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El Gobierno solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion, que pretende iniciar sus perforaciones en Malvinas en 2027
Argentina da un nuevo paso en su disputa con el Reino Unido por las islas Malvinas. El Gobierno de Javier Milei ha acudido al Tribunal del Mar para intentar frenar el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé comenzar a producir crudo en 2028. Con esta medida urgente se busca impedir que avance la explotación de hidrocarburos en la zona. Pero ¿qué posibilidades tiene de conseguirlo? Leopoldo Godio, experto en derecho internacional, nos explica los detalles para los micrófonos de RFI.
"Creo que las solicitudes de Argentina son muy buenas. Son muy razonables, están bien planteadas. El Tribunal de Mar va a hacer lugar a esas medidas de resguardo. Lo que sí que es necesario aclarar que en 8 casos anteriores, el Tribunal de Mar no siempre otorgó las medidas que le pidieron los estados", explica, e insiste en que estas medidas se pidan ahora para evitar que los recursos vivos no renovables se utilicen de manera irresponsable. 
La solicitud se presentó este martes después de que venciera el plazo de dos semanas que Argentina había dado a Londres para que detuviera las actividades relacionadas con el proyecto. Argentina busca frenar el avance petrolero antes de que comiencen las perforaciones previstas para 2027.
Sea Lion está situado en la cuenca Malvinas Norte, y su inversión prevista ronda los 2.200 millones de dólares. Argentina sostiene que la explotación unilateral de esos recursos vulnera sus derechos sobre la plataforma continental y puede agravar una disputa de soberanía que lleva décadas enfrentando a ambos países. "De las relaciones desde el punto de vista formal no debería cambiar nada en los hechos. Esto claramente va a generar disconformidad, ya lo ha generado en el Reino Unido, posiblemente tenga repercusiones, elecciones del secretario general", insiste el experto. 
Existe un obstáculo jurídico 
La petición se basa en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina solicita medidas provisionales, pero hay un obstáculo jurídico importante: el Tribunal del Mar no tiene competencia general para resolver disputas de soberanía territorial. 
Londres, por su parte, defiende la legalidad de las licencias y sostiene que la solicitud argentina no suspende automáticamente las autorizaciones existentes. 
La decisión del Tribunal podría ser determinante para el futuro inmediato del proyecto, aunque no resolvería por sí sola la disputa histórica por las islas. La batalla por las Malvinas suma así un nuevo frente: el de los recursos energéticos y el derecho internacional.

La decisión del Tribunal Supremo de mantener la suspensión cautelar del derecho al voto para parte de los nacionalizados por la llamada "Ley de nietos" supone un revés para el gobierno de Pedro Sánchez y afecta potencialmente a cientos de miles de ciudadanos, muchos de ellos residentes en América Latina.
Unos 400.000 españoles nacionalizados con la 'ley de nietos' podrían ver frustradas sus intenciones de votar en las próximas elecciones del 29 de noviembre, luego de que el Tribunal Supremo mantuviera la suspensión del derecho al voto para descendientes de exiliados, salvo los que demuestren que sus ancestros huyeron de la Guerra Civil o de la dictadura de Franco por razones políticas u orientación sexual, lo que podría excluir a miles de los comicios de noviembre.
La decisión supone un jarro de agua fría para el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que tiene las encuestas en contra y deseaba que el Supremo levantara la suspensión. La norma que permite a los descendientes de exiliados españoles obtener la nacionalidad española es la llamada "ley de nietos", una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, iniciativa del Gobierno de Pedro Sánchez.
Desde el Gobierno español insisten en que, si se mantiene esta suspensión, se acudirá a dichas elecciones con el censo alterado.
"¿Esto qué significa? Que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí van a poder votar", sentenció Sánchez.
