Noticias de América

Varias asociaciones de derechos humanos han denunciado la doble tragedia de los cientos de presos políticos en Venezuela tras los terremotos vividos en el país hace un mes, que dejaron 5346 personas fallecidas, según el último balance de las autoridades. Las oenegés denuncian que no se les evacuó, a pesar de las réplicas, agregando las malas condiciones en las que ya se encuentran.
Las familias de los presos venezolanos denuncian que no se respetaron los protocolos de evacuación, ni de prevención a pesar de las débiles infraestructuras de las cárceles en las que se encuentran. La activista Andreina Baduel, cuyo hermano lleva seis años en la cárcel del rodeo, en las afueras de Caracas, indicó que durante los dobles sismos y las diferentes réplicas que ha vivido el país, “no hubo protocolos de evacuación oportuna”.
Baduel aseguró que “pasaron casi 50 minutos para que ellos fueran evacuados oportunamente, pero no conforme con ello, durante esas dos semanas posteriores al terremoto estuvimos denunciando que ese lugar tenía infraestructuras que habrían sufrido daños. La respuesta del régimen fue torturarlos, amenazarlos y chantajear a algunos en otras cárceles para obligar a tenerlos encerrados 24/7”, denunció.
Al riesgo que vivieron en las cárceles tras el terremoto se suman las violaciones de derechos humanos, donde según esta activista, se tortura a los presos y no se les presta asistencia médica, como le ocurrió a su hermano y a su padre.
“Lamentablemente es una situación bastante crítica. Adolfo tiene seis años y dos meses presos. De los seis años pasó cuatro en el Helicoide, en donde fue brutalmente torturado, por lo cual hoy amerita cuatro operaciones por secuelas de tortura. En el Helicoide también vivió la peor tortura de su vida y fue ver morir a mi papá en sus brazos, a pesar de que mi hermano rogó, suplicó, imploró que lo atendieran, no le brindaron atención médica y lamentablemente mi papá murió en la cárcel”, contó.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, que asumió el mando en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, impulsó en febrero una ley de amnistía para liberar a cientos de presos por razones políticas, aunque las oenegés lo consideran insuficiente. 
Insistimos en la necesidad de que no se invisibilice las violaciones de Derechos Humanos que sigue haciendo el régimen venezolano. Aunque, ellos han promovido un aparataje propagandístico y comunicacional en donde hablan de un nuevo momento político, de reconciliación y de paz, todavía vemos 500 familias esperando la excarcelación de los nuestros.
En Venezuela, 372 personas siguen detenidas por motivos políticos, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos, aunque se calcula que la cifra asciende a 500.

El Congreso de Chile aprobó el martes casi la totalidad de la megarreforma legislativa del Gobierno del ultraderechista José Antonio Kast, que busca cambiar el rumbo económico del país. El proyecto, que incluye beneficios fiscales para las empresas e inversores, es criticado por la oposición, que cree que reducirá los ingresos destinados a fines sociales.
El paquete económico aprobado contempla varias medidas que buscan atraer la inversión al país, como una rebaja gradual de cuatro puntos en el impuesto a las grandes empresas. También se eliminan barreras a estos inversores. Supone un cambio con respecto a la política económica de los últimos años.
“Recuperar el ritmo de crecimiento”
“En los últimos 15 años de Chile, el crecimiento ha sido muy distante al que tuvo desde el retorno a la democracia y los primeros 15 años, de crecer a niveles del 5% o 6% a niveles en torno al 1,8% o 1,9%, como fue con el presidente Gabriel Boric. Y eso genera una serie de condiciones económicas que no son las deseables: bajo crecimiento, menos empleo”. Chile enfrenta hoy, además, una crisis de desempleo con tasas que están en torno al 10%”, nos explica Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Desarrollo de Chile.
Según él, “el objetivo de este proyecto es recuperar el ritmo de crecimiento que Chile conoció antes de la última reforma tributaria del 2014, que fue bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet”.
La oposición recurre al Tribunal Constitucional
La oposición critica que el proyecto favorece a los ricos, y como el Estado ingresará menos por la bajada de estos impuestos, habrá menos dinero para ayudas sociales. “Es lo que ustedes están promoviendo: llenarle los bolsillos a quienes hoy más tienen y quitarle la posibilidad del acceso a la salud, a la educación o incluso a pensiones dignas a quienes hoy más lo necesitan. Y espero que la mayoría, que quienes dicen defender a la clase media y a la gente, se pongan del lado de la gente y no de este gobierno anti trabajadores y trabajadoras”, denunció la legisladora opositora Emilia Schneider.
La oposición ha anunciado que recurrirá a algunos artículos al Tribunal Constitucional, lo que podría retrasar la aprobación. “Los plazos del Tribunal Constitucional son bastante inciertos porque es un tribunal autónomo, que tiene otras materias que también revisa. Yo me imagino que por un tema político van a tratar de darle un poquito de celeridad para generar más certeza y despejar rápidamente el tema. Pero yo no creo que antes de un par de semanas, el Tribunal Constitucional pueda revisar los requerimientos. Yo creo que con certeza en un mes debe de estar despejado, pero no antes de eso”, subraya Rodrigo Arellano.
