Noticias de América

El Gobierno de Venezuela desbloquea varios portales web de medios de comunicación que llevaban años censurados. El regulador de las telecomunicaciones del país dio la noticia, horas antes del inicio de la segunda ronda del diálogo entre el Gobierno interino y la oposición de cara a una transición política. La libertad de expresión es uno de los temas principales de esta mesa de diálogo presidida por Estados Unidos.
Libertad para algunos, pero no para todos. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, ha desbloqueado al menos 10 portales de internet de plataformas censuradas. Pero según la ONG VE Sin Filtro, casi 200 sitios web siguen bloqueados, entre ellos unos 80 medios.
Carlos Correa, director ejecutivo de la asociación civil Espacio Público, explica que esta medida represiva lleva años atacando la libertad de prensa: “El bloqueo de portales y sitios web en Venezuela tiene mucho tiempo, puede tener más de 15 años. Hay diversidad de razones o diversidades suposiciones porque nunca se ha dado una información oficial de la lista de portales bloqueados, ni tampoco las razones por las que están bloqueados”.
Ni las autoridades ni las empresas tecnológicas han justificado esta censura de sitios web. Pero César Batiz, director y cofundador de El Pitazo, uno de los medios desbloqueados, tiene claro el por qué.
“El primer bloqueo al Pitazo ocurrió el 17 de septiembre del año 2017, luego de la publicación de un reportaje en el cual revelamos que los primos de Diosdado Cabello, hoy ministro de Relaciones Interiores, tenían propiedades en España y Francia y que servían como testaferro de Diosdado Cabello. Ese primer bloqueo lo realizaron las empresas Digitel y Movilnet. Digitel, una empresa privada, Movilnet, una empresa del Estado”, dice.
El Pitazo llegó a crear cuatro dominios web, y todos ellos fueron bloqueados: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones le da la orden a las empresas tecnológicas que eviten el ingreso de los usuarios de esas empresas tecnológicas a esos dominios. Así, por supuesto, reduce la audiencia de los medios de comunicación, reduce la posibilidad que tenemos los medios de comunicación de intervenir en la opinión pública y de dar a conocer hechos graves de corrupción, violación de derechos humanos”, explica.
Los medios reciben el desbloqueo con una alegría tensa, porque nada garantiza que el Gobierno dé marcha atrás, ya que la arquitectura legal que permite esta represión sigue vigente: “El argumento legal que existe para poder aplicarla es básicamente la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión y medios electrónicos. Y esa ley establece que hay una suerte de directriz que desde Conatel, en relación a los contenidos, se puede hacer de manera unilateral. Hace falta modificar esa ley o, por ejemplo, desarmar otra arquitectura legal. La denominada Ley contra el odio, que en Venezuela un delito o un pretendido delito de opinión asociado al odio tiene una sanción mucho más dura en cuanto a pena privativa de libertad que un homicidio”, indica.
Los periodistas son claros: pase lo que pase seguirán informando, denunciando la corrupción y defendiendo los derechos de los venezolan, bajo la promesa de que resistirán como lo han hecho hasta ahora.

Nueve meses después de la captura del expresidente Nicolás Maduro, las violaciones a los derechos humanos contra la población "se mantienen" en Venezuela. Esta es la conclusión de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela. El Gobierno interino de Delcy Rodríguez ha suavizado ligeramente la represión contra la oposición, pero eso no significa que las detenciones ilegales y las torturas hayan desaparecido.
Confinamiento prolongado en celdas minúsculas bajo tierra y privación de alimentos. Estos son algunos de los patrones de tortura que siguen ocurriendo en Venezuela y que Sofía Macher, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela, denuncia en su último informe.
“No ha habido un cambio en los actores”
“En este periodo nosotros estamos reportando 53 nuevas víctimas de tortura, y tenemos el caso de 75 personas con desaparición forzada. Lo que quiero decir es que no hay un indicador que nos diga que efectivamente ya se vive una situación diferente en Venezuela. Las violaciones, por más que hayan disminuido en su número, se mantienen”, explica.
