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La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, a pesar del proceso de amnistía actual, calificado por algunas ONGes de "insuficiente y excluyente". Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, cuestiona en esta entrevista con RFI el hecho de que el gobierno venezolano no reconozca la existencia de presos políticos.
La ONG Foro Penal contabiliza hoy en Venezuela 503 presos políticos, de los cuales 44 son extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad. Según el balance hay 452 hombres y 51 mujeres; 315 civiles y 188 militares.
Desde la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, de acuerdo con la misma organización, han sido excarcelados también al menos 673 presos políticos, con liberaciones iniciadas el 8 de enero. Esta cifra incluye liberaciones verificadas tanto antes como después de la aprobación de la ley de amnistía en febrero, con al menos 166 directamente atribuibles a esta normativa, y abarca civiles, militares y personas de nacionalidad extranjera (como colombianos, chilenos y españoles, entre otros). 
Mientras continúa el proceso de amnistía en Venezuela, impulsado por la presidenta interina Delcy Rodríguez, diversas ONG denuncian que cientos de personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, ya que esta ley no se aplica de forma automática.
El caso de Javier Tarazona, director de FundaREDES —una ONG que denuncia violaciones de derechos humanos en zonas fronterizas— ilustra esta situación. Tarazona fue detenido en 2021 junto a su hermano, Rafael Tarazona, y el abogado Omar de Dios García, acusados de terrorismo, traición a la patria e incitación al odio. Los tres obtuvieron libertad condicional en febrero de 2026, tras más de cuatro años en prisión, pero su proceso judicial continúa abierto con medidas cautelares, como presentaciones periódicas.
Tarazona denunció la víspera que un tribunal de Caracas rechazó su solicitud de amnistía —es decir, el sobreseimiento total del caso— al considerar que los cargos no están cubiertos por la ley aprobada en febrero por el Parlamento.
Una decisión que no sorprende a Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, entrevistado por RFI.
"Lamentablemente, los tribunales, de forma discrecional, niegan u otorgan la amnistía sin justificar específicamente por qué. Eso ha caracterizado las decisiones habituales. No existe una motivación concreta. Incluso ha habido casos que, a pesar de poder beneficiarse de la amnistía, no la otorgan; y otros en los que la persona no está claramente incluida, pero sí se le concede. Esa ha sido la fórmula que han utilizado", explica Romero.
El gobierno venezolano no reconoce "presos políticos"
Para el jurista, la ley es "excluyente" y el problema de fondo es que el Gobierno "no reconoce la existencia de presos políticos", lo cual representa, para él, un obstáculo mayor. 
"Hasta que no haya un reconocimiento de los presos políticos y una voluntad real de cambio y de desmantelamiento del sistema represivo, aunque se llame 'amnistía', no se va a lograr la liberación de todos ellos. Foro Penal verifica y registra presos políticos, pero el Gobierno dice que no existen. Por eso nos preguntamos qué criterio usan para liberar personas si no son presos políticos", apunta.
Romero considera que la norma presenta obstáculos estructurales.
"Es importante notar que esta amnistía no está pensada para la víctima. No fue hecha ni redactada para beneficiarla. El propio gobierno ha establecido que las personas a las que se les otorga han estado vinculadas a supuestos delitos y que la amnistía constituye una especie de olvido, pero sin excluir la idea de que esas personas habrían cometido delitos. Eso quiere decir que el problema sigue", afirma.
Otras ONG, como Justicia, Encuentro y Perdón, califican la amnistía como un "espejismo jurídico que busca legitimidad internacional para el Gobierno, lejos de una justicia y reparación reales".

El 21 de noviembre de 1977, 20 meses después del Golpe de Estado, 17 mujeres ataviadas con un pañuelo blanco en la cabeza se reúnen por primera vez en la Plaza de Mayo de Buenos Aires para denunciar la desaparición de sus hijos y buscar a sus nietos y nietas. Así nacía la asociación "Abuelas de la Plaza de Mayo", símbolo de lucha y resistencia de la dictadura que este martes cumple su 50 aniversario.
Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos: en principio bebés y niños/as y, luego, jóvenes y adultos. Además, han impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad.
"Es un aniversario muy importante para nosotros", dice Claudia Poblete, una de las nietas recuperadas y miembro de la directiva de dicha asociación. "Argentina lleva muchos años consiguiendo muchos logros en materia de políticas de memoria, verdad y justicia. Sobre todo, de justicia. Se ha logrado juzgar y condenar a muchísimos represores por lo sucedido durante la dictadura. Sin embargo, estamos viviendo un momento complejo. Es la primera vez que tenemos un gobierno nacional que sostiene discursos negacionistas respecto a lo que sucedió durante la dictadura. Ese gobierno lleva dos años desmantelando muchas de las políticas que fueron un orgullo para la Argentina durante tanto tiempo y un ejemplo para el resto del mundo".
"Si dudas de tu identidad..." 
Durante estos 50 años, las abuelas se han enfrentado a una multitud de dificultades y han ido modificando las estrategias de búsqueda y las herramientas para reconocer a los nietos. En principio, bebés y niños, niñas y luego jóvenes y adultos. Se han utilizado, entre otros, anuncios en medios que dicen: "Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11 43840983 o ingresa en abuelas punto org punto ar". Además, la organización ha impulsado la creación de distintas estructuras en el Estado para garantizar la restitución de identidad.
La estrategia ha cambiado con mucha creatividad 
"La estrategia de las Abuelas ha cambiado con el tiempo con mucha creatividad. Al principio pidiendo información a la sociedad civil, después apelando a los mismos nietos o nietas, haciéndonos la pregunta a cada uno de los que nacimos durante el periodo de la dictadura, de si sabemos quiénes somos. Y hoy por hoy la hacemos no solo a los posibles nietos o nietas, sino también a sus hijos e hijas, que ya en muchos casos son adolescentes, porque ha pasado el tiempo y también a ellos los afecta esa violación al derecho a la identidad", sostiene. 
De los 30.000 desaparecidos durante la dictadura argentina se han recuperado restos o se ha hallado registro de fallecido de 1.652, mientras que las Abuelas han encontrado a 140 nietos de los más de 400 robados.