Desde la oposición acusan a Pedro Sánchez de modificar el censo electoral con la citada ley. "Lo que han intentado claramente es alterar el censo electoral en España. Hemos llegado a tiempo al recurrir y al poner esto en manos de la justicia", dijo el líder del ultraderechista VOX, Santiago Abascal.
Pero no todas las personas que consiguieron la nacionalidad merced a la Ley de Memoria Democrática, más conocida como 'ley de nietos', estarán excluidas de participar en los comicios. Habría una excepción para aquellas que acrediten su condición de descendientes de españoles exiliados. Este es el caso de Diana López, residente en Argentina, que tiene raíces andaluzas. Su abuelo llegó a la Patagonia procedente de Almería huyendo de la Guerra Civil española.
"Esto de obtener la nacionalidad ha sido en gran medida un homenaje a mi abuelo. Yo no tengo ninguna pretensión de sacar provecho, de obtener los beneficios que puede conceder España. Yo obtuve la nacionalidad hace pocos meses y, en lo personal, comprendo que quien vive allá prefiera que decidan los que viven in situ. O sea, personalmente no me inquieta no poder votar. Entiendo, de algún modo, que aquellos que viven allí tienen más derecho a decidir su futuro", sostiene.
La decisión tiene consecuencias para miles de descendientes de españoles residentes en el extranjero, en particular en América Latina. Argentina es el país que lidera el ranking con más solicitudes de nacionalidad presentadas bajo la ley de nietos. Alrededor de 870.000, según los datos consulares difundidos durante la tramitación de la norma.
"Quizá hoy puede ser que lleguen con sus valijas algunos argentinos buscando su trabajo, su bienestar. Pero esos argentinos, hoy españoles porque adquirieron la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática, tienen sangre española y son descendientes de aquellos españoles que alguna vez tuvieron la misma situación. Yo creo que las lágrimas son las mismas, pero los pasos en sentido contrario", dice Diana López, sollozando.
Mientras el Supremo otorga un plazo de cinco días para formular alegaciones sobre las medidas cautelares, el Gobierno español estudia, a través de la Abogacía del Estado, si la cautelar puede considerarse una resolución definitiva y, por tanto, si es recurrible ante el Tribunal Constitucional.

Este viernes, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio instó a todos los elementos de la oposición venezolana que se unan a las negociaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez. El próximo miércoles habrá una nueva ronda de la mesa negociadora con la oposición, a la que de momento no se han unido María Corina Machado ni Edmundo González. Como casi toda la actividad gubernamental venezolana, estas negociaciones tienen lugar bajo la tutela de Washington.
El llamado de Marco Rubio para que toda la oposición apoye este proceso de negociación refleja el cambio de postura de Washington, desde que se convirtiese en socio a la fuerza de Caracas tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
Al principio, la administración Trump insistía en Delcy Rodríguez como única interlocutora, pero ahora ha incluido a la oposición, liderada en estas negociaciones por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional. María Corina Machado, líder del principal partido opositor, de momento no participa.
“Hay un proceso tutelado de reconstrucción del país”
Washington supervisa casi todo lo que hace el Gobierno y se ha metido de lleno en estas negociaciones, cuyo próximo capitulo tendrá lugar el miércoles. Esta suerte de tutela de Estados Unidos, pese a no ser ideal, permite, según el analista político Víctor Maldonado, que el proceso sigua avanzando y no termine en nada, como ocurrió con el acuerdo de Barbados y las negociaciones en Oslo.
“Hablar de legitimidad y legalidad, ya no se puede hablar desde el punto de vista de un país normal, sino de un país que ha sufrido en primer lugar 30 años de tiranía, y por otro lado, por supuesto, una intervención militar de Estados Unidos y un condicionamiento a partir de ese momento, de lo que había que hacer y no había que hacer. La realidad es que hay un proceso tutelado de reconstrucción del país”, explica.
