Noticias de América

Una fiscal de Manta, Alexandra Bravo, fue asesinada a tiros junto a su hermana el domingo. El hecho constituye el tercer ataque contra funcionarios vinculados a la Fiscalía de esta ciudad costera en tres años, en un contexto de violencia asociada al crimen organizado. Especialistas denuncian la falta de protección para la rama judicial y señalan sospechas incluso en los niveles más altos del Estado.
En medio de la conmoción causada en Ecuador por el asesinato de la fiscal y su hermana, el presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 10 de las 24 provincias del país. El 1° de junio había finalizado un estado de excepción de 60 días, durante el cual el mandatario también impuso toques de queda nocturnos en ciudades como Quito y el puerto de Guayaquil (sureste), estratégico para el narcotráfico.
El doble crimen se suma a una cadena de ataques contra operadores de justicia que ya deja varias decenas de funcionarios muertos, según explicó a RFI Carla Álvarez, politóloga del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Quito.
"Hay una fuerte desprotección de los operadores de justicia. Esa violencia se ha cobrado la vida de aproximadamente 40 servidores judiciales en los últimos seis años. La mayoría de estos asesinatos se han concentrado en la región costera de Ecuador, la más violenta del país, porque allí se encuentran las infraestructuras logísticas necesarias para la exportación vía marítima, en contenedores, de mercadería contaminada con cocaína. Esos productos llegan a los puertos de los grandes países consumidores", explicó Álvarez.
José Ruiz, director del Observatorio de Finanzas y Clima, señaló la dificultad del gobierno ecuatoriano para controlar la expansión del narcotráfico, así como las sospechas que pesan en los niveles más altos del Estado, incluido el propio presidente.
"La cocaína no sale de las aduanas que controlan puertos públicos, sino de puertos privados que están bajo la propiedad de grandes grupos económicos. Además, se exporta en contenedores que suelen llevar mercancía legal. El banano es la principal mercancía bajo la cual se oculta la cocaína. Hay un dato preocupante que concierne al presidente del Ecuador: proviene del principal grupo económico del país, que controla alrededor de cinco puertos. Es la principal empresa bananera donde se ha decomisado cocaína. Cuando los buques llegan a Europa, son detenidos y allí se realizan incautaciones. Luego se informa a las autoridades ecuatorianas y los medios suelen publicar que se ha encontrado cocaína en embarcaciones del presidente. Esto ha generado desconfianza sobre el grado de conocimiento que tendría el mandatario sobre estas exportaciones ilegales", afirmó Ruiz.
Tras el asesinato de la fiscal y su hermana, abogados y colegas exigieron al Gobierno reforzar la seguridad del personal judicial. La mañana del ataque, la funcionaria no contaba con la protección policial que tenía asignada.

A menos de una semana del balotaje, Colombia vive con intensidad el pulso entre el candidato de izquierda Iván Cepeda y el de ultraderecha Abelardo de la Espriella. Según las últimas encuestas, los comicios están muy reñidos, tal como ocurrió en la primera vuelta: de la Espriella aventaja por apenas tres puntos a Cepeda. Uno de los temas que más preocupa a los colombianos es la inseguridad en las grandes ciudades. Informe de nuestra enviada especial, Paola Ariza.
En la ruidosa Bogotá, la capital colombiana que reúne a unos ocho millones de habitantes, varias personas expresan incertidumbre de cara a los comicios del domingo, especialmente por el tema de la inseguridad. El país se ha visto sacudido por una fuerte ola de violencia que no solo afecta al campo, con ataques de grupos armados, sino también a las ciudades, con el aumento de la delincuencia común.
Norma, vendedora ambulante en el parque de Lourdes, cerca del centro de la ciudad, asegura que la presencia policial ha aumentado en los últimos meses. "Por aquí en el parque de Lourdes robaban seguido a la gente, pero ya como que está más calmado".
Manuel trabaja en un banco y no comparte esa visión. Según él, el responsable de la situación es el gobierno de izquierda saliente, cuyo partido apoya a Cepeda.
"Esto está súper peligroso. Hay mucha inseguridad. Creo que desde hace como cuatro años se incrementó el tema en Bogotá. Antes no era así, ¿sabes? Yo creo que esto ocurre porque el gobierno no apoya a las alcaldías locales, no les da la capacidad policial que necesitan. Y también, obviamente, porque las autoridades son muy benevolentes a la hora de castigar a los delincuentes. Eso hace que haya mucha más delincuencia", sostiene.
A unas calles, Camilo, un estudiante de 20 años, reconoce la necesidad de actuar contra la violencia, pero desde una perspectiva social.
