Noticias de América

Washington inculpa a Raúl Castro de 94 años por el derribo de dos avionetas en 1996. Entonces, el hermano de Fidel Castro era ministro de Defensa. Es la primera vez que un alto cargo del país comunista es acusado ante la justicia estadounidense. Este acto jurídico también es visto como un acto político y deja muchas preguntas y temores ante las amenazas intervencionistas del presidente estadounidense Donald Trump.
El caso de las avionetas “Hermanos al Rescate" ha sido perseguido con tenacidad por la comunidad cubano estadounidense en Florida, uno de los bastiones electorales del presidente Donald Trump. Como lo indica Eloy Viera, jurista y coordinador del medio El Toque, quien calificó la inculpación de Castro como simbólica. 
"Desde hace 20 años ha sido parte de los esfuerzos de un sector importante de familiares, amigos, conocidos, colaboradores de los cuatro cubanos fallecidos. Simbólicamente estamos ante un paso más hacia la búsqueda de justicia. Un sector importantísimo de la nación cubana ve en la figura de Raúl Castro no sólo como responsable por esas cuatro muertes, sino también responsable de otros muchísimos actos de lesa humanidad", asegura a RFI, Eloy Viera.
Sin embargo, algunos analistas como el también cubano Arturo López Levy señalan que la decisión es una escalada más en las presión de Washington sobre la isla.
"Es una política irresponsable porque, por una parte dice que la amenaza más grande que puede venir de Cuba es una estampida migratoria, pero lo que hace es mantener un bloqueo petrolero que está creando una crisis humanitaria de manera tal que justifique una acción dirigida contra el gobierno cubano. Más bien lo que están preparando es una acción militar", explica López Levy.
Para el jurista David Peña Guzmán, la inculpación es legítima a nivel interno en Estados Unidos, pero a nivel internacional no es tan clara, sobretodo si se tiene en cuenta el precedente con Nicolás Maduro en Venezuela. 
"A nivel internacional debemos de responder dos estándares. El primero, la acusación es válida en el país en donde se originó y la respuesta es que sí lo es. Y la segunda es ver, una vez que se tiene esa acusación válida, cómo reaccionan el resto de los países o la comunidad internacional ante la existencia de esta acusación válida", explica el jurista.
"¿Qué pasaría si Cuba hace exactamente lo mismo y formula una acusación en contra de el presidente de los Estados Unidos? Si lo hace, tienen a nivel internacional exactamente la misma validez ambas y ambas deben de ser atendidas y respetadas por la comunidad internacional. Tenemos el precedente que vivimos con Maduro en Venezuela y que trae como consecuencia una serie de preguntas", agrega David Peña Guzmán. 
Dicha inculpación trae muchos interrogantes, pues el gobierno de Trump amenazó con una intervención en Cuba, justo después de su operación en Venezuela en la que capturó a Nicolás Maduro que actualmente está encarcelado en un centro de detención en Nueva York.

El gobierno del presidente Kast se ha visto sacudido por la polémica medida que busca obligar a los centros médicos, colegios y otras instituciones públicas a entregar información confidencial sobre migrantes irregulares. La iniciativa, aún en discusión parlamentaria, genera tensiones dentro del propio gobierno y críticas de expertos y organismos por su posible impacto en el acceso a derechos básicos y la cohesión social.
Se trata de un polémico proyecto de ley, aún en discusión en el Parlamento, que busca acelerar los procedimientos de expulsión de indocumentados que viven en Chile, una de las principales promesas de campaña del ultraderechista José Antonio Kast.
Sin embargo, dicha medida ha generado oposición dentro de su propio gabinete, empezando por la ministra de Salud, ya que es vista como contraria a la ley y como una forma de impedir que los migrantes irregulares accedan a beneficios sociales, obligándolos a dejar el país.
El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, alertó sobre los riesgos si se aprobara el proyecto: "Por un lado, no va a disminuir la migración irregular, sino hacer que se invisibilice y que las personas que están en situación irregular eviten acercarse a instituciones públicas y dependan más de redes informales para poder responder a sus necesidades de salud, así como para acceder a cualquier tipo de servicio que hoy día están pudiendo tener en espacios formales. Pero también va a generar un problema para el país en su conjunto, porque tener a miles de personas que están saliendo del sistema de salud, tener a miles de niños y niñas que no están asistiendo a establecimientos educacionales, no solamente afecta a esas familias, sino que afecta a todos. Hoy día, el principal desafío que tiene el gobierno de Chile es pasar de una política que apunta a cuestiones específicas, esporádicas y que son más efectistas que efectivas a una política migratoria que sea estratégica, integral, que no mire solo la frontera, sino que también mire qué es lo que está pasando en las ciudades, en las industrias productivas y qué está pasando en las comunidades".
La Defensoría de la Niñez chilena también ha mostrado su rechazo a dicha propuesta, que pondría en peligro a los menores, como lo plantea Ramaciotti.
"Impulsar este tipo de medidas con el foco en desincentivar la migración irregular o en poder controlar de manera más efectiva a las personas que están en situación irregular puede tener consecuencias graves en términos de la protección de la niñez y también en términos de la cohesión social del país. Pero si se establece una obligación para que los jardines infantiles, los colegios y los centros de atención de salud se vean forzados a entregar información respecto de ciertas personas, claramente eso implicaría usar la institucionalidad pública de protección social como una institucionalidad de control migratorio", sostiene.
El presidente Kast había prometido en campaña expulsar a más de 300.000 migrantes irregulares y, desde que asumió su mandato, ha impulsado la construcción de barreras contra el ingreso de inmigrantes en tres regiones del norte del país.

