Noticias de América

En Santa Marta, ciudad portuaria de la costa caribe colombiana, se inauguró el 24 de abril Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles. En el marco de esta reunión en la que participan representantes de varios gobiernos y pueblos indígenas, RFI viajó a la ciudad de Maicao en donde están emergiendo granjas solares.
Najet Benrabaa, enviada especial a Maicao, Colombia.
La Guajira es la paradoja colombiana por excelencia: el departamento más soleado del país, uno de los más pobres, y uno de los peor abastecidos de electricidad. Durante décadas, las comunidades wayuu vivieron en la oscuridad a pocos kilómetros de un sol implacable — 300 días de insolación al año, un recurso colosal que se evaporaba sin ser aprovechado.
Eso está cambiando. En Maicao, en la frontera venezolana, varias granjas solares fueron instaladas. Y en las rancherías aisladas alrededor de Riohacha, paneles solares comienzan a aparecer sobre los techos de paja de las casas wayuu — llevando por primera vez la luz eléctrica a familias que cocinaban a la luz de las velas.
Oleimys Barbosa es responsable de la granja de paneles solares de la ciudad de Maicao, en el barrio Parrantial. Una granja solar que cuenta con 1.792 paneles instalados. Produce una potencia de 1.000 vatios, 1.000 megavatios, para beneficiar a 500 familias de los estratos 1 y 2. “Lo último que falta es conectar directamente a la red eléctrica de la ciudad”, explica Barbosa.
Instalada por la organización Fecode con el apoyo del gobierno colombiano, esta granja solar hace parte de un programa social de acceso a la energía para las poblaciones vulnerables de Maicao. Luz Molina será una de sus beneficiarias: “Mi comunidad vive en el barrio Nueva Esperanza, compuesta por familias bastante vulnerables, y por los altos costos de la energía, en mi casa, por lo general, recibo una factura de 200.000 pesos (aproximadamente 48 euros) o más. Entonces con esta granja solar vamos a reducir un 30 % de nuestro consumo”, explica.
Luz trabaja en una pequeña casa hecha de acero, como una tienda transportable. Está ubicada frente a la alcaldía, que es el centro administrativo de Maicao, lo que le permite trabajar allí todos los días ofreciendo impresiones de documentos, conexiones a internet y otros servicios. Es lo que se conoce como un punto de venta informal.
Pero otras comunidades ya tienen acceso a esta energía solar. Es el caso de la comunidad Yutao del pueblo indígena Wayuu, cerca de Maicao. Viven principalmente en rancherías — casas construidas en pleno desierto, hechas frecuentemente de barro y madera.
Mimi Barrios es lideresa de la comunidad: “el beneficio aquí fue algo maravilloso, porque los niños pueden estudiar, pueden hacer sus tareas en el computador. Aquí, en la comunidad, las artesanas pueden hacer las hamacas hasta tarde en la noche”.
Un nuevo gran proyecto de granja solar fue firmado a pocos kilómetros de Maicao: el proyecto Chivo Mono.

Un tribunal salvadoreño inició un juicio colectivo contra 486 presuntos pandilleros, el primer macro juicio bajo la ofensiva de Nayib Bukele contra las pandillas, que tiene una particularidad: no se juzga a los detenidos por sus cargos individuales, sino que se les responsabiliza de manera colectiva, al considerarlos miembros de una empresa criminal donde todos tienen responsabilidad.
Esta semana, la justicia de El Salvador dio comienzo a su primer macro juicio contra pandilleros. En total, serán procesados 486 integrantes de la Mara Salvatrucha por 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos, 29,000 homicidios, pero hay cargos de extorsión, narcotráfico o tráfico de armas.
Entre los procesados hay altos cargos y cargos intermedios, pero se juzgará a los pandilleros como miembros de una entidad criminal, sin tratar sus expedientes por separado, sino responsabilizándolos de manera colectiva.
"Hay un claro mensaje categórico y contundente que se le envía a las estructuras de las pandillas criminales y el crimen organizado en El Salvador y es sobre la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado salvadoreño", explica a Radio Francia Internacional Ricardo Sosa, criminólogo y experto en seguridad nacional.