El documento, que cuenta con más de 200 testimonios, será presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, y pone en duda las medidas del Gobierno de Delcy Rodríguez para proteger los derechos de los venezolanos.
“No ha habido un cambio en los actores, además que han sido identificados por otros informes de la misión como responsables directos de violaciones a los derechos humanos, que se mantienen en las estructuras de poder actual en Venezuela. Tenemos 19 nombres de personas que han sido identificadas en relación a violaciones y que mantienen un puesto de poder en la estructura de este gobierno”, subraya Macher.
Aún 500 presos políticos
La presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela pone de ejemplo la falta de transparencia sobre los 8.000 presos liberados por la Ley de Amnistía, de los cuales no hay datos publicados.
“La misión ha hecho indagaciones de exactamente cuántas son realmente las personas que han sido liberadas. No hemos logrado conseguir los nombres, pero sí hemos logrado recolectar información sobre la cantidad de personas, de presos políticos que aún siguen en las cárceles. O sea, si bien no tenemos la lista de los liberados, sí tenemos una lista de quienes todavía permanecen en las cárceles y llegan a 500 personas”, señala.
El informe también resalta el desentendimiento de la comunidad internacional, sobre todo de Estados Unidos: “Han sacado y capturado a Maduro, y frente a eso se esperaría una preocupación de parte del Gobierno de Estados Unidos de producir modificaciones o exigir modificaciones al Gobierno que actualmente sigue en el poder, y no está pasando. Tenemos casi el 27% de la población total de Venezuela fuera de Venezuela. Si hubiera un cambio, estarían regresando”, estima.
Macher insiste en la necesidad de una comisión permanente que documente la situación de los derechos humanos en Venezuela, y que sirva de guía para garantizar el bienestar de su población.

Los feminicidios cometidos en Cuba en lo que va de 2026 ya superaron los del año pasado: 49 en 2025 y 52 en 2026 son las cifras que comunicó este lunes el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT). La plataforma alertó que la pobreza de la isla pone en mayor peligro a las mujeres porque no tienen dónde encontrar refugio.
Noemí Pérez López, así se llamaba la última víctima de feminicidio en Cuba. Tenía 38 años cuando su expareja la asesinó en la provincia de Las Tunas, al oriente de la isla, el pasado 8 de agosto. Es la víctima de feminicidio número 52 en lo que va de 2026.
“Es un Estado que no previene los feminicidios”
“Este caso permite explicar varios problemas a la vez. Primero, el principal peligro sigue estando muchas veces dentro del círculo íntimo, y esto es uno de los patrones que hemos identificado, que ocurre dentro del seno de las parejas y exparejas. Son la mayor cantidad de feminicidios”, comenta Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT).
“Segundo”, prosigue, “ocurrió dentro de su propia casa, es decir que, donde presuntamente la víctima debía encontrar el mayor refugio, realmente ocurrió el mayor peligro. Y tercero, el agresor pudo permanecer prófugo durante semanas”.
Álvarez denuncia que las autoridades cubanas informan poco o nada de los feminicidios y no protegen a los familiares de las víctimas, quienes corren peligro de amenazas, intimidaciones o represalias por parte de los criminales: “Son las organizaciones independientes que tienen que dar la voz de alarma. Es un Estado que no previene los feminicidios, no previene la violencia de género, no tiene, por ejemplo, refugios para las mujeres que se encuentran en una situación de peligro”.
La crisis económica empeora la situación
Y los peligros aumentan con la crisis económica crónica que sufre la isla. Las mujeres son las más vulnerables: “Para una mujer que quiere separarse de un agresor, puede resultar extremadamente difícil encontrar otra vivienda, conseguir ingresos suficientes, trasladarse, alimentar a sus hijos o reconstruir una red familiar. Especialmente cuando una parte importante de la familia ha emigrado o, por ejemplo, se encuentra en una situación territorial donde apenas hay conexión, donde apenas hay red de apoyo para las mujeres que se encuentran en peligro”, subraya Ileana Álvarez.
