Noticias de América

Las autoridades cubanas confirmaron que sostienen un diálogo con la administración de Donald Trump, que hasta ahora ha aplicado una política de presión máxima sobre el régimen castrista. Un reviro observa el profesor de relaciones internacionale de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra ha atendido a RFI.
Cuba confirmó este viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos, mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.  Esas conversaciones buscan "soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales", precisó Díaz-Canel.
La isla está sumida en una grave crisis de abastecimiento de combustible desde que no puede contar con el envío de petróleo de Venezuela, pero en el caso de Cuba, la administración republicana evitó la vía militar  y privilegia el diálogo. Un "reviro" observa el profesor de Relaciones internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra  quien ha atendido a RFI.
"Los republicanos históricamente llamaban a todos aquellos que buscaban el diálogo con Cuba hacia una transición. Los denominaban despectivamente como dialogueros, inclusive si nos acordamos, esos diálogos llevaron a un acuerdo entre la administración del presidente Obama y el régimen de Cuba. El contenido de los diálogos no lo sabemos en detalle, más allá de lo que Estados Unidos nos ha dicho, que es que el diálogo está encaminado a un cambio económico para de alguna manera levantar algunas de las sanciones" dice Gamarra. 
Aún ignoramos los detalles de estos diálogos, pero La Habana inició la excarcelación de presos políticos y anunció la liberación de 51 de ellos.
¿Qué concesiones podría hacer el gobierno cubano? Responde Eduardo Gamarra: "No sabemos exactamente cuántos presos políticos hay en Cuba, pero se supone que son más de 1000. Se anunció que 56 que han sido liberados. Una señal de parte de Cuba, la señal positiva sería la liberación de los presos políticos, número uno. Número 2, es el cambio económico, y sobre todo la presencia de Estados Unidos en el ámbito económico. Esa es la dimensión que es más importante en este momento para Washington" señala para aañadir que "no sabemos pues quién es el Delcy de Cuba".
 Según Díaz-Canel, los intercambios con Estados Unidos fueron facilitados por "factores internacionales", que no precisó.
 El jueves, su gobierno había anunciado la liberación anticipada de 51 prisioneros como muestra de "buena voluntad" hacia el Vaticano.
 Las primeras excarcelaciones tuvieron lugar este viernes. La AFP asistió a la llegada a su casa de Adael Leyva Díaz, de 29 años y quien cumplía una condena de 13.
 También a la de Ronald García Sánchez, de 33 años, sentenciado a 14 años, y vecino de Díaz, en el municipio de Arroyo Naranjo, al sur de la capital. Ambos participaron en las históricas protestas antigubernamentales que sacudieron la isla el 11 de julio de 2021.Leyva Díaz, que llegó en un triciclo eléctrico, fue recibido en plena calle por sus familiares. Tan pronto descendió del vehículo abrazó y cargó a su hijo. "Ya te tengo aquí, se acabó el sufrimiento", le dijo al abrazarlo su madre Ivón Díaz.

En México, el gobierno considera limitar el acceso de los menores a las redes sociales, muy críticadas por sus efectos nocivos en la salud mental de los más jóvenes. Australia es el primera país en haber prohibido totalmente el acceso a aplicaciones como Facebook Snapchat o Tiktok para los menores de 16 años, mientras que otros países como Francia  o España se encaminan a tomar medidas similares.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum se dijo favorable a la apertura de un debate sobre la regulación de las redes sociales para los menores de edad. Diversos estudios han demostrado los impacto negativos del uso excesivo de las redes sociales para los niños y adolescentes tales como la alteración del ciclo de sueño, de alimentación, además de efectos en la salud mental.
El secretario mexicano de Educación Pública Mario Delgado indicó que le parece pertinente la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Una medida drástica que tomó recientemente Australia. Una mala idea, según Juan Martin Pérez, coordinador de la ONG Tejiendo Redes Infancia que defiende los derechos de la niñez y de la adolescencia.
Pérez considera que la prohibición de las redes aisla socialmente a los jóvenes y aboga más bien por una mayor responsabilidad de las empresas. “Lo que podamos lograr como estados al regular a las empresas es que de diseño no tengan estos elementos que generan mucho más tiempo de uso intensivo, algoritmos y sus datos, que son perfilados. Porque si vemos es más práctico para los estados prohibir el uso de teléfonos o de redes sociales. Porque no se confronta con el diseño y el negocio de las grandes empresas”.
El experto en derechos de los niños, niñas y adolescentes formula recomendaciones para que las grandes plataformas del Internet retiren las funcionalidades más dañinas para los jóvenes: “El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas dijo con mucha precisión que no se podía usar datos de niños y niñas para perfilar, que es lo que hacen las empresas”, indicó.
Pérez explicó que ya hay muchas recomendaciones, incluso en Estados Unidos que están cuestionando el scroll infinito. “Esto de que nunca terminas de ver contenido atrapa el cerebro. Otro elemento central es la transparencia del algoritmo, no sabemos cómo se está diseñando cómo están generando los contenidos y cada vez hay más evidencia de que están promoviendo emociones intensas y lamentablemente la que más vende y expande es el odio. Tercer tema y muy importante, es que las empresas tecnológicas tienen que hacerse cargo de los contenidos, particularmente los que están vinculados a violencia sexual y discursos de odio”, aseguró.
En México, el estado de Querétaro prohíbe desde hace un año el uso de teléfonos celulares en todas las escuelas antes del ingreso a la universidad. Una medida tomada en nombre de la lucha contra el ciberacoso.

