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Tres cadenas hoteleras se han retirado esta semana de Cuba: las españolas Meliá e Iberostar y la canadiense Blue Diamon. Las empresas extranjeras instaladas en la isla caribeña tienen hasta el 5 de junio para cortar sus vínculos con el conglomerado económico-militar Gaesa, sancionado por Washington. ¿Por qué si cae Gaesa la economía cubana podría derrumbarse? Explicaciones con el politólogo cubano Oscar Grandio Moráguez. 
Para operar en Cuba, toda empresa extranjera tiene que pasar por Gaesa, un conglomerado empresarial vinculado a las fuerzas armadas. Creado en los 90 tras la caída de la Unión Soviética, tiene una particularidad: no rendir cuentas, según explica a RFI el politólogo Oscar Grandio. 
"A pesar de ser estatal, las cuentas de Gaesa siempre han estado exentas de auditoría por parte de la Contraloría General de la República. Es un blindaje político que permite que los ingresos de este conglomerado todopoderoso no sean redistribuidos a través del presupuesto del Estado —y aquí está el problema—, sino retenidos bajo un control privado de una familia y del Ejército", detalla.
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En ese sentido, añade que el presupuesto formal y el Estado cubano es simplemente un "cascarón vacío".
Gaesa fue sancionada en mayo por la administración Trump, lo que hace correr riesgos a las empresas extranjeras instaladas en la isla. Para Grandio, estas sanciones exponen la profunda influencia de Gaesa en casi todos los sectores de la economía cubana y suponen una presión importante para las compañías privadas, ya que convierten cualquier vínculo con Cuba en una "posible responsabilidad".
"Esto crea lo que yo llamo un riesgo de contaminación para cualquier empresa extranjera que opere en Cuba. Estas sanciones amenazan con afectar el modelo de negocio no solamente de Gaesa, sino de cualquier empresa que trabaje con este conglomerado, que repito son todas las empresas que trabajan con Cuba ahora"
- Oscar Grandio Moráguez, politólogo cubano
A su juicio, estas normativas tendrán un efecto catastrófico que "ya se está viendo", con una retirada masiva de firmas. El autor del libro “Mejor no me callo: Notas ante una transición en Cuba” indicó que primero se retiró la minera canadiense Sherritt y luego las navieras anunciaron la suspensión de operaciones con la isla caribeña porque sus partners son precisamente empresas de Gaesa.
Poniendo al conglomerado económico-militar como el principal objetivo de las sanciones, Washington espera poner de rodillas al sistema cubano, sostiene el especialista.
"El gobierno norteamericano se da cuenta de que, efectivamente, el control de la economía cubana es de Gaesa, no es el Estado cubano como tal", subraya.
Según el politólogo cubano, esto implica también la reducción de la entrada de divisas por la caída de la producción de níquel y cobalto que están bajo control de Gaesa, tras la salida de la canadiense Sherritt. En la misma línea, añade, que el sector de importación de petróleo está en manos del conglomerado.
"Hay un efecto disuasorio con estas sanciones, que va a alejar a los pocos inversores extranjeros que aúb operan en la isla. Entonces, si tú sancionas a Gaesa y a los empresarios extranjeros que operan con ella, que son prácticamente todos los que trabajan con Cuba, evidentemente el colapso va a ser mayúsculo", concluye.

Argentina, Panamá y Ecuador figuran entre los diez peores países del mundo para los trabajadores compartiendo la lista con Bielorrusia, Egipto, Túnez y Turquía, entre otros,  según la última edición del Índice Global de los Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Aunque la legislación de estos países pueda reconocer determinados derechos laborales, en la práctica los trabajadores carecen de un acceso efectivo a ellos. Para Argentina es el segundo año consecutivo.
Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría “5", señala el informe elaborado por la CSI desde 2014 y que clasifica a 151 naciones sobre la base de 97 indicadores apoyándose en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su jurisprudencia. 
