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La justicia peruana impuso penas de hasta 35 años de prisión a cuatro personas declaradas culpables del asesinato de Quinto Inuma, líder indígena y defensor de la Amazonía, asesinado en 2023. La sentencia fue celebrada como histórica por los abogados de las víctimas. "Eso era lo que queríamos, que hubiera justicia, un juicio ejemplar a escala de Perú", dijo a RFI su hijo Kevin Arnol Inuma. Reportaje de Martin Chabal, periodista de RFI.
Tras ocho meses de investigación y juicio, los asesinos de Quinto Inuma han sido condenados y su familia respira aliviada. "Esta decisión aporta por fin una forma de paz a nuestra familia", afirma Kevin Arnol Inuma, hijo del defensor del medioambiente  asesinado en noviembre de 2023. "Saber que los culpables están tras las rejas y que se ha impuesto una condena ejemplar de 35 años da esperanza de que los asesinos de defensores del medioambiente dejen de matar con total impunidad en Perú", comenta.
Quinto Inuma era apu, es decir, el jefe de su comunidad. Una comunidad kichwa, pueblo originario del norte de Perú y de Ecuador. Se oponía a la deforestación ilegal y al avance del narcotráfico en su territorio de Santa Rosillo de Yanayacu, en la región de San Martín. Tras enfrentarse directamente a estas actividades y presentar varias denuncias, fue asesinado cuando regresaba a su casa después de una reunión con otros defensores de los derechos humanos. Todo ello pese a que el mecanismo estatal de protección para defensores del medioambiente debía garantizar su seguridad.
Casi tres años después, el 24 de agosto de 2026, un tribunal condenó a cuatro responsables a penas de entre 15 y 35 años de prisión. La pena más elevada corresponde al máximo previsto por la legislación penal peruana antes de la cadena perpetua.
Un juicio clave para Perú
Para Cristina Gavancho, abogada de la familia durante el proceso, la decisión va mucho más allá del caso de Quinto Inuma. “Consideramos que esta es una decisión ejemplar. Es un mensaje contundente para decir que en Perú no se tolerará la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas”, señala. También representa un mensaje de esperanza para las víctimas: “Espero que facilite además el acceso a la justicia para los defensores del medioambiente”.
Es la primera vez que un asesinato encargado por terceros contra un defensor ambiental recibe una condena tan severa en Perú. También es la primera vez que los responsables son capturados, juzgados y encarcelados. La abogada destaca además el método que permitió llegar a esta condena: “Creo que el hecho de haberse desplazado a Tarapoto y haber tenido un contacto directo con los testigos presenciales del asesinato contribuyó a formar la convicción que condujo a la condena dictada el lunes”.
El juicio se desarrolló de forma remota. La comunidad se encuentra a más de seis horas de Tarapoto, en la Amazonía peruana, una ciudad que ya está lejos de la capital, Lima. Pero esta vez los jueces se desplazaron para escuchar a los testigos. “Cuando se lee la sentencia, se observa que las declaraciones de los testigos presenciales fueron prácticamente los elementos clave que permitieron llegar a esta condena”, analiza Cristina Gavancho.
Sin embargo, el proceso aún no ha concluido. La sentencia puede ser apelada y los condenados podrían llevar el caso hasta la Corte Suprema. Aun así, para la abogada, esta primera decisión podría servir de modelo para otras investigaciones.
Defensor ambiental, lucha de alto riesgo
El caso de Quinto Inuma se enmarca en un contexto de violencia persistente contra quienes defienden el medioambiente en la Amazonía peruana. Kevin Arnol Inuma se siente aliviado, pero sigue alerta: «Sí, el miedo ha disminuido. Pero el riesgo de represalias por parte de sus familiares sigue existiendo. Tienen familia allí, así que nunca se sabe».
Esta misma semana fue asesinado otro defensor de la Amazonía en una región vecina. "Mientras la jueza pronunciaba la sentencia, supimos que otro líder indígena acababa de ser asesinado en Ucayali", denuncia Cristina Gavancho.
Desde 2020, Perú ha registrado más de veinte asesinatos similares al de Quinto Inuma. Las regiones más afectadas, como Ucayali, Loreto, San Martín y Madre de Dios, son territorios donde avanzan la minería ilegal de oro, el tráfico de madera y el narcotráfico, en zonas con una presencia limitada del Estado. El informe anual de Amnistía Internacional registró al menos 161 personas expuestas a situaciones de peligro en 2025 por defender sus territorios frente a actividades ilegales.
Más allá de los asesinatos, numerosas comunidades viven con el temor permanente de ser atacadas por intentar proteger sus tierras. Por ello, esta sentencia podría reforzar la posición de los defensores ambientales.