"Las reformas al código penal y ley contra el crimen organizado buscan que la pertenencia a una pandilla criminal por sí sola sea motivo de una condena prolongada en el sistema penitenciario. Esto lo que hace es que es tratada como una corporación criminal delictiva, donde la responsabilidad no es sólo individual, sino por la pertenencia al grupo criminal.", concluye.
Esta colectivización es posible gracias a una reciente reforma judicial, que pretende acelerar los plazos judiciales. “Si se hace caso por caso estaríamos de años en juicios. Son las mismas personas las que tomaban las decisiones, las que daban las órdenes, incluso las que ejecutaban también en casi todos los casos los asesinatos y secuestros. Ellas participaban”, declara por su parte a RFI Óscar Martínez Peñate, politólogo y doctor en Ciencias Sociales.
“De esta manera se logra realmente abreviar en tiempo y ser más efectivos en cuanto a la aplicación de la justicia. Las decisiones realmente no eran individuales, sino que eran colectivas”, asegura.
Sin embargo, este modelo para ahorrar tiempo, despierta recelos en organizaciones, como Socorro Jurídico Humanitario, que brinda apoyo legal a detenidos durante el estado de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele, siempre y cuando no presenten vínculos previos con las pandillas.
Antonio Palacios es uno de sus fundadores, y explica que al no revisar los casos individualmente, se puede condenar a personas que considera inocentes, como los llamados colaborades forzosos, obligados por la fuerza a ayudar a pandilleros.
“A muchas personas se les va a procesar por delitos que cometieron otras personas bajo la acusación de ser colaboradores de pandillas”, dice Palacios. “La figura del colaborador tiene dos caras: está el colaborador voluntario y el colaborador forzado. Actualmente, cualquier persona que es capturada bajo el régimen de excepción se le etiqueta como colaborador de la pandilla. Si a un taxista lo coerce un pandillero para llevarlo a algún sitio y lo amenaza de muerte, lo convierte en un colaborador ante el sistema de justicia penal de nuestro país“.
Se estima que durante el estado de excepción se han detenido a más de 100.000 personas por estar vinculadas de una manera u otra con las pandillas.

Naciones Unidas comienza la carrera para elegir quién sucederá al portugués Antonio Guterres. Cuatro candidatos, una chilena, un argentino, una costarricense y un senegalés, comienzan el proceso que definirá a su próximo secretario o su primera secretaria general en la historia del organismo.... ¿Podría el liderazgo femenino ser el volantazo que la ONU necesita en tiempos de crisis?
 
Es en Nueva York donde esta semana se llevarán a cabo las primeras audiciones públicas con los cuatro candidatos que aspiran al máximo cargo diplomático del planeta. Los cuatro candidatos son la expresidenta chilena y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, el argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo, y el senegalés Macky Sall, ex presidente y primer ministro del país.
Estas audiencias públicas son una etapa preliminar del proceso para designar al líder de la organización. Se someterán durante tres horas cada uno a preguntas de los 193 Estados miembro y de representantes de la sociedad civil. Es la segunda vez en sus ocho décadas de existencia que la ONU organiza una sesión de este tipo, creada en 2016 para mayor transparencia.
En sus 80 años, nunca ha habido una mujer al frente del organismo. Si Bachelet o Grynspan se imponen, una latinoamericana sería la primera secretaria general en la historia de la ONU. Hace 10 años, cuando fue elegido Antonio Guterres, seis hombres y siete mujeres pelearon por el cargo, entre ellas, otra latinoamericana, Susana Malcorra, excanciller argentina, ex jefa del gabinete de Ban Ki Moon y cofundadora de GWL Voices.
"En 2016 había siete candidatas mujeres y seis candidatos hombres. Cuando uno analiza las candidatas que éramos, uno puede encontrar representados allí todos los perfiles a los cuales se pueden aspirar. Desde desde ex primeras ministras, como fue el caso de Helen Clark, a este ministras y ex ministras. Entre el grupo había muchas, había muchas de nosotras que aparte también teníamos una experiencia amplia en el sistema. Había algunas de nosotras que tenía experiencia en el sector privado que le agregaba otra perspectiva", dice Malcorra a RFI.
