Noticias de América

Bolivia anunció que la agencia antinarcóticos estadounidense, la DEA, ya está colaborando con el nuevo gobierno del presidente Rodrigo Paz para luchar contra el narcotráfico. Por el momento sólo intercambian información, aunque el gobierno boliviano desea que tengan una oficina en el terreno como sucedía hasta antes de 2008, cuando el ex presidente Evo Morales la cerró asegurando que la DEA apoyó revueltas contra él.
Para el gobierno de Rodrigo Paz, la participación de la DEA es una pieza clave en su plan de lucha contra el narcotráfico. Quiere agentes en su país. “Ahora esperamos nosotros de que vuelvan a tener una oficina permanente, porque siempre es mejor intercambiar información personalmente que por vía electrónica”, expresó al respecto Ernesto Justiniano, el viceministro de Defensa Social y responsable de la política antidrogas.
Una participación importante
Omar Durán, abogado y militar experto en temas de seguridad, da a RFI su opinión sobre cómo podría ayudar la DEA al gobierno boliviano para combatir el crimen organizado: “La DEA tiene los elementos necesarios que Bolivia no tiene. La DEA tiene participación en efectivos, porque acá últimamente los narcotraficantes tienen mejores medios en armamento y en tecnología que los mismos bolivianos, y si bien tenemos en Bolivia 32.500 miembros que podrían ser suficientes para realizar el control, no es menos cierto que la gran mayoría de los miembros han sido comprados por los narcotraficantes, por los grupos de poder, y la participación de la DEA va a ser fundamental para poder luchar contra esos grupos, no solamente de narcotraficantes, sino esos grupos dedicados al sicariato que van de la mano”.
El abogado también considera que las investigaciones de la DEA serán importantes para la resolución de casos ante los tribunales, incluidos aquellos en los que estaría vinculado el ex presidente Evo Morales: “La participación de la DEA va a ser muy, muy fundamental para que Evo Morales les dé a conocer todas las irregularidades que ha marcado en territorio nacional. Y serán pues los jueces que dirán si tiene una sentencia condenatoria o absolutoria”, explica.
¿Cambios insuficientes?
Aunque al nuevo gobierno de Rodrigo Paz se le atribuye un rotundo cambio en la dirección del país, para Omar Durán, el único cambio en temas de seguridad es el regreso de la DEA. “Lo único que podemos atribuir de éxito a este gobierno es la incursión de la DEA. Pero después no hay ningún cambio y seguimos con el mismo fiscal general, con los mismos jueces que en un momento determinado han liberado bienes incautados en millones de millones. Pero son los mismos, o sea, acá lo único que ha cambiado es la figura del presidente, que tal vez pueda tener muy buena voluntad, pero tiene colaboradores que se dedican a temas ilegales”, concluye Omar Durán.
Los detectores de mentiras que actualmente son aplicados a los policías de la agencia antinarcóticos de Bolivia son proporcionados por la DEA.

Vaca Muerta, la formación de petróleo y gas de esquisto en la Patagonia argentina, es uno de los yacimientos no convencionales más importantes del mundo. Genera más del 60% de la producción de gas y petróleo del país y no deja de batir récords. Según datos del think tank Fundar, Neuquén, la provincia en la que se encuentra Vaca Muerta, tenía en 2022 el equivalente al PIB per cápita de Alemania. Cada semana llegan a Neuquén trabajadores de otras partes de Argentina e incluso del exterior, atraídos por salarios que pueden superar con creces los de otras industrias. Pero la ciudad que ve crecer sus grúas y sus rascacielos tiene también un lado B: el de quienes llegaron con el sueño de insertarse en la industria del petróleo y se encuentran con una realidad muy diferente. Nuestro corresponsal en Argentina, Natalio Cosoy, fue a Neuquén a escuchar esas historias.
"No es lo que te venden, te venden una ilusión": Mónica Justiniano tiene 59 años y vive en un barrio popular de las afueras de Neuquén. Llegó hace unos seis años, desde una zona del norte del país en la que el declino de la actividad petrolera llevó a que muchos decidieran migrar.
Esperanzas frustradas
"Cuando llegas acá sin nada, sin vivienda, sin trabajo, sin dinero, te encontrás con algo que, una pared que te da contra la cara y es difícil", recalca. Trabajó en gastronomía, en limpieza, en lo que consiguiera. Ella es una de miles que son atraídos por la promesa petrolera, pero nunca logran ingresar al sector.
Neuquén es hoy la ciudad que más rápido crece en Argentina. "El 30% de las personas que viven en la ciudad nacieron en otro lugar", explica Lucas Materre, subsecretario de Derechos Humanos de la Municipalidad de Neuquén. Lleva años mapeando el fenómeno de la migración.
"Y aproximadamente el 40% de las personas que llegan, llegan a través de consultoras de trabajo, y la contratación ya previa. Y después, bueno, está este otro 60, 65% de personas que llegan y bueno, hasta que esperan y consiguen, pasa un tiempo", agrega.
"Que lo piensen bien"
Entre los que llegan hay muchos venezolanos, la comunidad extranjera que en la última década más creció en la región. Luis Rodán Belisario tiene 49 años y llegó seguro de que habría lugar para él: "Por ser ingeniero y especialista por más de 20 años en la industria petrolera, fue la visión que tuve: quedarme en Latinoamérica y trabajar en el petróleo aquí en Vaca Muerta", cuenta. Pero no tuvo suerte. Un día, dejó de buscar empleo en el petróleo.
Su esposa, Lixayi López era docente en Venezuela y también tuvo que reinventarse. Trabaja en Cáritas Diocesana acompañando a migrantes. Y desde ahí ve cómo los casos como el de su marido se repiten: "La gente viene con mucha angustia, mucho dolor, sobre todo porque si vienen con la familia y no consiguen trabajo, es, imagínate, es una frustración", dice.
De regreso en su casa, Mónica Justiniano tiene un mensaje para quienes piensan en mudarse a Neuquén: "Que lo piensen bien. Sí, Vaca Muerta genera trabajo, pero es para ciertas personas. No todos tienen el mismo privilegio", afirma.

