Noticias de América

Tras la muerte de 17 migrantes mexicanos a manos del ICE, el gobierno de Sheinbaum anuncia que iniciará acciones penales contra la administración de Trump, pero ¿esto puede tener algún efecto en la legislación de Estados Unidos? En Noticias de América tratamos de dar respuesta a esta pregunta. 
El asesinato de Lorenzo Salgado, un migrante mexicano de 52 años a manos del ICE, fue la gota que colmó el vaso en una lista que sumaba 16 mexicanos más muertos por el Servicio de Control Migratorio estadounidense. Estos casos han escalado la tensión entre México y Estados Unidos y el gobierno de Claudia Sheinbaum pasó de solicitar investigaciones y de enviar notas diplomáticas a emprender acciones penales contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
"La Secretaría de Relaciones Exteriores va a presentar las denuncias ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos", confirmaba Sheinbaum.
¿Pero qué supone este paso hacia adelante del gobierno mexicano? El jurista especializado en migración César García Hernández nos da más detalles: "Las leyes en Estados Unidos son muy claras y dicen que solamente un fiscal público puede iniciar el proceso penal. Entonces, no puede ser ni la víctima, ni los parientes de una víctima, ni menos un gobierno extranjero quienes puedan iniciar el proceso jurídico. El gobierno mexicano puede brindarle apoyo a las víctimas o a los familiares de las víctimas, pero no puede iniciar ese proceso penal".
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Aunque Sheinbaum ha asegurado que esto no interferirá en las relaciones con Estados Unidos, en paralelo ha solicitado la intervención del alto comisionado para los derechos humanos de la ONU.
Pero lamentablemente no hay ninguna ley que proteja a los migrantes de las balas, según César García Hernández: "El mexicano tiene una larga tradición de involucrar a los organismos internacionales, incluso a la ONU, en procedimientos jurídicos. Pero, al contrario, en Estados Unidos las cortes judiciales no toman en cuenta"
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"Desafortunadamente, ninguna ley puede prevenir que una bala nos pegue. Entonces, cuando nos enfrentamos con policías o con oficiales de inmigración que están en una postura agresiva, listos para sacar su pistola y balacear a alguna persona con quien se encuentren, desafortunadamente, no importa cuáles sean las leyes. Las leyes no nos pueden sanar, las leyes no nos pueden proteger", concluye César García Hernández. 
Abelardo, Jesús, Lorenzo, Oscar, Ismael, Leo, algunos llevaban décadas en Estados Unidos, donde construyeron una vida, trabajaron, formaron familias y comunidades, las mismas que ahora buscan respuestas.

Al menos dos soldados murieron y cinco más resultaron heridos durante una operación del Ejército colombiano que permitió la liberación de 39 personas secuestradas por la guerrilla del ELN. A tres semanas de la toma de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, el episodio vuelve a poner en evidencia la capacidad de control territorial de los grupos armados y añade presión a la transición política. Entrevista con Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación.
Guerrilleros del ELN secuestraron a 39 personas, entre ellas dos menores de edad, en una carretera de una zona rural del departamento del Chocó, en el noroeste de Colombia. Se trata de una región donde esta organización mantiene una fuerte presencia y obtiene financiación a través del narcotráfico y la minería ilegal. El hecho vuelve a situar la violencia en el centro de la transición política entre el presidente saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo de la Espriella.
La operación militar que permitió la liberación de los secuestrados dejó al menos dos soldados muertos y cinco heridos. Para Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación, el episodio refleja la capacidad de control territorial que mantiene el ELN en varias regiones del país.
"El ELN tiene presencia territorial en 156 municipios de Colombia", explica Francisco Daza, coordinador de la Fundación Paz y Reconciliación. "Desde nuestra Fundación identificamos que el secuestro de 39 personas en el departamento de Chocó se dio en el marco de prácticas de control social y territorial por parte de ese grupo armado. El departamento de Chocó vive desde hace cuatro o cinco años un escenario de disputa armada entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia", agrega. 
"El ELN no tiene ningún proceso de negociación activo en el marco de la Paz Total. Este proceso se suspendió luego de las confrontaciones que adelantó el ELN contra el Estado Mayor de los bloques y frentes presentes en el departamento de Norte de Santander, que derivaron en una crisis humanitaria que se ha extendido por más de un año", dice Daza.
El Ejército de Liberación Nacional es hoy la principal guerrilla activa de Colombia. A diferencia de las antiguas FARC, funciona bajo una estructura regional sólida y, pese a los esfuerzos diplomáticos por alcanzar la paz, este episodio añade tensión a la compleja transición política que vive el país.
"Los retos asociados a la seguridad están en función del panorama actual de presencia de grupos armados organizados y de su proliferación en los últimos años. A esto se suma la tecnificación de la guerra. Recientemente, durante el último año, los grupos armados han comenzado a utilizar drones cargados con explosivos", dice. 
"Otro de los retos está relacionado con las recientes declaraciones del presidente electo, asociadas a que no va a continuar con el ecosistema de paz que se consolidó tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016. El Estado siempre ha sido más reactivo que preventivo. Por ahí puede ir una de las soluciones para evitar, justamente, que se presenten hechos como este".
Con el aumento de los ataques y su impacto directo sobre la población civil, el ELN vuelve a situarse en el centro de las preocupaciones del próximo gobierno colombiano.

