Noticias de América

En el noroeste de Estados Unidos, en la ciudad de Spokane, tres incendios forestales destruyeron cientos de edificios, devastaron más de 3000 hectáreas y forzaron a 65.000 personas a abandonar sus hogares. El Gobierno ha desplegado varios albergues para los desplazados, pero Jesús Torres, director de Latinos en Spokane, explica que las minorías tienen miedo de acudir por miedo a posibles redadas de ICE.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el estado de emergencia en el estado de Washington para responder a los incendios. Por el momento, los bomberos aún no han controlado las llamas que llegaron hasta la zona urbana.
El incendio forestal, que ha arrasado al menos 700 edificios en la ciudad de Spokane en el noroeste de EE. UU., es similar al que devoró Pacific Palisades en Los Ángeles el año pasado. Las altas temperaturas y el viento llevaron las llamas desde una vegetación seca hasta la zona urbana, en este caso en tres puntos de la periferia de la segunda ciudad más grande del estado de Washington. Cerca de 65.000 personas fueron evacuadas en un incendio inusual, comenta Betsy Robertson, portavoz de la Cruz Roja en la ciudad:
"El incendio llegó a tan solo 9 kilómetros de la oficina de la Cruz Roja donde me encuentro actualmente", comenta la portavoz de Cruz Roja. Esta añade que muchas casas fueron destruidas y miles de familias evacuadas.
"Las organizaciones latinas nos hemos juntado para ayudar todo lo que se pueda, porque cuando suceden estas cosas, la población latina, desafortunadamente, es una de las últimas en recibir ayuda".
- Jesús Torres, director de Latinos en Spokane
"Tenemos incendios forestales cada año en el estado de Washington, pero es inusual que las llamas lleguen a la zona urbana. Lo que pasó en Spokane es bastante único: tres incendios distintos empezaron en un día de condiciones meteorológicas muy peligrosas", resalta Robertson.
Y mientras cientos de personas fueron evacuadas hacia refugios temporales, en el centro de convenciones de Spokane, otros, como los latinos, se organizan de otra manera, por temor a las redadas de la policía migratoria. Así lo afirma Jesús Torres, director de Latinos en Spokane, una organización comunitaria.
Leer tambiénEl mayor incendio forestal del año en California arrasa más de 28.300 hectáreas
Torres cuenta que la calidad del aire, lleno de ceniza, dificulta la respiración: "La mayoría de gente anda con mascarilla y, desafortunadamente, mucha gente ha tenido que irse a los albergues de emergencia".
"Las organizaciones latinas nos hemos juntado para ayudar todo lo que se pueda, porque cuando suceden estas cosas, la población latina desafortunadamente es una de las últimas en recibir ayuda", dice el director de Latinos en Spokane.
Este añade: "Las comunidades minoritarias muchas veces son olvidadas o no recurrimos a esa ayuda por el temor que tiene mucha gente de cómo ha estado la situación aquí en Estados Unidos con la migración por culpa de las redadas de ICE, así que la gente prefiere venir a las organizaciones donde se sienten bienvenidos, donde se sienten a gusto con gente que es como ellos, en vez de ir a los servicios gubernamentales".
En Spokane, las autoridades detuvieron a un hombre de 37 años. Se le acusa de haber causado uno de los tres incendios forestales que rodean la ciudad.

El pasado fin de semana la Universidad más grande de América Latina, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), informaba que se aplicará un examen de control para determinar qué aspirantes podrían ingresar a nivel licenciatura, después de que se detectaron irregularidades en los exámenes de admisión realizados en mayo y junio pasado, cuando la institución instauró por primera vez esta prueba de manera virtual.
Las protestas por parte de estudiantes que exigían que el examen de ingreso a la UNAM 2026 fuese repetido de manera presencial han tenido sus frutos. Después de que se denunciaran posibles irregularidades y un supuesto uso masivo de herramientas para hacer trampa durante la aplicación en línea, la institución se ha pronunciado con el anuncio de una nueva prueba presencial que solo se harán a una parte (al rededor de 58 000 aspirantes) de las 158 000 personas que busca un lugar en la Universidad.
Las autoridades de la UNAM recibieron informaciones sobre actos irregulares gracias a “los mecanismos de control que se habían establecido para el examen en línea”, explicó a RFI Soledad Funes, investigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM e integrante de la comisión técnica que se formó para la revisión de los exámenes de admisión.
La investigadora precisó que, según los resultados de 2026, sí se identificó un grupo de aspirantes que se comportaron de manera “anómala” y otra “regular” en comparación con las cifras de años anteriores. No obstante, puede haber casos en los que el mecanismo de control no detectó irregularidades.
Para resolver este problema respetando el calendario de inicio de clases, que ya fue aplazado para el 31 de agosto, la comisión recomendó que repitiera el examen de admisión “un grupo acotado de personas, porque si considerábamos el universo completo no se podría reorganizar de aquí a unas cuantas semanas”, explicó.
La IA en la educación
Lo que está claro es que lo ocurrido en la UNAM nos hace reflexionar sobre el futuro de la educación frente a las nuevas tecnologías como la IA.  ¿Qué tiene que cambiar la educación tras el auge de la IA? ¿Debería haber algún tipo de regulación frente a la IA en la educación?
Funes considera que lo sucedido en la UNAM sobrepasó todos los escenarios previstos y por lo cual la sociedad debe reflexionar profundamente “qué estamos haciendo con las nuevas tecnologías”.
“¿Cómo podemos hacer que las nuevas tecnologías potencien nuestras capacidades y no nos suplanten? ¿Cómo aseguramos que nuestros estudiantes salgan con una formación crítica, ética, responsable para construir el planeta que queremos en el futuro?”, cuestionó.
El examen bajo sospecha de la UNAM ocurre después de que en la India miles de jóvenes estudiantes pusieran contra las cuerdas al poderoso gobierno de Narendra Modi tras denunciar irregularidades en los exámenes de ingreso a las universidades. Una tendencia que se repite desde la última década tras los casos detectados en países como Argentina, Perú, Corea del Sur o Argelia donde también se presentaron casos de repetición o anulación de alguno de los exámenes de ingreso a universidades.