La Corte Suprema de Estados se mostró escéptica este miércoles ante el intento del presidente Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento. Trump, quien asistió a la presentación de los argumentos durante cerca de 90 minutos, había presentado una orden ejecutiva al empezar su segundo mandato en la que buscaba negar la ciudadanía a los hijos de padres que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal.
Y con informaciones de nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez
La Corte, de mayoría conservadora, escuchó los argumentos que ponen a prueba uno de los pilares de la agenda migratoria del presidente. Sin embargo, incluso los jueces conservadores puestos en el cargo por Donald Trump cuestionaron fuertemente al abogado que defendía a la administración, con preguntas sobre los fundamentos jurídicos y las aplicaciones prácticas de la directiva que busca cambiar el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
La cuestión ante el Tribunal Supremo en este caso conocido como “Trump contra Barbara”, es si la directiva cumple con la Decimocuarta Enmienda de la Constitución y una ley de inmigración de 1952. Dicha enmienda dice que “todas las personas nacidas [...] en Estados Unidos [...] son ciudadanas de ese país”, una ley que no es válida para Trump: desde su regreso a la Casa Blanca, busca imponer un nuevo razonamiento jurídico.
“La administración Trump está argumentando que los indocumentados no son sujetos a las leyes del país porque son indocumentados. Eso hasta ahora los jueces han dicho que no, que eso no tiene sentido, que los indocumentados igual son sujetos a las leyes del país. Pero vamos a ver qué decide la Corte Suprema. Yo creo que van a fallar igual que las cortes inferiores, pero no sabemos. Hay mayoría de jueces, de magistrados, que son nombrados por presidentes republicanos, han fallado en otros casos a favor del presidente, pero no en todos. Entonces vamos a ver qué dicen al final, creo que van a fallar lo mismo que las cortes inferiores, pero no lo tomaría como un hecho”, indica a RFI el presidente del Migration Policy Institute, Andrew Selee.
La pregunta “¿quién es ciudadano estadounidense?” ha tenido respuestas diferentes según la época: “El tema de la ciudadanía por nacimiento ha sido un ancla de la política pública en Estados Unidos desde el nacimiento del país. Se expandió con una enmienda a la Constitución hace 150 años, más o menos, pero existía al principio, nada más que no estaban incluidos los indígenas, no estaban incluidos los afroamericanos, los que eran esclavos, había algunas excepciones. Lo que se concretizó después de la enmienda era el derecho para todos, sin excepciones. Entonces también esto ha sido un ancla de la ciudadanía y la identidad en este país”, subraya Selee.
Trump también asegura que existen familias que van a Estados Unidos únicamente para que nazcan sus hijos, una acción que él llama turismo de natalidad. “Hay algo pequeño de verdad en lo que dijo. Hay un cierto número de personas que nacen cada año por turismo de ciudadanía. En general son personas muy ricas. No son muchos, son contados. Y el argumento real de ellos es que es un imán para gente más pobre que quiere vivir a Estados Unidos y saben que aunque van a ser indocumentados, sus hijos van a nacer y ser ciudadanos de Estados Unidos. Entonces ellos creen que al quitar ese derecho, muchos indocumentados se van a ir porque sus hijos no pueden aspirar a ser parte del país”, explica el presidente del Migration Policy Institute.
La decisión final será conocida a finales de junio o principios de julio de este año.