El 56% del país está en desacuerdo con la rebaja de impuestos a las empresas. El Gobierno de Kast se ha visto obligado a revisar su previsión de crecimiento del 4% al 3,5% en 2030, cuando finalice su mandato.

La organización Human Rights Watch publicó un informe en el que acusa a Estados Unidos de atacar lanchas en las costas de Ecuador; con la colaboración del gobierno de Noboa, con al menos ocho desaparecidos, dentro de la lucha contra el crimen organizado.
La organización de derechos humanos ha documentado dos ataques en el pacífico a embarcaciones pesqueras que tuvieron lugar entre enero y marzo. Una tercera lancha desapareció con los ocho tripulantes. Algunos de los detenidos fueron torturados, denuncia Juanita Goebertus directora para las Americas de Human Rights Watch.
“El informe documenta cuatro incidentes distintos, uno terrestre en la frontera entre Ecuador y Colombia, donde resultó en la detención arbitraria de cuatro colombianos, que fueron además torturados por miembros del ejército ecuatoriano”, indicó agregando que también fueron golpeados, les pusieron electrochoques con agua. Según la denuncia también se les acusó de “ haber hecho intentos de una supuesta ejecución falsa, decirles que les iban a arrancar las uñas o que les iban a cortar dedos. Y luego estas cuatro personas fueron liberadas”, aseguró.
La organización denuncia detenciones arbitrarias dentro de la campaña militar conjunta entre Washington y Quito para luchar contra el crimen organizado. El gobierno de Donald Trump inició los ataques contra esas presuntas narcolanchas en septiembre, primero en aguas del caribe, luego en el pacífico. EE.UU. ha negado cualquier responsabilidad en los ataques. 
“Básicamente estos tres incidentes siguen un mismo modus operandi, vigilancia previa de las lanchas. 13 testimonios que consistentemente narran los mismos hechos, vieron la bandera de Estados Unidos en la embarcación que los estaba siguiendo, luego ataques con drones, pero tanto Ecuador como Estados Unidos han negado tener participación en los ataques a estas embarcaciones. Sin embargo, recolectamos evidencia tan robusta, tan creíble, que creemos que lo mínimo es que es el Congreso de Estados Unidos indague de manera mucho más detallada y exija respuestas por parte de la administración Trump”.
Países como Ecuador han anunciado un refuerzo de su cooperación militar con el pentágono. Goebertus subrayó que “los ciudadanos en América Latina tienen derecho a vivir libres del crimen organizado y por supuesto que tienen derecho a políticas de seguridad efectiva. Pero si algo nos ha demostrado la historia en América Latina es que no hay que escoger entre seguridad o derechos humanos. Este tipo de atentados pueden ser muy vistosos para vídeos en redes sociales, pero no avanzan realmente en debilitar la capacidad del crimen organizado”.
Desde septiembre de 2025 se han producido al menos 50 ataques en el pacífico y el caribe; con un saldo de al menos 215 muertos.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, suspende las elecciones en su país para evitar que la oposición llegue algún día al gobierno. Tras dos meses sin aparecer en público, Ortega, de 80 años, anunció esta prohibición en su discurso por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.
“No volverá a haber elecciones, no volverá a haber elecciones”, dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, liquidando la posibilidad de celebrar los comicios previstos para noviembre de 2027, atrasados tras la reforma constitucional que alargaba el mandato presidencial de 5 a 6 años.
En su discurso, Ortega aseveró que “los partidos puestos por los yanquis no volverán a llegar al gobierno jamás”, refiriéndose a la opocisión.
Para Salvador Marenco, opositor en el exilio y director de la organización "Nicaragua Nunca Más", esto es prueba del debilitamiento del régimen consolidado desde 2007. “El momento político realmente no le favorece, no sabríamos las razones por las cuales lo hizo, porque hay una vigilancia mayor por parte de la comunidad internacional sobre Nicaragua, pero principalmente también el régimen está cada vez más solo. Hace poco acababa de romper relaciones diplomáticas con Italia, por ejemplo, siendo el sexto o séptimo estado con quien suspende o rompe relaciones en los últimos años y cada vez se encuentra más aislado a nivel internacional”, indicó.
Durante sus dos décadas en el poder, tanto Ortega, como su mujer, Rosario Murillo, que en 2025 pasó de vicepresidenta a copresidenta, han gobernado con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense.
De hecho, Marenco señaló que “disidencia dentro del frente sobre esta medida no va a haber. Porque el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen cooptados todos los poderes de Estado y todas las instituciones estatales, incluso del año 2012, a partir de la crisis de abril de 2018, en donde asesinaron y han cometido múltiples crímenes de lesa humanidad. Lo que se ha venido es agravando una situación preexistente, un control total y absoluto sobre todo, aseguró”.