Porque en Perú es, sobre todo, la escasa resolución judicial de estos crímenes lo que genera inquietud. Un estudio realizado por organizaciones amazónicas identificó 19 procesos judiciales relacionados con asesinatos de líderes indígenas. Más de la mitad no ha dado lugar a ninguna información pública y solo cinco concluyeron con una sentencia. Cuatro de ellos correspondían a un mismo caso: la masacre de cuatro líderes asháninkas de la comunidad de Saweto en 2014, juzgada once años después de los hechos. Hasta este lunes, sin embargo, ningún responsable había sido detenido y encarcelado.
En este contexto, la relativa rapidez del proceso, dos años, y la severidad de la condena en el caso de Quinto Inuma aparecen como una excepción y podrían convertirse en un modelo para impartir justicia en el país. También representan una esperanza para su hijo, que no piensa rendirse: "Seguimos luchando junto a la comunidad. Actualmente formo parte de la dirección de la Federación de los Pueblos Indígenas (FEPIA) y estamos comprometidos con preservar el legado de mi padre". Contra viento y marea.

En Colombia, las 20 Emisoras de Paz dejaron de emitir contenidos informativos y ahora solo tienen programación musical. La nueva administración de Inravisión dice que revisará toda la parrilla, pero ya enfrenta críticas y acciones legales. El Gobierno de Abelardo de la Espriella y políticos de derecha las acusan de haber sido un "aparato de propaganda" y "megáfonos de las FARC".
La ONG Reporteros Sin Fronteras exigió el martes al gobierno colombiano reanudar de inmediato la producción de contenidos en la Radio Nacional de Colombia, suspendida hace una semana por una supuesta reestructuración de la parrilla.
La decisión afecta directamente a las 20 Emisoras de Paz, creadas por el acuerdo de 2016 para informar a las zonas golpeadas por el conflicto. De momento, se desconoce cuándo se retomará la programación.
Desde el pasado 18 de agosto, Radio Nacional de Colombia transmite sólo música desde Bogotá. Así lo decidió "hasta nueva orden" la flamante administración del sistema de medios públicos, Inravisión, mientras establece una nueva parrilla de contenidos.
Esta decisión afecta a las 74 frecuencias de la Radio Nacional, incluidas las 20 Emisoras de Paz, creadas por el acuerdo de 2016 para informar a los territorios más golpeados por el conflicto.
Sus trabajadores temen que esta medida transitoria sea definitiva. “Todo lo que tiene que ver con la paz y con procesos de paz lo están terminando”, explica a RFI Jessica Molano, líder de la Emisora de Paz de El Tambo, en el departamento del Cauca.
La nueva gestión denuncia que estas radios se convirtieron en un "aparato de propaganda" durante el Gobierno de Gustavo Petro.  El senador Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, que apoyó a De la Espriella en su camino a la Presidencia, aseguró que esas emisoras eran “megáfonos oficiales de las FARC para adoctrinar regiones”.
Las emisoras nacieron a raíz del artículo 6.5 del Acuerdo de Paz de 2016, [impulsado por el entonces presidente Juan Manuel Santos], con el objetivo de dar voz e informar a las comunidades más afectadas por el conflicto.
“Somos un proyecto de Estado y no de gobierno, hemos tenido una programación ininterrumpida, no hemos hecho ninguna propaganda política a ningún gobierno de turno. Hemos cumplido con el 6.5, eso es darles voz a los firmantes del acuerdo de paz, a las organizaciones sociales y a las víctimas del conflicto armado. Entonces, se está violando ese derecho a la información de estas comunidades”, explica Molano. 
Esta suspensión supone no solo un incumplimiento directo del acuerdo de 2016, sino también de la Constitución colombiana. “Destripan el derecho que tiene la ciudadanía a estar bien informada que está estipulado en el artículo 20 de la Constitución“, dijo a RFI la senadora del Pacto Histórico, Sandra Chindoy.
Ante esta situación, la legisladora opositora presentó una queja disciplinaria contra la gerente de Inravisión ante la Procuraduría General de la Nación.
También el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda, del mismo partido, anunció una acción de tutela contra la entidad y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para levantar la suspensión. Pero de momento, tanto en la Radio Nacional como en las Emisoras de Paz, la música sigue siendo la protagonista.

El nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la Policía para deportar a inmigrantes en situación irregular en el país. El mandatario instruyó identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos.
"No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Esa es una decisión política. Yo la asumo. Es una decisión administrativa. Yo la asumo. Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos", dijo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.
El mandatario ordenó el inicio de operativos coordinados con Migración Colombia y la Policía esta misma semana para identificar a los inmigrantes en situación irregular en el país con el fin de comenzar procesos de deportación. Esta medida afecta y preocupa principalmente a la diáspora venezolana, la más grande de Colombia, cuya cifra oficial se estima en unos 2,8 millones de migrantes.