"Entonces, si uno quería filtrar por un cierto criterio las candidaturas, yo diría que siempre había una candidata como mínimo que cuadraba con ese criterio y ninguna de nosotras estuvo a la altura. Entonces a mí me cuesta mucho creer, viendo la fortaleza del grupo de mujeres que nos presentamos, que no hubiera una sola mujer que pudiera este cubrir los requisitos. Yo estoy convencida de que cuando se toman las decisiones a puerta cerrada, las cuestiones de los sesgos tienen su importancia. Y creo que eso fue lo que pasó", señala Malcorra. 
Malcorra analiza que, con el multilateralismo en crisis, la ONU atraviesa un momento bajo y el liderazgo femenino podría ser el volantazo que se necesita para revivir el espíritu del organismo. 
"Estamos conformes que haya dos latinoaméricanas que sean candidatas y por supuesto nos gustaría ver que haya aún más. Este es un momento que pide una renovación profunda de las Naciones Unidas, que reclama un restablecimiento de la confianza en las Naciones Unidas, una energía nueva en las Naciones Unidas y a mí se me ocurren pocas cosas tan impactantes como que de repente que sea una mujer quien lidere".
"Sólo pensar cuánto interés va a provocar en la prensa, cuánto interés va a provocar en la gente común, cuánto va a significar para los jóvenes y, sobre todo, las jóvenes como símbolo de que es posible. Yo creo que las mujeres traemos una perspectiva distinta en la conducción de las organizaciones, en la resolución de los problemas, a la hora de tender  puentes y encontrar ángulos distintos Me parece que eso es fundamental, sobre todo en el momento en el que está el mundo y el sistema mismo. Por eso creo que es tan importante que una mujer sea considerada y que una mujer finalmente llegue a la posición de secretaria general".
El Consejo de Seguridad se reunirá a finales de julio para discutir a puertas cerradas las candidaturas.

El gobierno chileno busca restablecer relaciones con Venezuela como un paso necesario para concretar las expulsiones de inmigrantes venezolanos en situación irregular, una promesa de campaña del presidente ultraderechista José Antonio Kast. Una decisión que mezcla "realismo" y "pragmatismo", según Gilberto Aranda, profesor de la Universidad de Chile.
Kast había prometido durante la campaña mano dura contra los migrantes irregulares, la mayoría de ellos venezolanos. Tras asumir el poder, los invitó a abandonar el país. Un mes después, su gobierno tiende la mano a Caracas para que ambas capitales se hagan cargo conjuntamente de la situación.
Las relaciones consulares y diplomáticas entre ambos países fueron rotas por Venezuela en 2024, luego de que la administración del presidente de izquierda Gabriel Boric denunciara fraude en las últimas elecciones en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor.
¿Por qué este intento por restablecer relaciones con Caracas?
"Se trata de una dosis de realismo, habida cuenta de que en campaña se aludió reiteradamente a la necesidad de un corte definitivo con Venezuela. Sin embargo, la única forma de ejercer cierto control sobre las personas que ingresan al país es mediante una colaboración, al menos consular, con Venezuela", analiza Gilberto Aranda, doctor en Estudios Latinoamericanos y profesor de la Universidad de Chile.
Se estima que más de 300.000 migrantes se encuentran en situación irregular en Chile; unos 75.000 tienen órdenes de deportación pendientes, la mitad de ellas correspondientes a ciudadanos venezolanos. Sin embargo, la falta de relaciones bilaterales es uno de los factores que dificulta el retorno prometido por Kast. El gobierno chileno no puede, como sí hizo con Colombia la semana pasada, embarcar personas en un avión si no existe un país que las reciba.
"Este proceso está sujeto a la legislación vigente en Chile. La migración irregular es una falta, no un delito. Existe un proyecto de ley que propone transformarla en delito y, de concretarse, podría implicar una gestión diferente, por ejemplo, más expedita. Por ahora, es necesario saber quiénes son y dónde están", añade Aranda.