Una semana después de su vuelta al país, el expresidente nacionalista Juan Orlando Hernández declarará ante la justicia de Honduras. Está acusado por la Fiscalía de fraude y lavado de activos. Decenas de casas, empresas y vehículos han sido incautados por el Estado en este proceso. ¿Logrará la justicia hondureña procesar a su expresidente después de la anulación de su condena por narcotráfico en Estados Unidos? 
En los pasillos de la Corte Suprema de Justicia, la abogada Angie Colindres corre de una reunión a otra. Se prepara para una audiencia atípica. La primera declaración de su cliente, Juan Orlando Hernández, acusado de fraude y lavado de activos. “El expresidente, desde el día uno que salió, dijo "quiero regresar a mi país". Le avisamos, presidente, tenemos este tema. El respondió “Voy a enfrentarme a la justicia. Confío en los sistemas de justicia de Honduras”. Y efectivamente no existe justicia selectiva”, asegura Colindres.
Juan Orlando Hernández habría participado en el desvío de más de 3 millones de dólares para campañas políticas. Su defensa busca recuperar 130 casas, empresas, cuentas bancarias y vehículos incautados por la justicia hondureña. Kelvin Oliva, representante de la Oficina Administradora de Bienes Incautados señala que “el sistema de justicia estadounidense lo declaró inocente de sus cargos. Él puede venir a su país y tratar de defenderse legalmente como cualquier hondureño tiene derecho, ¿verdad?”, sostiene.
Un fiscal que investigó el caso de corrupción que involucra a Juan Orlando Hernández se escandaliza de la postura de algunos funcionarios y medios de comunicación. Habla con RFI en condición de anonimato. “Manejan como que él es inocente, que fue absuelto en Estados Unidos y todos sabemos que no fue así, que lo que se hizo fue que se le aplicó un indulto, lo cual no lo declara inocente, sino que simplemente fue un perdón que se le concedió el presidente Trump”, recuerda.
El fiscal no tiene mucha esperanza de que el caso de fraude llegue a una condena. “La justicia hondureña no está preparada para poder juzgar a ningún político de alto perfil. De hecho, todos los casos de alto perfil que se presentaron con la misión de apoyo contra la impunidad y la corrupción están archivados en la Corte Suprema de Justicia. Mi opinión personal es que él va a ser sobreseído en esa audiencia porque el hecho de enviarlo a un juicio oral y público significaría exponer toda la red de corrupción de la cual formaba parte”, opina.
A pesar de las promesas del gobierno pasado, nunca concretó con la ONU la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Este juicio es una prueba de fuego para la justicia hondureña.