"El candidato Abelardo de la Espriella promueve mucho la seguridad, pero una seguridad inmediata. Y esa seguridad inmediata puede llevar, no sé si recuerdan, a casos como los 'falsos positivos' en la época de Álvaro Uribe [ejecuciones extrajudiciales de civiles, asesinados por el Ejército y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate, que ocurrieron masivamente durante la presidencia Uribe entre 2002 y 2008]. En Bogotá podría pasar algo así, que de la Espriella quiera resultados ya, pero sin que existan la infraestructura ni los medios para lograrlos. Iván Cepeda, en cambio, propone una seguridad basada en oportunidades: más universidades, para que la gente no robe sino que vaya a estudiar".
Tanto el candidato de izquierda, Cepeda, como el de ultraderecha, de la Espriella, coinciden en la necesidad de enfrentar la violencia que azota al país, pero difieren en las fórmulas. De la Espriella apuesta por la mano dura y el fortalecimiento de las fuerzas del orden; Cepeda, por mejorar las oportunidades, especialmente para los jóvenes.

Los colombianos van a las urnas este domingo 21 con dos opciones, votar al ultraderechista Abelardo de la Espriella o al candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda. Ambos llegan al balotaje tras una campaña minada por un aumento de la violencia de los grupos armados que ha colocado el tema en el centro del debate. ¿Cómo combatirla, con mano dura o con diálogo? Lo cierto es que la ola de criminalidad se ha vuelto un calvario en departamentos como la del Cauca. RFI viajó a la zona de Popayán, la capital, para hablar con los habitantes de comunidades que viven en medio de un verdadero fuego cruzado.
El departamento del Cauca, en el suroccidente de Colombia, lleva décadas marcado por el conflicto armado. Su geografía de difícil acceso ha favorecido tanto el cultivo de coca como la presencia de grupos armados y distintas disputas territoriales, en un contexto de histórico abandono estatal.
El pasado abril, la región registró 24 hechos violentos en una sola semana, con muertos y heridos, lo que aumentó el temor entre la población. En la región de Popayán, la capital del departamento, María describe el impacto cotidiano de esa violencia en la vida de las comunidades.
“Trasladarse de un lugar a otro implica correr el riesgo de que algo ocurra, de que les pase algo a nuestros hijos, por ejemplo, cuando salen a estudiar. Uno teme que estalle una bomba o que suceda cualquier cosa. Eso genera pánico en toda la comunidad, porque ya ha pasado en muchos lugares”.
Las comunidades intentan resistir a la violencia, aunque también conviven con la sensación de abandono institucional, señala Julián.
“En el Cauca se usa mucho una frase: ‘no pasa nada’. Si aparece un cilindro, se dice: ‘no pasa nada’. Si ocurre una masacre a 20 minutos de nuestro colegio, se dice: ‘no pasa nada’. Si matan al señor de la carne, también: ‘no pasa nada’. No es que seamos indolentes; es que, como no tenemos otra cosa que hacer, terminamos normalizándolo. Y ese es el riesgo: que lo veamos tan normal, tan cotidiano, que deje de sorprendernos”.
Sandra Ortiz, integrante de Diálogos Humanitarios del Consejo Regional Indígena del Cauca, reconoce que esta región ha sido históricamente víctima de la guerra, pero asegura que, tras los diálogos de paz, hace diez años, la dinámica del conflicto ha cambiado.
“Ahora son otros grupos, enfocados en los cultivos y en la minería ilegal, con un propósito de control y destrucción de esa economía. Podríamos decir que hay cinco grupos principales: la Dabo, la Jaime, la 57, el ELN y la Carlos Patiño. A partir de ellos se desencadenan otros grupos más pequeños o comandos”.
Ortiz añade que estas estructuras armadas se han fortalecido desde la pandemia de COVID-19, con un aumento del reclutamiento. A comienzos de 2026, sumaban más de 27.000 integrantes, según la Fundación Ideas para la Paz, un 23% más que un año antes.

El secretario general de la ONU viaja este martes a Haití para realizar una "visita de solidaridad" con la población, atrapada desde hace años en una espiral de violencia protagonizada por las pandillas. Solo en lo que va de año, al menos 2.300 personas han muerto a causa de las acciones de estos grupos criminales, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Haití, el país más pobre de América, lleva años sumido en una profunda crisis marcada por la violencia de grupos armados que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. En este contexto de violencia generalizada y sistemática, el secretario general de la ONU visita este martes el país en lo que ha sido descrito por la organización como una "visita de solidaridad". 