Y si Venezuela se niega a colaborar, ¿qué alternativas tendría Chile?
Para el especialista, es necesario considerar "lo ocurrido el año pasado entre Chile y Venezuela, con todos los elementos arrastrados desde 2024”. Advierte que existe un riesgo "al escalar el reclamo en todos los niveles", ya que se podrían "romper los puentes con Venezuela".
"El gobierno de ese país podría simplemente negarse. Probablemente, una intermediación de Estados Unidos podría allanar el camino hacia gestos que permitan restablecer relaciones consulares. Estados Unidos, como sabemos, tiene una enorme capacidad de influencia en la actual administración venezolana", concluye Aranda, quien subraya que el pragmatismo del gobierno chileno confirma que una cosa es la campaña y otra la realidad jurídica de gobernar.

Se darán a conocer este lunes en Guatemala los seis candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General, hoy en manos de Consuelo Porras. Su eventual reelección genera una fuerte controversia: el presidente Arévalo rechaza su candidatura, mientras que Estados Unidos y la UE la han sancionado por presunta corrupción. "La OEA podría desempeñar un rol clave si el proceso se entrampara", dice Ana María Méndez Dardón, encargada para América Latina del centro de estudios WOLA (Washington).
La inclusión de Consuelo Porras entre las mejor calificadas reaviva el pulso entre el Gobierno de Bernardo Arévalo, las redes de poder y la comunidad internacional. El comité de postulación le otorgó una de las calificaciones más altas del proceso —92,33 sobre 100—, lo que ha despertado interrogantes sobre la independencia y transparencia del mecanismo de selección.
La analista Ana María Méndez Dardón, responsable para América Latina de la organización Washington Office on Latin America, ofrece una lectura crítica de esta aparente contradicción:
"Las redes del crimen organizado, las redes de corrupción, de narcotráfico, han penetrado varias esferas del Estado. Pese a que Bernardo Arévalo llegó al poder y ha querido hacer una depuración del sistema, estas redes, que son muy sofisticadas, encuentran la forma de intervenir en procesos como éste, especialmente en la Comisión de Postulación. Esta comisión está integrada en su mayoría por personajes que son cuestionados. En teoría son académicos, pero son académicos que responden a los intereses de estas redes corruptas, de las cuales Consuelo Porras forma parte".
El historial reciente añade tensión al proceso. Durante las elecciones de 2023, Porras intentó frenar la llegada al poder de Arévalo, sin éxito. Ahora, la decisión final recae precisamente en el mandatario, quien ya ha adelantado que no contempla su continuidad en el cargo.
Sin embargo, el escenario está lejos de ser claro. No se descarta que la actual fiscal general impugne el proceso, lo que podría abrir una nueva fase de incertidumbre institucional.
"El proceso en sí ya está impugnado legalmente. Varios candidatos lo han impugnado porque no se les ha hecho la evaluación correspondiente. Entonces, el escenario que podría darse en Guatemala hoy día es que no se pueda cumplir el plazo y que se genere una incertidumbre en torno a lo que podría pasar. Probablemente la Fiscal General saliente estaría buscando permanecer en el cargo. Y estas redes lo que estarían buscando es bloquear la facultad legal que tiene el presidente Arévalo de nombrar al nuevo Fiscal General de su país", subraya Méndez.
Si el proceso se entrampa... 
En este contexto, el papel de la Organización de los Estados Americanos podría resultar determinante, tal como ocurrió durante la crisis política de 2023.
"Si se concretara el escenario que yo mencionaba, es decir, que el proceso se entrampe, se requeriría que el Consejo Permanente de la OEA, como un órgano político de ese organismo, actúe como lo hizo en el 2023, cuando estas mismas redes estaban buscando bloquear la transición del poder del presidente Bernardo Arévalo. Esta ruta internacional va a ser crucial e importante ante estos escenarios que son muy probables dado el contexto actual", concluye la investigadora.
Según la legislación vigente, el presidente Arévalo tiene hasta el 17 de mayo para nombrar al nuevo Fiscal General, en un proceso que se perfila como una prueba clave para la institucionalidad democrática del país.