"No ha habido mecanismos de regularización de manera permanente o que se hayan podido utilizar, sobre todo durante el gobierno anterior", explica Mara Sánchez, directora general de la ONG Fraternidad Venezolana. "La regularización se detuvo radicalmente. Hay procesos que están a la espera de una especie de mecanismo de contingencia para poder ayudar en casos específicos. En el caso de los venezolanos está también el permiso por trabajo, que quedó pendiente de firma con el cambio de gobierno. La preocupación queda en el aire porque hay muchas personas que desde hace mucho tiempo no han podido regularizarse, ya que el último proceso de regularización fue el PPT durante el gobierno de Duque. Y si bien, en ese momento, permitió un gran acceso, no fue una medida completamente exitosa. Hay muchas personas que se quedaron sin el documento; el documento nunca llegó, a pesar de que realizaron los trámites", precisa Sánchez.
Pero si los inmigrantes venezolanos en Colombia cuentan con algunos mecanismos de regularización, aunque hayan quedado obsoletos, ¿qué ocurre con aquellos de otras nacionalidades?
"Migrantes como los ecuatorianos, los chilenos, los haitianos, que también se encuentran aquí, en territorio nacional, haciendo su vida, o los cubanos, no han tenido mecanismos de regularización como los que tuvo la población venezolana con el PEP y el PPT. Estos migrantes también se ven afectados. Estamos ante una medida muy compleja. Creo que hay que ver cómo se puede avanzar hacia un mecanismo de regularización y luego pensar en otro tipo de medidas", concluye.
Según datos de Migración Colombia, en este país residen más de 2,8 millones de venezolanos, de los cuales cerca de 847.000 se encontraban en condición irregular a mediados de este año. Dentro de esta población no regularizada figuran aproximadamente 193.000 niños, niñas y adolescentes.

Dos meses después del doble terremoto que golpeó Venezuela el 24 de junio, el corresponsal de RFI en Caracas recorrió La Guaira, la zona más golpeada por los sismos, para recoger testimonios de quienes siguen buscando los restos de sus seres queridos.
En La Guaira, la zona más golpeada por los terremotos del 24 de junio en Venezuela, hay tres imágenes que se combinan a dos meses de la tragedia: la de estructuras colapsadas donde voluntarios y algunos militares trabajan para hallar desaparecidos; la de maquinaria retirando escombros y limpiando terrenos; y la de comercios que comienzan a abrir buscando volver a cierta normalidad.
“De familia de mi papá, yo estoy sola. Y lo estamos buscando, pero no aparece todavía. Por la lista de las familias, faltan 28 todavía en el edificio”, dice a RFI Angely León.
En la zona cero de desastres, donde más muerte dejó el doble terremoto en Venezuela hace dos meses, la búsqueda de cuerpos no termina.
Angely León todavía busca a su padre. Viajó casi 600 kilómetros desde Monagas hace 60 días, poniendo su vida en pausa.
"Todos los lunes me estoy yendo, porque es fuerte uno vivir con eso de que no encontró su familiar. Cuando lo encuentre, me voy”, explica a RFI.
Francisca Muñoz espera por el cuerpo de su sobrino. “Ya lo que hay es huesos. Lo que digo es que tengo que encontrarlo para poder tener paz", dice.
Por parte, Aura Marina Medina busca a su pareja. “Estoy aquí hasta lo último: hasta después de encontrarlo, sacarlo y darle sepultura al lado de su mamá, seguiré apoyando”.
José Pulido es rescatista voluntario. Ha trabajado en tres edificios derrumbados y sacado decenas de fallecidos sin pausa.
“Aquí lo que hay que buscar es cadáver, y ayudar a la familia para que vayan a descansar”, cuenta Pulido.
En otros puntos, el transporte público se ha reactivado, y algunos comercios, de los pocos que quedaron en pie, han comenzado a abrir, aunque las ventas sean mínimas.
“Se paran, y me dicen si les puedo vender una cerveza, como si fuera un pecado. El Estado está satanizado". "Del 100% que se hacía -dice Lorena Valdez- se calcula que se está haciendo un 20%.
“Yo paso aquí todo el día para vender un refresco, un agua. Al no estar permitidas las playas, esto está solo”, relata Celina da Silva.
"Tenemos que buscar otro medio para ir sobreviviendo”
La normalidad está muy lejos. La Guaira perdió 80% de su actividad económica, sus playas están vacías, el aeropuerto apenas está retomando actividades y el luto todavía embarga a un sinfín de empresas y comercios.
“Abajo la infraestructura, los módulos, todo se cayeron. La mayoría trabajábamos en la parte playera, pero tenemos que buscar otro medio para ir sobreviviendo”, dice Daneska Rodríguez.