La Santa Sede impulsó el viernes 20 de marzo una iniciativa que llama a las instituciones católicas a dejar de invertir en el sector minero para privilegiar sectores éticos en materia de impacto ambiental. 
 
En 2023, las autoridades canadienses registraron los numerosos casos de contaminación ambiental y violaciones de los derechos humanos derivados de la explotación de la mina Marlín en Guatemala, propiedad de la empresa Gotcorp. El cardenal de la Iglesia Católica, Álvaro Ramazzini, quien vivió esta problemática en primera persona, expuso este ejemplo frente a la presentación de la plataforma de desinversión en la industria minera en el Vaticano. El padre Darío Bossi, misionero comboniano y coordinador de esta iniciativa, explica sus objetivos: 
“Una de las estrategias para denunciar y también para fragilizar la minería que mata es exactamente atacarla desde el lado financiero, del lado de los que financian, que invierten en este tipo de minería. Con respecto a esta iniciativa de desinversión, sí tenemos el objetivo que las organizaciones religiosas reflexionen sobre sus inversiones y se comprometan a no invertir en la minería que mata”, asegura Bossi. 
Por el momento, la iniciativa aún tiene que determinar cuántas instituciones de la Iglesia poseen dinero en fondos y en bancos que invierten en esta problemática, muy presente en América Latina, pero que afecta a varias regiones de todo el mundo. Una tarea difícil, explica el padre Darío. 
“No es tan fácil lograrlo, porque justamente las instituciones religiosas tienen también su privacidad, su derecho de administrar los fondos, y no necesariamente con la obligación de declarar a dónde están invirtiendo. Por tanto, no tenemos elementos concretos cuantificados”. 
Una solución que plantea la iniciativa es redirigir todos estos fondos a bancos éticos, algo que ya hacen los misioneros de verbitas o los misioneros claretianos. El siguiente paso es convencer al resto de la Iglesia. 
“Depende mucho de la disponibilidad, del interés, de la fuerza que también nosotros tengamos de consolidar esta plataforma. La plataforma se ha lanzado en dos momentos, en enero de este año en Bogotá y, ahora, en la Sala Estampa del Vaticano y en un seminario que estamos haciendo por tres días con 40 organizaciones que están evaluando la posibilidad de participar. Entonces, un poco el resultado de esta animación, de este movimiento que estamos promoviendo ahora, definirá los posibles alcances”, agrega. 
En muchas ocasiones, la explotación de minas deriva en graves casos de violencia contra las poblaciones indígenas y en la destrucción de ecosistemas. Por lo que esta iniciativa deja claro que el reto es hacer entender a los empresarios, a los gobiernos y a la Iglesia que no siempre lo legal responde a la justicia.