Tras el anuncio de los resultados definitivos de la primera vuelta, Perú se apronta para una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez el próximo 7 de junio. Reflexionamos con el analista Mirko Lauer sobre lo que podría pasar en esta contienda electoral.
Tras el minucioso recuento de votos en la primera vuelta, Perú afronta la recta final de sus elecciones generales con dos candidatos con puntos de vista ideológicos muy diferentes.
“Dos partidos caudillistas”
Se puede pensar que el enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez dará lugar a una contienda que dirija al país en direcciones muy opuestas, pero también existe una similitud bien marcada, según el afamado escritor y analista político Mirko Lauer.
“Cualquiera de los dos resultados se va a parecer mucho al otro resultado, porque no estamos realmente ante un izquierdista chocando contra una derechista. Lo que estamos es ante dos partidos caudillistas tratando de llegar al poder, pero nada más. Basta mirar los planes de gobierno de las dos agrupaciones para darse cuenta que de ahí no sale mucho”, explica Lauer.
¿Podría ganar Sánchez?
Después de cuatro semanas de incertidumbre hay un factor que se antoja determinante: el modo in extremis de conseguir el balotaje suficiente para entrar en la segunda vuelta, ¿en que beneficiaría o perjudicaría a Sánchez a la hora de afrontar a Fujimori?
“Yo creo que podría beneficiar un poquito a Sánchez, porque, por último, Sánchez es una especie de candidato de la revancha, que ha obtenido una buena parte de sus votos de los resentidos por lo que sienten que le ha sucedido a Pedro Castillo. Y entonces, de alguna manera, el dificultoso recuento se parece un poco a eso y podría ganarle algunos votantes”, estima Lauer.
Pero, matiza el analista, “hay un dato importante aquí que es un dato de tipo, vamos a llamarlo ideológico. Nadie que ha votado por Rafael López Aliaga va a votar por Roberto Sánchez, ni de bromas. Y yo creo que nadie que ha votado por el señor Jorge Nieto tampoco va a votar por Roberto Sánchez. Esas son barreras ideológicas muy fuertes que yo creo que le van a impedir a Sánchez ganar”.
Jorge Nieto, un hombre clave
Para Lauer, el árbitro de la contienda electoral tiene un nombre propio: Jorge Nieto. “Jorge Nieto es un político de centro que ha logrado en un Senado muy poderoso con 30 personas, seis o siete senadores. Podría ser el hombre clave, definitivamente. Tanto si hace alianzas estables con Keiko Fujimori, como si hace alianzas esporádicas para temas puntuales”, subraya.
Proclamados los resultados de las elecciones del 12 de abril, los peruanos están llamados a las urnas para la segunda vuelta presidencial el domingo 7 de junio.