Para Argentina, se trata del segundo año consecutivo de deterioro de su calificación, y se debe a los cambios en las leyes que el presidente Javier Milei realizó desde su llegada al poder en 2023 instaurando “las peores flexibilizaciones laborales en la historia del país”, de acuerdo con el abogado especialista en derecho laboral Federico Arabia.
El también profesor universitario recordó que la primera reforma que tuvo la Argentina fue en la época de la dictadura. “Después en los años 90, con la etapa de la máxima flexibilización laboral. Y ahora tenemos uno de los momentos más regresivos en materia de derechos laborales tanto individuales como colectivos”.
La reforma de Milei derogó las multas de la ley general de empleos, es decir que cualquier trabajador que realice sus tareas sin registro, el empleador no tiene ningún tipo de sanción a nivel de multas. “Todo esto bajo el lema de bajar los costos laborales” y facilitar “las inversiones”, explicó Arabia.
“Hay muchos ataques a lo que llamamos nosotros “el sistema protectorio jurídico del trabajador”, subrayó.
Amenazas indirectas 
Por su parte, Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, denuncia una creciente restricción del derecho de huelga y de la actividad sindical en Argentina.
“El gobierno de Milei tiene un plan sistemático para quitarle derechos a los trabajadores y a las trabajadoras y atacar el derecho a la libre expresión”.
Baradel evocó el caso de un gremio que llevó adelante un paro  convocado por tres centrales sindicales, al cual le aplicaron una multa de 21 mil millones de pesos argentinos (unos 12 500 millones de euros).
El gobierno “establece parámetros en contra de lo que indica la Organización Internacional del Trabajo, en el tema del derecho a huelga. [En Argentina] prácticamente no existe la huelga. O si hacemos huelga estamos a tiro del cobro de sumas millonarias para que no la hagamos. Para destruir a los sindicatos”.   
Ambos entrevistados coinciden en que estas medidas, consideradas restrictivas y desfavorables para los trabajadores, contrastan con la tradición histórica de Argentina, un país que, pese a avances y retrocesos, se distinguió durante décadas por una legislación laboral progresista en cuanto a protección de los derechos de los trabajadores.

El alto nivel de violencia criminal que se registra en Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, se ha convertido en un obstáculo que se suma a las barreras históricas de acceso de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, según un informe publicado este viernes en el país andino.
La criminalidad en Guayaquil, la ciudad más poblada Ecuador y considerada como una de las más peligrosas del continente, no afecta a todos por igual; impacta de forma diferencial a las mujeres y obstaculiza el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Así lo explica Joselyn Pispira en su último informe para el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil.
"Cerca del 96% de las lideresas considera que la criminalidad afecta el acceso a los servicios de salud sexual. Ellas plantean que tiene que ver con el temor a desplazarse, con el desplazamiento forzoso que se ha dado ahora últimamente por la alta criminalidad o el enfrentamiento entre bandas. También menciona la criminalidad en los centros de salud, entendiendo esta como la presencia de grupos armados y de robos también, que es parte también de la criminalidad. Y también otro de los factores es la desconfianza en los servicios de salud", explica.
En medio de este clima de violencia, el miedo a ser juzgadas se convierte en un factor clave que impide a las mujeres de Guayaquil a ejercer sus derechos reproductivos, asegura Pispira:  "Una de las cosas que siempre se identifican en estos temas, por ejemplo, es como las mujeres toman decisiones sobre su sexualidad o sobre su reproducción. Fíjate que también el miedo a ser juzgada, si lo observas en el informe, también es alto. Cuando se pregunta con relación al aborto, al acceso al aborto".
La investigadora también recalca que hay sectores más afectados: "Son las mujeres migrantes, las mujeres en condiciones económicas más precarizadas. Lo que se reporta con mayor frecuencia son las mujeres migrantes por obstáculos administrativos, ya que se pide, por ejemplo, cédula y algún otro tipo de documentación para acceder a estos servicios".