Tres embarcaciones partirán este viernes desde México rumbo a Cuba con 40 toneladas de ayuda humanitaria, en un intento por aliviar la crisis que atraviesa la isla —inflación superior al 10 %, apagones de hasta 18 horas, cortes prolongados de agua y escasez de alimentos— en medio de la presión de Estados Unidos. Hablamos con la activista Nikky León, de la Internacional Progresista, coalición global de movimientos y colectivos de izquierdas. 
La Internacional Progresista junto con varias organizaciones mexicanas y voluntarios de todo el mundo, impulsa una iniciativa para paliar la crisis humanitaria que vive Cuba en medio de las tensiones y el bloqueo de Estados Unidos.
La activista ecuatoriana Nikky León lleva un mes coordinando el envío por mar de 40 toneladas de ayuda humanitaria, que incluyen medicamentos, alimentos, paneles solares y baterías. La principal dificultad ha sido, dice, conseguir los barcos.
"Yo llegué a territorio cubano hace dos semanas. Con un compañero hemos estado organizando activamente toda la ayuda. Encontramos los barcos para alquilar porque, preciso, son barcos alquilados. Nos enfrentamos a que había gente que no nos los quería alquilar, no porque no hubiera, sino por el miedo a sanciones y represalias, especialmente de Estados Unidos. Pero bueno, lo logramos. Esto nos da una lección: cuando nos organizamos y persistimos, todavía existe la solidaridad internacionalista".
Un "secuestro de barco" como en Gaza parece improbable
Esta semana, la Internacional Progresista consiguió enviar un avión a La Habana con unas cinco toneladas de ayuda humanitaria. Los tres barcos tienen previsto zarpar este viernes desde distintos puntos de México para llegar a Cuba el 21 de marzo.
Una vez allí, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos —organismo estatal de diplomacia solidaria y relaciones internacionales pueblo a pueblo— se encargará de distribuir la ayuda. La activista espera que en esta ocasión no ocurra un "secuestro" de la embarcación, como sucedió con el convoy que enviaron a Palestina a mediados de 2025.
"Las posibilidades de un secuestro, como pasó con el que iba a Palestina, que nos interceptaron en aguas internacionales, están ahí, pero no a gran escala. No creemos que sea una misión especialmente riesgosa, pero en estas misiones siempre hay riesgos, y más cuando te enfrentas a un poder que lleva 60 años bloqueando y amenazando a la isla. Ese miedo o esa precaución existen, hay que tenerlos en cuenta, pero no por eso vamos a dejar de actuar", concluye.

Los ministros de Defensa de Colombia y Ecuador mantuvieron una reunión virtual en medio de la crisis diplomática desatada por el hallazgo de una bomba en zona fronteriza. El encuentro virtual fue calificado como "productivo" y derivó en el anuncio de una comisión técnica binacional para investigar lo ocurrido. Entrevista con Virgilio Hernández, representante de Ecuador en el Parlamento Andino.
En plena guerra arancelaria entre países vecinos, las tensiones escalaron tras un cruce de acusaciones entre el presidente izquierdista Gustavo Petro y su par ecuatoriano, el derechista Daniel Noboa, por un presunto bombardeo. Según Bogotá, Ecuador lanzó un artefacto explosivo desde un avión que cayó de su lado de la frontera, mientras Noboa tacha de "falsas" estas acusaciones.
En un intento por desactivar el conflicto, los ministros de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, y de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, sostuvieron una conversación virtual de 90 minutos sobre lo ocurrido, de acuerdo con ambas carteras.
"La reunión fue productiva, respetuosa y franca. Ecuador reiteró que no existió intención alguna de afectar el territorio colombiano", escribió Sánchez en X y anunció el envío de una “comisión técnica binacional” al sitio para investigar.
La cartera de Loffredo indicó que la operación fue "legítima" y "realizada sobre territorio ecuatoriano".
Petro: "No son los grupos armados" 
Guiados por campesinos colombianos, periodistas del diario estadounidense New York Times encontraron la bomba sin estallar cerca de la frontera con Ecuador. Tras alertar al gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro lo comentó en la televisión nacional: "Han aparecido bombas. Hay que investigar bien porque nos están bombardeando desde el Ecuador y no son los grupos armados".
El mandatario no aportó pruebas de esa afirmación. Por su parte, su homólogo ecuatoriano utilizó las redes sociales para negarlo.
Estas tensiones ocurren después de dos meses de tire y afloje tras el aumento de aranceles, una guerra comercial iniciada por Ecuador, que le reprocha a Colombia no hacer lo suficiente para combatir el tráfico de drogas en esa frontera común. Esta situación debe resolverse por la vía diplomática, dijo a RFI Virgilio Hernández, el representante de Ecuador en el Parlamento Andino (órgano consultivo que reúne a los países andinos).
"La canciller ecuatoriana ha respondido que se contestará en términos técnicos. También ha dejado ver la posibilidad de una apertura al diálogo en el marco de lo que es la Comunidad Andina de Naciones, que debió haber sido el camino que se debió haber elegido desde el primer minuto que se presentaron las tensiones comerciales y ahora tensiones de esta naturaleza".
La situación ocurre en momentos en que Ecuador lanzó, con el respaldo de Estados Unidos, una operación de dos semanas en cuatro provincias para luchar contra narcotraficantes y bandas armadas. Unos 75.000 militares y policías participan. Quito se ha incorporado al denominado "Escudo de las Américas", una alianza de 17 países del continente creada por Trump que busca coordinar esfuerzos regionales para enfrentar amenazas comunes y mejorar la seguridad en la región. A ese organismo no ha sido admitida Colombia, al igual que otros países gobernados por la izquierda.
"Ecuador viene buscando desarrollar una política absolutamente subordinada con la embajada norteamericana y por ello precisamente ha buscado propiciar un ambiente de tensión con Colombia, fundamentalmente con el presidente Petro. Es importante señalar que Ecuador mantenga una postura de respeto respecto de los procesos democráticos de Colombia y no seguir con estas acciones que pueden afectar aún más el escenario tenso entre nuestras dos repúblicas".
El presidente Petro también señaló que le pidió al presidente Trump que "actúe y llame al presidente de Ecuador" porque su país no quiere "ir a una guerra".