“¿Qué tenemos aquí? Una hoja de ruta que no está siendo boicoteada por nadie, porque la tutela es un referente de fuerza. Ese proceso de tutela ha significado mejoras que nunca nos imaginamos antes del 3 de enero: la libertad de los presos políticos, el tema del tomarse en serio la industria petrolera para que puedan ingresar recursos, ya los recursos que llegan no se los roban”, prosigue el analista.
Ausencia de María Corina Machado
Víctor Maldonado lamenta que Machado no participe. No piensa de manera similar Luis Carlos Díaz, expreso político, periodista y activista venezolano, residente en España, quien coincide en que la tutela estadounidense impide incumplimientos del Gobierno, pero considera que las negociaciones pueden avanzar sin María Corina Machado.
“Aunque pareciera desde afuera que la oposición venezolana está dispersa, piensen que es la oposición democrática de un país, y al ser democrática es diversa, porque esto es una manera de darle apoyo a la mesa de negociación entre las dos asambleas nacionales, de darle apoyo a Dinorah Figuera sin que ella esté compitiendo por liderazgo, porque al final es como una servidora pública. Tiene que haber una gente que no sea María Corina Machado llevando adelante lo institucional. No tendría sentido que la líder democrática del país sea además la que reforme el Consejo Nacional Electoral, que va a ser las elecciones donde ella va a participar”, subraya.
La negociación de este miércoles versará sobre la elección de la Corte Suprema y en las garantías necesarias para individuos y partidos para unas elecciones creíbles.

Expreso deja de circular este 9 de octubre a causa de una complicada situación económica de la que responsabiliza al Gobierno del presidente Daniel Noboa por haber lanzado una campaña de acoso en su contra. La empresa editora de este medio crítico del gobierno limitará de ahora en adelante sus operaciones al ámbito digital. Entrevista con Alfonso Albán, editor general de Expreso, y César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. 
Según los responsables del diario, el Ejecutivo ha retirado su publicidad y presionado a otros anunciantes privados para que hagan lo mismo con el fin de ahogarlos financieramente. También ha intervenido el medio en aspectos administrativos. Con el paso a una publicación exclusivamente digital, gran parte de la plantilla será despedida y no se descarta una venta.
Alfonso Albán, editor general del medio, nos explicó que se sentía "satisfecho por el trabajo que hemos venido haciendo. Pero también estoy preocupado porque no sabemos qué va a pasar".
Expreso denuncia que el Ejecutivo de Daniel Noboa trató de apoderarse de un importante paquete accionarial aduciendo irregularidades. Además, ha retirado toda su publicidad institucional y presionado a otros anunciantes para que abandonen el diario, que estima haber perdido un 70% de los anunciantes desde entonces. Todo ello, denuncian, por contar en sus páginas con voces críticas, como las de los periodistas Roberto Aguilar y Martín Pallares, así como por publicar algunas investigaciones sobre corrupción.
"Todo esto empezó en septiembre del año pasado. Nosotros, en agosto, habíamos publicado una gran investigación sobre negociados en el Seguro Social. Contamos cómo el dinero del Seguro Social había creado grandes fortunas de médicos particulares, ya que el Seguro Social no se abastece y tiene que derivar sus servicios a terceros. No es mera coincidencia que, justamente, publiquemos esto en agosto y resulte que en septiembre empieza todo este embate con mucha fuerza del gobierno en contra de Expreso", explica Albán.
El editor general del diario Expreso defiende la independencia del medio, sin importar el color del gobierno.
"Expreso fue muy crítico con el gobierno del expresidente Rafael Correa. Por eso el diario recibió duros cuestionamientos por parte del presidente Correa. Ahora tenemos un gobierno claramente de derecha que ha tomado una posición de cuestionamiento muy radical en contra de este medio de comunicación", agrega Albán.