El gobierno estadounidense instauró el martes 28 de julio una regla para acelerar los trámites de demanda de asilo de extranjeros, lo que podría provocar la deportación de cientos de miles de solicitantes. Las entrevistas, el momento en el que los migrantes podían defender sus casos de viva voz, serán reducidas de manera importante. El Departamento de Seguridad Nacional explicó que el objetivo de la decisión es reducir el gran atraso en el examen de los que solicitan refugio en el país.
Actualmente los demandantes de asilo pasan primero por una entrevista con un funcionario de los Servicios de inmigracion y ciudadanía (USCIS, US Citizenship and Immigration Services, en inglés). Luego la petición es examinada por los jueces de inmigracion, que dependen del departamento de Justicia de Estados Unidos, pero esto cambiaría con la nueva regla.
Ahora las peticiones serán examinadas por jueces de inmigración, sin entrevista previa, lo que reduce las opciones de los migrantes para defender sus casos, de acuerdo con la abogada Gloria Contreras, especializada en derecho de inmigracion.
La nueva regla no quiere decir que automáticamente se “eliminarán todas las entrevistas”, precisó la abogada. “Todavía pueden entrevistar a ciertas personas, pero hay ciertos casos donde sabemos que ya los van a eliminar de la entrevista” para que pasen directamente a una Corte de Migración, donde enfrentarán un proceso, alertó.
"Durante demasiado tiempo el sistema de asilo ha sido explotado con fines de demora y autorización de trabajo, y no por reclamaciones legítimas de protección", afirmó el director de USCIS, Joseph Edlow, en un comunicado.
"El sistema de asilo de Estados Unidos existe para proteger a las personas que realmente temen ser perseguidas", dijo Edlow.
Casos concretos 
Hasta 444 724 casos, es decir, el 31% de los 1,43 millones de casos acumulados de asilo, podrían verse afectados por esta nueva medida, sobre todo aquellos que no hayan documentado bien sus peticiones. Por ejemplo, quienes presentaron su solicitud fuera del plazo de un año desde el momento en que entraron a los Estados Unidos, la abogada estima que pasaría directo a las Cortes de migración.
Lo mismo sucedería para las personas que ya hayan pedido asilo, que hayan cometido algún delito o que incumplieron los requisitos de asilo.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional defiende que muchas de estas peticiones no están justificadas y provocan retrasos. La abogada denuncia que se les quita una oportunidad para defender su situación con tal de acelerar las expulsiones.
“Cuando llegan a la entrevista, es ‘la oportunidad’ donde pueden explicarle al oficial, aclarar las inconsistencias o explicar cualquier error. Describir en persona los traumas sufridos, la persecución, y responder a las preguntas directamente al oficial. Entonces, ahora los solicitantes deben asumir que su solicitud escrita podría ser la única información que revisarán”.
El abogado general del Departamento de Seguridad Nacional, James Percival, señaló que la nueva norma "mejorará la eficiencia y cumplirá" la promesa del presidente republicano Donald Trump de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal.

El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país suramericano. La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. La medida está vigente aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez.
La normativa que modifica la Ley de Migraciones se aplicarán a quienes hayan "dirigido mensajes de odio en forma oral o escrita, o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra algún ciudadano por ser argentino, dice el decreto.
Se trata de una reacción del gobierno a una supuesta campaña anti-Argentina, dice Guillermo Tisconia, exjuez y abogado experto en derecho penal. “La reacción de Milei obedece a un rapto espasmódico, a una consecuencia de un discurso que enarboló el propio gobierno, donde pretende que se habría llevado a cabo una suerte de campaña anti-Argentina”.
La cancelación del permiso de residencia conlleva la expulsión, voluntaria o forzada, del territorio nacional, aunque tiene fallos jurídicos, según explica Tisconia. “En primer lugar, yo creo que este decreto tiene varias objeciones de tipo jurídico porque es una formulación muy abstracta, muy genérica, donde no hay especificaciones e invadiendo también este decreto invade la Ley Nacional de Migraciones, que fue sancionada por el Congreso Federal Argentino, o sea, superpone la norma con disposiciones que contiene la ley migratoria, que es una ley sancionada por el Congreso, donde hay algunas disposiciones sobre este tipo de conductas”, indicó el jurista.
El decreto no especifica que es un discurso de odio y que criterio se va a utilizar a la hora de determinar quiénes son los autores de estos mensajes anti argentinos.
“El Gobierno se reserva el derecho de rechazar el ingreso o expulsar del país a personas extranjeras en el caso de que se prueben mensajes contra Argentina o sus ciudadanos o símbolos nacionales. Esta es una formulación muy Imprecisa, vaga y difusa, con lo cual va a generar serios problemas de interpretación y, sobre todo, en la Argentina rige por principio constitucional el derecho a la libertad de expresión, donde la crítica, aún exacerbada, es admitida por los tribunales argentinos”.
El jurista explica que en el país suramericano se protege la libertad de expresión de cualquier manera y agrega que “el Código Penal argentino ya prevé conductas punibles vinculado a otro tipo de conductas que son: incitación al odio colectivo o tal que yo veo que esto es muy objetable en términos constitucionales y que desde el punto de vista político o estratégico, es indisimulable que el gobierno argentino lleva adelante esta iniciativa para dar un golpe de efecto”, indicó Tisconia.
Tras la pasada final del mundial de fútbol que enfrentó a Argentina y a España y que ganó España, Buenos aires  denunció una campaña anti-Argentina, en medio de varias críticas, principalmente en redes sociales.