Noticias de América

El anuncio de la excarcelación de unos 2.000 presos comunes por parte del Gobierno cubano abre la esperanza para liberar a miles de presos políticos cuya salida reclaman Washington y organizaciones internacionales. Le preguntamos sobre este tema a Manuel Cuesta, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba.
RFI: ¿Puede ser esta la señal que reclamaba Donald Trump para rebajar la asfixia petrolera impuesta hace tres meses en la isla?
Manuel Cuesta: Yo creo que busca enviar ese mensaje a Estados Unidos, y eso puede ser resultado de algún punto en esa negociación que desconocemos en su contenido. Pero de hecho, los Estados Unidos ya aligeraron la presión, sobre todo en términos de la asfixia, permitiendo que entraran barcos petroleros. En esa señal creo que va indicada esta liberación de los presos políticos. Que es desafortunada, porque lo que nosotros pretendemos es que haya una amnistía general y una despenalización del ejercicio de los derechos, para cerrar el ciclo de esa puerta giratoria que entran unos y salen otros y así nos mantenemos a lo largo de todos esos años.
RFI: ¿Cree que en los próximos días se podrían realizar las reclamadas liberaciones de presos políticos que formarían parte del primer indulto castrista?
Manuel Cuesta: Yo creo que sí. Yo creo que la movida del Gobierno va en la dirección de proteger su discurso y su imagen. Ellos no reconocen el presidio político en Cuba, por lo tanto no iban a estar liberando inmediata y primeramente a presos políticos, aunque semanas atrás había ocurrido una liberación de 51 personas entre las cuales ya había presos políticos. Pero yo creo que en las próximas semanas sí podemos ver que se van a ir liberando algunos otros presos políticos, de los que están en las listas de los grupos de derechos humanos, de la sociedad civil, de lo que está pidiendo la comunidad internacional.
RFI: ¿De cuántos estaríamos hablando?
Manuel Cuesta: Bueno, en prisión siempre las estadísticas según la organización oscilan, porque no todos manejan los mismos criterios, pero se cuentan entre 800 y 1.200 presos políticos. Y esperemos que el Gobierno empiece por el 11 J, una mayoría de jóvenes que salieron a ejercer sus derechos y punto. No son los presos más emblemáticos, el Gobierno desafortunadamente creo que va a manejar en un esquema usual y habitual para el gobierno de negociación, pero esperemos que empiecen esas liberaciones en las próximas semanas.
Por el momento el régimen cubano no ha dado detalles específicos sobre estas excarcelaciones, aunque dejó entrever que se trata de un gesto humanitario por las celebraciones religiosas de Semana Santa. Queda por saber si están relacionadas con las negociaciones en curso entre Cuba y Estados Unidos.

El calentamiento del planeta aumentará el número de muertes en América Latina, así lo asegura el Climate Impact Lab de la Universidad de Chicago. En su último reporte este laboratorio concluye que el cambio climático provocará hasta diez veces más muertes en los países pobres en comparación con los países ricos. Varios países de América Latina están en la lista de los más vulnerables. 
 
Además de ser uno de los mayores retos que enfrenta la humanidad, el actual calentamiento del planeta está expandiendo la brecha de las desigualdades entre los países ricos y pobres. En su reporte publicado el pasado 25 de marzo, el Climate Impact Lab estima que el 90% de las muertes relacionadas con el cambio climático sucederán en países de ingresos medios y bajos. 
“Los resultados varían en los países de América del Sur y Centroamérica. Las zonas más afectadas van a estar en Bolivia, Paraguay o el norte de México. En estos ligares va a haber entre 20 y 40 muertos más por cada 100 mil personas. Y estas muertes a causa del clima son tan numerosas como las causadas por los accidentes de tránsito. Chile, Argentina o Perú han registrado una disminución de esta tasa”, explicó a RFI la encargada de la comunicación del Climate Impact Lab, Claudia Gemmel.
El trabajo del Climate Impact Lab fue titánico; durante 10 años recopilaron datos de 25 000 regiones del mundo. Sus resultados contribuyen ahora a evidenciar aún más lo que algunos economistas consideran como una de las mayores injusticias de nuestro tiempo: que los países pobres, que son los que menos contribuyen al cambio climático, son los más afectados. 
“En general, a los países mas ricos les va a ir mejor que a los pobres, porque tienen más capacidad para adaptarse al calentamiento global. La mayoría de países de América del Sur y Central, son de ingresos medios o altos, aunque algunos tienen crecimiento bajo, como Bolivia, Nicaragua o Honduras. La riqueza hará que muchas zonas de la región sean menos sensibles al aumento del calor, si lo comparamos con zonas que no tienen tanto crecimiento económico”, detalló Gemmel. 
En Haití, el país más pobre del continente, luchar contra el cambio climático es una cuestión de supervivencia. El gobierno asegura que sus efectos, como sequías prolongadas o tormentas arrasadoras, están deteriorando las infraestructuras y los cultivos.