El personal médico también ha denunciado la inseguridad que se vive en los centros de salud.
"La violencia criminal afecta la calidad de los servicios, porque cuando hablamos de calidad no es solamente dar un servicio médico basado en evidencia, sino que también tiene que ver con una cultura de seguridad dentro de los centros de salud. El personal de salud reportaba que no hay guardias, consideran que no hay protección, que no hay garantías en los protocolos de seguridad, en los centros de atención, por ejemplo. Y te menciono algo vas al trabajo sin saber si vas a regresar. Consideran que están siendo afectados o acosados en distintas partes. Es decir, que no solamente es cuando ellos están fuera del centro de salud, circulando como cualquier ciudadano o ciudadana, sino también que dentro del centro o alrededor del centro este tipo de violencia está afectándolos", apunta.
El informe también revela la escasez de anticonceptivos para las mujeres, y recalca que es necesario un cambio en las prioridades del Estado en el campo de la salud.

Nueva jornada de protestas exigiendo la renuncia del presidente, pese a la posibilidad de que declare un estado de excepción para frenarlas. Desde hace casi un tienen lugar bloqueos de carreteras por parte de campesinos, obreros y transportistas, que piden medidas contra la crisis económica. El dirigente gremial Toño Siñani explicó a RFI por qué pide el fin de las protestas. El politólogo José Orlando Peralta observa una "narrativa más radicalizada".
Se agrava la tensión en Bolivia, donde el presidente Rodrigo Paz advierte a los manifestantes: "sto está llegando al límite". El país está atravesando la peor crisis económica en cuatro décadas. La declaración se produce después de que el Congreso boliviano eliminara ayer una norma que imponía límites al presidente para decretar estados de excepción. La medida le permite ahora recurrir al ejercito para contener las protestas y restringir las libertades de reunión y circulación.
Los bloqueos de rutas que reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz mantienen paralizado el tránsito de camiones en varias regiones del país. La Paz, sede del gobierno, y la vecina ciudad de El Alto son el epicentro de las protestas, que están provocando escasez de alimentos, medicinas y combustible.
José Orlando Peralta, politólogo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno de Santa Cruz, comenta el clima político que existe actualmente en el país.
"Narrativa radicalizada" 
"En este momento ya hay más de 150 bloqueos. Hoy se ha aprobado una nueva ley, la ley de excepción y se ha aprobado otra nueva ley que le da un poder para establecer el estado de excepción. De esta manera puede tener mando sobre las fuerzas públicas. La reacción ha sido una narrativa más radicalizada de los actores de la que ha incentivado estas movilizaciones. El diputado Milton Condori ha dicho que como efecto de esta nueva ley del Estado de excepción va a darse una guerra civil. Él está pronosticando un derramamiento de sangre porque la gente va a tensionar. Por tanto, hay tambores de guerra. Esta forma de reaccionar es la de los sectores radicalizados que solamente quieren la renuncia de Rodrigo, no quieren otra cosa. No quieren sentarse en las mesas de diálogo".
Sin embargo, un sector de los manifestantes considera que sus reclamos ya fueron escuchados y pide el fin de las protestas. Toño Siñani, dirigente gremial de la Central de Trabajadores de Bolivia, explica sus motivos.
"Las protestas que han salido de distintas organizaciones estaban reivindicativas pidiendo la anulación de una ley 1720 que afectaba a los compañeros campesinos. También han pedido la reducción de salarios, lo que ya lo hizo el presidente. Y a pesar de ello hoy en día hay personas que siguen bloqueando. Pedir la renuncia del presidente es solamente política. Nosotros, en cambio, ya no queremos más bloqueos porque hay mucha gente que está sufriendo, el pueblo alteño. Por eso hemos pedido que pueda haber un diálogo. Nosotros entendemos una cosa aquí en Bolivia el 85% es cuenta-propia. ¿Quiénes son cuenta-propia? [son personas que generan su ingreso de forma independiente, sin empleo formal ni salario fijo ] son los gremiales, los campesinos, los transportistas, los conamype, los constructores, todos, porque no nos dan economía, ni el Estado ni nadie, ya que no trabajamos al día, no llevamos economía de esa manera. Hemos dicho que de una vez el gobierno dé solución a la crisis que estamos atravesando en la ciudad de El Alto".
