Noticias de América

La ONG Défenseur Plus asegura que 70 personas, y no 16 como afirman las autoridades, habrían sido asesinadas en la masacre ocurrida el domingo en el departamento de Artibonite. Entrevista con el encargado de asuntos jurídicos de la ONG, Ulrick Tintin.
Al otro lado del teléfono, desde la capital de Haití, Puerto Príncipe, responde Ulrick Tintin, de la ONG Défenseur Plus, el colectivo que dio a conocer cifras que cuadruplican las reportadas por las autoridades sobre la masacre del pasado fin de semana. La organización ha llegado a estas estimaciones gracias a informaciones de primera mano recabadas por observadores presentes en la zona del crimen colectivo, la comuna de Petite Rivière.
"El balance podría aumentar en los próximos días, según lo que reporten nuestros observadores, que están sobre el terreno. Contabilizamos 70 muertos, 30 personas heridas, 50 casas incendiadas y 6.000 desplazados que huyen de la violencia de los grupos armados. Antes de la masacre ya se registraban enfrentamientos entre bandas criminales y una coalición local. Sin embargo, desconozco las razones por las que los bandidos perpetraron estos asesinatos. La población civil no pudo defenderse. El Estado haitiano fue incapaz de intervenir. La gente lo perdió todo".
Esperando la Fuerza de Represión de las Pandillas (ONU)
La prensa local atribuye los asesinatos a la pandilla Gran Grif, la misma que en 2024 mató a 180 personas en la capital. Francia y la ONU condenaron la masacre. Un cuerpo especial de seguridad de la ONU para Haití comenzará sus operaciones en abril. Se trata de una fuerza multinacional, denominada "Fuerza de Represión de las Pandillas".
"Se ha decidido reemplazar el dispositivo anterior en la fase de supresión. Saludamos esta decisión de la ONU. Las fuerzas militares de Kenia, lamentablemente, no fueron suficientes. No se observó ningún progreso en la seguridad del país; todo lo contrario. Por ello, esperamos con impaciencia la llegada de esta nueva fuerza y que contribuya a mejorar la situación. Confiamos en que las operaciones que se lleven a cabo respeten las leyes de Haití y, sobre todo, los derechos humanos".
Al menos 5.915 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en 2025 a causa de la violencia de las bandas y de las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas, según datos de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh).
Las primeras tropas llegarán desde Chad, país africano que prepara el despliegue de 750 soldados. La Fuerza de Represión de las Pandillas estará conformada por un total de 5.500 efectivos.

En Chile, el presidente José Antonio Kast ordenó frenar la regularización de 182.000 inmigrantes, que había sido impulsada por su predecesor, Gabriel Boric. Una de las promesas de campaña de Kast era precisamente la expulsión de los inmigrantes irregulares, en su mayoría venezolanos, que viven en el país.
Era uno de sus grandes reclamos electorales y una de las reformas más urgentes a poner en marcha. Para José Antonio Kast no había concesiones en torno a la política migratoria chilena. El primer paso dentro de su agenda oficial ha sido frenar la regularización de 182.000 migrantes, impulsada por la anterior administración del izquierdista Gabriel Boric.
“La migración le está aportando al país el 10% del PIB”
“Hay 338.000 personas que se sabe que están en situación de irregularidad. De ellos, 182.000 son personas que se empadronaron, que fueron, dieron su dirección, dieron sus datos biométricos, cuestión que hoy incluso muchos nos preguntamos qué se va a hacer con esos datos biométricos, si a esa persona no la van a regularizar”, comenta para RFI Eduardo Cardoza, secretario general del Movimiento de Acción Migrante.
“Esto tiene consecuencias enormes porque la migración le está aportando al país el 10% del Producto Bruto Interno, y evidentemente esto está perjudicando muchísimo, porque son personas trabajadoras que vienen en general, en su 99,9%, a trabajar al país, y que estando en las condiciones de no tener los papeles al día, se ven privados de derechos básicos”, recalca Cardoza.
Además de parar la regularización de estos 182.000 migrantes, Kast presentará al Congreso dos proyectos de ley contra el ingreso de indocumentados: uno para sancionar a quienes ayuden a los migrantes a ingresar irregularmente a Chile, y otro que convertiría en delito el acceso ilegal al país.
“Un fenómeno muy particular”
“Se da un fenómeno muy particular, que es que la gente está preocupada por esto pero muchas personas que están en situación irregular, que están trabajando, que tomaron arraigo con el país, no se quieren ir y no se van a ir. Entonces se va a dar una situación bien particular, de que no hay posibilidad de que se pueda expulsar a 338.000 personas en cuatro años”, subraya Cardoza.
“Lo máximo que ha expulsado un gobierno ha sido anualmente 8.000 personas, entre expulsiones administrativas y judiciales. Y entonces va a haber que tomar políticas que sean reales o seguir continuando con esta situación que condena a la gente a vivir mal. Y ese es un desafío que tiene este gobierno”, concluye.
Apenas cinco días después de asumir el cargo como presidente, Kast puso en marcha el denominado “Plan Escudo Fronterizo”, una de las iniciativas más emblemáticas de su programa, que contempla la construcción de barreras físicas, zanjas, sistemas de vigilancia con cámaras y el despliegue permanente de fuerzas de seguridad en la frontera con Perú, y varios kilómetros en sectores críticos de la frontera con Bolivia.