Bolivia anunció que la agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, ya está colaborando con el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz para luchar contra el narcotráfico. Por el momento sólo intercambian información, aunque el gobierno boliviano desea que tengan una oficina en el terreno como sucedía hasta antes de 2008, cuando el ex presidente Evo Morales la cerró asegurando que la DEA apoyó revueltas contra él.
Para el gobierno de Rodrigo Paz, la participación de la DEA es una pieza clave en su plan de lucha contra el narcotráfico. Quiere agentes en su país. “Ahora esperamos nosotros de que vuelvan a tener una oficina permanente, porque siempre es mejor intercambiar información personalmente que por vía electrónica”, expresó al respecto Ernesto Justiniano, el viceministro de Defensa Social y responsable de la política antidrogas.
Una participación importante
Omar Durán, abogado y militar experto en temas de seguridad, da a RFI su opinión sobre cómo podría ayudar la DEA al gobierno boliviano para combatir el crimen organizado: “La DEA tiene los elementos necesarios que Bolivia no tiene. La DEA tiene participación en efectivos, porque acá últimamente los narcotraficantes tienen mejores medios en armamento y en tecnología que los mismos bolivianos, y si bien tenemos en Bolivia 32.500 miembros que podrían ser suficientes para realizar el control, no es menos cierto que la gran mayoría de los miembros han sido comprados por los narcotraficantes, por los grupos de poder, y la participación de la DEA va a ser fundamental para poder luchar contra esos grupos, no solamente de narcotraficantes, sino esos grupos dedicados al sicariato que van de la mano”.
El abogado también considera que las investigaciones de la DEA serán importantes para la resolución de casos ante los tribunales, incluidos aquellos en los que estaría vinculado el ex presidente Evo Morales: “La participación de la DEA va a ser muy, muy fundamental para que Evo Morales les dé a conocer todas las irregularidades que ha marcado en territorio nacional. Y serán pues los jueces que dirán si tiene una sentencia condenatoria o absolutoria”, explica.
¿Cambios insuficientes?
Aunque al nuevo gobierno de Rodrigo Paz se le atribuye un rotundo cambio en la dirección del país, para Omar Durán, el único cambio en temas de seguridad es el regreso de la DEA. “Lo único que podemos atribuir de éxito a este gobierno es la incursión de la DEA. Pero después no hay ningún cambio y seguimos con el mismo fiscal general, con los mismos jueces que en un momento determinado han liberado bienes incautados en millones de millones. Pero son los mismos, o sea, acá lo único que ha cambiado es la figura del presidente, que tal vez pueda tener muy buena voluntad, pero tiene colaboradores que se dedican a temas ilegales”, concluye Omar Durán.
Los detectores de mentiras que actualmente son aplicados a los policías de la agencia antinarcóticos de Bolivia son proporcionados por la DEA.

Vaca Muerta, la formación de petróleo y gas de esquisto en la Patagonia argentina, es uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo. Genera más del 60% de la producción de gas y petróleo del país y no deja de batir récords. Según datos del think tank Fundar, Neuquén, la provincia en la que se encuentra Vaca Muerta, tenía en 2022 el equivalente al PIB per cápita de Alemania. Cada semana llegan a Neuquén trabajadores de otras partes de Argentina e incluso del exterior, atraídos por salarios que pueden superar con creces los de otras industrias. Pero la ciudad que ve crecer sus grúas y sus rascacielos tiene también un lado B: el de quienes llegaron con el sueño de insertarse en la industria del petróleo y se encuentran con una realidad muy diferente. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a Neuquén a escuchar esas historias.
"No es lo que te venden, te venden una ilusión": Mónica Justiniano tiene 59 años y vive en un barrio popular de las afueras de Neuquén. Llegó hace unos seis años, desde una zona del norte del país en la que el declino de la actividad petrolera llevó a que muchos decidieran migrar.
Esperanzas frustradas
"Cuando llegas acá sin nada, sin vivienda, sin trabajo, sin dinero, te encontrás con algo que, una pared que te da contra la cara y es difícil", recalca. Trabajó en gastronomía, en limpieza, en lo que consiguiera. Ella es una de miles que son atraídos por la promesa petrolera, pero nunca logran ingresar al sector.
Neuquén es hoy la ciudad que más rápido crece en Argentina. "El 30% de las personas que viven en la ciudad nacieron en otro lugar", explica Lucas Materre, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén. Lleva años mapeando el fenómeno de la migración.
"Y aproximadamente el 40% de las personas que llegan, llegan a través de consultoras de trabajo, y la contratación ya previa. Y después, bueno, está este otro 60, 65% de personas que llegan y bueno, hasta que esperan y consiguen, pasa un tiempo", agrega.
"Que lo piensen bien"
Entre los que llegan hay muchos venezolanos, la comunidad extranjera que en la última década más creció en la región. Luis Rodán Belisario tiene 49 años y llegó seguro de que habría lugar para él: "Por ser ingeniero y especialista por más de 20 años en la industria petrolera, fue la visión que tuve: quedarme en Latinoamérica y trabajar en el petróleo aquí en Vaca Muerta", cuenta. Pero no tuvo suerte. Un día, dejó de buscar empleo en el petróleo.
Su esposa, Lixayi López era docente en Venezuela y también tuvo que reinventarse. Trabaja en Cáritas Diocesana acompañando a migrantes. Y desde ahí ve cómo los casos como el de su marido se repiten: "La gente viene con mucha angustia, mucho dolor, sobre todo porque si vienen con la familia y no consiguen trabajo, es, imagínate, es una frustración", dice.
De regreso en su casa, Mónica Justiniano tiene un mensaje para quienes piensan en mudarse a Neuquén: "Que lo piensen bien. Sí, Vaca Muerta genera trabajo, pero es para ciertas personas. No todos tienen el mismo privilegio", afirma.