6.438 es la cifra oficial de muertos por el doblete sísmico. Y es solo un número pues no hay una lista centralizada de quienes fallecieron. Tampoco es un dato certero sobre cantidad de desaparecidos, que sobrepasan las 1.500 según un cálculo preliminar del gobernador de La Guaira.
El gobierno venezolano ya mira hacia adelante. Los reportes han pasado de ser diarios a ser semanales, y en ellos ya también dejaron de incluirse cantidades de damnificados. El último dato fue de 18.000.
Ahora, las autoridades se concentran en mostrar que han entregado 335 viviendas a personas que quedaron sin hogar, que han evaluado la habitabilidad de 59.000, y que han recogido medio millón de toneladas de escombros, mientras avanza la construcción de nueva infraestructura, mientras se van realizando demoliciones controladas de estructuras desahuciadas.
En La Guaira, como en Caracas y otras zonas de Venezuela, todavía se sienten réplicas, y el miedo no deja de estar presente.
Pero también otros sentimientos, algunos de ellos tatuados por la respuesta gubernamental a la emergencia de aquel 24 de junio.
“Pero cómo hubo tanta dejadez, eso lo que da es rabia, dolor e impotencia. No se puede sentir otra cosa sino decepción, por la mala acción hasta del mismo gobierno", opina Aura Marina Medina.

Brasil entró de lleno esta semana en la campaña para las elecciones del 4 de octubre, en las que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aspira a un último y cuarto mandato. Su principal rival es el senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario preso por golpismo. Aunque las encuestas otorgan una ligera ventaja a Lula, la carrera se anuncia reñida.
La campaña electoral arrancó con todo en Brasil, donde la polarización vuelve a ser la gran protagonista. Aunque 13 candidatos competirán en los comicios del 4 de octubre, sólo dos aspirarían a una segunda vuelta: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro.
Si bien Lula encabeza los sondeos, la distancia con el hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022), encarcelado por un intento de golpe de Estado en 2022, es mínima. Según la última encuesta de la consultora Datafolha, el actual presidente obtendría un 47% en una eventual segunda vuelta y Bolsonaro un 43%.
Hacia una segunda vuelta reñida
Algunos brasileños se cuestionan el sentido de un cuarto mandato del mítico líder del Partido de los Trabajadores: “Es un presidente que es histórico, pero es visto como parte del statu quo por alguna parte de la población. Y eso preocupa al Gobierno porque es un presidente octogenario que va por su última campaña y bueno, ¿qué perspectiva de futuro le puede ofrecer a Brasil?”, explica Ariel Goldstein, investigador del Conicet en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires.
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Aunque Lula deja un país con crecimiento económico y un desempleo en mínimos históricos, la promesa de cambio y la juventud de su rival, de 45 años, resultan atractivas para una parte del electorado. “No es tan fácil asociar al hijo de Bolsonaro con el autoritarismo, porque se presenta como una imagen más joven, más renovada y más moderada”, comenta Goldstein.
Para el sociólogo, la contienda se anuncia más “competitiva” de lo que parece, dados los votos que Bolsonaro podría sumar en la segunda vuelta: “En segunda vuelta, es probable que toda la derecha se una. Lo estamos viendo en América Latina, es un patrón donde la derecha va fragmentada en la primera vuelta y en la segunda se une. Esto pasó en Colombia y terminó con la victoria de De la Espriella. Pasó en Argentina con Milei, pasó en Chile con Kast”, analiza.
Presión de la derecha latinoamericana trumpista
Otro factor clave es el peso del presidente estadounidense, Donald Trump, quien es un aliado de Jair Bolsonaro y respaldó abiertamente a candidatos conservadores en América Latina. Según Ariel Goldstein, es “el país que tiene mayor autonomía de la región con respecto a Estados Unidos, en el sentido de que tiene un gobierno progresista, tiene un mercado interno muy grande, tiene recursos, tiene instituciones fuertes. Entonces Estados Unidos lo percibe como un desafío. Por lo tanto, preferiría un gobierno más subordinado”.
“Por eso”, prosigue, “se reunió con Flavio Bolsonaro, apoyó a Bolsonaro e impuso aranceles a Brasil. Y es parte de una disputa, incluso diría geopolítica, más amplia. Trump y Milei... Toda esta derecha latinoamericana trumpista se va a tratar de meter como pueda y eso va a ejercer una presión fuerte sobre el gobierno de Brasil”.
Ambos favoritos tienen tasas de rechazo superiores al 50%, por lo que la disputa electoral se concentrará en un pequeño grupo de votantes independientes. El voto femenino también tendrá un peso importante: las mujeres constituyen el 53% de los 158 millones de votantes de Brasil, votan más que los hombres y contribuyeron a lograr la estrecha victoria de Lula en 2022.