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Brasil entró de lleno esta semana en la campaña para las elecciones del 4 de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aspira a un último y cuarto mandato. Su principal rival es el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario preso por golpismo. Aunque las encuestas otorgan una ligera ventaja a Lula, la carrera se anuncia reñida.
La campaña electoral arrancó con todo en Brasil, donde la polarización vuelve a ser la gran protagonista. Aunque 13 candidatos competirán en los comicios del 4 de octubre, sólo dos aspirarían a una segunda vuelta: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro.
Si bien Lula encabeza los sondeos, la distancia con el hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), encarcelado por un intento de golpe de Estado en 2022, es mínima. Según la última encuesta de la consultora Datafolha, el actual presidente obtendría un 47% en una eventual segunda vuelta y Bolsonaro un 43%.
Hacia una segunda vuelta reñida
Algunos brasileños se cuestionan el sentido de un cuarto mandato del mítico líder del Partido de los Trabajadores: “Es un presidente que es histórico, pero es visto como parte del statu quo por alguna parte de la población. Y eso preocupa al Gobierno porque es un presidente octogenario que va por su última campaña y bueno, ¿qué perspectiva de futuro le puede ofrecer a Brasil?”, explica Ariel Goldstein, investigador del Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires.
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Aunque Lula deja un país con crecimiento económico y un desempleo en mínimos históricos, la promesa de cambio y la juventud de su rival, de 45 años, resultan atractivas para una parte del electorado. “No es tan fácil asociar al hijo de Bolsonaro con el autoritarismo, porque se presenta como una imagen más joven, más renovada y más moderada”, comenta Goldstein.
Para el sociólogo, la contienda se anuncia más “competitiva” de lo que parece, dados los votos que Bolsonaro podría sumar en la segunda vuelta: “En segunda vuelta, es probable que toda la derecha se una. Lo estamos viendo en América Latina, es un patrón donde la derecha va fragmentada en la primera vuelta y en la segunda se une. Esto pasó en Colombia y terminó con la victoria de De la Espriella. Pasó en Argentina con Milei, pasó en Chile con Kast”, analiza.
Presión de la derecha latinoamericana trumpista
Otro factor clave es el peso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien es un aliado de Jair Bolsonaro y respaldó abiertamente a candidatos conservadores en América Latina. Según Ariel Goldstein, es “el país que tiene mayor autonomía de la región con respecto a Estados Unidos, en el sentido de que tiene un gobierno progresista, tiene un mercado interno muy grande, tiene recursos, tiene instituciones fuertes. Entonces Estados Unidos lo percibe como un desafío. Por lo tanto, preferiría un gobierno más subordinado”.
“Por eso”, prosigue, “se reunió con Flavio Bolsonaro, apoyó a Bolsonaro e impuso aranceles a Brasil. Y es parte de una disputa, incluso diría geopolítica, más amplia. Trump y Milei... Toda esta derecha latinoamericana trumpista se va a tratar de meter como pueda y eso va a ejercer una presión fuerte sobre el gobierno de Brasil”.
Ambos favoritos tienen tasas de rechazo superiores al 50%, por lo que la disputa electoral se concentrará en un pequeño grupo de votantes independientes. El voto femenino también tendrá un peso importante: las mujeres constituyen el 53% de los 158 millones de votantes de Brasil, votan más que los hombres y contribuyeron a lograr la estrecha victoria de Lula en 2022.

Cinco años después del magnicidio de Jovenel Moïse, Haití parece encaminarse hacia unas elecciones para elegir a su sustituto. Este jueves se abrió el período de inscripción de candidatos para los comicios del 13 de diciembre, cuya celebración está condicionada al "establecimiento de un clima de seguridad estable". Tras un primer aplazamiento, el camino hacia la votación no se presenta fácil.  Análisis de Jean Eddy Saint Paul, profesor de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. 
Las elecciones del 13 de diciembre serán las primeras en el país en 10 años, marcados por la violencia, la inestabilidad política y el magnicidio del último presidente, Jovenel Moïse, en julio de 2021. Tras varias idas y vueltas, las autoridades provisionales de facto lograron establecer un calendario electoral.