La práctica de ahogar medios críticos atacando sus finanzas y así provocar un cambio de dueño o de línea editorial, como a todas luces parece ser el caso de Expreso, no es algo nuevo. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, ONG que defiende la libertad de prensa y expresión en Ecuador, lo explica:
"Tenemos por lo menos seis casos de este tipo de transferencia de medios de comunicación a grupos empresariales. No tienen ningún ejercicio de transparencia. No sabemos quiénes son los propietarios finales de estos medios de comunicación ni tampoco de dónde proviene el dinero. Pero lo que sí podemos afirmar con rotunda certeza es que los medios de comunicación comprados de esta forma dan un giro de 180 grados en su línea editorial y se convierten, de repente, en medios de comunicación totalmente oficialistas", concluye.
El próximo 13 de octubre, la editora de Expreso realizará una junta de accionistas para aprobar la venta de inmuebles y propiedades con la que pagar las liquidaciones de los trabajadores. Algunas fuentes creen que el medio también podría ser vendido.

El gobierno uruguayo ha decidido cambiar su enfoque sobre los médicos enviados por Cuba en medio de acusaciones a La Habana de utilizarlos como herramienta diplomática y explotarlos para obtener ingresos. Montevideo cambió el convenio para pagarles directamente y no enviar el dinero a las autoridades cubanas. Entrevista de Carlos Pizarro con Leidys Aguilera, diputada uruguaya nacida en Cuba y exintegrante de las Brigadas Médicas Cubanas en el extranjero.
Uruguay modificó un convenio que tiene con el gobierno de Cuba mediante el cual unos 20 oftalmólogos trabajan en el país sudamericano y ahora les pagará directamente a los profesionales por sus servicios, confirmó este martes el canciller Mario Lubetkin.
El envío de brigadas médicas al extranjero constituye la principal fuente de ingreso de divisas del gobierno comunista de Cuba, con 7.000 millones de dólares en 2025, según cifras oficiales.
En RFI entrevistamos a una diputada uruguaya que lucha por sus derechos. Leidys Aguilera, originaria de Cuba, llegó al país sudamericano hace más de una década formando parte precisamente de una de estas brigadas médicas cubanas.
"Yo fui una de las víctimas de este tipo de convenios. Yo me vine en mis inicios a trabajar a Uruguay formando parte de la Brigada Médica Cubana".
Ingeniera especializada en electromedicina, llegó a Uruguay hace 16 años.
"Las grandes dificultades que vivimos nosotros son la retención de los documentos de los profesionales que van a cumplir estas misiones. Nosotros no tenemos derechos laborales ni derechos sindicales. Nos retienen los documentos durante las misiones. Yo realmente nunca supe cuánto pagaba Uruguay por nosotros ni cuánto se cobraba por cada una de estas misiones. Incluso hay personal que se encarga de seguirnos a todos, de seguir cada uno de los pasos de quienes estamos trabajando para luego reportarlo a Cuba", dice.
El Gobierno de Estados Unidos considera esta práctica como "tráfico de seres humanos" y presionó a países como Guatemala, Honduras, Jamaica y Guyana para que rechazaran estos ofrecimientos de Cuba.
Leidys Aguilera, que fue expulsada de la brigada al año y medio de estar en Uruguay al ser considerada peligrosa para el régimen, no niega la influencia de Washington en esta decisión y pide al Gobierno uruguayo que garantice los derechos de los profesionales médicos cubanos en su país.
"El gobierno actual de Uruguay está respondiendo a las presiones de los Estados Unidos, pero esta situación lleva casi 20 años. La Brigada Médica Cubana existe desde noviembre de 2007. Una de las declaraciones que ha hecho el canciller uruguayo Mario Lubetkin es que van a regularizar esta situación, pero que no se hacen responsables si Cuba quiere quitarles una parte de ese dinero a los médicos cubanos. Me parece que tiene que haber una línea que garantice la fiscalización efectiva por parte de Uruguay para que estas personas estén trabajando, se respeten sus derechos laborales y sindicales y no haya represalias por parte del gobierno cubano contra ellas", concluye.