La semana pasada, dos altos funcionarios fueron removidos de sus cargos tras el uso, desde el Congreso Nacional, de la Ley de Juicio Político. En el caso del fiscal general de la República, el juicio político se llevó a cabo de forma expedita y resultó en su destitución. La presidente de la Corte Suprema de Justicia renunció antes de conocer la misma suerte. Sus sucesores, afines al partido oficialista y a su nuevo aliado, el Partido Liberal, ya han sido nombrados. ¿Qué hay detrás de este cambio de piezas en el escenario judicial?
A la salida del Ministerio Público de Tegucigalpa, en su carro blindado, el fiscal anti corrupción, Luis Javier Santos, habla a RFI de su preocupación acerca de los recientes nombramientos de altos funcionarios en el sector justicia.
“Todos esos casos van a quedar en la impunidad”
“Lo que está ocurriendo en Honduras es lo que ocurre siempre cuando inicia una nueva administración de Gobierno”, explica. Es decir, el intento de apoderarse políticamente de las instituciones claves del país. Lo cual, en Honduras, pasa por el Congreso Nacional.
“Cualquiera que llegue al poder, el objetivo es proteger a todos los funcionarios o exfuncionarios, y que queden en la impunidad unas acusaciones que hay pendientes”, recalca el fiscal anti corrupción.
Investigar a funcionarios corruptos es su especialidad. Muchos de ellos vienen del Partido Nacional, y aún están en el poder: “Todos esos casos van a quedar en la impunidad, porque son casos que de alguna manera son contra el partido. El actual presidente de la República tiene una investigación pendiente en la Corte Suprema de Justicia desde hace aproximadamente 14 meses”, apunta.
El presidente Nasry Asfura está acusado por el desvío de más de un millón de dólares, cuando fungía como alcalde de la capital. El nuevo fiscal general, Pablo Emilio Reyes, afín al Partido Nacional, prometió en su primera conferencia de prensa no parcializar la persecución de delitos.
“Ellos van a buscar cuidarse”
“Toda línea de investigación que ha sido aperturada seguirá, siempre y cuando se haya iniciado o se siga realizando con la objetividad e imparcialidad que debe caracterizar la gestión del Ministerio Público”, afirmó Reyes.
Una promesa que Juan Carlos Aguilar, analista político, mira con recelo: “Mientras las instituciones públicas estén altamente politizadas, es muy difícil que sean independientes y autónomas. Obviamente hay juicios que están abiertos, lo que usted mencionaba del presidente. El expresidente Hernández incluso no hace mucho intentó revocar una orden de captura para poder, me imagino, regresar al país y defenderse en libertad. La Corte dijo que no”, analiza.
“Pero sí, naturalmente ellos van a buscar cuidarse, van a buscar lo que muchas veces hemos visto, el tema de negociar impunidad también, en función de cómo se reconfiguran las cosas”, prosigue el director de Transparencia de la ASJ (Asociación para una Sociedad más Justa).
En las próximas semanas, otros funcionarios podrían enfrentar un juicio político. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, ya mencionó al consejero Marlon Ochoa, por abusar de su cargo en las elecciones presidenciales de noviembre desde el Consejo Nacional Electoral.

El viernes se cumplieron en El Salvador cuatro años del estado de excepción impulsado por el gobierno de Nayib Bukele para combatir su llamada guerra contra las pandillas. En esta ocasión, la ONG Socorro Jurídico Humanitario alertó sobre una sistemática muerte de presos, muchos de ellos inocentes.
 