El presidente Bukele fue designado por su partido como candidato para las presidenciales de 2027, su tercera participación en unos comicios, en un momento en el que goza de amplia popularidad por su guerra contra las pandillas pero también en medio de cuestionamientos sobre el alto costo de esta política en términos de respeto de los derechos humanos. Entrevista con el analista y profesror Rodolfo Cardenal.
Sin otro candidato a la vista, el partido Nuevas Ideas proclamó a Nayib Bukele, en el poder desde 2019, como el próximo candidato de su formación para las elecciones presidenciales de 2027. La noticia no sorprendió a nadie, sobre todo, tras la reforma del Congreso en julio de 2025, cuando se abolió el límite de dos mandatos consecutivos.
Esta decisión concierne a numerosos activistas encarcelados. Rodolfo Cardenal, jesuita y profesor de la Universidad Centroamericana de El Salvador, advierte sobre el futuro que les espera.  
“Los activistas van a seguir encerrados. Mientras exista el régimen de excepción que Bukele ha impuesto y que el gobierno viene renovando continuamente, la idea es que todos los detenidos, culpables e inocentes, la inmensa mayoría, sigan detenidos indefinidamente. Eso, razonablemente, no es sostenible a largo plazo, pero esa es la idea. Uno de los argumentos de su campaña es: ‘Si yo me voy, van a liberar a los pandilleros’. Y eso la gente, obviamente, no lo quiere”, afirma Cardenal.
La popularidad de Bukele, conocido como “el dictador cool”, se consolidó en 2022, cuando instauró un estado de excepción para desmantelar las bandas criminales, una medida que, según organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, ha transgredido los derechos humanos y reducido las libertades individuales de la población.
“Es indiscutible que tiene una popularidad masiva, en gran medida derivada de haber terminado con las pandillas. Ese es su punto fuerte y el principal argumento para la reelección. Por otro lado, la inmensa mayoría se conforma con eso”, sostiene el académico.
Pero Cardenal insiste en que Bukele necesita mantenerse en el poder por otros motivos más allá de la seguridad.
“Seguir en el poder permite que él y su entorno se sigan enriqueciendo e impide que se investigue la corrupción y, en cambio, que ésta se mantenga. Si deja el poder y cambian las tornas] [si llega otro grupo político al gobierno], puede haber un gobierno distinto que comience a investigar la corrupción y a perseguirla. Y eso no lo pueden tolerar”, asegura.
El profesor critica también la falta de un programa político real. “Pienso que su prioridad es perpetuarse en el poder. Lo demás es absolutamente secundario. Toda la estructura económico-social va a seguir igual. Pero, voy a darle un dato, El Salvador es el país de Centroamérica que tiene menos inversión extranjera directa, y esa inversión tiende a bajar. ¿Por qué? Porque no hay seguridad”, concluye.
Sin una oposición que le haga sombra y con la expulsión o encarcelamiento de gran parte de las voces críticas, el gobernante derechista se perfila como el vencedor en las elecciones del próximo año.