El grupo de expertos independientes sobre el asesinato de la activista ambiental Berta Cáceres hace una década presentó su informe y sus recomendaciones al Estado hondureño en una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los expertos piden a Honduras investigar posibles complicidades de funcionarios públicos en el crimen, pero el nuevo gobierno puso en duda la imparcialidad del grupo de expertos.
Tras seis meses de investigaciones en Honduras, el grupo de expertos independientes (GIEI) sobre el asesinato de la activista Berta Caceres llegó a la conclusión de que el crimen fue previsible y evitable.
Según los expertos, se trató de una operación planificada con la participación de sicarios y personal de la empresa hidroeléctrica DESA, y con la tolerancia de funcionarios. Los expertos evidenciaron también el desvío de fondos de un banco de desarrollo holandés, destinados a financiar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca al que se oponía Berta Caceres con la comunidad indígena lenca. Fondos desviados para pagar a los sicarios que acabaron con la vida de la activista. 
Roxana Altholz, una de las expertas, expuso como el Estado hondureño ignoró deliberadamente las interceptaciones telefónicas de los responsables del crimen: “En esas conversaciones se utilizaban expresiones como ‘gatillero’, ‘por 40 lo haría’ o ‘la decisión depende de allá arriba’. Incluso se hacía referencia a contactos dentro de estructuras de inteligencia. Sin embargo, a pesar de contar con esta información, no se adoptó ninguna medida para impedir o desarticular la operación que finalmente terminó con el asesinato de Berta Cáceres”.
“La reparación exige medidas estructurales”
Aunque ya hay ocho condenados por este crimen, los expertos recomiendan al Estado hondureño profundizar las investigaciones sobre el rol de la familia Atala, accionista de la empresa implicada en el asesinato, así como reparar a la comunidad lenca.
“La reparación exige medidas estructurales, incluyendo la revocación total y definitiva de la concesión del proyecto Agua Zarca que sigue vigente, la titulación colectiva de las tierras de las comunidades lencas afectadas”, expresó Roxana Altholz.
El representante del nuevo gobierno hondureño de derecha, el procurador José Francisco Quiroz, recibió sin embargo estas recomendaciones con escepticismo, y cuestionó la legalidad del convenio firmado por el gobierno anterior que autorizó el trabajo de los expertos. “En el marco de la búsqueda de la justicia, no resulta viable convalidar un instrumento que no ha sido sometido al examen del Congreso Nacional”, afirmó.
Si bien las recomendaciones de los expertos no son vinculantes, el Estado hondureño sí debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, recordó la relatora de la ONU Andrea Pochak, claramente molesta por la declaración del procurador hondureño quien puso en duda también la imparcialidad de uno de los expertos del GIEI.