Mientras tanto, el presidente y su vicepresidente encabezaron hoy dos mesas de negociación con representantes políticos y sociales para discutir medidas urgentes frente al deterioro de la situación y las consecuencias económicas de las protestas.

Emiratos Árabes Unidos está reclutando a exmilitares colombianos para combatir en Sudán junto a grupos rebeldes, denunció Human Rights Watch, que afirma haber establecido los vínculos entre empresas de ambos países.  y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el mercenarismo colombiano. Entrevista con la directora de esta ONG, Juanita Goebertus, y con el politólogo Armando Mercado Vega.
Más de 200.000 personas han muerto en Sudán a causa del conflicto que enfrenta al ejército con el grupo rebelde de las Fuerzas de Apoyo Rápido. La guerra, que estalló en 2023, ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. En este contexto, Human Rights Watch ha podido revelar los vínculos entre empresas colombianas y emiratíes que han permitido el reclutamiento de mercenarios colombianos.
“Esta red en Colombia está básicamente asociada a dos empresas, A4F y Fénix, ambas compañías sancionadas por el Departamento de Estados de Estados Unidos”, explica Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Nosotros en HRW pudimos rastrear a través de distintos documentos financieros y de salarios la relación entre esas dos empresas y la empresa emiratí, conocida por sus siglas en inglés como GSSG, que es una empresa que fue fundada por el Secretario General de la Corte Presidencial de Emiratos Árabes. Esta empresa tiene vínculos muy cercanos, tanto comerciales como familiares, con la familia gobernante en Emiratos Árabes. Nosotros mostramos cómo GSSG, a través de estas dos empresas colombianas, efectuaban el reclutamiento, así como la manera como se da la conexión entre GSSG y el gobierno de Emiratos Árabes, lo que ha permitido el entrenamiento en instalaciones militares Emiratos Árabes”, subraya Juanita Goebertus.
Sin embargo, las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos niegan las acusaciones de que combatientes extranjeros hayan sido reclutados y entrenados en su territorio. Armando Mercado Vega Politólogo, especialista en Conflicto Social y profesor de La Universidad Tecnológica de Bolívar, explica las causas de mercenarismo en Colombia.
“El mercenarismo en Colombia es un problema histórico porque nosotros tenemos un conflicto armado interno de más de medio siglo. Esto nos ha generado un problema desde el punto de vista no solo del reciclaje de excombatientes, de grupos armados organizados, pero también otro tema que se descuidó por mucho tiempo: los ex militares de la Fuerza Pública. Como bien señala el informe de Human Rights Watch, no hay una política pública enfocada desde el punto de vista de ofrecerle alternativas y proyectos de vida a estos militares luego de que salen de la experiencia militar. Tenemos una bolsa de empleo de ex militares que están muy bien formados, lo que no se puede olvidar. Han sido formados no en entrenamientos, como muchos ejércitos del mundo, sino formados en la guerra misma. Esto es un conocimiento muy apetecido para los especialistas en la violencia en el mundo. No se nos olvide que, en el 2021, el primer ministro de Haití, Jovenel Moise, fue asesinado precisamente por un comando de mercenarios colombianos”.
Ante esta situación, Human Rights Watch insta al gobierno colombiano a que, además de fortalecer el Programa Nacional de Veteranos, abra una investigación contra las compañías involucradas en las prácticas de reclutamiento de exmilitares.