La Corte Suprema de Estados se mostró escéptica este miércoles ante el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Trump, quien asistió a la presentación de los argumentos durante cerca de 90 minutos, había presentado una orden ejecutiva al empezar su segundo mandato en la que buscaba negar la ciudadanía a los hijos de padres que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal.
Y con informaciones de nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez
La Corte, de mayoría conservadora, escuchó los argumentos que ponen a prueba uno de los pilares de la agenda migratoria del presidente. Sin embargo, incluso los jueces conservadores puestos en el cargo por Donald Trump cuestionaron fuertemente al abogado que defendía a la administración, con preguntas sobre los fundamentos jurídicos y las aplicaciones prácticas de la directiva que busca cambiar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
La cuestión ante el Tribunal Supremo en este caso conocido como “Trump contra Barbara”, es si la directiva cumple con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y una ley de inmigración de 1952. Dicha enmienda dice que “todas las personas nacidas [...] en Estados Unidos [...] son ciudadanas de ese país”, una ley que no es válida para Trump: desde su regreso a la Casa Blanca, busca imponer un nuevo razonamiento jurídico.
“La administración Trump está argumentando que los indocumentados no son sujetos a las leyes del país porque son indocumentados. Eso hasta ahora los jueces han dicho que no, que eso no tiene sentido, que los indocumentados igual son sujetos a las leyes del país. Pero vamos a ver qué decide la Corte Suprema. Yo creo que van a fallar igual que las cortes inferiores, pero no sabemos. Hay mayoría de jueces, de magistrados, que son nombrados por presidentes republicanos, han fallado en otros casos a favor del presidente, pero no en todos. Entonces vamos a ver qué dicen al final, creo que van a fallar lo mismo que las cortes inferiores, pero no lo tomaría como un hecho”, indica a RFI el presidente del Migration Policy Institute, Andrew Selee.
La pregunta “¿quién es ciudadano estadounidense?” ha tenido respuestas diferentes según la época: “El tema de la ciudadanía por nacimiento ha sido un ancla de la política pública en Estados Unidos desde el nacimiento del país. Se expandió con una enmienda a la Constitución hace 150 años, más o menos, pero existía al principio, nada más que no estaban incluidos los indígenas, no estaban incluidos los afroamericanos, los que eran esclavos, había algunas excepciones. Lo que se concretizó después de la enmienda era el derecho para todos, sin excepciones. Entonces también esto ha sido un ancla de la ciudadanía y la identidad en este país”, subraya Selee.
Trump también asegura que existen familias que van a Estados Unidos únicamente para que nazcan sus hijos, una acción que él llama turismo de natalidad. “Hay algo pequeño de verdad en lo que dijo. Hay un cierto número de personas que nacen cada año por turismo de ciudadanía. En general son personas muy ricas. No son muchos, son contados. Y el argumento real de ellos es que es un imán para gente más pobre que quiere vivir a Estados Unidos y saben que aunque van a ser indocumentados, sus hijos van a nacer y ser ciudadanos de Estados Unidos. Entonces ellos creen que al quitar ese derecho, muchos indocumentados se van a ir porque sus hijos no pueden aspirar a ser parte del país”, explica el presidente del Migration Policy Institute.
La decisión final será conocida a finales de junio o principios de julio de este año.