“Nuestro informe advierte de que el deterioro de las condiciones de vida, la fragilidad institucional, no explican por sí solo la violencia feminicida. Claro está que sabemos que las causas son estructurales, pero sí agravan la vulnerabilidad y dificultan romper relaciones violentas”, concluye la directora de OGAT, quien atendió esta entrevista desde el exilio en España.

Meta, dueños de Facebook, Instagram, está desmantelando su sistema de lucha contra la desinformación en América Latina al reemplazar a periodistas profesionales por usuarios anónimos. La red de verificadores advierte que esta medida facilitará la circulación de contenidos falsos, dejando a la audiencia expuesta a manipulaciones.
Laura Sanabria es la editora de la sección "Detector de mentiras" del medio digital colombiano La Silla Vacía y además hace parte de la Junta de LatamChequea, que es el colectivo de 47 medios de comunicación latinoamericanos que verifican los contenidos de meta.
"Nuestra tarea básicamente consiste en monitorear, en este caso Facebook, Instagram y Threads, los contenidos potencialmente desinformantes que pueden estar circulando y verificarlos, hacer un artículo periodístico con una metodología clara y establecida y calificar esos contenidos con distintos valores que van desde un contenido que es completamente falso a una advertencia de que es un contenido hecho con inteligencia artificial, una potencial estafa, algo que le falta contexto y alertar a la plataforma para que tome las medidas necesarias que cree que debe de tomar. Es Facebook el que con esa información decide si pone etiquetas y ralentiza el algoritmo para que ese contenido se deje de presentar, si suspende o bane una cuenta".
Esta red de verificadores fue creada por el propio Facebook hace una década y le paga a los medios participantes por este trabajo. Ahora el gigante estadounidense pretende ahorrarse ese pago y dejar la verificación gratuita en manos de usuarios esa información, como ya ocurre en la red social X.
Laura Sanabria: "Hoy, por ese proceso en el que, las notas de comunidad tienen que, mínimo lo tienen que calificar más de dos personas de orillas diferentes y que hayan calificado contenido distinto hace, al menos en los estudios que hemos mostrado en X, que las notas sean públicas cuando un contenido ya deja de ser viral, es decir, la nota aparece pública para todo el mundo cuando ya han pasado las horas cruciales, que son 48 horas de una publicación, entonces el efecto es incluso peor, porque es una nota que queda en un contenido que ya no se está viralizando.
"El contenido que hacíamos los terceros verificadores al menos hace algún tipo de cambio de comportamiento, por ejemplo, con las cuentas que están compartiendo esa información, nuestro tiempo es mucho menor. Es más o menos de 3 a 4 días.
"Sobre ese punto, los datos que al menos hoy muestran las notas de la comunidad en X, que son interesantes que hemos podido analizar, muestra que no mejoran el programa de terceros verificadores. De hecho, la mayoría de notas de comunidad se publican en inglés y esto me parece a mí clave mencionarlo porque el desmonte después de Estados Unidos lo quieren hacer en lengua hispana. Es decir, los usuarios realmente quedan más desprotegidos porque hay menos, entre comillas, "colaboradores" que están haciendo este trabajo".
Leer también¿Qué son las "notas de la comunidad" que Meta quiere implantar en América Latina?
En 2025, META implementó este sistema de notas de la comunidad en Estados Unidos. Aún no hay fecha para cuando ocurrirá en América Latina.
Recientemente La Silla Vacía alertó a Meta de la circulación de un video viral (1.5 millones de vistas) en el que se veían marchas falsas en contra el gobierno colombiano. Meta lo etiquetó como engañoso.

El Memorial y Museo del 11-S añadirán un séptimo minuto de silencio en la ceremonia de conmemoración del 25° aniversario de los atentados, para rendir homenaje a los miles de muertos por enfermedades relacionadas con su estancia en la zona después de la tragedia. Esta semana comenzaron a publicarse en un sitio web de la alcaldía de Nueva York los registros sobre la contaminación ambiental y los intercambios entre funcionarios de la época, que evidencian lo que sabían las autoridades sobre la mala calidad del aire, información que fue ocultada en ese momento.