“Cerca de 1.5 millones de desplazados internos”
Eduardo Ordóñez, experto en política y seguridad especializado en América Latina, nos explica las razones de las crisis que atraviesa Haití: “Haití está atravesando una crisis terrible en todas las escalas: a nivel político, electoral, a nivel de seguridad y sobre todo a nivel humanitario, que es la crisis que más impacta la población. Tienen cerca de 1.5 millones de desplazados internos, y esto debido a la fuerte presencia y control de las bandas haitianas sobre la capital, y sobre todo porque se han ido expandiendo hacia otros territorios donde históricamente no habían estado. Ya casi controlan el 90% de la capital y ahora se han ido extendiendo más allá”.
“Yo creo que esta visita es bastante importante porque marca un hito. Es la segunda vez que António Guterres visita Haití. Ya lo había hecho en 2023, pero esta vez se va a reunir con las víctimas”, subraya Ordóñez.
“La ONU es como una persona non grata en Haití”
Al menos 2.300 personas han muerto en Haití desde comienzos de año a causa de la violencia de las bandas criminales, informó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ante el agravamiento de la crisis, la ONU advirtió sobre la urgente necesidad de actuar para frenar a estos grupos armados.
Sin embargo, el sociólogo y profesor Jean Saint Paul, del Brooklyn College de Nueva York, cuestiona la actuación de la organización: “Es un actor que ha contribuido también en el debilitamiento del tejido institucional del Estado en Haití. Así que en Haití no tiene buena prensa, tanto en Haití como en la diáspora haitiana. Porque no tenemos que olvidar que, hasta hoy en día, la ONU ha sido responsable de violaciones de derechos humanos en Haití. Fueron soldados nepaleses de la ONU quienes trajeron el cólera en Haití. Así que la ONU es como una persona non grata en Haití, excepto por los actores de la élite corrupta”, denuncia.
Haití se prepara para recibir a un nuevo contingente de fuerzas extranjeras desplegadas sobre el terreno con el objetivo de combatir a las pandillas. La misión multinacional, autorizada por la ONU, contará con aproximadamente 5.500 efectivos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anunció reformas destinadas a liberalizar la economía de la isla, en una medida que podría marcar un punto de inflexión para el modelo político y económico cubano.
El anuncio llega en un contexto de fuerte presión sobre la economía del país, duramente afectada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington desde comienzos de año, que ha agravado la crisis energética y económica que atraviesa la isla.
El mandatario aseguró que el gobierno agilizará y descentralizará la aprobación de nuevos emprendimientos privados, con el objetivo de estimular la producción y dinamizar una economía golpeada por la escasez de combustible y las sanciones estadounidenses.
Sin embargo, Daniel Pedreira, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida, expresa sus dudas sobre el alcance real de estas medidas.
“Yo creo que son cambios menores. El tiempo lo dirá”, afirma el profesor. “Este anuncio es muy nuevo, pero hemos visto en la historia del gobierno cubano que cuando ha hecho aperturas similares, pequeñas, modestas, ha dado ciertos espacios para los cubanos, a ciertos negocios, a ciertas empresas y después viene, cuando ya van teniendo éxito, y elimina esa apertura, elimina lo que ha ganado cubanos que han participado de esas aperturas y vuelve a lo mismo”, afirma Daniel Pedreira mostrando su escepticismo.
“Por el momento yo sospecho que puede ser otro mecanismo de este gobierno de intentar ganar tiempo, ganar apoyo sin de verdad implementar cambios estructurales significativos al sistema económico”, concluye.
Por su parte, el politólogo e historiador cubano Armando Chaguaceda analiza las razones de la persistente falta de inversión extranjera en la isla.
“No hay capital ruso o chino que vaya a sustituir a las empresas españolas y aquí están apostando por un capital cubano emigrado, exiliado, al que se le ha privado hasta muy recientemente, salvo en algunos casos de empresarios vinculados a la élite”, explica el politólogo.
“Los cubanos para invertir tienen que tener garantías jurídicas, porque a esos mismos cubanos les han negado una serie de derechos por el hecho de emigrar. Ahora, a la carrera, el gobierno quiere convencer a aquella gente a la que ha despreciado, de la que ha querido los dólares, pero no la ha devuelto derechos, que sean inversores en una operación de altísimo riesgo”, afirma.
Además de restringir el flujo de petróleo hacia Cuba, Washington ha limitado el acceso del país a la banca internacional, provocando incluso la salida de operadores como Visa y Mastercard. Esta estrategia buscaría debilitar al conglomerado militar GAESA, que según expertos, controla el 40 % del producto interno bruto (PIB) de la isla.