La ONG Défenseur Plus asegura que 70 personas, y no 16 como afirman las autoridades, habrían sido asesinadas en la masacre ocurrida el domingo en el departamento de Artibonite. Entrevista con el encargado de asuntos jurídicos de la ONG, Ulrick Tintin.
Al otro lado del teléfono, desde la capital de Haití, Puerto Príncipe, responde Ulrick Tintin, de la ONG Défenseur Plus, el colectivo que dio a conocer cifras que cuadruplican las reportadas por las autoridades sobre la masacre del pasado fin de semana. La organización ha llegado a estas estimaciones gracias a informaciones de primera mano recabadas por observadores presentes en la zona del crimen colectivo, la comuna de Petite Rivière.
"El balance podría aumentar en los próximos días, según lo que reporten nuestros observadores, que están sobre el terreno. Contabilizamos 70 muertos, 30 personas heridas, 50 casas incendiadas y 6.000 desplazados que huyen de la violencia de los grupos armados. Antes de la masacre ya se registraban enfrentamientos entre bandas criminales y una coalición local. Sin embargo, desconozco las razones por las que los bandidos perpetraron estos asesinatos. La población civil no pudo defenderse. El Estado haitiano fue incapaz de intervenir. La gente lo perdió todo".
Esperando la Fuerza de Represión de las Pandillas (ONU)
La prensa local atribuye los asesinatos a la pandilla Gran Grif, la misma que en 2024 mató a 180 personas en la capital. Francia y la ONU condenaron la masacre. Un cuerpo especial de seguridad de la ONU para Haití comenzará sus operaciones en abril. Se trata de una fuerza multinacional, denominada "Fuerza de Represión de las Pandillas".
"Se ha decidido reemplazar el dispositivo anterior en la fase de supresión. Saludamos esta decisión de la ONU. Las fuerzas militares de Kenia, lamentablemente, no fueron suficientes. No se observó ningún progreso en la seguridad del país; todo lo contrario. Por ello, esperamos con impaciencia la llegada de esta nueva fuerza y que contribuya a mejorar la situación. Confiamos en que las operaciones que se lleven a cabo respeten las leyes de Haití y, sobre todo, los derechos humanos".
Al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y de las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).
Las primeras tropas llegarán desde Chad, país africano que prepara el despliegue de 750 soldados. La Fuerza de Represión de las Pandillas estará conformada por un total de 5.500 efectivos.

En Chile, el presidente José Antonio Kast ordenó frenar la regularización de 182.000 inmigrantes, que había sido impulsada por su predecesor, Gabriel Boric. Una de las promesas de campaña de Kast era precisamente la expulsión de los inmigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven en el país.
Era uno de sus grandes reclamos electorales y una de las reformas más urgentes a poner en marcha. Para José Antonio Kast no había concesiones en torno a la política migratoria chilena. El primer paso dentro de su agenda oficial ha sido frenar la regularización de 182.000 migrantes, impulsada por la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric.
“La migración le está aportando al país el 10% del PIB”
“Hay 338.000 personas que se sabe que están en situación de irregularidad. De ellos, 182.000 son personas que se empadronaron, que fueron, dieron su dirección, dieron sus datos biométricos, cuestión que hoy incluso muchos nos preguntamos qué se va a hacer con esos datos biométricos, si a esa persona no la van a regularizar”, comenta para RFI Eduardo Cardoza, secretario general del Movimiento de Acción Migrante.
“Esto tiene consecuencias enormes porque la migración le está aportando al país el 10% del Producto Bruto Interno, y evidentemente esto está perjudicando muchísimo, porque son personas trabajadoras que vienen en general, en su 99,9%, a trabajar al país, y que estando en las condiciones de no tener los papeles al día, se ven privados de derechos básicos”, recalca Cardoza.
Además de parar la regularización de estos 182.000 migrantes, Kast presentará al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados: uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso ilegal al país.
“Un fenómeno muy particular”
“Se da un fenómeno muy particular, que es que la gente está preocupada por esto pero muchas personas que están en situación irregular, que están trabajando, que tomaron arraigo con el país, no se quieren ir y no se van a ir. Entonces se va a dar una situación bien particular, de que no hay posibilidad de que se pueda expulsar a 338.000 personas en cuatro años”, subraya Cardoza.
“Lo máximo que ha expulsado un gobierno ha sido anualmente 8.000 personas, entre expulsiones administrativas y judiciales. Y entonces va a haber que tomar políticas que sean reales o seguir continuando con esta situación que condena a la gente a vivir mal. Y ese es un desafío que tiene este gobierno”, concluye.
Apenas cinco días después de asumir el cargo como presidente, Kast puso en marcha el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, una de las iniciativas más emblemáticas de su programa, que contempla la construcción de barreras físicas, zanjas, sistemas de vigilancia con cámaras y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera con Perú, y varios kilómetros en sectores críticos de la frontera con Bolivia.