 
Dos aviones convertidos en bombas se estrellaron con las Torres Gemelas ese 11 de septiembre de 2001. Una hora después las torres se derrumbaron, ocultando a Manhattan con toneladas de polvo. Sobrevivientes, socorristas, familiares de víctimas, trabajadores... los que estuvieron alrededor del lugar inhalaron ese aire, que ahora se confirmó estaba altamente contaminado.
“El gobierno local estaba preocupado”
“No culpamos a la ciudad por cometer errores al intentar que la vida volviera a la normalidad en esas primeras semanas después de los ataques. Estaban reaccionando a una emergencia causada por los terroristas”, explica Andrew Carboy, uno de los abogados de 9/11 Health Watch (en español, Vigilancia de Salud del 11 de septiembre), que demandó a la ciudad de Nueva York para que publicase los registros sobre la toxicidad por los ataques.
“Según los registros que hemos visto, para octubre de 2001 estaba claro que el gobierno local estaba preocupado porque se le decía a la gente que regresara cuando era seguro, cuando en realidad no lo era, y temían que hubiese demandas por parte de personas afectadas. Sin embargo, el mensaje de que el aire era seguro continuó hasta mediados de 2002”, prosigue Carboy.
Los registros sobre la contaminación ambiental y los intercambios entre funcionarios al respecto estaban almacenados en 68 cajas. A un cuarto de siglo de la tragedia, serán analizados y difundidos poco a poco a través de un sitio web creado por la alcaldía de Nueva York. Los registros serán publicados en un portal digital de acceso público, financiado con 34 millones de dólares asignados en el presupuesto municipal.
“Ya era hora”
“Parte de la información ya es pública en un portal de internet que el alcalde Mamdani y su abogado principal, el consejero corporativo Steve Banks, han creado. Esperan añadir más documentos en los próximos meses durante el próximo año. 9/11 Health Watch, yo mismo, mi co-abogado Matthew McCauley y Ben Shabbat, el director, nos reuniremos con la ciudad cada mes, para ver si podemos mejorar este portal y proporcionar más información. Así que aplaudimos al alcalde por hacer esto. Ya era hora”, señala el abogado.
Según él, “es un resultado importante, pero creo que no deberíamos celebrarlo, porque lo único que está haciendo el alcalde, y se lo reconozco, es cumplir con la ley que los alcaldes anteriores deberían haber seguido pero no lo hicieron, o al menos sus administraciones no lo hicieron”.
El abogado advierte sin embargo que, aunque toda la información se haga pública, las víctimas no podrán exigir una compensación adicional: “Al recibir una compensación federal a través de un programa en Washington D. C., han renunciado a su derecho a demandar a la ciudad de Nueva York. Y más de 100.000 personas ya lo han hecho. Además, la segunda corte más alta de los Estados Unidos —solo la Corte Suprema está por encima— ha determinado que las personas no pueden demandar si resultaron heridas como consecuencia de la respuesta a los ataques del 11 de septiembre, porque el 11 de septiembre fue un acto de guerra y no se puede demandar ni cuestionar al gobierno por tomar medidas en respuesta, incluso si uno resulta herido. Así que la ciudad tiene mucha protección contra cualquier demanda, por graves que puedan resultar estos documentos”.
Miles de afectados
“Otra vez, solo somos los abogados, las personas que realmente han sufrido son quienes trabajaron, los que sobrevivieron y las familias de los que perdieron la vida. Sabe, nosotros hacemos esto por ellos. Y son ellos quienes necesitan esta información por diversas razones”, subraya Carboy.
En cuanto a las estadísticas, indica que “aproximadamente 9.000 personas padecen enfermedades que el gobierno federal ha relacionado con la exposición al 11 de septiembre. Hasta este momento, sabemos de al menos 10.000 personas que han muerto por enfermedades relacionadas con el 11 de septiembre. Estas son cifras del gobierno federal”. Pero las cifras de afectados reales podrían ser mayor a las registradas oficialmente.