Casi ocho años después del hundimiento del submarino ARA San Juan, que dejó 44 tripulantes muertos, la justicia argentina dictó sentencia el miércoles 8 de julio sobre las causas del naufragio. El juicio dio una condena de tres años de prisión en suspenso para el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, mientras que otros ex altos mandos de la Armada fueron absueltos.
La desaparición de la nave que zarpó el 13 de noviembre de 2017 desde Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, hacia la base naval de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, es uno de los casos que más ha conmocionado al país en la última década.
En 2026, las autoridades realizaron un juicio oral que duró poco más de cuatro meses para dictaminar quiénes eran los responsables del naufragio del submarino que fue localizado  un año después en el Golfo de San Jorge. Lo encontraron a unos 500 kilómetros de la costa patagónica y a más de 900 metros de profundidad.
El fallo condenó a Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión en suspenso por dos delitos: estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes e incumplimiento de los deberes públicos. Fueron absueltos el excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval Luis Enrique López Mazzeo, el exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos Héctor Alonso y el exjefe del Departamento de Operaciones Hugo Miguel Correa.
La sentencia no convence a los familiares porque es “bastante contradictoria”  para lo que se estipula en las acusaciones, dijo a RFI Luis Tagliapietra, abogado y padre de una de las víctimas. Según él, los tres años sin prisión efectiva es una condena “irrisoria” frente a los cargos que enfrentó Villamide: además de ser responsable de “estrago culposo, que vendría a ser el hundimiento”, y que sería “agravado por la muerte de 44 personas”, tenía la “responsabilidad extra de cuidar a sus subordinados y las normativas de la institución”, explicó.
En espera de justicia
Luís, como otros familiares, insiste en que la única manera de hacer justicia es saber qué pasó aquel día bajo las aguas del Atlántico, puesto que a día de hoy, todavía existen múltiples incógnitas sobre la causa del accidente durante la misión de patrullaje del ARA San Juan.
En el primer año “todo fue muy intenso", recordó. “Especulamos con encontrarlos con vida. Después por lo menos encontrar los restos del submarino. Cuando al final encontramos el resto del submarino esperábamos, y después pedimos y después exigimos, que se haga lo que se hace en cualquier investigación: hacer las pericias técnicas necesarias para tratar de saber qué es lo que ocurrió”, pero no se hizo por lo que decidieron llevar el caso ante los tribunales.
Las autoridades hablan de accidente, mientras que la fiscalía sostiene que se trata de una “tragedia previsible”, ante fallas críticas de mantenimiento. 
A pesar de las condenas, el tribunal todavía no ha hecho públicos los fundamentos de la sentencia que se conocerán a finales de agosto y será entonces cuando las familias confían en encontrar respuestas que les acerquen, al menos un poco más, a la justicia que llevan años reclamando.

Este sábado se cumplen cinco años de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, una movilización sin precedentes que terminó con miles de detenciones y centenares de condenas. Cinco años después, ONG y organismos de derechos humanos aseguran que cientos de personas continúan encarceladas por su participación en aquellas manifestaciones. Entrevista con Johanna Cilanno, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
El 11 de julio de 2021 marcó un antes y un después en Cuba. Miles de personas salieron a las calles para reclamar libertad, mejores condiciones de vida y cambios políticos, en la mayor ola de protestas registrada en la isla desde 1959. La respuesta de las autoridades fue una amplia operación policial que derivó en miles de detenciones y centenares de condenas. Algunos de los manifestantes siguen hoy, cinco años después, tras las rejas.
"Todavía hay al menos 300 personas presas cumpliendo condenas relacionadas con el 11 de julio", explica a RFI Johanna Cilanno, investigadora regional para el Caribe de Amnistía Internacional.
"De las más de mil personas que fueron efectivamente procesadas, siguen encarceladas aquellas que recibieron las condenas más largas. Uno de los legados del 11 de julio fue precisamente el uso del derecho penal por parte del Estado de una manera bastante discrecional y ejemplarizante. Se impusieron penas muy elevadas a algunos manifestantes. Lamentablemente, permanecen en prisión personas condenadas a las penas más altas, que en algunos casos superan los 20 años. Fueron condenadas por delitos como sabotaje o sedición, los cargos más graves utilizados en estos procesos", añade.
Las protestas disminuyeron en Cuba durante el año siguiente, en un contexto marcado por la represión.
"En 2022 prácticamente no hubo protestas debido al efecto inhibidor de los miles de detenidos, los juicios constantes y los programas de televisión que recordaban las penas y las condenas. También mucha gente estaba saliendo del país, entre ellos periodistas y activistas. Sin embargo, a partir de entonces vuelve a crecer la protesta y la respuesta del Estado sigue siendo la misma. Evidentemente, a mayor contestación social, mayor represión", señala Cilanno.
Según las investigaciones de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, el perfil de los detenidos ha cambiado y cada vez es más frecuente encontrar entre ellos a jóvenes que se expresan a través de las redes sociales.
"El perfil de estos jóvenes creadores de contenido e influencers es una novedad entre las personas encarceladas por razones políticas. Ya no se trata del opositor o del disidente tradicional. Son jóvenes que generan contenido y que, al analizar su actividad, muestran cómo se involucran progresivamente en otros temas, como la denuncia y la exigencia de derechos", afirma.
Cinco años después, el eco del 11J sigue presente, mientras miles de cubanos luchan a diario por sobrevivir en una isla marcada por la escasez.
La ONG Prisoners Defenders denunció recientemente un nuevo récord de represión, con 1.306 presos políticos y 40 menores detenidos, la cifra más alta documentada hasta la fecha por la organización.