Este jueves se iniciaron las inscripciones de candidatos, pero después de una primera postergación de los comicios —previstos inicialmente para el 30 de agosto—, el camino no se anuncia fácil. 
"El país debe ser accesible para cualquier persona que quiera votar y tenga derecho a hacerlo. Es un derecho fundamental. Las circunstancias no son las mejores", dijo el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, tras concluir esta semana una misión de alto nivel en Haití.
Para que la votación se celebre, debe existir previamente "un clima de seguridad estable". Algo complejo en un país, donde la violencia ha obligado a casi 1,5 millones de personas a abandonar sus hogares, según una estimación de la Organización Internacional para las Migraciones.
Sin embargo, para Jean Eddy Saint Paul, profesor e investigador haitiano-estadounidense de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), este requisito no es indispensable.
"Creo que las elecciones son un prerrequisito para que a mediano plazo pueda haber autoridades legalmente electas. Van a tener una legitimidad y van a poder trabajar para fortalecer las instituciones y dotar al Estado de la capacidad necesaria para que recupere, una vez más, el monopolio de la violencia física legítima"
- Jean Eddy Saint Paul, profesor en el departamento de Sociología del Brooklyn College de la CUNY
Para el experto, las elecciones permitirán recuperar la confianza de la ciudadanía y de la diáspora haitiana en el extranjero, así como la de los inversionistas internacionales, lo que podría derivar en un "cambio en el discurso internacional" sobre Haití. No obstante, reconoce que las condiciones "mínimas" aún no están dadas.
"Primero, el Consejo Electoral Provisional tiene que hacer un mejor trabajo de comunicación política. No hay suficientes ciudadanos haitianos que se hayan registrado para las elecciones", señala el también director fundador del Instituto de Estudios Haitianos de la CUNY.
"Otro factor necesario es que el gobierno de facto utilice estrategias para negociar con los grupos armados. La tercera condición es tener una diplomacia proactiva con Estados Unidos porque Haití no produce armas y la gran mayoría de ellas vienen de ese país", agrega.
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Aunque no será un camino simple, el investigador considera que las autoridades provisionales cuentan con la voluntad para reunirlas a tiempo y poder así celebrar unos comicios que, a su juicio, son el "mejor medio para reformar el sistema desde dentro" en el país más pobre de América.

Un informe de la ONG denunció el miércoles la expansión del uso masivo de tecnología de vigilancia en Argentina desde la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023. Esta situación afectaría especialmente a periodistas, activistas y migrantes, al crear un efecto disuasorio sobre el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y a la protesta.
Al canto de "Peter, Peter, compadre, la concha de tu madre...", un grupo de ciudadanos vestidos de Gandalf protestaba esta semana frente a la casa del magnate tecnológico Peter Thiel en Buenos Aires. Con creatividad, los denominados "Gandalfs del sur" denunciaban los negocios en Argentina del fundador de la firma de inteligencia artificial y espionaje masivo Palantir y exigían su partida del país.
La ampliación de la presencia de tecnologías de vigilancia masiva es una preocupación creciente en Argentina. Y según denunció el miércoles Amnistía Internacional, su uso se ha expandido desde la llegada al poder de Javier Milei. 
En el informe "Estado de vigilancia: La expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el Gobierno de Argentina", la organización entrevistó a actores de la sociedad civil y recabó documentación sobre decretos, resoluciones gubernamentales y reformas para ampliar las capacidades de recopilación de información y vigilancia del Estado.
"El gobierno se sirve del reconocimiento facial, el aterrizaje a las redes sociales, el ciberpatrullaje y otras herramientas como drones, adquisición de software y demás que tienen el potencial de vigilar a las personas", explica a RFI Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. 
"Básicamente, lo que hace es achicar, disminuir o restringir el ejercicio de los derechos", agrega.
Según la responsable, la gente "piensa dos veces" antes de decidir publicar algo o sumarse a una manifestación, por lo que esta situación comienza a tener "repercusiones concretas sobre el ejercicio democrático y la libertad de expresión".