Dicha represión aumentó considerablemente tras las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos según la ONU. Además, la oposición en el exilio asegura que Ortega y Murillo llevan años purgando las instituciones del Estado.
“Esta purga ya viene desde el año 2021, cuando se comienza a atacar al Poder Judicial. Se ha hecho una barrida en todas las instituciones del Estado y con las figuras históricas del frente sandinista también. Está purga o esta persecución constante busca alinear una sumisión total a Rosario Murillo porque está consciente que ella tendría que seguir a cargo de la dictadura como efectivamente ya lo está, aunque Daniel Ortega siga siendo el mito, el símbolo de esa revolución fallecida”, señaló el opositor.
Marenco anima a la oposición y la comunidad internacional a resistir, ya que para él esta suspensión de elecciones no es más que una prueba de la fragilidad actual del régimen.

La organización Amnistía Internacional reporta que al menos 470 personas privadas de libertad murieron bajo custodia del Estado entre el inicio del Régimen de Excepción, en marzo 2022, y diciembre de 2025. La mayoría de ellas, sin condena. Según la organización, más de 90 000 ciudadanos fueron arrestados de manera arbitraria, despojados del derecho a la defensa. RFI habló con familiares de personas privadas de libertad y con la diputada Claudia Ortiz, de oposición. 
Celia Pousset, desde El Salvador 
En el informe La seguridad sin derechos, publicado el 15 de julio, Amnistía Internacional explica el impacto de las detenciones arbitrarias masivas y la negación del debido proceso judicial desde que Nayib Bukele, presidente de El Salvador, decretó el estado de excepción. Esa decisión, que comenzó el 27 de marzo de 2022, modificó el sistema de justicia instaurando prácticas que violan los derechos humanos e incompatibles con el derecho internacional.
Ana conoce de cerca las fallas en las cárceles salvadoreñas. Tiene 53 años y es vendedora de pan en San Salvador. En su barrio, fueron arrestados muchos jóvenes. Uno de ellos murió en detención electrocutado. Se llamaba Kevin. El padre de la víctima le contó que lo “sacó muerto de la cárcel” y que nadie le hizo justicia. 
“Imagínese, y yo vivo con esa preocupación por mi hijo”, comentó Ana, cuyo hijo también fue arrestado por presuntos vínculos con las pandillas y no ha recibido ningún juicio. Lleva tres años en una cárcel del norte del país.
“Ayer salió uno muerto de ahí. Ellos no lo sacan en las noticias. El noticiero está vendido con “él” porque no sacan ninguno de los muertos. Se supone que ya debe más de 500 muertos”.
Al decir “él”, Ana se refiere al presidente Nayib Bukele quien impulsó un Régimen de Excepción para combatir las pandillas. Una medida controversial que Claudia Ortiz, la diputada del partido de oposición Vamos, critica por las arbitrariedades que comete el poder judicial. 
“Ahí van mezcladas personas inocentes que han sido capturadas arbitrariamente con pandilleros y están en las cárceles mezclados o están sin tener acceso aún a que esos juicios puedan hacerse de forma expedita”.
Control social
Según la diputada Ortiz, el Régimen de Excepción no sólo se aplica a miembros de pandillas, sino que cumple una función de control social.
“Para regular la disidencia, para que la gente tenga temor de salir a la calle a marchar, para que la gente tenga temor de ir a defender sus derechos”, opina Claudia Ortiz.
Sin embargo, algunas mujeres levantan la voz para denunciar la desaparición de sus familiares dentro del sistema penitenciario. Al hijo de Luisa se lo llevaron hace más de dos años. “Decían que lo agarraron porque él andaba en asociaciones ilícitas. Mi hijo nunca ha andado en eso”, dijo.
Luego, en su búsqueda, al hablar con las autoridades se encontró con justificaciones ilógicas. "Lo sentimos mucho, señora, a su hijo no se le ha encontrado nada, ni en el teléfono ni nada, pero como los soldados nos lo han traído tenemos que tenerlo detenido", le explicaron.
Leer tambiénEl Salvador opta por un juicio masivo contra las pandillas
“Nosotros no hemos podido verles la cara a nuestros parientes. ¿Verdad? No sabemos a la hora de la comida si le dan o no le dan. No sabemos porque no hemos podido hablar nada con ellos. Porque dicen que ahí ni agua le dan en el penal de Izalco a los muchachos. Investiguen todo eso. Están matando a la gente de sed. Es un abuso completo que están haciendo. Y eso no lo permitimos nosotros como madres que nos hagan esa injusticia.”
Abusos que el informe de Amnistía Internacional describe cómo sistemáticos, y posibles «crímenes contra la humanidad».
El 14 de julio, un tribunal salvadoreño anunció el fin del juicio masivo contra más de 400 presuntos líderes de la pandilla Mara Salvatrucha. La sentencia aún queda en espera.