La abogada y exjefa Anticorrupción de Cristosal, Ruth López, crítica del gobierno de Nayib Bukele, cumple un año en prisión sin que la Fiscalía haya presentado pruebas ni celebrado audiencia. Reportaje de Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador.
La exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal, la abogada Ruth López, quien ha denunciado los abusos del gobierno de Bukele, sigue presa un año después de haber sido detenida por la policía salvadoreña. La Fiscalía la acusa de enriquecimiento ilícito, pero no ha presentado pruebas ni ha organizado una audiencia. Entrevista con el director legal de la organización Cristosal, Abraham Ábrego, realizada por Celia Pousset, enviada especial de RFI a El Salvador.
El 18 de mayo de 2025, la policía salvadoreña capturó a la abogada y defensora de derechos humanos Ruth López. En ese momento, según una grabación, ella les dijo a los funcionarios: "Tengan decencia. Esto un día se va a acabar. Ustedes no se pueden prestar a esto. De verdad se los digo".
Hoy cumple un año en las cárceles del gobierno de Bukele. Su caso está bajo reserva total. Se desconocen las condiciones en que se encuentra la exjefa Anticorrupción de la ONG Cristosal. "Ruth está bajo un esquema de incomunicación, con restricción de visitas familiares y de abogados", explica a RFI el director legal de esa organización, Abraham Ábrego.
Enfrenta un sistema de justicia cooptado por el poder ejecutivo, donde las garantías de defensa son casi inexistentes.
"No solo Ruth, sino cualquiera, en este sistema, para probar su inocencia, necesita tener una audiencia ante un juez para tener la oportunidad de mostrar su defensa. Esto no se ha dado. El equipo de abogados está documentando para demostrar que es falso lo que se le acusa", añadió Abraham Ábrego.
Los policías llegaron a la casa de la abogada con el pretexto de que estaba involucrada en un accidente de tránsito. Luego fue detenida por el delito de malversación de fondos públicos. Ahora, sin embargo, la acusación es por enriquecimiento ilícito. En las calles de San Salvador, pocas personas se atreven a hablar de este caso. Óscar, de 33 años, acepta opinar.
"Ellos se declaran como perseguidos o presos políticos. Pero al final creo que hubo una investigación y, si hay un debido proceso y se encuentra a alguien culpable, tampoco podríamos decir que está mal", manifestó.
Pero, para Francisco Lira, diputado de oposición, la persecución política de voces disidentes es una realidad: "Lo único que hizo esta defensora de derechos humanos fue señalar todos los actos de corrupción, defender a esas personas humildes. Lleva un año sin tener un juicio justo, un año durante el cual la Fiscalía General de la República no ha presentado pruebas".
El equipo de Ruth López documentó diez casos de corrupción del gobierno de Bukele. Tras la captura, la ONG Cristosal cerró sus operaciones en el país.

El llamado Estado Mayor Central, liderado por el comandante guerrillero Iván Mordisco, anunció en un comunicado la “suspensión de operaciones militares ofensivas” para las elecciones presidenciales del 31 de mayo. La tregua, que llega en un momento marcado por altos índices de violencia, durará desde el 20 de mayo hasta el 10 de junio.
La violencia armada es uno de los principales temas de las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia. Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, en 2025, el impacto humanitario de los conflictos armados siguió siendo crítico, provocando cientos de miles de desplazados en todo el país.
“Ha estado muy golpeado”
En medio de esta crisis, el guerrillero más buscado de Colombia y líder de la disidencia de las extintas FARC, Iván Mordisco, anunció un cese al fuego para brindar las “condiciones de tranquilidad suficientes para que el pueblo colombiano asista masivamente a las urnas”.
Un motivo que Leonardo González, director de Indepaz, pone en duda: “Lo que hoy se entiende es como este alto el fuego, entre otras cosas, puede ser en el movimiento que tiene en estos momentos Mordisco por el departamento del Cauca. Mordisco ha estado muy golpeado hacia la zona del Guaviare, incluso se dice que está herido y que se ha estado resguardando al otro lado del país en el departamento del Cauca. Entonces es una especie de distractor para una tregua”.
Según datos de Cruz Roja Colombia, más de 250 mil personas abandonaron sus hogares por culpa de la violencia armada y al menos 965 personas fueron heridas o fallecieron a causa de artefactos explosivos.
“Pérdida de libertad para elegir”
Para González, esta tregua supone un respiro para algunas regiones, pero no significa que la población esté a salvo durante las elecciones: “Aquí la principal afectación que tiene la población civil en cuanto a elecciones es la pérdida de libertad para elegir por quien ellos quieran votar. En las anteriores elecciones, en diferentes zonas se ha presentado la denuncia de cómo son obligados a votar por determinado candidato y eso es lo que hoy está en juego, está en riesgo, y es que no sean libres las elecciones, no que no haya elecciones, sino que no haya libertad para elegir por parte de los votantes”, explica.
El director de Indepaz también recalca que este es un cese al fuego contra la fuerza pública y no contra las disputas territoriales entre guerrillas: “En la costa norte hay conflictos territoriales entre los Gaitanistas y los de la Sierra Nevada, y en Antioquia, los de las disidencias contra los Gaitanistas y el ELN, por lo que tenemos son conflictos entre ellos. No existe una guerrilla en estos momentos que se esté disputando el poder contra el Estado o que tenga un alzamiento para pretender una toma del poder y por lo tanto, la gran mayoría de los enfrentamientos y combates se dan entre los grupos armados ilegales”, precisa González.
En agosto pasado murió en un atentado el senador Miguel Uribe, aspirante a ser el candidato de la oposición. Actualmente, los tres aspirantes a la Presidencia han denunciado amenazas intimidatorias o de muerte.