En total, el Estado ha gastado al menos 1,2 millones de dólares en estas herramientas de vigilancia entre 2024 y 2025, pese a la política de austeridad del gobierno. También las autoridades de la ciudad de Buenos Aires invirtieron 48 millones de dólares en dispositivos de videovigilancia para cubrir la urbe, en particular las zonas de protesta.
"Existe una inconsistencia: mientras el Estado hablaba de recortes y de motosierra, y retraía el 41% del gasto público en 2025, en la vereda opuesta el presupuesto en materia de seguridad e inteligencia se ha elevado un 29% y un 6% (...) Es un mensaje muy claro de a dónde está apuntando el gobierno con sus prioridades"
- Paola García Ray, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. 
Esta vigilancia gubernamental afecta principalmente a activistas, migrantes y periodistas. Si bien esta situación se ha dado previamente, nunca habría alcanzado estas dimensiones, según señala a RFI Agustín Lecchi, secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SipreBa).
"Eran situaciones más puntuales, no una política generalizada, permanente. Es el momento de mayor ataque [a la prensa] desde la vuelta a la democracia", sostiene.
Según precisa, hay una "persecución manifiesta a los periodistas" e incluso a los dueños de medios, que se ejerce a través de la represión en las movilizaciones, la judicialización por opinar o el doxeo.
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Amnistía Internacional pidió al gobierno prohibir el desarrollo, producción, venta y uso de tecnología de reconocimiento biométrico para vigilancia discriminatoria y establecer un marco de regulación específico, pero de momento no ha obtenido respuesta. 
"No nos estamos oponiendo al uso de tecnologías para el acompañamiento de políticas sociales, pero este uso tiene que tener límites claros, ser proporcional y necesario, tener un fin legítimo y, por supuesto, estar abierto a ser auditado constantemente por distintos actores", concluye García Ray.

Las pérdidas ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto se estiman en unos 9.570 millones de dólares, según el Gobierno. El departamento del Chocó, donde se situó el epicentro, es uno de los más afectados. “Si para Colombia el terremoto es una tragedia, para el Chocó es una catástrofe”, dijo a RFI la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba.
Más de una semana después del potente terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el oeste de Colombia, el país entró en la fase de remoción de escombros, sin prácticamente posibilidades de encontrar sobrevivientes. El sismo dejó al menos 305 muertos, 4.548 heridos y miles de edificios destruidos.
En el Chocó, epicentro del temblor, el desastre puso de manifiesto la desigualdad estructural que atraviesa uno de los departamentos más pobres del país.
“Si para Colombia el terremoto es una tragedia, para el Chocó es una catástrofe”, dijo a RFI la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba.
Según explicó, ya antes del sismo, el departamento tenía "condiciones de altísima vulnerabilidad social y económica" de la población, así como una "gran precariedad en las condiciones de vida mínimas para el desarrollo de la gente”.
“Esto tiene mucho que ver con la desatención histórica, con el abandono histórico del Estado colombiano en estos territorios, que están mayoritariamente poblados por afrocolombianos e indígenas”, agregó.
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También para Amir Chaverra, fundador del Movimiento Cimarrón en el Chocó, defensor de los derechos de los afrocolombianos, el terremoto simplemente hizo visible "una brecha de desigualdad".
"El terremoto no encontró una economía sana, sino una economía de profunda desigualdad, así como una población que ya había tenido que desarrollar estrategias de supervivencia frente al conflicto armado, que ha generado desplazamiento, así como exclusión estatal. Todo esto, obviamente, aumenta el riesgo de que la emergencia produzca una pobreza adicional secundaria”, sostuvo Chaverra.
Según las autoridades, 29 de los 31 municipios del Chocó se vieron golpeados por el terremoto. El departamento registró 13 muertos, 310 heridos y casi 44.000 afectados.