Al menos 500 presos fallecidos es la alertadora cifra que denuncia la ONG Socorro Jurídico Humanitario en los cuatro años que lleva el estado de excepción del presidente salvadoreño Nayib Bukele en su llamada guerra para combatir las pandillas que tenían azotado al país.  Antonio Palacios, miembro fundador de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, denuncia además que, de esos fallecidos, sólo el 6% tendrían algún vínculo con pandillas.  
“El otro 94% son personas que murieron siendo inocentes y que fueron capturadas de forma arbitraria, que no tuvieron en la mayoría de ellas la oportunidad de haber sido oídos en segunda audiencia”, asegura Palacios. “Gran parte de las personas que han fallecido son adultos mayores: jornaleros, agricultores, amas de casa. Las causas de muerte son diversas. La mayoría de los decesos son por muerte violenta. Otro porcentaje también es por falta de atención médica o de tratamiento médico”, subraya.  
El Gobierno de Bukele ha rechazado contundentemente estas afirmaciones y se ha negado a sentarse a dialogar, cuenta la ONG. “Hemos presentado más de 142 casos en sede de Procuraduría y denunciado ante la Fiscalía, y de todo el universo de los casos que hemos presentado, el 100% se ha declarado archivado, es decir, no se ha promovido una investigación oficiosa ni mucho menos a través de las denuncias que los familiares han presentado para poder investigar las causas de estas muertes. Es decir, ni el Ministerio Público, ni la Procuraduría ni el sistema de Justicia actualmente reconocen que en El Salvador se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, como nosotros lo hemos detallado en nuestro informe y obviamente pues no se están investigando. Entonces, en ese sentido hay que decir que la postura del Gobierno es de una negación rotunda”.  
Palacios lamenta que en estos casos a las familias sólo les ha quedado resignarse.  
“Sabemos perfectamente de que no se va a promover una investigación. Entonces, lo único que les queda a las familias por hacer es, si es que tienen la oportunidad, enterrar a sus familiares, porque hay que decir también de que no todos tienen la oportunidad por el hecho de que muchas veces cuando las personas fallecen, los familiares se dan cuenta hasta meses después. Puedo mencionar un caso puntual, el del señor Rafael López Castellón, quien falleció y su familia se enteró hasta dos meses después, cuando ya había sido enterrado en fosa común. Y hay casos también en los que las familias ya no tienen la oportunidad de recuperar los cuerpos porque se desconoce la fosa común en la que han sido enterrados”, agrega Palacios.  
Desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022 han sido detenidas 91.000 personas sin orden judicial, lo que según oenegés ha derivado en diversas violaciones a derechos humanos.

El bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a Cuba está agravando la crisis en la isla, crisis que afecta la vida cotidiana de los cubanos de manera múltiple, ya sea para la alimentación, como para la salud o los transportes.
Desde hace unos años se habla de la crisis cubana, una crisis económica exacerbada por la falta de energía debido a infraestructuras obsoletas y carentes de mantenimiento.
Pero el petróleo venezolano parecía dar un respiro. Según Reuters, el régimen de Nicolás Maduro envió a Cuba casi 30.000 barriles diarios de petróleo solo en 2025. Un grifo que Donald Trump cerró tras su intervención en Venezuela y posteriormente el bloqueo petrolero a Cuba.
“El 80% de la producción agrícola necesita combustible”
En la isla se ven más fotos con calles oscuras, vehículos parados y carencia de servicios. Hay todo un sinfín de afectaciones a la vida cotidiana: “La falta de combustible tiene un impacto, por ejemplo, muy concreto en la salud. Los hospitales no tienen electricidad. En cuanto a la parte de seguridad alimentaria, más o menos el 80% de la producción agrícola necesita combustible para funcionar, para sembrar, trabajar la tierra, los sistemas de riego, todo eso necesita o energía eléctrica o combustible directamente. Y después tienen todo el tema de transporte de los bienes y en particular los bienes alimentarios, pero no solamente eso, que sin combustible no circulan de forma normal en el país. Es decir, por ejemplo, un lugar produce alimentos, pero los alimentos no se pueden mover hacia los mercados”, nos explica Étienne Labande, coordinador residente interino de Naciones Unidas en Cuba.
Naciones Unidas conversa con Washington para poner en obra un plan de acción en respuesta a la contingencia energética, y permitir la importación de combustible destinada a servicios humanitarios muy necesarios para la isla.
“Sin combustible la operación está en pausa”
“Es decir, que hablamos de un volumen de entre cuatro y cinco millones de litros de diésel, hasta el fin del año, porque este es el plazo del plan de acción para sostener la respuesta. Sin el combustible no podemos hacer nada. Es decir que la clave de toda la respuesta ahora depende de la disponibilidad de combustible. Entonces, si logramos importar combustible y utilizar combustible para la respuesta, podemos llegar a la población. Sin este combustible, la operación está en pausa o por lo menos muy lenta y muy compleja”, subraya Labande.
Una de las problemáticas más preocupantes es el colapso del sistema de salud, alertó la OMS esta semana. Los hospitales cubanos han tenido dificultades para mantener los servicios de urgencias y cuidados intensivos, postergando cirugías y atención a mujeres embarazadas.