El ultraderechista José Antonio Kast se posesiona este miércoles marcando un cambio político drástico con relación al presidente saliente de izquierda Gabriel Boric. Entre las primeras medidas que planea tomar Kast figura aplicar una política de mano dura contra la migración irregular que ofrezca resultados rápidos, una iniciativa que analizó para RFI Adriana Paloera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile.
La militarización de la frontera norte será uno de los primeros gestos de Kast como nuevo presidente para combatir la migración irregular. El mandatario prometió la construcción de vallas, zanjas y muros de varios metros en las fronteras del país, junto con el uso de drones y cercos electrificados.
Hace unas semanas, este admirador del exdictador Augusto Pinochet lanzó un llamado a los 300.000 migrantes indocumentados: “Les hemos señalado a los inmigrantes irregulares que les quedan, a partir de hoy, 63 días para dejar nuestro país y tener la posibilidad de volver con todos sus papeles en regla”.
Sin embargo, expulsar masivamente a los migrantes en situación irregular parece poco realista, indica Adriana Paloera, directora académica del Centro de Estudios Migratorios de la Universidad de Santiago de Chile:
"Me parece que esto va a ser un proceso mucho más largo de lo señalado por Kast cuando era candidato. Él aseguraba que en unos tres meses tendrían solucionado el problema de la inmigración. Pero, teniendo en cuenta la cantidad de personas indocumentadas —más de 300.000—, uno se pregunta qué mecanismos se pondrán en marcha para que esas personas abandonen el país. A partir de la petición del nuevo presidente, es casi inviable porque estas personas no tienen recursos. También me parece importante señalar, en especial en el caso venezolano, que en ese país todavía no ha cambiado nada [tras la operación de captura de Macuro]. Entonces, las personas no saldrán de Chile si no ven modificaciones, por ejemplo, en su país de origen".
¿Será posible limitar los servicios de salud a los migrantes? 
Kast propone también que los migrantes indocumentados tengan acceso limitado a los servicios de salud, una medida que esta especialista observa con preocupación.
"Sería un retroceso respecto de lo que señala nuestra legislación, que garantiza la posibilidad de acceso de la población migrante a la atención pública. Me parece que, para llevar a cabo lo que propone Kast, sería necesaria una modificación de la ley con un enfoque más autoritario. No sé si un decreto presidencial permitiría hacerlo", puntualiza Paloera.
Durante su campaña electoral, José Antonio Kast indicó además que su gobierno sancionará a las ONG que, según él, fomenten la migración irregular, así como a cualquier persona que arriende una vivienda a migrantes indocumentados.
¿Obtendrá el gobierno de Kast la mayoría necesaria para reformar las leyes migratorias y tipificar como delito el ingreso irregular al territorio chileno?
"La composición de ambas cámaras quedó algo más cargada hacia los sectores conservadores. Hay grupos que pueden inclinar la balanza hacia la criminalización de la inmigración irregular, pero también existen otros que se oponen", concluye Paloera.
Durante su campaña electoral, José Antonio Kast indicó también que su gobierno sancionará a las ONG que fomenten la migración irregular y a cualquier persona que arriende una vivienda a migrantes indocumentados.

Tras superar los 100 dólares por barril por el temor a interrupciones en el suministro, el petróleo registró una fuerte caída después de que Trump afirmara que la guerra en Oriente Medio podría terminar pronto. Aun así, la volatilidad continúa y el impacto podría sentirse de manera desigual en América Latina: Brasil podría salir beneficiado, pero otros países, perjudicados. Análisis de Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin.
El bloqueo en el estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas dispararon el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares. Sin embargo, los mercados reaccionaron con una fuerte caída tras unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que aseguró que la guerra podría estar "prácticamente terminada". Una afirmación que, por ahora, sigue sin confirmarse.
En este contexto de gran incertidumbre en la economía mundial, surgen varias preguntas: ¿qué impacto puede tener la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en América Latina? ¿Podrían algunos países de la región salir beneficiados?
Planteamos estas cuestiones a Jorge Piñón, investigador principal del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin.
Brasil, potencia petrolera en América latina 
"Brasil, que es el mayor productor de petróleo crudo en América Latina y produce actualmente alrededor de cuatro millones de barriles diarios, se beneficiaría de un precio elevado del barril. Brasil es hoy un exportador neto no solo de petróleo, sino también de etanol producido a partir de la caña de azúcar, que se utiliza como combustible. Creo que el principal país que se beneficiará será Brasil".
En el extremo opuesto se encuentran los países del Caribe, que sí se verían perjudicados por esta situación. La razón es sencilla: no producen petróleo crudo y dependen casi por completo de la importación de combustibles refinados.
¿Y qué ocurre con los países andinos?
"Para algunos países, principalmente en la zona andina, como Ecuador, Perú y Colombia, que exportan petróleo crudo, pero, desafortunadamente, también importan productos refinados como gasolina y diésel, es una navaja de doble filo. Por un lado, recibirán un mayor precio por el petróleo que exportan, pero al mismo tiempo tendrán que pagar más por la gasolina y el diésel que importan. Esto se debe a la falta de capacidad de refinación que tienen", subraya Piñón.
La actual crisis energética también ha puesto de manifiesto la falta de infraestructura en algunos países para responder a la demanda interna, como ocurre en México o en Venezuela.
Dos retos para América Latina 
Sin embargo, según el experto, también hay economías de la región mejor preparadas para aprovechar el contexto.
"Brasil, la propia Argentina —que ahora está exportando gas natural licuado— o Trinidad y Tobago, cuyas exportaciones de gas natural licuado son muy importantes. En realidad, América Latina está en una posición logística preferencial. Brasil, por ejemplo, tiene una larga historia como exportador de petróleo crudo hacia el mercado asiático del Pacífico", explica.
La duración del conflicto en Oriente Medio sigue siendo incierta y, por lo tanto, también lo es la evolución de esta crisis energética. Pero, sea cual sea su duración, el desafío para América Latina parece claro: optimizar sus exportaciones de petróleo crudo y reducir su dependencia de las importaciones de combustibles refinados.