La vasta extensión del territorio, la escasez de rutas y la falta de profesionales especializados han dificultado las tareas de estimación de daños, que apenas alcanzan un 50 %. Hasta ahora se han contabilizado más de 3.000 viviendas destruidas y casi 20.000 averiadas, además de 267 instituciones educativas afectadas. Para la gobernadora, es urgente pasar a la fase de reconstrucción.
“Es urgente reconstruir las escuelas del Chocó. Mientras que en otros lugares de Colombia se puede recurrir a la virtualidad, nosotros no podemos hacerlo. Además, en el Chocó no hay excedentes de vivienda, sino déficit. Incluso si las familias pudieran acceder a un subsidio para buscar un arrendamiento, no van a encontrar viviendas para arrendar"
- Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó
 
A su juicio, esta situación hace "mucho más urgente" el comienzo de la fase de reconstrucción en el departamento, que presenta los indicadores de pobreza multidimensional, pobreza monetaria y desempleo "más altos del país".
"Realmente es una cuestión de tiempo, es una carrera contrarreloj. Hay que comenzar cuanto antes”, sentenció.
Más allá de la reconstrucción, el Chocó deberá también hacer frente al histórico abandono estatal, marcado por la falta de acceso a servicios como la electricidad, la conectividad y las carreteras, que han obstaculizado una respuesta eficaz durante la emergencia.

La Justicia española concedió la libertad condicional anticipada al excoronel salvadoreño Inocente Montano, condenado a 113 años de cárcel por el asesinato de cinco jesuitas españoles durante la guerra civil en el país centroamericano, debido a una enfermedad irreversible que padece a sus 84 años.
El excoronel Inocente Orlando Montano Morales fue el primer militar salvadoreño que respondió ante la Justicia española por la muerte de cinco jesuitas en 1989. Tras ser condenado a 133 años y tres meses de cárcel en 2020 (foto), ayer se le otorgó la libertad condicional por razones médicas, tras una petición formulada por la prisión donde cumplía su condena. RFI entrevistó en exclusiva a quien fuera su abogado defensor, Jorge Agüero Lafora, sobre esta excarcelación.
"Nosotros defendimos a Montano principalmente durante el juicio y luego en los recursos que se presentaron ante el Tribunal Supremo, en el momento de la ampliación de la medida de prisión provisional. En ese momento solicitamos la liberación por la situación en la que Montano se encontraba en razón de su estado de salud con el paso del tiempo. Ya es una persona mayor y el Código Penal recoge la posibilidad de esa suspensión ordinaria de la pena. El Código Penal no intenta aplicar una pena desproporcionada. Y cuando la persona se encuentra en una situación en la que tiene una enfermedad incurable, lo lógico y normal, por razones de dignidad y humanidad, es esa aplicación", comenta Lafora.
El hecho de que el juicio se llevase a cabo en España ayudó a que su cliente saliese en libertad, agrega el abogado. 
"El Código Penal español es garantista en este sentido. Nosotros defendíamos en su momento que España no era competente para enjuiciar estos hechos, en particular, por el hecho de que la calificación de los mismos pudiera ser la de asesinato. Para nosotros, esto no encuadraba en el tipo penal de acto terrorista, que era la calificación jurídica que permitía al Estado español juzgar unos hechos cometidos en el extranjero. Partiendo de esa premisa, no habría tenido que ser necesario llegar a este punto. Entendíamos que se le aplicaba una interpretación del delito actual de terrorismo para unos hechos previos a la configuración penal que se le da en este momento. Por tanto, la intención era haber llegado hasta las instancias más altas, pero, teniendo en cuenta la situación médica en la que se encontraba mi cliente, finalmente no acudimos", concluye Lafora.
Según el Ministerio Público español, en 1989, cuando se produjo la masacre, la orden religiosa estaba ejerciendo de intermediaria entre el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, a fin de encauzar las negociaciones de paz. Montano, considerado el primer autor intelectual de la masacre, fue condenado por estos hechos. El presidente salvadoreño y comandante de las Fuerzas Armadas en el momento de la matanza, Alfredo Cristiani, así como un grupo de militares, serán juzgados próximamente en El Salvador por este caso.