocando cambios de comportamiento. Organizaciones y abogados están detectando que algunas familias se plantean dejar de solicitar ayudas, a las que tienen derecho, por miedo a que puedan perjudicar su futuro migratorio.
“Mucha gente está previniendo que les afecte y se están tratando de limitar en cualquier beneficio que podría ser considerado público. [Hay] gente que prefiere no llevar a su hijo al doctor, gente que prefiere no pedir algún beneficio y mejor pasar hambre…”, indica Jaime Barrón.
La nueva regla ya ha sido impugnada en los tribunales por varios estados y gobiernos locales. Mientras tanto, miles de migrantes en Estados Unidos viven con incertidumbre sobre cómo afectará este nuevo cambio en su situación.

Las autoridades sanitarias alertan del aumento histórico de número de suicidios en Argentina. Según los datos del Observatorio de Política Criminal (OPC), el suicidio es la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 34 años en Argentina.
Decenas de familiares y especialistas en salud mental marcharon por las calles del centro de Buenos Aires para concienciar sobre el aumento de casos de suicidios en Argentina. Alberto Trimboli, presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental, nos explica algunos de los motivos que han llevado a que la tasa de suicidios aumentara un 57,6 % desde 2017.
Los suicidios no están en relación con una causa única, sino que son un fenómeno complejo y multicausal. No es casualidad, creemos nosotros en la Asociación Argentina de Salud Mental, que no esté en relación con las condiciones actuales de la situación económica y social de nuestro país, con lo cual puede llegar a actuar en personas vulnerables y con cierta predisposición", explica Trimboli.
El experto recalca que este no es el único motivo y pone de ejemplo que los suicidios entre miembros de las fuerzas de seguridad también han crecido.
¿Hacia una privatización de la atención psiquiátrica? 
No hay un plan ni programas de prevención. No existe ningún tipo de planificación de la salud mental. Simplemente recortes. Esta semana, 16 provincias argentinas han sacado un documento conjunto pidiendo un Plan Federal de Salud Mental y también el rechazo a un proyecto de ley de modificación de la Ley de Salud Mental, que sería un retroceso de siglos de gobierno", explica. 
"Lo que pretende es llevar todo atrás para beneficiar a las clínicas psiquiátricas privadas y al sistema de medicina privada", denuncia.  Trimboli critica que el Ministerio de Salud lleva desde 2003 sin establecer diálogo con su asociación y pide políticas de prevención.
Tiene que haber campañas de prevención, que se hable de suicidio, que se aplique el 10% del presupuesto del Ministerio de Salud para Salud Mental. Eso dice nuestra ley y no llega ni al 1,5% en este momento", lamenta. 
El presidente de la Asociación Argentina de Salud Mental afirma que la situación solo mejorará cuando el sistema sanitario del país reciba los medios económicos y de personal que necesita.